I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ESE PODER (ARTÍCULOS 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 38, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA RECAE EN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. V. MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO. VI. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA ESTABLECER EN ELLAS UN MARCO HOMOGÉNEO QUE ASEGURE EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LOS AYUNTAMIENTOS. VII. MUNICIPIO. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. VIII. REGLAMENTOS MUNICIPALES QUE REGULAN SERVICIOS PÚBLICOS. SU VALIDEZ NO DERIVA DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES LOCALES NI FEDERALES, SINO DIRECTAMENTE DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL. IX. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DISTINCIÓN ENTRE AMBOS SERVICIOS PÚBLICOS. XI. TRANSPORTE. COMO LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO NO SE CONFIERE EXPRESAMENTE A LA FEDERACIÓN O A LOS MUNICIPIOS DEBE CONSIDERARSE IMPLÍCITAMENTE ASIGNADA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. TRÁNSITO. BASES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. XIII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LA LEGISLATURA LOCAL ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO EN ESA MATERIA Y A LOS AYUNTAMIENTOS LA REGLAMENTACIÓN DE LAS CUESTIONES DE TRÁNSITO ESPECÍFICAS DE SUS MUNICIPIOS. XIV. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PARA FIJAR EL ITINERARIO, LOS HORARIOS Y LAS FRECUENCIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS, INCIDE EN EL ÁMBITO MATERIAL DE ESE SERVICIO PÚBLICO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXXIV, 109, NUMERALES 4 Y 5, 252, Y 270, NUMERAL 3, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA, APROBADA MEDIANTE DECRETO NO. 240, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE). XV. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA REGULACIÓN QUE CONFIERE A LAS AUTORIDADES LOCALES LAS ATRIBUCIONES PARA FIJAR O DETERMINAR LO RELATIVO AL ITINERARIO, LOS HORARIOS Y LA FRECUENCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS, NO CORRESPONDE AL ÁMBITO CONFERIDO A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA ESTABLECER LAS BASES GENERALES QUE RIJAN ESE SERVICIO PÚBLICO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXXIV, 109, NUMERALES 4 Y 5, 252 Y 270, NUMERAL 3, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA, APROBADA MEDIANTE DECRETO NO. 240, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE). XVI. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA ATRIBUCIÓN A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO PARA MODIFICAR LOS ITINERARIOS, HORARIOS Y FRECUENCIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO SIN DAR MARGEN DE PARTICIPACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA, APROBADA MEDIANTE DECRETO NO. 240, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE). XVII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO PARA SU OPERACIÓN, SIN DAR MARGEN DE PARTICIPACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, NUMERALES 4 Y 5, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA, APROBADA MEDIANTE DECRETO NO. 240, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE). XVIII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO PARA INSTAURAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL USO DE LA COBERTURA DE LOS POLÍGONOS DE AC
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2017. MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA. 18 DE MAYO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día dieciocho de mayo de dos mil veinte.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Javier Rodríguez García, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Colima, Estado de Colima, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Colima.
• Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
Actos cuya invalidez se demanda:
• La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en una edición especial extraordinaria el treinta de enero de dos mil diecisiete.
• Todas las consecuencias y actos posteriores que se deriven de la aplicación de la referida ley.
SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes los siguientes:
• El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, fue aprobada por el Congreso del Estado la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.
• Dicha norma fue promulgada por el titular del Ejecutivo y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el treinta de enero de dos mil diecisiete.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la parte actora formuló las siguientes consideraciones:
• Existe una invasión por parte del Legislativo y el Ejecutivo Locales, a la esfera de competencia que otorga al Municipio el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar, promulgar y publicar, respectivamente, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.
• En el presente caso, las autoridades demandadas estiman que su actuación encuentra apoyo en el hecho de que la fracción II del artículo 115 constitucional establece que los Municipios pueden aprobar normas reglamentarias de observancia general dentro de sus jurisdicciones que "organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal", pero que deben, en todo caso, hacerlo "de acuerdo con las leyes en materia municipal que deben expedir las Legislaturas de los Estados". A juicio de las autoridades, las normas de movilidad hacen parte de esas leyes estatales y pueden, además, vincularse con otras materias –transporte público– que la Constitución no considera como un servicio público, cuya titularidad corresponda al Municipio; sin embargo, el servicio público de tránsito se encuentra expresamente reservado al Municipio en el artículo 115, fracción III, inciso h).
