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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS DIPUTACIONES INTEGRANTES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. ANÁLISIS DE LA VIOLACIÓN DEL PRIMER ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –LAS LEYES ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES DEBERÁN PROMULGARSE Y PUBLICARSE POR LO MENOS NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE Y QUE DURANTE EL MISMO NO PUEDE REALIZARSE MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES– (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 9, NUMERAL 2, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PREVIA ACREDITACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9 BIS DE ESTA LEY", 9 BIS Y 10, NUMERAL 4, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA PRESENTE LEY", DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. DIPUTACIONES LOCALES. LA AUTORIZACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA O DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE EJECUTAR RESOLUCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS SOBRE CUALQUIER PERSONA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO LOCAL, NO VULNERA EL FUERO CONSTITUCIONAL O LA INMUNIDAD PROCESAL DE LOS LEGISLADORES (ARTÍCULO 8, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "TRATÁNDOSE DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, ÉSTAS PODRÁN REALIZARSE, SOBRE CUALQUIER PERSONA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA O DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, SEGÚN CORRESPONDA", DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 160/2024 Y SU ACUMULADA 161/2024. · Registro digital (IUS): 34072
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-12
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.167.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 160/2024 Y SU ACUMULADA 161/2024. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 1 DE JULIO DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El Partido Acción Nacional y distintos diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas impugnan el Decreto 65-911, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de dicha entidad federativa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, al considerar que la reforma sobre el trámite de credencialización para la toma de protesta vulnera la veda legislativa en materia electoral, así como diversas violaciones sobre los derechos político-electorales de las personas que ocupan una diputación local y otros principios constitucionales.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 160/2024 y su acumulada 161/2024, promovida por el Partido Acción Nacional y diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas contra el Decreto 65-911, mediante el cual se reforman los artículos 8; 9, numerales 1, 2 y 3; 10, numerales 1 y 4; 73, numeral 1, incisos b) y c); y se adicionan el artículo 9 Bis; el inciso d) al numeral 1 del artículo 73 y el segundo párrafo al numeral 9 del artículo 77 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de dicha entidad federativa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de las demandas de Acción de Inconstitucionalidad. Mediante escritos presentados los días veintisiete y treinta de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Partido Acción Nacional, por conducto del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, y diversos Diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas(1) promovieron Acciones de Inconstitucionalidad, en las que, en idénticos términos, señalaron como normas impugnadas y órganos emisores los siguientes:

"I. ÓRGANO LEGISLATIVO QUE EMITIÓ LA NORMA IMPUGNADA

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con domicilio en Boulevard Prádexis Balboa 3100 Col. Parque Bicentenario Ciudad Victoria Tamaulipas C.P. 87083.

II. ÓRGANO EJECUTIVO QUE PUBLICÓ LA NORMA IMPUGNADA

El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por su publicación en el Periódico Oficial del Estado del día 24 de septiembre de 2024, de conformidad a los criterios fijados en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 2 de septiembre de 2024, en la diversa acción de inconstitucionalidad 101/2023; teniendo como domicilio el ubicado en las calles 15 y 16 Juárez Palacio de Gobierno tercer piso Cd Victoria Tamaulipas C.P. 87000.

III. NORMAS GENERALES IMPUGNADAS

El contenido total del Decreto 65-911; artículos por virtud de los cuales se reformaron diversos artículos (sic) la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en materia de derecho de acceso al pleno del congreso, toma de protesta, asunción de facultades, limitación de fuero constitucional e inviolabilidad del recinto.

En vía de consecuencia se impugna el oficio sin número de fecha 25 de septiembre por virtud del cual y fundado en la ley impugnada, se impide el acceso al recinto legislativo, a un diputado electo.

IV. MEDIO DE PUBLICACIÓN

La edición Vespertina número 16 del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, publicado el día 25 de septiembre del año 2024".

2. Conceptos de invalidez. Las partes promoventes expusieron, de manera idéntica en ambas demandas, los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO. Veda legislativa en materia electoral

En este particular, los y las promoventes sostienen que teniendo en consideración que en la convocatoria del proceso electoral local 2023-2024 no preveía el mandato de credencialización como condición de la toma de protesta y que a la presentación de la demanda no había finalizado el referido proceso electoral, se incumple lo previsto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la modificación de las normas en materia electoral debe realizarse noventa días antes del inicio de aquel en que se aplicarán.

