I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 56, 57, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 56, 57, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DIRIGIDOS A UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SÓLO SI AFECTA SU ESFERA DE ATRIBUCIONES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA LOS DECRETOS IMPUGNADOS EN UNA ANTERIOR EN LA QUE SE DESECHÓ POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2532, 2539, 2540, 2541, 2542, 2407, 2408, 2428, 2429, 2430, 2444, 2479, 2480 Y 2386, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE ABRIL Y EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. HACIENDA MUNICIPAL. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA CONCEDER PENSIONES CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DE MUNICIPIOS VIOLA LA LIBRE ADMINISTRACIÓN DE AQUÉLLA Y LA AUTONOMÍA DE ÉSTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. VII. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO LOCAL CONCEDE PENSIONES POR JUBILACIÓN Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON CARGO A LA HACIENDA MUNICIPAL, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2532, 2539, 2540, 2541, 2542, 2407, 2408, 2428, 2429, 2430, 2444, 2479, 2480 Y 2386, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE ABRIL Y EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS 2532, 2539, 2540, 2541, 2542, 2407, 2408, 2428, 2429, 2430, 2444, 2479, 2480 Y 2386, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE ABRIL Y EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2018. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 3 DE MAYO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día tres de mayo de dos mil diecinueve emite la siguiente:
Sentencia
Por la que se resuelve la controversia constitucional 109/2018 promovida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos del Estado, demandando la invalidez de diversos decretos en los que se concede el pago de pensión por jubilación y cesantía en edad avanzada a ex trabajadores del Municipio de Cuernavaca del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
I. Antecedentes
1. Publicación de los decretos impugnados. El veinticinco de abril y el dos de mayo de dos mil dieciocho se publicaron en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos diversos decretos emitidos por el Congreso Local por los que se le concede a ciertos ciudadanos una pensión con cargo al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio. Los decretos impugnados son los siguientes:
Ver decretos
2. Escrito de demanda. El seis de junio de dos mil dieciocho el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (en adelante, el "Ayuntamiento" o el "promovente"), promovió la presente controversia constitucional, a través de su síndica, Denisse Arizmendi Villegas, en contra de los decretos impugnados y de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
3. El promovente formuló los siguientes conceptos de invalidez:
a) Los decretos impugnados violan la fracción IV, primero, penúltimo y último párrafos del artículo 115 constitucional, que tutelan los principios de libre hacienda municipal y autonomía o soberanía presupuestaria de los Municipios, porque el reconocimiento del derecho de jubilación de un trabajador municipal, así como el pago de pensiones, tanto por jubilación, como por cesantía en edad avanzada, constituye originariamente un acto exclusivamente de competencia del Ayuntamiento.
b) Entonces, si el Congreso Local otorga las pensiones referidas, sin estar estas previamente determinadas por los órganos municipales competentes, ni previstas dentro del presupuesto de egresos municipal, viola el principio de autonomía e independencia hacendaria, al disponer de una hacienda y patrimonio sobre los que no tiene competencia alguna.
c) Los artículos de la Ley del Servicio Civil impugnados son inconstitucionales porque no reconocen la libertad hacendaria municipal en su gestión presupuestal, ni la autonomía para definir el gasto público a través del presupuesto de egresos. Esto, ya que dicha libertad implica la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores para otorgar pensiones o jubilaciones.
d) El Congreso Local, al emitir los decretos y los artículos impugnados obliga a realizar el pago de las pensiones otorgadas en dichos decretos, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública municipal.
e) Los decretos impugnados violan el artículo 115, fracción III, inciso a), constitucional, que se establece la obligación de los Municipios de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; ya sea a través del Ayuntamiento, o bien, mediante un órgano descentralizado, como es el caso. En ese sentido, los decretos constituyen una invasión a la esfera competencial originaria del Ayuntamiento, debido a que se afecta el patrimonio de la unidad administrativa encargada de la prestación de esos servicios, considerando que dicho órgano descentralizado forma parte del Ejecutivo Municipal.
f) Finalmente, los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya invalidez se demanda, fueron declarados inválidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.
