I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN IV Y 8, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, ASÍ COMO EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER INTERVENIDO EN LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO (DECRETO NÚMERO 1 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 15, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO LOCAL APROBÓ EL ESTATUTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2020. MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y MANUEL POBLETE RÍOS.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 15/2020, promovida por el Municipio de Ensenada, Baja California, en contra del Dictamen Número 1, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, de Gobernación, Legislación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso Local sometieron a la consideración del Pleno de ese órgano legislativo el proyecto para expedir el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California, así como contra el Decreto Número 15, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el tres de enero de dos mil veinte, mediante el cual se expidió el estatuto mencionado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
A. Antecedentes de los actos impugnados.
1. Creación del Municipio de Playas de Rosarito. El veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco, mediante el Decreto Número 166, publicado en el Periódico Oficial de Baja California, se creó el Municipio de Playas de Rosarito. Sus límites, al norte con el Municipio de Tijuana y al sur con el de Ensenada, quedaron definidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal que fue modificada para ello en el mismo decreto.
2. Municipios que integran el Estado de Baja California. El quince de octubre de dos mil uno se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la cual abrogó la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. En el artículo 26 de esta ley se estableció que el Estado de Baja California se integra con los Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, "con la superficie, límites y linderos que establezca el Congreso del Estado en el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California".
3. En el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la ley mencionada se dispuso que los Municipios conservarían la extensión y límites territoriales existentes a la fecha de promulgación de esta ley y se estableció un plazo de noventa días para que el Congreso expidiera el estatuto territorial al que se refiere el artículo 26. Este plazo fue ampliado a un año mediante una reforma al referido artículo transitorio publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de febrero de dos mil dos. Sin embargo, el estatuto tampoco se publicó en ese plazo.
4. Primera controversia territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito. El veinticuatro de octubre de dos mil once, el Municipio de Ensenada promovió, ante el Congreso Local, una controversia territorial en contra del Municipio de Playas de Rosarito por considerar que a partir de su creación se invadió una parte de su territorio que históricamente le había pertenecido. El veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Pleno del Congreso del Estado rechazó, por diez votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que proponía resolver la controversia a favor del Municipio de Ensenada.
5. Segunda controversia territorial. El once de junio de dos mil quince, el Municipio de Playas de Rosarito promovió una diversa controversia territorial en contra del Municipio de Ensenada, en la cual disputó el mismo territorio que este último alega que históricamente le corresponde. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso de Baja California, por veinte votos a favor y tres en contra, aprobó el Dictamen Número 137, mediante el cual resolvió que el territorio en disputa corresponde al Municipio de Playas de Rosarito. Esta resolución se publicó el siete de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el Decreto Número 684.
6. Controversia constitucional 158/2016. En contra del Dictamen Número 137 y del Decreto Número 684, el Municipio de Ensenada promovió una controversia constitucional, la cual fue radicada con el número 158/2016 y resuelta por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de junio de dos mil diecinueve,(1) en el sentido de declararla fundada al considerar que existieron violaciones al derecho de audiencia en perjuicio del Municipio de Ensenada. En consecuencia, se declaró la invalidez del dictamen y decreto impugnados.
7. Controversia constitucional 82/2016. A pesar de múltiples solicitudes presentadas por el Municipio de Playas de Rosarito al Congreso de Baja California para que expidiera el estatuto territorial al que se refiere el artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal, dicho estatuto continuaba sin expedirse. En contra de esta omisión, el referido Municipio promovió una nueva controversia constitucional, que quedó registrada con el número 82/2016.
8. El Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundada esta controversia mediante sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.(2) En esa resolución se sostuvo que, al no existir claridad en la definición del territorio que corresponde a cada Municipio del Estado de Baja California, éstos se ven impedidos para desarrollar adecuadamente las funciones que constitucionalmente se les encomiendan, lo que permite que puedan presentarse casos en los que tales funciones se realicen simultáneamente por dos o más Municipios o, incluso, por ninguno.(3) Por lo anterior, el Pleno ordenó al Congreso de Baja California expedir el referido estatuto durante el siguiente periodo de sesiones.