• De conformidad con lo que ha establecido la Suprema Corte, habrá previsiones legales que se relacionarán de algún modo con la actividad de transporte, entendida como la "consistente en llevar a personas o cosas de un punto a otro", pero también lo estarán indubitablemente con el ámbito material que identificamos como servicio de tránsito, esto es, "la actividad de técnica, realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública, circular por ella con fluidez, bien como peatón, ya como conductor o pasajero de un vehículo, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, animales, vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública", en garantía del "cabal ejercicio de la libertad de tránsito de toda persona".
• De este modo, la ordenación del tránsito (que tiene además amplia incidencia en el desarrollo de muchas actividades colectivas y en las condiciones de cumplimiento de funciones, servicios y responsabilidades municipales que quedan fuera de la litis de este juicio) está destinada a ser muy poco efectiva si puede referirse solamente a los vehículos particulares y a la conducta de los peatones. La disciplina de uso de espacio en un Municipio desde la perspectiva de la circulación y estacionamiento de personas y vehículos pasa estrechamente por disciplinar el impacto externo o espacial del transporte público. Se comenta lo anterior, dado que habrá normas que, a pesar de tomar como objeto inmediato de regulación los vehículos, lo que en realidad regulan son aspectos que inciden centralmente en la circulación y estacionamiento de esos vehículos por las vías públicas y no otros aspectos de los vehículos de transporte o de las personas que los manejan que no se traslapan con las cuestiones de tránsito (como no se traslapan, por poner un ejemplo, las normas sobre requisitos técnicos o apariencia externa de los vehículos, o el tipo de capacitación técnica que deben evidenciar sus conductores).
• Cuando la legislación estatal incida en ámbitos de decisión que son de titularidad municipal por disposición constitucional, la Corte ha señalado que las autoridades del Estado deben reconocer que la competencia para determinarlas es municipal, y respetar que la decisión sobre estos puntos debe emanar de lo dispuesto por otras autoridades. En estos puntos las normas estatales deben remitir o prever la aplicación de las normas municipales correspondientes.
• La ley impugnada tiene un carácter multidimensional que soslaya que lo que el Estado puede imponer a los concesionarios y permisionarios no lo puede imponer automáticamente a los Municipios, y que la mayoría de las cuestiones materialmente involucradas en la regulación contenida en los artículos identificados en la demanda, de la ley de movilidad, son en realidad cuestiones que invaden la materia de tránsito, ya que no respetan la lógica constitucional en la materia, que consiste en otorgar a las autoridades estatales las competencias en materia de transporte, pero con la participación de los Municipios en cuanto a la formulación y aplicación de las políticas respectivas, y a las autoridades municipales la competencia para prestar el servicio público de tránsito, en el marco materialmente acotado y limitado, de lo que pueda disponer una normativa básica estatal, que en ningún caso debe inmiscuirse en cuestiones particulares de cada Municipio.
Por lo anterior, se solicita la invalidez de las siguientes normas de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima: artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, numeral 1, fracciones II, VI, VII, VIII, XVIII, XXXVII, LXIII, LXIV, LXVI, LXXVI y C, 15, 16, numerales 1 y 2, fracciones I, V, VI, IX, XI, XII, XIII y XV, 17, numeral 1, fracciones I a VII, XVI a XXI, XXXIV, XXXVIII, XL y XLI, 19, numeral 1, fracciones I, III, IV, V, y VI, 20, numeral 1, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 156, 157, 158, 252, 270, 286, 303, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 324, 325, 383, 384 y 386 por las siguientes razones:
Ver normas
CUARTO.—Trámite de la controversia. Por proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 91/2017 y ordenó se turnara al Ministro Eduardo Medina Mora I., como instructor del procedimiento.(1)
Mediante diverso proveído dictado el día siguiente por el Ministro instructor, se admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, se ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente y, finalmente, se ordenó dar vista a la entonces Procuraduría General de la República, para que en su caso manifestara lo que considerara conducente.
QUINTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Por escrito recibido el quince de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Gerardo García Noriega, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dio contestación a la demanda entablada en su contra, en la que en síntesis, sostuvo lo siguiente:(2)
Los argumentos vertidos por el promovente resultan infundados, toda vez que, contrario a lo que afirma la movilidad sustentable y el acceso universal, es materia concurrente y, entonces, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no es inconstitucional, ya que no invade las facultades del Municipio ni su autonomía; esto es, dicha ley reconoce el ámbito de competencia municipal respecto a la movilidad urbana y privilegia respetar dicho ámbito de competencia municipal frente a la estatal y, para reforzarlo, enuncia las atribuciones y facultades del Municipio, sin que ello signifique que sea limitativo, ya que la ley en comento expresa puntualmente que las acciones del gobierno estatal y las del Municipio se estarán a sus respectivos ámbitos de competencia.
Lo anterior es así, ya que inclusive hay que considerar respecto de la movilidad urbana sustentable y el acceso universal (y que al parecer pasa inadvertido para el Municipio) que existen tanto vías y espacios públicos estatales como municipales, por lo que el Ejecutivo tendrá facultades y atribuciones para actuar respecto de las áreas de su jurisdicción y, en aquellas que sean municipales, inexorablemente requerirá de los convenios de colaboración respectivos que se encuentran previstos en la propia ley de movilidad combatida, principalmente en la fracción VII del apartado 2 del artículo 4o. (en realidad 6o.),(3) así como los numerales 9,(4) 10(5) y 30.(6)
Resulta inoperante el argumento del promovente en el sentido de que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima le estuviera otorgando facultades al gobernador que son propias y exclusivas del Municipio.
De igual forma, resulta evidente el Congreso del Estado de Colima no invade la competencia del Municipio al aprobar la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, pues esta materia no es exclusiva del Municipio, sino concurrente, en donde además, si bien es cierto no puede hacer nugatorias las facultades del Municipio para la prestación del servicio público de tránsito, supuesto al que se refiere el artículo 115, fracción III, de la Constitución, sí puede legislar sobre la planeación, ordenamiento y regulación en materia de competencia y, en ese sentido, es de observarse que el Congreso del Estado no legisló en materia de tránsito, sino en materia de movilidad sustentable y accesibilidad universal, esto es, se trata de disposiciones que inciden en su objeto, fines, principios rectores y transversalidad diversos derechos humanos.
Resulta incongruente señalar que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima invada la competencia de materias que son propias y exclusivas del Municipio, y en que la Constitución otorga autonomía, ya que se privilegia generar mecanismos de coordinación institucional necesarios, así como los mecanismos de interacción con el sector privado y la sociedad civil, por el que la administración pública estatal y las municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme al artículo 9 de la ley referida, deberán sujetarse a todas las disposiciones ahí establecidas, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, y observar su contenido en las políticas públicas, planes de desarrollo, programas y acciones de gobierno que incidan en los diversos aspectos de la movilidad de personas y bienes.
Es importante resaltar que las normas contenidas en la Ley de Movilidad impugnada constituyen un marco normativo homogéneo, que otorga uniformidad a la prestación del servicio de la movilidad y el transporte en toda la entidad.
La competencia normativa estatal se extiende, entre otros, a los siguientes rubros: registro y control de vehículos; reglas de autorización de su circulación; emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación vehicular; reglas de expedición de licencias de manejo y otros requerimientos necesarios para que puedan circular; reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su circulación, estacionamiento y seguridad; fijación de conductas que constituyan infracciones y sanciones aplicables, facultades de las autoridades, y los medios de impugnación competentes en la materia.
La ley de movilidad cuestionada habilita un espacio real y efectivo para el dictado de normas municipales que regulen los servicios públicos, en este caso, relativo al servicio de tránsito, que la Constitución deja a cargo de los Municipios, conforme a las especificaciones de su contexto.