4. El artículo constitucional que el promovente señala que fue violado es el artículo 115, fracciones III, inciso a), y IV, primer, penúltimo y último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de junio de dos mil dieciocho.(1)
6. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 109/2018 y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(2)
7. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(3)
8. Contestación del Poder Legislativo.(4) El Poder Legislativo de esa entidad señaló, en síntesis, que:
a) La controversia constitucional es improcedente porque el Municipio de Cuernavaca no cuenta con interés legítimo para promoverla, toda vez que el Congreso Local no invade la esfera de competencia del Municipio actor, ni vulnera su autonomía. Así, al no resentir el Municipio actor afectación alguna en su esfera de atribuciones, no se actualiza su interés legítimo.
b) Los organismos descentralizados de carácter municipal componen la administración pública paramunicipal, pero no forman parte del Ayuntamiento porque no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo, sino auxiliarlo en la ejecución de programas relativos al desarrollo económico y social, como lo es la prestación de servicios públicos.
c) La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados; sin embargo, es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a aquellas empresas administradas, ya sea de forma centralizada o descentralizada por el Gobierno Federal. Por tanto, están fuera de las facultades de las Legislaturas Locales determinar el régimen jurídico de las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter local con sus trabajadores, estando únicamente facultados para expedir leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se señala en el artículo 116, fracción VI, constitucional.
d) La expedición de los decretos impugnados no contraviene los principios de libre hacienda municipal y autonomía o soberanía presupuestaria, pues el Sistema de Agua y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en el Estado de Morelos tiene un patrimonio propio como se señala en el artículo 5 del acuerdo que crea ese organismo descentralizado.
f) Finalmente, el Congreso Local emitió los decretos impugnados en cumplimiento a lo señalado en los artículos 54 al 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
9. El Poder Ejecutivo(5) y el secretario de Gobierno del Estado,(6) al contestar la demanda de manera coincidente señalan, en síntesis, lo siguiente:
a) Existe una falta de legitimación ad causam del Municipio actor, ya que las autoridades demandadas no han realizado acto alguno que invada o afecte su esfera competencial, por lo que el Municipio actor carece del derecho de demandar la invalidez de los actos impugnados. Siendo aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J. 75/97,(7) de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."
b) Existe una falta de vinculación en los conceptos de invalidez del Municipio actor, entre lo pretendido y las razones aportadas, sin encontrarse dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad e ilegalidad de las consideraciones en que se sustentan los actos impugnados.
c) El Municipio actor no combate por vicios propios el acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno, así como la sanción y promulgación atribuido al Poder Ejecutivo, por lo que es falso que violen en perjuicio del Municipio actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.
d) Los demandados cuentan con las facultades para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso Local, siendo esto de su exclusiva competencia y, por tanto, constitucional.
e) Se debe sobreseer en la controversia porque la demanda del Ayuntamiento es extemporánea respecto de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que los decretos impugnados no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos controvertidos porque fueron aplicados en el Decreto 2109 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5551 de fecha 22 de noviembre de 2017, en el que el Congreso Local otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a otra persona que había prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y obligó a ese organismo a realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, conforme a lo dispuesto por los referidos artículos de la Ley del Servicio Civil impugnados.
f) El Ayuntamiento no controvirtió los artículos indicados dentro del plazo de treinta días posterior a su publicación. La última reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue publicada mediante el Decreto 1387 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5479 de ocho de marzo de dos mil diecisiete. Así, el plazo de treinta días para impugnarlos transcurrió en exceso y la presentación de la demanda resulta notoriamente extemporánea.
g) Resulta infundado que se viole el artículo 115, fracción III, inciso a) y fracción IV,(8) de la Constitución Federal porque el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca es un organismo descentralizado, al cual se le ha otorgado independencia funcional y patrimonio propio para el cumplimiento de las atribuciones que le han sido encomendadas.
h) En ese sentido, en los artículos 1 y 2 del Acuerdo por el que se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, se señala que ese organismo tiene por objeto prestar y administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuernavaca. Así, es incorrecta la afirmación del Municipio actor en la que señala que el secretario de Gobierno invade la competencia originaria del Ayuntamiento, respecto de la prestación del servicio público mencionado.