9. Aprobación del Dictamen Número 1. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Congreso Estatal aprobó el proyecto de Dictamen Número 1, en el que se propuso la emisión del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California.
10. Dictámenes 45 y 47 (tablas de valores catastrales). Los días treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso de Baja California aprobó, respectivamente, los dictámenes 45 y 47 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los cuales contienen las tablas de valores catastrales de los Municipios de Playas de Rosarito y de Ensenada, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. En la primera de las tablas mencionadas se incluyó la zona homogénea número 30160, denominada "Pob. Santa Anita", la cual se ubica en el territorio que el Municipio de Ensenada disputa al de Playas de Rosarito y, correlativamente, en la segunda de las tablas indicadas se dejó de incluir a la zona referida. Las tablas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el mismo treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, a través de los decretos 33 y 34.
11. Controversia constitucional 16/2020. Las tablas referidas en el párrafo anterior fueron impugnadas por el Municipio de Ensenada a través de una nueva controversia constitucional (16/2020), la cual fue sobreseída por la Primera Sala de este Alto Tribunal mediante sentencia dictada en sesión de diez de febrero de dos mil veintiuno, al haber cesado sus efectos (por ser de naturaleza anual).(4)
12. Publicación del Decreto Número 15. El tres de enero de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 15 que contiene el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California, en el cual se definen los perímetros del territorio que corresponde a cada Municipio.
B. Trámite de la controversia constitucional 15/2020
13. Presentación de la demanda por el Municipio de Ensenada. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Armando Ayala Robles, en su carácter de presidente municipal, así como Elizabeth Muñoz Huerta, en su carácter de síndica procuradora, ambos del Ayuntamiento de Ensenada, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del:
i) Dictamen Número 1, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, de Gobernación, Legislación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso Local sometieron a la consideración del Pleno de ese órgano legislativo el proyecto para expedir el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California; y,
ii) Decreto Número 15, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el tres de enero de dos mil veinte, mediante el cual se expidió el estatuto mencionado.
14. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio de Ensenada expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a) Violación a las garantías de audiencia y defensa.
• Durante el procedimiento legislativo que derivó en el dictamen número 1 por el que se propuso expedir el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California, no se permitió al Municipio de Ensenada revisar las pruebas que se rindieron (dentro del plazo de tres días siguientes a su presentación) ni se le dio la oportunidad de formular alegatos en contra de los trabajos técnicos correspondientes.
• Tampoco se convocó al Municipio de Ensenada con la anticipación debida para que participara en las mesas de trabajo respectivas, lo que implicó que no se le diera intervención en la creación del estatuto mencionado; máxime que el apartado 4.1 del capítulo 4 denominado "Descripción de servicio", del expediente para la elaboración de trabajos técnicos de deslinde y descripción de los perímetros divisorios, exigía la realización de reuniones entre el personal técnico de los diferentes Municipios y los propietarios de los predios en los que habrían de ubicarse los límites territoriales.
• Si bien es cierto que el Municipio de Ensenada participó en la mayoría de las mencionadas mesas de trabajo, específicamente en las de los días dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de octubre, así como seis de noviembre de dos mil diecinueve, también lo es que no se le entregó la documentación soporte del estatuto cuestionado, con lo que se le vedó la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos.
• Las irregularidades de procedimiento apuntadas contravinieron lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Constitución Política y por el numeral 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Baja California.
• Tampoco se permitió al Municipio de Ensenada formular alegatos en torno a los trabajos técnicos de deslinde y descripción de los perímetros divisorios contenidos en el estatuto referido, dentro del plazo de cinco días siguientes a su entrega, pues no se le corrió traslado con ellos.
• Lo anterior resultó contrario al artículo 115 de la Constitución Política del País, el cual señala que es facultad de los Municipios participar en los actos parlamentarios y jurisdiccionales de los Poderes Legislativos Locales que afecten su territorio, lo que además ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las controversias constitucionales 54/2004, 131/2006, 11/2010 y 117/2011.
• Sirven de apoyo las jurisprudencias P./J. 151/2005 y P./J. 80/2006 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros respectivos: "MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN."(5) y "MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EL DECRETO QUE CREÓ EL MUNICIPIO DE CAPILLA DE GUADALUPE EN PARTE DEL TERRITORIO DE AQUÉL Y REFORMÓ EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(6)
b) Violación a los principios de congruencia y exhaustividad.
