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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER A JUICIO EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULO 46, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL EN LA QUE ADUCE LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, AL HABERSE PLANTEADO UNA VIOLACIÓN FUERA DE SU ESFERA COMPETENCIAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE ACTOS DIRIGIDOS A UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, SÓLO SI AFECTAN SU ESFERA DE ATRIBUCIONES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DESPRENDEN LOS PRINCIPIOS DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL Y DE RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. IX. PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL. ASEGURA A LOS MUNICIPIOS LA POSIBILIDAD DE MANEJAR, APLICAR Y PRIORIZAR LIBREMENTE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA MUNICIPAL, SIN QUE TENGAN QUE SUFRIR LA INJERENCIA DE INTERESES AJENOS. X. RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. XI. HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE EXENCIONES POR CUANTO AL PAGO DE LAS TARIFAS Y CUOTAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RESPECTO DEL PAGO DE UN SERVICIO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO, ES ACORDE AL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, RELATIVO AL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTE DE INGRESOS MUNICIPALES (ARTÍCULO 50, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 74, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). XIII. HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER TARIFAS Y CUOTAS ESPECIALES O DIFERENCIADAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN EL SUPUESTO NORMATIVO DE SER PENSIONADOS, JUBILADOS, PERSONAS ADULTAS MAYORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE ACREDITEN TAL SITUACIÓN Y QUE SEAN USUARIOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO CON UN CONSUMO BIMESTRAL DE HASTA CINCUENTA METROS CÚBICOS, ASÍ COMO PARA ESTABLECER QUE LOS AYUNTAMIENTOS SERÁN LOS ENCARGADOS DE DEFINIR LOS REQUISITOS PARA QUE LAS PERSONAS ACREDITEN QUE ESTÁN EN ESOS SUPUESTOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 50, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 74, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE TIENE COMO EFECTO QUE DETERMINADAS PERSONAS DEJEN DE PAGAR PARCIALMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL MUNICIPIO ACTOR, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA QUE VIOLENTA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES, DESATENDIENDO LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER EXENCIONES O SUBSIDIOS EN RELACIÓN CON LAS CONTRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONALMENTE SE ESTABLECEN COMO INGRESOS EXCLUSIVOS DE LOS MUNICIPIOS POR LA PRESTACIÓN DE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2022. · Registro digital (IUS): 33649
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-19
Promovente: MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.391.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2022. MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 9 DE JULIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada: Decreto legislativo número 74, mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, publicado el nueve de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de julio de dos mil veinticuatro emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 58/2022, promovida por el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, en contra del Decreto legislativo número 74, mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, publicado el nueve de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Municipio de Culiacán. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, Jesús Estrada Ferreiro y María del Rosario Valdez Páez, en su carácter de Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, respectivamente, promovieron la presente controversia constitucional en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de Sinaloa por la discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación del Decreto legislativo número 74 (en adelante “el Decreto impugnado”), mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa (en adelante “la Ley de Agua”), publicado el nueve de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Lo anterior, por considerar que el artículo 50 del Decreto impugnado, de manera conjunta con los artículos segundo y tercero transitorios, contravienen los diversos 1°, 4°, 28, 31, 115, 128 y 133 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 121, inciso a), y 123, párrafo primero, fracciones II y IV, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio de Culiacán expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Primero. El artículo 50 de la Ley de Agua(1) contraviene el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 123, párrafo primero, fracciones II y IV, y párrafo último, de la Constitución local, por atentar contra el régimen de libre administración hacendaria, el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y, fundamentalmente, por desatender la prohibición expresa constitucional absoluta de establecer exenciones o subsidios en relación con las contribuciones que constitucionalmente se establecen como ingresos exclusivos de los municipios por la prestación de un servicio público.

b. Además, lo anterior produce un menoscabo, daño o perjuicio a la economía y el patrimonio del Ayuntamiento de Culiacán, lo que implica una grave responsabilidad de los servidores públicos del Congreso del Estado de Sinaloa en materia penal, e incluso encuadra en las hipótesis de juicio político del artículo 110, párrafo segundo, constitucional. Precisa que el Congreso local ha violentado el numeral 115, fracción IV, constitucional reiteradamente, atacando el principio de libre administración hacendaria del municipio de Culiacán, y señala que estas transgresiones se desarrollan en diversas controversias constitucionales 33/2019,(2) 109/2021(3) y 24/2022.(4)