Por lo anterior la parte actora considera que no puede permitirse que seis días antes de concluir sus funciones la legislatura saliente establezca nuevas condiciones para que las diputaciones de la siguiente legislatura asuman el cargo.

SEGUNDO. Verificación de identidad y credencialización como condiciones para la toma de protesta

Los y las promoventes apuntan que las disposiciones impugnadas se erigen como obstáculos para el acceso y ejercicio del cargo a votar y ser votadas de las personas diputadas, ya que el establecimiento de condicionantes para que los legisladores o legisladoras accedan al Pleno del Congreso Local impide que aquellos y aquellas puedan tomar protesta como personas diputadas y ejercer su función legislativa.

Sobre este particular los y las promoventes sostienen que prever a la credencialización como un requisito formal obligatorio para acceder al Congreso Local y tomar protesta para ejercer el cargo de diputada o diputado, no solo es un acto protocolario, sino que vulnera el derecho de las diputaciones electas para ejercer su cargo y representar al electorado.

En este sentido, señalan los y las promoventes que la Constitución Local es el ordenamiento que prevé las condiciones para la toma de protesta de los y las integrantes de la legislatura local, pues el cumplimiento de su mandato es de orden público y no puede condicionarse su ejercicio a la realización de un trámite administrativo previo a la toma de protesta.

TERCERO. Alcances del fuero de las diputaciones locales

3.1. Vulneración a previsión constitucional del fuero

El PAN y las Diputaciones Promoventes sostienen que el Decreto 65-911 es inconstitucional, ya que el Congreso Local es incompetente para legislar sobre inmunidad procesal constitucional y declaración de procedencia o fuero, situación que además violenta el principio de separación de poderes. En este sentido, sostienen los promoventes, que esta Suprema Corte ha invalidado normas ante la incompetencia del órgano legislativo incluso cuando la norma impugnada reitere lo estipulado en otra.

De acuerdo con los y las promoventes, el régimen constitucional de inmunidad procesal que se pretende modificar con el Decreto Impugnado se encuentra previsto en ordenamientos de mayor jerarquía que la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tales como los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Federal; artículos 33 y 152 de la Constitución Local y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; régimen respecto del cual opera el principio de reserva de ley.

Bajo la perspectiva de la parte promovente, la reforma cuestionada parte de una visión limitativa e inconstitucional del fuero y la declaración de procedencia, ya que circunscribe su alcance a los delitos cometidos durante el ejercicio del encargo; limitación que vulnera la protección a la función parlamentaria consagrada en la Constitución, que incluye la inviolabilidad del recinto parlamentario, así como el derecho a la presunción de inocencia y el principio de separación de poderes.

Sobre esta línea y de acuerdo con los accionantes, la previsión constitucional correspondiente al fuero protege a las diputaciones que se encuentran en ejercicio de sus funciones por todo el tiempo de su encargo, sin que sea un factor si los hechos presuntamente ilícitos se llevaron a cabo antes o después de que entraran en posesión del cargo legislativo.

Asimismo, la parte actora sostiene que las normas impugnadas realizan una lectura falaz de los artículos 33 y 152 de la Constitución de Tamaulipas, que habían recogido la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los alcances del fuero como garantía de la función parlamentaria.

Incluso, señala la parte promovente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 50/2021 y su acumulada confirmó que la declaración de procedencia es necesaria para separar a un integrante del Congreso de Tamaulipas que goza de fuero, sin que hubiera hecho una distinción respecto a la temporalidad en la que se hubiera cometido la conducta ilícita.

En este orden de ideas los promoventes señalan que la reforma vulnera las garantías de libertad de los legisladores y legisladoras, pues el ejercicio de sus funciones puede ser vulnerado por el control político de las fiscalías si se da a la presidencia del Congreso de Tamaulipas la facultad de permitir que las diputaciones sean aprehendidas dentro del Congreso Local; máxime cuando existe prohibición expresa en las constitucionales federal y local.

Así, concluyen los promoventes que no puede admitirse que con el solo permiso de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local se permita la aprehensión de personas en el recinto legislativo, pues resulta contrario a la Constitución Federal.

3.2. Restricciones al fuero vulneran los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad

Por otra parte, afirman los y las promoventes que las disposiciones que restringen el fuero incumplen con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ya que el ejercicio del cargo parlamentario suspende el plazo de la prescripción de un delito, por lo que no se genera un escenario de impunidad.