i) Por tanto, en el caso no existe perjuicio alguno que incida en la esfera jurídica de competencias del Ayuntamiento por lo que se debe sobreseer en la presente controversia, pues ante esta falta de perjuicio, y sin que la prestación del servicio se vea afectada, el Ayuntamiento actor carece de interés legítimo para impugnar los decretos.
j) Además, los decretos impugnados ya fueron controvertidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, y la demanda de controversia constitucional 99/2018, fue desechada toda vez que se consideró que dicho organismo carecía de legitimación. Esa determinación hace improcedente la presente acción de controversia porque constituye cosa juzgada.
k) De los artículos 116, fracción VI, 123 y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, se deriva que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional.
l) Finalmente, las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecidas entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, constituyendo una relación de naturaleza administrativa y no laboral. Así, tanto en la Constitución Local, como en la Ley Orgánica del Congreso Local, se otorga al Congreso estatal la facultad de expedir, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos de pensión de los servidores públicos del Estado de Morelos, sin que dichas disposiciones se hayan declarado inconstitucionales.
10. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
11. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(9)
12. Returno. Por acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó la presente controversia constitucional al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
13. Radicación. Previo dictamen del Ministro ponente el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
II. Competencia
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, porque se plantea un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno porque se sobresee respecto de las normas generales impugnadas.
III. Precisión de los actos y normas impugnadas
15. Esta Primera Sala considera necesario precisar los actos y las normas de carácter general impugnadas por el Municipio actor, ello de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
16. Los actos impugnados son los siguientes:
Ver actos impugnados
17. Las normas de carácter general impugnadas son los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
18. En el siguiente apartado se analizará, en primer lugar, la oportunidad para impugnar los decretos señalados. Posteriormente, se analizará la oportunidad para impugnar las normas generales indicadas, ya sea con motivo de su acto de aplicación en el decreto impugnado o con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.
IV. Oportunidad
19. En primer lugar, se analizará la oportunidad de la demanda respecto de los decretos impugnados, ya que éstos fueron señalados como primer acto de aplicación de las normas impugnadas.
20. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional para la impugnación de actos el cual se hará de la siguiente forma:(10)
a) A partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) A partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o,
c) A partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.
21. De esa manera, el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Ayuntamiento se ostentó sabedor de los actos impugnados, esto es, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, respecto de los primeros decretos, y el dos de mayo del mismo año, por lo que hace al resto de los decretos, fechas en que estos decretos se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad.(11)
22. Tomando esas fechas como referente, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia concluyó el siete de junio de dos mil dieciocho respecto de los primeros cinco decretos y el trece de junio de ese mismo año por el resto de los decretos impugnados.(12)
23. Por su parte, la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el seis de junio de dos mil dieciocho.(13) Por tanto, en lo que se refiere a la impugnación de los decretos, debe concluirse que la controversia constitucional es oportuna.
24. En segundo lugar, se analizará la oportunidad de la impugnación de las normas generales señaladas con motivo de su primer acto de aplicación consistente en los diversos decretos impugnados.
25. En el caso de normas generales, la controversia constitucional debe interponerse:(14)
a) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; o,
b) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
26. Para analizar la oportunidad de la impugnación de las normas generales señaladas, a partir del supuesto del primer acto de aplicación de las mismas, es pertinente aclarar qué constituye un acto de aplicación conforme al criterio de este Tribunal Pleno.