c. La inconstitucionalidad del decreto se potencializa porque la medida no tiene una base objetiva y razonable, lo que se advierte de los desaciertos motivacionales en que incurrió la Comisión de Hacienda Pública y Administración al emitir el dictamen aprobatorio del decreto, en específico:

i. La exención no es justificable a la luz de la figura conocida como “fines extrafiscales”, pues ésta no permite desacatar la proscripción de artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

ii. No se subsana la inconstitucionalidad de la norma impugnada por el hecho de que el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Agua haya preceptuado que le corresponderá al Ayuntamiento la fijación de los requisitos legales para que los usuarios gocen de los beneficios fiscales sobre el derecho de agua potable, pues, a final de cuentas, las disposiciones transitorias determinan la subsistencia de dichos beneficios. Además, esto contradice el criterio de la legislatura local que, en el dictamen de su Comisión de Hacienda, sostuvo que el Ayuntamiento carecía de competencia para aprobar, crear o establecer las tarifas para el cobro de los derechos por el servicio de agua potable. Y contradice el principio de legalidad en materia tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV,(5) de la Constitución Federal. La violación a este principio se agrava porque el artículo Tercero transitorio(6) prevé que, en caso de que los Ayuntamientos no definieran los requisitos legales, se aplicarían los aprobados por las Juntas Municipales.

iii. La legislatura local fue omisa en realizar una ponderación jurídica, económica y financiera de la posible afectación a la Hacienda Pública Municipal. El razonamiento en el dictamen aprobatorio de la Comisión de Hacienda y Administración del Congreso demandado relativo a que no se afectarían las finanzas de las Juntas Municipales porque únicamente el 4.88% de la población del Estado de Sinaloa cuenta con discapacidad no es una justificación objetiva y razonable en virtud de lo siguiente:

1. No se calculó ni determinó la cuantía líquida del impacto económico que sufrirían las finanzas públicas de los Ayuntamientos del Estado, incluyendo Culiacán.

2. La Comisión de Hacienda no consideró la totalidad de sujetos que gozarán del beneficio respectivo. Únicamente calculó a las personas con discapacidad dejando de lado a los adultos mayores. El porcentaje total de sujetos beneficiados por la medida es de 17.88%. Además de esto, deben considerarse pensionados y jubilados no comprendidos en el segmento de adultos mayores.

3. El decreto impugnado no atiende a la capacidad contributiva de los beneficiarios, por no considerar que los usuarios que cuentan con carácter de pensionados o jubilados y poseen niveles socioeconómicos de grado medio y alto representan 47.2% de ese segmento.

4. El decreto impugnado no consideró la proporción en que la exención de pago aprobada afectaría la participación de los municipios en la entidad tanto en el Fondo de Fomento Municipal como en el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Al respecto, la ley de Coordinación Fiscal señala que la recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio se consideran para calcular, obtener y determinar la fórmula conforme a la que se distribuirán dichas participaciones federales entre las entidades federativas y sus municipios.

d. Segundo. El decreto impugnado atenta contra el régimen de libre administración hacendaria, el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, así como la proscripción constitucional de establecer exenciones o subsidios a favor de persona alguna, prevista en el artículo 115, fracción IV, constitucional en estrecha relación al principio de origen jurisdiccional denominado de vinculatoriedad dialéctica. Lo anterior, pues el Congreso local otorgó un beneficio parcial de exención en el cobro de los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin que algún municipio de la entidad presentara una propuesta en ese sentido, en términos de la facultad que se le otorga en el numeral 115, fracción IV, párrafo tercero, para proponer a los Congresos locales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras relacionadas con la propiedad raíz, y las tablas de valores unitarios del suelo y sus construcciones.

e. Tercero. El artículo segundo transitorio del decreto impugnado contraviene el artículo 115, fracción IV, constitucional al atentar contra el régimen de libre administración hacendaria, el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y la proscripción constitucional de establecer exenciones o subsidios a favor de persona alguna, al obligar al municipio a presentar una propuesta para el establecimiento de tarifas o cuotas especiales en relación al pago de los derechos por la presentación del servicio público del agua en un determinado lapso temporal. Esto vulnera o afecta la esfera competencial constitucional del ayuntamiento, ya que a éste le incumbe de manera exclusiva el derecho y la decisión de presentar la iniciativa correspondiente o abstenerse de hacerlo. No puede condicionarse, restringirse o fijarse requisitos para su ejercicio.

3. Admisión y trámite. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 58/2022 y se turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora en el procedimiento.

4. El seis de abril de dos mil veintidós, la entonces Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo por presentado únicamente a la Síndica Procuradora del Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa con la personalidad que ostenta, no así al Presidente Municipal del municipio actor. También, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho Estado, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su interés correspondiera.