Asimismo, las diputaciones promoventes sostienen que se debe aplicar un análisis estricto de constitucionalidad a la restricción del fuero, ya que bajo el contexto normativo se les discrimina por sus opiniones políticas, lo que les ubica en una categoría sospechosa y agravia a las personas que votaron por el Partido Acción Nacional en Tamaulipas.

3.3. Restricciones al fuero como discriminación

Por otra parte, los promoventes afirman que la modificación del fuero para los diputados y diputadas locales y no así para el resto de las personas al servicio público que lo tienen, es discriminatoria y coloca al Poder Legislativo en un plano de subordinación respecto de otros poderes, vulnerando el artículo 40 de la Constitución Federal.

CUARTO. Suspensión de condición de persona diputada

En cuanto a este particular, la parte promovente señala que la adición al artículo 73 que prevé la suspensión de la condición de persona diputada, resulta extemporáneo, retroactivo, privativo e inconstitucional; esto, pues la propiedad de un inmueble no es un requisito constitucional para ser electo o electa en un cargo legislativo.

3. Radicación y turno. Por acuerdos de dos de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a las Acciones de Inconstitucionalidad 160/2024 y 161/2024, las acumuló y las turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. El doce de diciembre siguiente, la Ministra instructora admitió parcialmente a trámite la citada acción de inconstitucionalidad y su acumulada;(2) ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial correspondiera; determinó que no procedía otorgar la suspensión de las normas impugnadas solicitada por los promoventes; y desechó parcialmente la demanda por lo que tocaba al oficio que se señaló como impugnado.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. En auto de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendido el informe presentado por Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. En el documento, dicha autoridad expuso, en síntesis, lo siguiente:

La publicación del Decreto 65-911 se realizó en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 68 y 91, fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, por lo que el Poder Ejecutivo únicamente se sujetó al cumplimiento de la etapa del proceso legislativo que en el ámbito de sus competencias le correspondía.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. En el mismo acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, se tuvo por rendido el informe presentado por la Diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda, Presidenta de la Diputación Permanente del primer periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura 66 del Congreso del Estado de Tamaulipas, en representación del citado órgano, y en el cual planteó los argumentos siguientes:

PRIMERO. Sobreseimiento por ausencia de conceptos de invalidez

Debe sobreseerse en el asunto, ya que los y las promoventes omitieron cuestionar, en específico, la validez de cada uno de los preceptos que fueron impugnados en el Decreto Impugnado.

En ese sentido, el informe señala que los y las promoventes no exponen de forma clara la posible contradicción entre la norma impugnada y la constitucional, sino que plantean argumentos genéricos, confusos y superficiales.

SEGUNDO. Sobre la violación a los derechos fundamentales de los y las promoventes

La acción de inconstitucionalidad no es la vía para hacer valer agravios contra la violación a los derechos fundamentales de los y las promoventes, ni tampoco para resolver la invasión de la esfera de atribuciones entre poderes del Estado.

TERCERO. Sobre la observancia del procedimiento legislativo

La norma impugnada regula las actividades parlamentarias, administrativas, jurídicas y sociales de las personas servidoras públicas del ente legislativo; regulación que es acorde con el mandato constitucional, ya que se llevó a cabo el procedimiento legislativo previsto en la norma aplicable y se atendieron a los aspectos esenciales para la deliberación parlamentaria.

CUARTO. Sobre la verificación de identidad de las y los legisladores

El artículo 9 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas únicamente prevé medidas para la verificación de la identidad de las diputaciones electas a fin de permitir su acceso a la toma de protesta en el cargo legislativo.

En este orden de ideas, el legislativo señala que el artículo 9 no prevé disposiciones prohibitivas, ni aquellas trastocan la designación de los y las promoventes como diputaciones electas, sino que impone el deber de verificar su identidad para que desarrolle sus funciones en el recinto oficial.

Incluso, el artículo 9 bis de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas prevé que en el caso de que un diputado o diputada no pudiera presentarse a la cita de verificación de identidad, se podrá solicitar en cualquier momento a la presidencia de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente que señalen fecha y hora para hacer la certificación correspondiente; disposición que es homóloga a la prevista en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, en el informe se señala que el acto de registro y credencialización es una forma de materializar la intención de las diputaciones electas de asistir al acto formal de sesión constitutiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que no se trastocan las disposiciones de legalidad, seguridad jurídica, reserva de ley y separación de poderes.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.

8. Opinión de la Sala Superior. Por escrito recibido el trece de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión número SUP-OP-1/2025.