• Por una parte, se reitera que durante el procedimiento que derivó en la expedición del estatuto impugnado, la Comisión instructora no proporcionó al Municipio de Ensenada las pruebas y trabajos técnicos respectivos, ni lo citó oportunamente a las mesas de trabajo, a través de notificaciones comunicadas con una anticipación mínima de cinco días, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California (en relación con los artículos 64 y 129 del Código de Procedimientos Civiles aplicable). Esta última violación debe analizarse en el contexto global del procedimiento legislativo que se cuestiona.
• Por otra parte, el Municipio actor presentó sendos escritos de manifestaciones el trece y el quince de noviembre de dos mil diecinueve ante el Congreso del Estado de Baja California, relacionados con el proyecto de dictamen número 1 que posteriormente derivó en la expedición del estatuto impugnado, los cuales no fueron tomados en cuenta por la autoridad legislativa.
• Si bien es cierto que a través del primero de los escritos mencionados el Municipio de Ensenada expresó alegatos de derecho en torno al dictamen, también lo es que desconocía su contenido, al no haberse sometido a su consideración el expediente y los trabajos técnicos en los que se sustentó.
c) Violación al procedimiento legislativo.
• Al votar el Decreto Número 15 combatido, las diputaciones solicitaron una dispensa con la finalidad de que se leyeran únicamente los puntos resolutivos del dictamen número 1, sin haber justificado un motivo de urgencia.
• Además, el dictamen número 1 no se repartió con anticipación ni se leyó en la sesión previa, por lo que las diputadas y los diputados no pudieron haber conocido las consideraciones ahí contenidas. En consecuencia, existió una afectación al debido proceso democrático, en relación con las reglas del procedimiento legislativo previstas en los artículos 118, fracción VII, 119 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.(7)
15. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia; tuvo por designados delegados, como demandados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y al secretario general de Gobierno, y como terceros interesados a los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, todos del Estado de Baja California; asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que formularan sus respectivas manifestaciones.
16. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el doctor Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• Ausencia de vicios propios en los actos impugnados al Poder Ejecutivo. Las violaciones alegadas por el Municipio actor se refieren exclusivamente a la actuación del Congreso del Estado. Si bien es cierto que fueron señalados como autoridades demandadas el titular del Poder Ejecutivo Local y el secretario general de Gobierno por haber intervenido en la promulgación y publicación del Decreto Número 15 impugnado, también lo es que el Municipio demandante no atribuyó vicios propios a tales actos, por lo que no existe argumento defensivo alguno en contra de ellos.
• El órgano facultado para resolver las controversias territoriales suscitadas entre los Municipios del Estado de Baja California es el Congreso Local, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California,(8) 11, 13, 27, fracciones I, IV y XXVI, 29 y 76 de la Constitución Política de dicho Estado. En esas condiciones, son inoperantes los conceptos de invalidez.
17. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, el diputado Julio César Vázquez Castillo y la diputada Eva Gricelda Rodríguez, en su carácter de presidente y de secretaria de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, respectivamente, expresaron los siguientes argumentos:
• Validez de los actos combatidos. Los actos impugnados son constitucionales debido a que se emitieron con apego a las facultades otorgadas por la Constitución Política y por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con la Ley de Régimen Municipal, todas del Estado de Baja California.
• El Decreto Número 15 impugnado se apega a la Constitución Política del País, pues los artículos 26, 27, fracciones XXVI, XLIV y XLV, 28, 29, 30 y 31 de la Constitución Estatal, 26 y 27 de la Ley de Régimen Municipal, facultan al Congreso Local, entre otras cosas, para delimitar la extensión de los Municipios que integran el Estado de Baja California y resolver las controversias territoriales que se susciten entre ellos, a través de la expedición de leyes y de la celebración de los convenios amistosos correspondientes. En virtud de lo anterior, el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California no adolece de vicios de inconstitucionalidad.