Con apego a una interpretación conforme a la Constitución, las normas contenidas en la legislación impugnada deben interpretarse en el sentido de que las facultades municipales de creación normativas están intocadas y que pueden desplegarse sin cortapisas, al menos respecto de la administración, organización, planeación y operación del servicio de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de su prestación continua, uniforme, permanente y regular.
Estos rubros permiten a los Municipios regular cuestiones como el sentido de la circulación de las calles y avenidas, el horario para la prestación de los servicios administrativos, el reparto competencial entre las diversas autoridades municipales en materia de tránsito, las reglas de seguridad vial en el Municipio y los medios de impugnación contra los actos de las autoridades municipales de manera no limitativa.
En tal sentido, la ley de movilidad garantiza un espacio suficiente para que los Municipios adopten normas de concreción y ejecución que deben permitirles ejercer su potestad constitucional a ser distintos en lo que les es propio, y a expresarlo desplegando la facultad normativa exclusiva que les confiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional.
De ahí que, haciendo prevalecer una interpretación conforme a la Constitución, es factible llegar a la conclusión de que las normas contenidas en la Ley de Movilidad son un marco de actuación general, y si bien algunas de ellas inciden directamente con el ámbito material que corresponde al servicio público municipal de tránsito, circunstancia razonable en atención a la vinculación existente con el servicio de movilidad y transporte de bienes y personas, la determinación específica sobre lo que atañe a los respectivos aspectos del tránsito municipal corresponde invariablemente a los Municipios, y la intervención de las autoridades del Estado se dará a través de los mecanismos de coordinación que la propia ley establece, con la anuencia de los órganos de decisión de los referidos Municipios.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por su parte, el Congreso del Estado de Colima, por conducto del presidente de su Mesa Directiva, José Guadalupe Benavides Florián, dio contestación a la demanda entablada en su contra mediante escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en la que sostuvo medularmente lo siguiente:(7)
La controversia constitucional es improcedente, toda vez que la actuación desplegada por el Congreso del Estado de Coliman lo fue en ejercicio pleno de las facultades constitucionales y legales con que está investido y cumpliendo en todo momento con los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos que rigen la actuación del mismo, por lo que al ser infundada la controversia, lo procedente es su sobreseimiento.
El actuar del Congreso del Estado de Colima se apoya plenamente en la interpretación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución, mismo que expresa que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que a esta audiencia no se presentaron las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Returno. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se returnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, nuevo Ministro instructor.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de disposiciones generales.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
De conformidad con el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para la presentación de la demanda tratándose de normas generales será de treinta días contados a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente al que se produce el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
El Decreto No. 240 por el que se aprueba la Ley de Movilidad para el Estado de Colima fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el lunes treinta de enero de dos mil diecisiete, por tanto, el plazo de treinta días para presentar la presente controversia constitucional transcurrió del martes treinta y uno de enero al martes catorce de marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria en cita; de dicho plazo se descuenta el lunes seis de febrero, por ser inhábil, conforme a los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la ley reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto primero y segundo del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil trece.
Si la controversia constitucional fue recibida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves trece de marzo de dos mil diecisiete, se concluye que se presentó de manera oportuna. TERCERO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
Por su parte, los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Francisco Javier Rodríguez García, síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima, Estado de Colima, carácter que acreditó con la constancia de mayoría y validez, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Colima, así como el acta de quince de octubre de dos mil quince, relativa a la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Colima, Colima, en la cual tomó posesión del cargo.(8)
Ahora bien, con base en las documentales que al efecto exhibe y conforme al artículo 51, fracción II, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(9) se reconoce la representación que ostenta el referido funcionario, para promover a nombre del Municipio de Colima, Estado de Colima, ente que tiene legitimación para promover el presente juicio constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i). Ello aunado a que durante el trámite de la controversia constitucional no se ofreció prueba en contrario.
