CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CERTEZA DE LOS ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA IMPUGNADOS EN ESA VÍA, DEBE REALIZARSE AL ESTUDIAR EL FONDO DEL ASUNTO. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. EL CONGRESO LOCAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS QUE CONTENGAN LAS BASES, LOS LÍMITES Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ESTADO PUEDA HACER FRENTE A SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CUARTO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JUNIO DE 2002. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, QUE CONTENGAN LAS BASES, LOS LÍMITES Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ESTADO PUEDA HACER FRENTE A SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CONFORME AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CUARTO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JUNIO DE 2002, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2010. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de junio de dos mil doce.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el uno de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza, Hiram Luis de León y Roberto Ugo Ruiz Cortes, ostentándose con el carácter de presidente municipal, síndico segundo y secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, imputados a las autoridades que a continuación se señalan:
1. Autoridades demandadas: a) El Congreso del Estado de Nuevo León. b) El gobernador del Estado de Nuevo León. c) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
2. Actos cuya invalidez se demanda: a) La omisión legislativa traducida en la falta de expedición de las disposiciones legales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, en términos del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos, por el que se modifica la denominación de su título cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113, específicamente conforme a lo ordenado en su artículo único transitorio, así como sus consecuencias. b) La sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo 136/2009, seguido ante la Primera Sala ordinaria y revisado en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Antecedentes. En lo que interesa, la parte actora ubica su reclamo alrededor del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, por el que se modifica la denominación de su título cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113, específicamente, en virtud de su artículo único transitorio, que dispone la obligación a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, en su caso, que contuvieran las bases, límites y procedimientos para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
Sobre el particular señala que, en acatamiento a esa disposición, mediante Decreto Número 330, de veintinueve de enero de dos mil tres, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó la reforma a la Constitución Política Local en sus artículos 15, 107 y 131 y la modificación de su título séptimo, para establecer la responsabilidad objetiva y directa del Estado y Municipios por los daños y perjuicios que con su actividad administrativa pudieran causar a los particulares.
Sin embargo, la actora apunta que el Congreso del Estado no ha expedido la legislación secundaria que desarrolle ese marco normativo de responsabilidad, lo que incluso llevara al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad a resolver indebidamente la revisión derivada del juicio de nulidad 136/2009.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Respecto de la parte en que se admitió a trámite la demanda, según se precisará en el apartado correspondiente, a lo largo de sus conceptos de invalidez la parte actora asegura que la falta de implementación normativa del sistema de responsabilidad patrimonial para el Estado y Municipios de Nuevo León, ordenado en el decreto de reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, trajo como consecuencia, además del incumplimiento a ese mandato, dejar al arbitrio y discreción de la justicia administrativa la determinación acerca de la procedencia o no de la reparación del daño derivado de ese esquema de responsabilidades (sin contar con la fijación legislativa de las bases, límites y procedimiento que lo regulen) y, por ende, la transgresión de los artículos 13, 14, 16, 40, 41, párrafo primero, 113, 115, fracción II, 120, 128 y 133 constitucionales.
CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos son 13, 14, 16, 40, 41, párrafo primero, 113, 115, fracción II, 120, 128 y 133 constitucionales, así como el único transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil diez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 88/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
En el desarrollo de ese procedimiento, mediante proveído de seis de diciembre siguiente, el Ministro instructor, a efecto de proveer lo relativo al trámite de la demanda, requirió a los promoventes para que en el plazo de cinco días hábiles aclararan ciertos aspectos de su contenido.
Desahogada la vista en su oportunidad, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diez, los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Beatriz Luna Ramos, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de ese año, determinaron desechar parcialmente la demanda respecto a los actos atribuidos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, relacionados con el conocimiento y resolución del juicio contencioso administrativo 136/2009, seguido ante la Primera Sala ordinaria y revisado por la Sala Superior de dicho tribunal, así como sus consecuencias.
Por otra parte, admitieron a trámite la demanda respecto de las omisiones legislativas atribuidas al Congreso y al gobernador del Estado de Nuevo León, concretamente respecto a la no discusión y aprobación de las disposiciones legales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, en términos del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos, así como sus consecuencias.
Asimismo, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
Tal decisión, en la parte correspondiente, fue objeto de impugnación a través de los recursos de reclamación de los que conoció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los expedientes RR. 4/2011 y RR. 8/2011, los cuales fueron resueltos en el sentido de declararlos infundados.
SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo Local. Al dar contestación a la demanda, el consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León negó que la omisión reclamada le fuera atribuible a éste, al precisar que, en principio, de acuerdo con los artículos 30, 46, 63, fracciones I, XLI y LII, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la discusión y aprobación de las leyes recae exclusivamente en el Congreso del Estado.
Asimismo que, en todo caso, tampoco se configura la omisión alegada, en tanto que ese órgano legislativo, por Decreto Número 432 de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, había aprobado la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, sobre la que pesaban distintas observaciones por parte del Ejecutivo, pendientes de superarse.
En apoyo de esas ideas apuntó que el presente asunto debe sobreseerse ante la actualización del supuesto previsto en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Contestación del Congreso Local. La presidenta de la Diputación Permanente de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, al contestar la demanda, negó la existencia de la omisión impugnada bajo la aseveración de que ese cuerpo legislativo, en acatamiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, había adicionado el artículo 15 de la Constitución Local y expedido el Decreto Número 432 de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, por el que se emite la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, a la que recayeran observaciones por parte del Ejecutivo del Estado, las que se estaban atendiendo conforme al procedimiento relativo, en términos de los artículos 70, 71, 72 del Texto Constitucional Local; 65, 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 47 del Reglamento Interior de Gobierno del Congreso de la entidad.
Por otro lado, expuso que la controversia constitucional resulta improcedente en términos del artículo 19, fracciones VI, VII y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 11, primer párrafo y 21 del propio ordenamiento, respectivamente, porque:
• Los demandantes adolecen de legitimación activa para su promoción, al no contar con la representación del Municipio, para lo cual era indispensable la determinación colegiada del Ayuntamiento a través de un acta de cabildo, sin que, además, exista disposición alguna que confiera esa facultad a aquéllos.
• La parte actora carece de interés legítimo para acudir a la controversia, en tanto que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución del Estado de Nuevo León, contaba con el medio legal para subsanar la supuesta omisión legislativa que reclama, específicamente a través de la presentación de la iniciativa de ley pertinente y, por tanto, al no haberlo hecho, consintió la configuración de ese vacío, sin que ahora pueda combatirlo.
• La presentación de la controversia no podía ocurrir en cualquier momento, sino que, en el caso, debían atenderse los plazos generales que al efecto establece la ley reglamentaria de la materia.
• El acto impugnado deriva de una resolución dictada en un procedimiento de carácter jurisdiccional, respecto de la que no procede la controversia.
OCTAVO. Opinión del procurador. Junto al reconocimiento de los aspectos relacionados con la competencia, de este Alto Tribunal y al de la legitimación de la actora, el procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó que la controversia constitucional es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 20, fracciones II y III, y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues estima que su promoción es extemporánea, al no actualizarse el supuesto de excepción relativo a la impugnación de omisiones legislativas, en tanto que, dice, en el caso no se demuestra la omisión combatida por la actora, siendo que el Congreso Local se encuentra desarrollando un procedimiento legislativo en el ámbito de responsabilidad patrimonial del Estado.
NOVENO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de San Pedro Garza García y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Certeza del acto. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, y ante la negativa que sobre la existencia de los actos impugnados expusieron las autoridades demandadas en esta controversia, así como por el procurador general de la República, es pertinente pronunciarse sobre su certeza.
Al respecto se tiene que la lectura de la demanda, en la parte consecuente, arroja que el acto cuya invalidez se combate se hace consistir en una omisión legislativa, concretamente la falta de expedición de las disposiciones legales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, conforme al decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos, por el que se modifica la denominación de su título cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113, específicamente en atención a lo ordenado en su artículo único transitorio, así como sus consecuencias.
Lo anterior más allá de que a través de parte de la construcción de su reclamo el Municipio actor haga descansar esa omisión únicamente en la falta de discusión y aprobación del referido sistema normativo de responsabilidad patrimonial, pues el examen integral de la demanda revela que lo que en realidad subyace en el ánimo de aquél es cuestionar la permanencia del vacío legislativo en su totalidad, siendo por tanto este acto el que debe tomarse en cuenta para efectos de la presente controversia.