• Participación del Municipio actor en los trabajos técnicos de creación y tramitación del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California. Es infundado lo expuesto por la accionante, puesto que intervino en diversas reuniones de trabajo en las que participaron legisladores, dependencias estatales y federales, así como representantes de cada uno de los Municipios del Estado de Baja California, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus opiniones técnicas y motivaciones particulares acerca del proyecto que derivó en la expedición del estatuto impugnado.
• Los citados trabajos técnicos respetaron las garantías de audiencia y de defensa en favor del Municipio actor, dado que tuvo la oportunidad de comparecer, conocer los trabajos y documentos, así como de manifestarse sobre el proceso para la elaboración del estatuto territorial.
• De manera contraria a lo afirmado en la demanda, el Municipio actor fue debidamente convocado a través del oficio número 0083/2019, emitido el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, para recibir el informe del director de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, que contenía la información relacionada con el estatuto territorial que habría de expedirse.
• Además, el Municipio actor participó en las mesas de trabajo y sesiones de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Justicia, Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, celebradas el dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de octubre, seis, trece y diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. En esos eventos estuvo en aptitud de formular manifestaciones en torno a la información presentada, la cual se refirió a las medidas, colindancias y vértices de los límites territoriales de cada uno de los Municipios que conforman el Estado de Baja California.
• El Municipio de Ensenada fue citado a las mesas de trabajo aludidas mediante correo electrónico y vía telefónica y, específicamente, a través de los oficios identificados con los números 00133/2019, 00134/2019 y 00137/2019, signados el tres de octubre de dos mil diecinueve por las diputaciones que presiden las Comisiones Unidas mencionadas, así como los diversos CUFGJ/00169/2019 y CUFGJ/00312/2019, en tanto que su asistencia tuvo verificativo a través del director de Asuntos Jurídicos del XXIII Ayuntamiento de Ensenada,(9) quien fungió como su representante y firmó, para debida constancia de su presencia, las listas correspondientes. • En atención a los mecanismos empleados por el Municipio de Ensenada para comparecer a las mesas de trabajo y sesiones indicadas (a través del funcionario previamente mencionado y de un diverso representante autorizado mediante los oficios OPM/0127/2019 y OPM/0131/2019), las Comisiones Unidas optaron por modificar el orden del día, como sucedió en la sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, para no aprobar en ese momento el estatuto sino únicamente darle lectura y presentar el proyecto respectivo, con la finalidad de otorgar a aquella municipalidad el plazo de cinco días para realizar observaciones. En ese evento se notificó al Municipio de Ensenada la fecha de la próxima sesión, que se llevaría a cabo el diecinueve de noviembre siguiente, y se registró la entrega del proyecto a su representante.
• Por tanto, es falso lo afirmado en el escrito de demanda, en el sentido que no se respetó el principio de adecuada defensa en forma previa a la emisión del estatuto impugnado.
• El alegado incumplimiento del plazo de citación previsto en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California quedó subsanado con la asistencia y participación del Municipio accionante en las sesiones señaladas en párrafos precedentes; máxime que ese plazo sólo resulta aplicable a las sesiones en las que se aprueben los dictámenes respectivos, como en el caso fue la de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
• El Municipio de Ensenada contó con un amplio lapso para preparar su defensa en contra del estatuto impugnado, pues con motivo de la tramitación y resolución de la controversia constitucional 82/2016 que planteó, tenía la certeza acerca del momento en el cual el Congreso Local habría de expedir dicho ordenamiento, dado que en el fallo dictado en aquel asunto se fijó la temporalidad en la que habría de emitirse.
• Del Dictamen Número 1 impugnado se advierte que fueron tomadas en cuenta las opiniones expresadas por los intervinientes, por lo que resulta falso que no se hayan recogido las manifestaciones del Municipio actor.