CUARTO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de las partes demandadas, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dio contestación a la demanda Andrés Gerardo García Noriega, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, personalidad que acredita con las copias certificadas del nombramiento de once de febrero de dos mil dieciséis, expedida a su favor por el ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima.(10)
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Colima, en el artículo 60, vigente al momento de la presentación de la demanda, disponía:
"Artículo 60. La administración pública del Estado será centralizada y paraestatal conforme a su ley orgánica y las demás leyes que expida el Congreso del Estado.
"En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de un secretario general de Gobierno y de los secretarios, consejero jurídico y demás servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la administración pública centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes respectivas. ..."
El artículo 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima establece que:
"Artículo 38. A la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos:
"...
"XII. Representar jurídicamente al gobernador en cualquier juicio o asunto en que éste intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La representación a que se refiere esta fracción comprende la interposición y el desahogo de todo tipo de recursos, pruebas, alegatos y actos que favorezcan los intereses y derechos del representado y del Estado. Esta facultad podrá ser delegada en términos de lo dispuesto por el reglamento interior de la Consejería Jurídica."
En consecuencia, Andrés Gerardo García Noriega tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Colima en la presente controversia, por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.
Por otro lado, en representación del Poder Legislativo del Estado de Colima, dio contestación a la demanda José Guadalupe Benavides Florián, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, carácter que acredita con copia certificada del acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada por el Pleno de dicho órgano legislativo, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.(11)
Al respecto, el artículo (sic) resulta relevante citar los artículos 37, primer párrafo y 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima:
"Artículo 37. El órgano de dirección y representación del Poder Legislativo será la directiva del Congreso, que se integrará por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y dos suplentes de éstos, electos por mayoría simple mediante votación secreta."
"Artículo 42. Son atribuciones del presidente de la directiva:
"...
"II. Representar legalmente al Congreso."
De la lectura de dichos preceptos se desprende que la directiva del Congreso, por conducto de su presidente, tiene a su cargo la representación jurídica del Congreso, por lo que José Guadalupe Benavides Florián cuenta con legitimación para comparecer en representación de la autoridad demandada.
QUINTO.—Causas de improcedencia. En el presente caso, el presidente de la directiva del Congreso del Estado de Colima señaló que la presente controversia es improcedente, pues la actuación desplegada por el Congreso fue en ejercicio de las facultades constitucionales y legales con que está investido y cumpliendo en todo momento con los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos que rigen la actuación del mismo, por lo que al ser infundada la controversia, lo procedente es su sobreseimiento.
Debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer, toda vez que el análisis de la legalidad del ejercicio de las facultades del Congreso es una cuestión que atañe al fondo del asunto, pues para pronunciarse al respecto, es necesario atender al marco legal aplicable.
Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 92/99 de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
Al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse diverso de oficio, se procede a estudiar el fondo del asunto.
SEXTO.—Estudio de fondo. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de establecer una mayor claridad expositiva, abordará el análisis correspondiente a la controversia constitucional de mérito en el orden siguiente:
• Parte preliminar: cuyo contenido se divide en: I) precisión de los preceptos normativos impugnados; II) argumentos torales del Municipio actor y autoridades demandadas; y, III) exposición de precedentes aplicables al caso concreto.
• Parte primera, en la que se analizan las normas que vulneran las atribuciones y competencias del Municipio actor.
• Parte segunda, en la que, finalmente, se desarrollan las normas que no vulneran el orden constitucional.
Dicho lo anterior, se tiene que:
• Parte preliminar
I) Precisión de los preceptos normativos impugnados
Si bien del escrito inicial de demanda a priori se desprende que el Municipio actor intenta combatir la totalidad de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, lo cierto es que de la lectura integral de la misma se tiene que únicamente formuló de manera particular argumentos en relación con los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, numeral 1, fracciones II, VI, VII, VIII, XVIII, XXXVII, LXIII, LXIV, LXVI, LXXVI y C, 15, 16, numerales 1 y 2, fracciones I, V, VI, IX, XI, XII, XIII y XV, 17, numeral 1, fracciones I a VII, XVI a XXI, XXXIV, XXXVIII, XL y XLI, 19, numeral 1, fracciones I, III, IV, V y VI, 20, numeral 1, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 156, 157, 158, 252, 270, 286,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30716-1c9c60a9/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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