Ahora, el conocimiento de la naturaleza del acto impugnado, que implica un no hacer por parte de la autoridad a quien se le atribuye, ante la supuesta existencia de un deber o una conducta que deba ser cumplida, exige postergar el análisis de la determinación de su certeza para el fondo del asunto, en tanto que esa situación no se revela a partir de la mera verificación de la actualización o no de conductas omisivas (en contraste con la negativa de la autoridad demandada), sino que para ello es imprescindible también analizar si constitucionalmente existe el deber de realizar esas conductas y, en su caso, si éstas fueron acatadas en sus términos.
Sobre todo si se toma en cuenta que, en el caso, los argumentos precisados por las demandadas y por el procurador general de la República, orientados a desvirtuar la existencia de la omisión controvertida, se construyen, respectivamente, desde la alusión a la no subsistencia de un deber legal que debiera acatarse en el ámbito de la tarea legislativa correspondiente, así como a la presencia de un supuesto procedimiento legislativo pendiente de culminar; situaciones que desde luego incumben al fondo del asunto y que, como se anunció, es ahí donde deben ventilarse.
Confirma esa aproximación la tesis jurisprudencial P./J. 92/99(1) de este Tribunal Pleno, que establece:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
Con base en lo argumentado debe desestimarse el motivo de sobreseimiento hecho valer por el Ejecutivo Local demandado y por el procurador general de la República, previsto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, que establece:
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese de ese último."
De acuerdo con el precepto reproducido, para que se actualice la causa de sobreseimiento por inexistencia de la norma o actos controvertidos debe encontrarse claramente demostrada esta circunstancia, lo que, como se dijo, no ocurre en el presente caso, ante la naturaleza de lo impugnado.
TERCERO. Oportunidad. Siguiendo con el examen del caso, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, procede estudiar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Con ese ánimo conviene señalar que de conformidad con el artículo 21 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación y, tratándose de conflictos de límites diversos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal, el plazo será de sesenta días computados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.
En la especie, según quedó dispuesto en el apartado que antecede, el acto cuya invalidez se reclama es de naturaleza omisiva, supuesto respecto del que no se establece plazo alguno para la promoción de la demanda de controversia constitucional.
Esa situación lleva a considerar que, como lo ha reiterado este Tribunal Pleno en diversos precedentes, tratándose de ese tipo de actos, que implican un no hacer por parte de la autoridad, ante un deber o una conducta que deba ser cumplida, creando una situación permanente que no se subsana mientras no actúe, la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras esa actitud subsista. Ilustra esa consideración la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003,(3) que dispone lo siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."
Aterrizando ese criterio al caso que nos ocupa se tiene que el artículo único transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos, desde el que se hace valer la omisión combatida, establece un plazo concreto para la implementación del sistema de responsabilidad patrimonial para los Estados, bajo los siguientes parámetros:
"Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"La Federación, las entidades federativas y los Municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
"La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes:
"a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y
"b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
"Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos."
Luego, sólo para efecto de determinar la oportunidad de la demanda, sin prejuzgar sobre el fondo, si a la fecha de su presentación la parte actora manifestó que la referida adecuación legislativa no se había realizado, prevaleciendo un estado de omisión, sin prueba que la desvirtúe plenamente, entonces ésta debe estimarse presentada en tiempo, en tanto, se insiste, el plazo para ello se computa de día a día mientras subsista esa situación.
Frente a esa conclusión se impone declarar infundados los argumentos de extemporaneidad que plantea el Congreso Local y el procurador general de la República para tratar de evidenciar la improcedencia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 19, fracciones VII, VIII, 20, fracción II y 21 de la ley reglamentaria de la materia, siendo que, por las razones ya anotadas, la presentación de la demanda se estima oportuna, debiendo prevalecer la regla de excepción que impera tratándose de omisiones.
Máxime porque, además de lo manifestado, el contenido de las alegaciones que apoyan esa supuesta preclusión temporal se encuentra en íntima vinculación con el fondo del asunto, concretamente en relación con la determinación sobre la existencia o no de la omisión legislativa impugnada, lo que, según se vio en otra parte de este fallo, constituye un tema de análisis posterior, por lo que, en todo caso, también cabría su descalificación por esa cuestión.