• La garantía de audiencia en los procedimientos para la expedición de leyes no radica en que el Poder Legislativo deba oír y dar oportunidad de defensa a todas las personas que se encuentren en los supuestos de las normas jurídicas que elabore, dado que se trata de actos soberanos en los que sólo interviene el poder público de acuerdo con los términos de lo dispuesto por los artículos 71, 72, 73 y 89 de la Constitución Política del país, los cuales se dirigen a regular situaciones jurídicas generales, por lo que si se obliga a los Congresos a respetar tal garantía, se haría imposible e ineficaz la actividad legislativa.(10)
• Inexistencia de vicios en el procedimiento legislativo. El Congreso del Estado de Baja California respetó el principio de legalidad en el procedimiento legislativo para la expedición del estatuto territorial de sus Municipios, pues el caso de urgencia que habilitó la dispensa del cumplimiento de los trámites reglamentarios que ordinariamente habrían tenido que desahogarse para su expedición, se motivó de manera suficiente ante el obligado cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 82/2016, para emitir el estatuto dentro del siguiente periodo de sesiones legislativas,(11) en relación con el mandato fijado en el artículo sexto transitorio de la Ley de Régimen Municipal para que el Congreso Estatal expidiera el estatuto dentro del año siguiente contado a partir de la publicación de dicha ley el quince de octubre de dos mil uno.
18. Pedimento. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento en el presente asunto.
19. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
20. C. Expedición de nuevo Decreto Número 207 (Municipio de San Quintín). Mediante Decreto Número 207, publicado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, se aprobó la reforma a los artículos 5 y 9, así como la adición del artículo 9 Bis, a la "Ley (sic) del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California", con motivo de la creación del Municipio de San Quintín, perteneciente a esa misma entidad federativa.
21. Esos artículos del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California establecen: a) El artículo 5, que el territorio de Baja California se integra ahora con los Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín; b) El artículo 9 se refiere específicamente al territorio del Municipio de Ensenada; y, c) En el artículo 9 Bis se incluyó lo relativo al territorio del nuevo Municipio de San Quintín.
I. COMPETENCIA
22. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(12) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(13) así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(14) pues si bien se plantea un conflicto entre el Poder Legislativo del Estado de Baja California y uno de los Municipios de esa entidad federativa, por la emisión de un ordenamiento de carácter general sobre límites territoriales, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
23. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(15) se procede a precisar las normas y actos que son objeto de la presente controversia constitucional, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión, con apoyo en el criterio sostenido por el Tribunal Pleno contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(16)
24. De la lectura de la demanda se advierte que el Municipio actor combate:
a) El Dictamen Número 1 de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso de Baja California, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual sometió a discusión, votación y aprobación ante ese órgano legislativo, el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California.
b) El Decreto Número 15 mediante el cual el Congreso Local aprobó el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el tres de enero de dos mil veinte.
25. Esta Sala no inadvierte el contenido de la jurisprudencia P./J. 88/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO.";(17) sin embargo, será en el apartado correspondiente al análisis de causales de improcedencia en donde se analizará la aplicabilidad de ese criterio.
26. Tampoco se pasa por alto que el Decreto Número 15 se integra por 53 artículos y seis transitorios, los cuales regulan aspectos diversos relacionados no solamente con el límite territorial del Municipio actor, sino también los límites territoriales de los demás Municipios de Baja California, y las reglas que operan en los procedimientos para solucionar los conflictos que se presenten por límites entre Municipios. Sin embargo, de la lectura de la demanda no se advierte que el Municipio actor impugne alguna de esas normas en específico, pues lo que aduce son esencialmente violaciones cometidas durante el proceso legislativo que dio origen a todo el decreto.
27. En atención a ello, se tiene como impugnado tanto el dictamen como el decreto referido en su integridad, y en todo caso, será en el apartado de causas de improcedencia en donde se analizará si la controversia procede o no en contra de todos esos actos y normas.
III. EXISTENCIA DEL ACTO O NORMA IMPUGNADA
28. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, este Tribunal Pleno advierte que la existencia del "Decreto Número 15 mediante el cual se aprueba el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California" se encuentra acreditada con la publicación realizada el tres de enero de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; mientras que el "Dictamen No. 01 de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal; de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de Justicia" de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se encuentra acreditado con las constancias remitidas por las partes actora y demandadas, así como con su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Baja California.
IV. OPORTUNIDAD
29. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se encontraba vigente al momento de presentación de la demanda, regulaba los plazos para promover controversia constitucional en los términos siguientes:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31463-fed071a0/i-controversia-constitucional-las-personas-titulares-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL OBTENIDA POR UN MUNICIPIO, VINCULA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE PRETENDA (P./J. 54/2026 (12a.))
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