27. Un acto constituye la aplicación de una norma general, siempre y cuando tenga su fundamento en la misma y, además, se encuentre previsto el caso concreto que se identifica en los supuestos de dicha norma; o bien, cuando, aunque en el acto no se haya citado expresamente la norma general, que en ésta se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o se contiene en el acto señalado como el de su aplicación (aplicación implícita o indirecta).(15)
28. En este sentido debe analizarse, primero, si en el caso efectivamente se trata del primer acto de aplicación, pues de lo contrario el cómputo de la oportunidad deberá hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas. Así, se analizará el Decreto Número 2532 publicado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho por ser el primero de los decretos publicados en orden ascendente:
"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: Consideraciones I. En fecha 07 de marzo de 2017, el C. Ricardo Delgado López, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Ricardo Delgado López, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 08 meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: auxiliar técnico, adscrito a la Dirección General de Eventos Especiales de la Secretaría de Administración, del 01 de noviembre de 1992, al 15 de julio de 1993; jefe de departamento, adscrito a la Dirección General de Eventos Especiales de la Secretaría de Administración, del 16 de julio de 1993, al 15 de julio de 1994, fecha en que causó baja. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: operador de equipo de bombeo, adscrito al Departamento de Operación de la Dirección de Operación, del 11 de septiembre de 1998, al 05 de enero del 2006; jefe de sección A, adscrito al Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica, del 06 de enero de 2006, al 13 de septiembre de 2017, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: Decreto Número Dos Mil Quinientos Treinta y Dos por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Ricardo Delgado López. Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación al C. Ricardo Delgado López, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca desempeñando como último cargo el de: jefe de sección A, adscrito al Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica. Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. Disposiciones transitorias primera. ... ." (énfasis añadido)
29. De la transcripción del decreto publicado se advierte que se hizo una mención expresa de los artículos 56 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Además, esta Primera Sala considera que el supuesto normativo contenido en las normas citadas se materializa en el acto de aplicación que se analiza porque se concede el pago de pensión por jubilación a un empleado de un organismo municipal y, además, se dispone el porcentaje y la forma en la que deberá integrarse el pago de dicha pensión, conforme a los artículos impugnados. Los artículos de referencia disponen:
"Artículo 56. Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
"El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
"El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación."
"Artículo 66. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la ley.
"La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.
"Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. ... ."
30. Además, se determinó que dichas pensiones debían ser cubiertas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con cargo a la partida presupuestaria destinada para pensiones, cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil.
31. Por otra parte, esta Primera Sala considera que se aplicaron implícitamente los artículos 24, fracción XV, y 57, último párrafo, del mismo ordenamiento, los cuales son del tenor siguiente:
"Artículo 24. Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o entidad paraestatal o paramunicipal de que se trate, las siguientes:
"...
"XV. Por haber obtenido decreto que otorgue pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, cuyo inicio de vigencia se consignará en el mismo ordenamiento."
"Artículo 57. Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:
"A) Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:
"I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el oficial del Registro Civil correspondiente;
"II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda;
"III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y,
"IV. Dictamen de la institución de seguridad social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva.
"...
"El H. Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días durante el periodo ordinario de sesiones. En caso de que la Legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones inmediato."
32. En el caso se actualiza la aplicación implícita de los artículos transcritos porque se trata de la expedición por parte del Congreso del Estado de Morelos de un decreto de pensión por jubilación que genera la terminación de la relación laboral entre un servidor público y el Municipio de Cuernavaca, supuesto que se encuentra previsto en la fracción XV del artículo 24. Además, el decreto que se analiza se expidió previa verificación de la entrega de los documentos señalados por el artículo 57 que se transcribió, en el plazo previsto para ello.
33. Esta Primera Sala considera innecesario plasmar el análisis individual de cada uno de los decretos restantes,(16) pues debe considerarse que también constituyen un acto de aplicación de las normas generales que fueron impugnadas porque: a) fueron expedidos por el Congreso Local en el Periódico Oficial de la entidad, conforme a los artículos 56 y 57 de la ley en cita; b) conceden pensiones por jubilación o edad avanzada; c) se otorgan con cargo a la partida de pensiones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; d) determinan el porcentaje del salario que deberá de recibir el trabajador, conforme al artículo 66; e) analizan la documentación entregada por el trabajador en términos del artículo 57; f) constituyen la terminación de la relación laboral entre el trabajador y el organismo paramunicipal, conforme a la fracción XV del artículo 24; g) dan lugar al pago de la pensión posteriormente a su publicación; y, h) se fundan en el mismo marco normativo y hacen alusión a los mismos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
34. Ahora bien, aun cuando los decretos impugnados constituyen un acto de aplicación de las normas generales que el Ayuntamiento estima inconstitucionales, esta Primera Sala advierte que los decretos impugnados no constit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29054-d4c845ca/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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