CUARTO. Legitimación activa. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(4) establecen que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
En el presente expediente, conforme al acuerdo de instrucción de seis de diciembre de dos mil diez, únicamente se tuvo por presentada la controversia constitucional a Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León, quienes se ostentaron con el carácter de presidente municipal y síndico segundo del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, respectivamente, lo cual acreditaron, entre otras constancias, con copias certificadas del Periódico Oficial de la Entidad de diecisiete de julio de dos mil nueve, en la que se contiene acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, de la que se advierte que se declaró electa para el periodo que comprende del treinta y uno de octubre de dos mil nueve al treinta de octubre de dos mil doce, la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, de la que formaban parte quienes aquí se ostentan como presidente y síndico segundo municipales.(5)
Al respecto, los artículos 27, primer párrafo y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León,(6) establecen que el presidente municipal tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento y que corresponde a los síndicos o síndicos segundos, junto con el presidente municipal, intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento y en aquellos que sea necesario ejercer la personalidad jurídica del Municipio.
En consecuencia, el presidente municipal y el síndico segundo, que suscriben la demanda, cuentan con la facultad de representación del Municipio actor en esta vía; sin que ello implique que ésta recaiga necesariamente de manera conjunta en ambos funcionarios.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 44/97,(7) aplicable al caso, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."
En función de esa conclusión debe desestimarse la causal de improcedencia que alrededor de este rubro hace valer la legislatura demandada, prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 11, primer párrafo, del propio ordenamiento, en el sentido de que los promoventes carecen de legitimación activa al no contar con la representación del Municipio, para lo cual, dice, era necesaria la determinación colegiada del Ayuntamiento a través de un acta de Cabildo.
Esto porque, como ya se dijo, del contexto legal identificado se extrae que corresponde a los síndicos o síndicos segundos junto con el presidente municipal representar al Municipio, sin que en precepto diverso de tales ordenamientos se exija que para la promoción de una controversia constitucional se requiera un acuerdo de Cabildo.
Asimismo, porque las reglas sobre representación establecidas en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia son flexibles, al prever que las partes actora, demandada y, en su caso, tercera interesada, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas y que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Es decir, se trata de una norma que requiere simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende, y que por lo demás es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver cualquier duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades o personas que comparecen ante este Alto Tribunal, por ello si, en el caso, las normas aplicables establecen que la representación jurídica del Municipio recae conjuntamente en el síndico o síndico segundo y el presidente municipal representante de aquél, sin restricciones expresas, y en este asunto vienen dichos funcionarios en conjunto como lo establecen dichas normas, debe reconocérseles legítimos representantes del Municipio actor.
Iguales consideraciones sustentaron la decisión adoptada por el Tribunal Pleno al fallar la controversia constitucional 100/2009.(8)
QUINTO. Legitimación pasiva. Enseguida, en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada, al ser una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que ésta resulte fundada.
En esta controversia se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, quienes comparecieron por conducto de Hugo Alejandro Campos Cantú y la diputada Josefina Villareal González, respectivamente, quienes se ostentaron como consejero jurídico del gobernador de la entidad y presidenta de la Diputación Permanente de la LXXII Legislatura del H. Congreso del Estado.
Tal carácter se acreditó, en el caso del primero de los nombrados, con copia certificada del nombramiento de cuatro de octubre de dos mil nueve, en la que consta que fue designado por el Ejecutivo Estatal en el cargo con que se ostenta.(9) Tal funcionario se encuentra facultado para acudir en representación del Poder Ejecutivo Local, de conformidad con el artículo 34, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Para el Estado de Nuevo León,(10) por tanto, cuenta con la debida legitimación procesal para representar en este medio de control constitucional al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
Por su parte, la diputada antes nombrada acredita su carácter con la copia simple del Periódico Oficial de la Entidad de veintinueve de diciembre de dos mil diez, que contiene el Decreto Número 176, por el que se integra la Diputación Permanente que fungirá dentro del receso correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Septuagésima Segunda Legislatura, en donde se designa a ésta como presidenta.(11)
Dicha funcionaria se encuentra facultada para acudir a esta vía en representación del Poder Legislativo Local, de conformidad con los artículos 60, fracción I, inciso c) y 86 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 24, fracción XV, inciso b), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de esa entidad,(12) de los que se desprende que el presidente de la Diputación Permanente será el presidente del Congreso y tendrá las mismas facultades que a éste corresponden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24090-a4cec029/controversia-constitucional-el-analisis-de-la-determinacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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