9. Alegatos. Las partes no los formularon.

10. Cierre de la instrucción. En auto de veintitrés de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente Acción de Inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos d) y f), de la Constitución Federal(3) y 10, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno (hoy abrogada),(5) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Esto, ya que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y el Decreto número 65-911 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.(7)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia(8) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a fijar las normas generales objeto de la presente acción.

13. En el apartado respectivo de los escritos de demanda, los accionantes señalan, en idénticos términos, como norma impugnada:

"NORMAS GENERALES IMPUGNADAS.

El contenido total del Decreto 65-911; artículos por virtud de los cuales se reformaron diversos artículos (sic) la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en materia de derecho de acceso al pleno del congreso, toma de protesta, asunción de facultades, limitación de fuero constitucional e inviolabilidad del recinto. (...)".

14. No obstante, de una lectura integral de la demanda, se advierte que los accionantes únicamente formulan argumentos para cuestionar la constitucionalidad de artículos específicos del Decreto 65-911 y no así respecto de éste en lo general.

15. Lo anterior, pues se advierte que solamente formulan conceptos de invalidez concretos sobre las temáticas siguientes: a) veda legislativa en materia electoral por la previsión del trámite de credencialización respecto del proceso local 2023-2024; b) El trámite de verificación de identidad y credencialización para permitir que las diputaciones electas accedan al recinto legislativo y tomen protesta; c) Restricciones al fuero de los diputados locales; y d) La suspensión del carácter de diputados locales.

16. En ese sentido, para efectos de la presente Acción de Inconstitucionalidad, se tienen como efectivamente impugnados únicamente los artículos 8 (alcance del fuero de las diputaciones locales) 9.2, 9 bis, 10.4 (en cuanto a: i) violación a la veda legislativa en materia electoral por la previsión del trámite de credencialización y ii) la inconstitucionalidad del trámite de verificación de identidad y credencialización como condiciones para la toma de protesta) y 73.1, inciso d) (adición de un supuesto de suspensión de la condición de persona legisladora), todos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, reformados y adicionados mediante el Decreto 65-911, publicado en el Periódico Oficial del Estado de dicha entidad federativa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

17. Normas anteriores cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 8. Ninguna autoridad podrá dictar mandamiento alguno sobre los bienes del Estado destinados al servicio del Congreso, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas sobre las personas o bienes de las y los diputados en el Salón de Sesiones, en el Recinto o en las instalaciones del Congreso. Tratándose de ejecución de resoluciones judiciales o administrativas, éstas podrán realizarse, sobre cualquier persona, previa autorización de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, según corresponda.

Artículo 9.

[...]

2. Las y los diputados electos con motivo de los comicios ordinarios para la renovación del Congreso que tengan ese carácter en términos del informe del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, se reunirán en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado en la fecha y hora señaladas en el numeral anterior, salvo que sean citados en hora distinta y previa acreditación a que se refiere el artículo 9 BIS de esta Ley.

[...]

Artículo 9 BIS.

1. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, las y los diputados electos deberán presentarse en el Recinto Legislativo dentro de los tres días previos al inicio de la legislatura, en la fecha y horarios que defina la Presidencia de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente, según sea el caso, cuyo aviso, para su conocimiento, deberá publicarse en los medios de difusión con que cuenta el Congreso del Estado, ello a efecto de realizar el trámite de verificación de identidad, mismo que se sujetará al siguiente procedimiento:

a) Las y los diputados electos deberán comparecer de forma presencial e indelegable al Congreso del Estado, en el horario y fecha que al efecto sea definida por la Presidencia de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente;

b) El procedimiento de verificación de identidad será responsabilidad de la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, según sea el caso, tomando como base el informe del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas sobre la legitimidad de los comicios y de las y los diputados electos conforme a los mismos;

c) Las y los diputados electos deberán presentarse con documentación oficial que contenga fotografía a través de la cual acredite su identidad; y

d) La Presidencia de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente, según sea el caso, emitirá la acreditación que certifique la identidad correspondiente, así como las respectivas credenciales a las y los diputados electos; dicha credencial será necesaria para acceder a la toma de protesta que se verificará en el salón de sesiones del Congreso.

2. En caso de ausencia de algún legislador en la fecha señalada en el numeral 1 del presente artículo, o bien cuando no presente la documentación suficiente para acreditar su identidad, se podrá solicitar en cualquier momento a la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente en funciones, señale fecha y hora para la certificación correspondiente, una vez que esté en condiciones de presentarse, o bien sean subsanados los requisitos necesarios.