5. Solicitud de suspensión. El veinte de abril de dos mil veintidós, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán presentó escrito en el que solicitó la suspensión contra los actos de aplicación de la norma reclamada inicialmente. En escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, la Ministra instructora negó la solicitud de la medida cautelar, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de la materia, que señala que la suspensión deberá negarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.

6. Reiteración de solicitud de la suspensión y ampliación de la demanda. El once de mayo de dos mil veintidós, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán presentó escrito en el que reiteró su solicitud de suspensión contra los actos de aplicación de la norma reclamada inicialmente y promovió ampliación del escrito de demanda por un hecho superviniente atribuido al Poder Legislativo Estatal. El ocho de junio del mismo año, la actora solicitó mediante escrito que se resolviera lo relativo a la suspensión requerida, al señalar que a esa fecha no se había emitido acuerdo alguno.

7. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, la Ministra instructora determinó desechar por improcedente la ampliación de la demanda promovida por el municipio actor al advertir que no se trataba de un hecho superveniente vinculado con la norma impugnada en el escrito inicial. Por otra parte, precisó que, contrario a la afirmación de la quejosa al respecto de que no fue acordado el escrito en el que solicitó la suspensión del acto reclamado, la Ministra instructora confirmó que el escrito registrado con el numeral 006937 fue acordado el dos de mayo de dos mil veintidós y notificado al Municipio actor el diez de mayo de dos mil veintidós.

8. El primero de julio de dos mil veintidós, la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal certificó que no se impugnó dicha determinación.

9. Contestación a la demanda del Poder Legislativo de la entidad. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa rindió la contestación a la demanda en representación de dicho órgano, en los términos siguientes:

a. Estima que procede el sobreseimiento de la controversia constitucional en términos del artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Federal, por considerar que la parte accionante no cuenta con interés legítimo para la presentación de la demanda, pues la norma impugnada no afecta la esfera competencial del Municipio de Culiacán. De acuerdo los numerales 12,(7) 16(8) y 20(9) de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (en adelante “JAPAC”), es el organismo descentralizado encargado y la afectada con la disposición normativa impugnada. Agrega como fundamento la tesis 1a. CXIX/2014 (10a)(10) de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se señala que un municipio tiene interés legítimo para promover la controversia constitucional en contra de actos dirigidos a un organismo descentralizado municipal sólo si afectan su esfera de atribuciones. Considera que, en este caso, no hay una afectación a su patrimonio y, por lo tanto, procede el sobreseimiento.

b. Respecto del artículo segundo transitorio impugnado, refiere que tampoco afecta la esfera competencial de la parte accionante, pues el artículo 115, fracción IV, párrafo antepenúltimo,(11) constitucional consiste en una norma programática que encuentra su cumplimiento en el precepto transitorio reclamado.

c. En respuesta a los conceptos de invalidez señala que son totalmente infundados. Expresa que, del contenido del Decreto impugnado, no se desprende exención o subsidio alguno a favor de la ciudadanía, pues lo único que hace el Decreto es establecer una tarifa diferenciada para el pago del consumo bimestral de agua de hasta 50 metros cúbicos a favor de los pensionados o jubilados, así como de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Subraya que la norma impugnada no implica la eliminación de la regla general de causación del pago por el consumo del servicio doméstico del agua, ni conlleva la existencia de una declaratoria en el sentido de que cierta categoría de contribuyentes quedaría totalmente liberada de la obligación de pago, sustentando su determinación en lo dispuesto en las tesis 1a. XXXIII/2007(12) y I.7o.A.47 A (10a.).(13)

d. También, resulta infundado que la parte actora alegue una vulneración al contenido del artículo 115, fracción IV, párrafo tercero,(14) de la Constitución Federal, pues el decreto impugnado no impuso una tarifa distinta de las que fueron publicadas por la JAPAC,(15) sino que determinó el pago diferenciado de esta tarifa previamente existente, en beneficio de grupos sociales vulnerables. Enfatiza, además, que los ayuntamientos solo tienen la facultad de proponer las tarifas correspondientes a la legislatura estatal para su aprobación, pero no de crearlas ni establecerlas por sí y ante los usuarios. Sustenta lo anterior en la tesis XI.1º.AT.52 A (10a).(16)