3. Solo los legisladores que cuenten con la acreditación prevista en los incisos que anteceden podrán rendir la protesta de ley, la cual se verificará de manera presencial e indelegable.

Artículo 10.

[...]

4. Las y los diputados electos que no hubieren asistido a la sesión a la que se refiere este artículo, rendirán su protesta ante la presidencia de la Mesa Directiva en funciones en la primera sesión a que concurran, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 9 BIS de la presente ley.

Artículo 73.

1. La condición de diputado al Congreso del Estado se suspende cuando:

[...]

d) Se declare suspendido en sus derechos políticos por alguna de las causas previstas en el artículo 38 de la Constitución General de la República.

[...]"

[Lo resaltado es propio.]

Ver normas con resaltado

III. OPORTUNIDAD

18. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, con la precisión de que en materia electoral todos los días se consideran hábiles.(9)

19. En este caso, el Decreto 65-911 que contiene las normas impugnadas, fue publicado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, por lo que el plazo de treinta días naturales para promoverla transcurrió del veinticinco de septiembre al veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

20. Así, si los escritos de demanda fueron depositados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete y treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, su presentación resulta oportuna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse presentado previo a que finalizara el término con que los promoventes contaban para ello.

IV. LEGITIMACIÓN

IV.1. Acción de Inconstitucionalidad 160/2024

21. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria,(11) los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigentes, podrán promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, mientras que aquellos partidos políticos con registro en las entidades federativas podrán hacerlo exclusivamente respecto de leyes electorales expedidas por el Poder Legislativo del Estado en donde obtuvieron su registro.

22. Consecuentemente, y con base en los artículos referidos, los partidos políticos podrán promover acción de inconstitucionalidad siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: (i) cuenten con registro definitivo ante las autoridades electorales correspondientes; (ii) la promuevan por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según sea el caso; (iii) quien la suscriba a su nombre y representación cuente con facultades para ello y (iv) se impugne la validez de normas de naturaleza electoral.

23. A continuación, se analiza el cumplimiento de cada uno de los requisitos descritos.

Que el partido político cuente con registro definitivo ante las autoridades legales correspondientes

24. En el presente caso, el escrito de demanda con la que se formó el expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 160/2024 fue presentado por el Partido Acción Nacional, mismo que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según se evidencia a través de la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral de catorce de diciembre de dos mil veinticuatro adjunta al oficio número INE/DEA/1827/2024 de dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Que la demanda sea promovida por conducto de su dirigencia

25. Consta que el escrito de demanda fue signado por Marko Cortés Mendoza en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, quien contaba con el carácter con que se ostentaba al momento de suscribir la demanda en términos del artículo 62, último párrafo,(12) y artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) pues si bien en la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral de catorce de diciembre de dos mil veinticuatro adjunta al oficio número INE/DEA/1827/2024 de dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro se identifica a otra persona como presidente del partido actor, en dicha certificación también se asentó que el mismo fue electo en una fecha posterior a la presentación de la demanda, esto es el trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Que quien suscriba la demanda cuente con facultades para ello

26. Este requisito se cumple en virtud de que, conforme al artículo 54, numeral 1, inciso a), de los Estatutos del Partido Acción Nacional, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional, por conducto de su presidencia, la representación legal del partido.(14)

Que se impugne la validez de normas de naturaleza electoral

27. Sobre el particular, este Alto Tribunal ha establecido que, para determinar si una norma es electoral a efectos de ser sujeta a un estudio de constitucionalidad por los partidos políticos, no es necesario atender a un criterio nominal ni a su ubicación o pertenencia a un código electoral, pues dicha categorización dependerá, en parte, de su contenido material. Es decir, las disposiciones jurídicas en materia electoral no son únicamente las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también aquellas que, aunque previstas en ordenamientos jurídicos distintos a una ley electoral sustantiva, regulen aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos, deban influir en ellos de una manera u otra, o regulen aspectos vinculados con derechos políticos y electorales.(15)

28. En la Acción de Inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019,(16) este Alto Tribunal consideró que el decreto ahí impugnado, que modificó el párrafo décimo quinto del artículo 5° de la Constitución Local del Estado de Hidalgo, tenía un contenido bidimensional, toda vez que reconocía, por una parte, una serie de derechos culturale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34072-fcfeb1cd/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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