e. Asimismo, subraya que la atribución de imponer un tributo es una atribución de colaboración entre el Estado y los Municipios, y que las tarifas diferenciadas previstas en la norma impugnada responden a una base objetiva y razonable expresada en el Dictamen que dio origen al Decreto: garantizar el derecho a la igualdad sustantiva de los pensionados o jubilados, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Lo anterior, se basa en la facultad de las Legislaturas Estatales de hacer modificaciones a las propuestas de cuotas y tarifas de los Ayuntamientos,(17) facultad que se encuentra referida en las tesis de jurisprudencia P./J. 111/2006(18) y P./J. 112/2006,(19) y reforzado con las tesis 2a. XLVIII/2020 (10a),(20) 1a. CCXXIV/2015 (10a),(21) y 1a/J. 55/2006.(22)

f. Igualmente, establece que la norma impugnada no trasgrede los principios de libre administración hacendaria, ni el de reserva de fuentes de ingresos municipales, que permiten a los municipios disponer y aplicar libremente sus recursos para satisfacer sus necesidades y cumplir con fines públicos, así como asegurar ciertas fuentes de ingresos para atender el cumplimiento de sus necesidades, respectivamente, tal como lo establecen las jurisprudencias P./J. 5/2000(23) y P.J. 24/2012,(24) así como la tesis 1a. CXI/2010.(25) Esto, porque el Decreto no incluye ninguna disposición que indique al Municipio de Culiacán el destino que debe dar a sus recursos, en contravención a los principios previamente explicados, ni menoscaba alguna de las fuentes de ingreso del Municipio de las previstas en los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues las tarifas diferenciadas no representan una exención total del pago por el servicio, sino el pago total acorde a la capacidad contributiva de los beneficiarios, de acuerdo con el derecho a la igualdad sustantiva.

g. Finalmente, señala que es totalmente infundado el argumento de la accionante en el que manifiesta que el Decreto le impone en el artículo segundo transitorio(26) una condición de carácter temporal para presentar una propuesta para el establecimiento de tarifas o cuotas especiales en relación al pago de los derechos por la prestación del servicio público de agua, en contravención a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional. Considera que el argumento es infundado en razón de que proponer las tasas y tarifas correspondientes es una obligación constitucional del Municipio de conformidad con el texto del numeral 115 de la Carta Magna. El vocablo “propondrán” no da lugar a discrecionalidad y libertad a los Ayuntamientos para ejercer esa atribución, como plantea la accionante, sino que denota la obligación de carácter potestativo impuesta a los Ayuntamientos para la determinación de cuotas y tarifas aplicables a los derechos. Apoya lo anterior en la tesis I.7o.A.61 A (10a.),(27) I.1o.A.61 A (10a.),(28) IV.2o.A.104 A(29) y XXII.1o.37 K.(30)

10. Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo de la Entidad. El dos de junio de dos mil veintidós, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, rindió la contestación a la demanda en representación de dicho órgano, en los términos siguientes:

a. Señaló como hechos ciertos la promulgación y publicación del Decreto impugnado, puntualizando que estuvo debidamente fundado, motivado y totalmente apegado a derecho, en razón de lo dispuesto en el artículo 65, fracción I,(31) de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

b. En lo que respecta a la respuesta a los conceptos de invalidez, señaló que las normas que conforman el sistema jurídico mexicano gozan de la presunción de certeza, lo que se debe observar al resolver el asunto y en apoyo de tales aseveraciones, citó las tesis 1a. XXII/2016 (10a.)(32) y 1a./J. 121/2005(33) de este Alto Tribunal.

11. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Ministra instructora tuvo a los titulares de la Legislatura del Congreso y Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Sinaloa, dando contestación a la demanda de controversia constitucional; ordenó correr traslado al Municipio actor, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

12. Opinión del Fiscal General de la República. Se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.

13. Desistimiento y negativa. El seis de julio de dos mil veintidós, la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Culiacán presentó un escrito para desistirse de la controversia constitucional promovida, por estimar que el artículo 50 de la Ley de Agua no produce afectación jurídica hacendaria en contra del municipio de Culiacán, solicitando así el sobreseimiento. Acompañó su solicitud de la copia certificada del acuerdo número 7, dictado en la sesión extraordinaria del cabildo del día quince de junio de dos mil veintidós, en el cual se le delegaron facultades para extender el desistimiento. 14. El ocho de julio de dos mil veintidós, la Ministra instructora declaró improcedente el desistimiento de la demanda de controversia constitucional promovido por el Municipio actor, puesto que, en el asunto en cuestión, se impugnó la inconstitucionalidad de una norma general. Esto, con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el sobreseimiento por el desistimiento de la parte actora en ningún caso podrá hacerse tratándose de normas generales.(34) Asimismo, refirió a lo establecido en los criterios jurisprudenciales emitidos por este Tribunal Pleno en las tesis 54/2005(35) y 113/2005.(36)

15. Audiencia y alegatos. Se celebró el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos y se hizo constar que las partes no los formularon y que, al momento de la celebración de la audiencia, no se contaba con alguna constancia de que se hubiesen formulado.

16. Cierre de la instrucción. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora ordenó agregar al expediente el acta de audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; tuvo por desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales relacionadas y, al advertir que las partes no exhibieron alegatos, ordenó cerrar instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. Primer returno. El dos de enero de dos mil veintitrés, en atención a la elección de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se returnó el expediente del presente asunto al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

18. Promoción de tercero interesado. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, se recibió y agregó al expediente el escrito promovido por Jesús Estrada Ferreiro, quien se ostentó como titular de la Presidencia Municipal de Culiacán, Estado de Sinaloa. Lo anterior únicamente para que obre como corresponda, tomando en consideración que, por auto de seis de abril de dos mil veintidós, se estableció que la representación legal del Municipio recae en la figura jurídica de la Síndica o el Síndico respectivo, esto en términos del artículo 39, fracción II,(37) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

19. Segundo returno. El primero de diciembre de dos mil veintitrés, se determinó returnar el expediente del presente asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para continuar actuando como instructor en la controversia constitucional 58/2022.

I. COMPETENCIA

20. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(38) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(39) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(40) en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(41) por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Culiacán del Estado de Sinaloa y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

21. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(42) deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados objeto de la controversia.

22. En su demanda, el Municipio de Culiacán impugna “la discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación del Decreto legislativo número 74, publicado en el ejemplar número 018 de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós del Tomo CXIII 3ra. Época del órgano oficial del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, el que se impugna de manera conjunta con sus artículos segundo y tercero transitorios”.

23. A continuación, se transcribe el texto del decreto impugnado:

DECRETO NÚMERO: 74

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Artículo 50. Queda prohibido el otorgamiento de exenciones por cuanto al pago de las tarifas y cuotas por los servicios que prestan las Juntas, ya se trate de particulares, dependencias federales, estatales o municipales, paraestatales o paramunicipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privadas.

Tratándose de pensionados o jubilados, así como personas adultas mayores o personas con discapacidad, que acrediten tal situación y sean usuarios del servicio doméstico con un consumo bimestral de hasta cincuenta metros cúbicos, se les aplicarán tarifas y cuotas especiales o diferenciadas del 50% por los servicios que prestan las Juntas.

Para la acreditación del derecho al pago de las tarifas y cuotas especiales o diferenciadas planteadas en el párrafo anterior los Ayuntamientos definirán los requisitos necesarios, mismos que no deberán ser onerosos o dilatorios para las personas que lo soliciten.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

SEGUNDO. Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el presente Decreto los Ayuntamientos deberán dentro de los 60 días posteriores al inicio de su vigencia en términos del artículo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, proponer sus iniciativas respectivas ante este H. Congreso del Estado donde se contengan las tarifas y cuotas especiales que se aprueban mediante el presente Decreto. En tanto los Ayuntamientos no comparezcan a este Congreso a proponer las tarifas y cuotas especiales para personas con discapacidad y adultos mayores, las tarifas y cuotas para los jubilados y pensionados se aplicarán en los términos vigentes.

TERCERO. En los Ayuntamientos que no definan los requisitos para la acreditación del derecho al pago de las tarifas y cuotas especiales o diferenciadas, se seguirán aplicando los mismos que actualmente han determinado para personas jubiladas y pensionadas las Juntas Municipales por conducto de sus órganos competentes.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintidós.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

24. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de la materia se determina la existencia del acto impugnado con base en el acervo probatorio provisto por las partes.

IV. OPORTUNIDAD

25. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(43) el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días, tratándose de normas generales, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

26. El Decreto legislativo número 74, mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, fue publicado el nueve de febrero de dos mil veintidós. El plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del diez de febrero al veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

27. De tal plazo se descontaron los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, y los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de marzo; así como el lunes veintiuno de marzo de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como en la fracción III y el inciso c) del punto Primero del Acuerdo número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.

28. La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo que debe concluirse que fue presentada de forma oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

29. La demanda fue presentada por parte legitimada.

30. El artículo 105, fracción I, inciso i),(44) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales suscitadas entre un Estado y un Municipio, en relación con la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones.

31. Por su parte, los artículos 10, fracción I(45) y 11, párrafo primero,(46) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33649-e9457428/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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