CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LOS ACTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS E INCIERTOS CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA EN AUTOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DERECHO DE VETO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ FACULTADO PARA EJERCERLO RESPECTO DEL DECRETO 490 DE LA VIGÉSIMA LEGISLATURA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUNICIPIO LIBRE DE SAN QUINTÍN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, Y 163 Y 164 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL. DERECHO DE VETO. LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DECRETO 490 DE LA VIGÉSIMA LEGISLATURA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUNICIPIO LIBRE DE SAN QUINTÍN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2013. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 25 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de febrero de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** y **********, quienes se ostentaron con el carácter de presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Vigésima Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promovieron controversia constitucional en la que demandaron del Poder Ejecutivo de la misma entidad, la invalidez de los siguientes actos:
a) El control e intervención en la esfera del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por medio del ejercicio del veto de bolsillo al Decreto 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California.
b) La omisión y cumplimiento a la publicación del Decreto 490 y su indebida sanción.
c) Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del Decreto 490.
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los siguientes:
1. El veintiséis de junio de dos mil trece, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California dictaminó que era procedente la creación del Municipio de San Quintín, al cumplirse con los requisitos establecidos en los artículos 76 de la Constitución Local y 27 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, por lo que se procedió a someter a consideración y aprobación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente, identificado con el número 206.
2. El veintiocho de junio de dos mil trece se celebró sesión ordinaria de la Vigésima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en la que se discutió, votó y aprobó (con veintitrés votos a favor de los veinticinco diputados integrantes del Congreso Local) el dictamen número 206, el cual dio origen al Decreto 490, mediante el cual se constituye el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California.
3. El cinco de julio de dos mil trece, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California acusó de recibido el oficio número 002115, de veintiocho de julio de dos mil trece, mediante el cual se solicitó la publicación del Decreto 490 en el Periódico Oficial de la entidad.
4. El diecinueve de julio de dos mil trece, el Congreso Local recibió un oficio de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo informó que no publicaría el Decreto Número 490, y emitió una serie de observaciones, mediante las cuales justifica su negativa, omisión o incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Constitución Local.
TERCERO. Conceptos de invalidez. El Poder Legislativo actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
1. El control e intervención por parte del gobernador de la entidad por medio del ejercicio del veto de bolsillo o de las observaciones al Decreto Número 490 violan los principios de no intervención y división de poderes establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 11 y 12, en relación con los artículos 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Local, 26 y 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 1, 13, fracción III y párrafo último, y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
Los artículos 33 y 34 de la Constitución Local establecen la facultad del gobernador para vetar o promulgar única y exclusivamente las iniciativas de ley o cualquier ordenamiento legal, pero no cuando se trata de la creación de un Municipio, pues se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo.
La Constitución Local contempla expresamente aquellos casos en que debe existir la colaboración o coordinación de los poderes públicos en determinados actos, a fin de lograr un equilibrio de poder; sin embargo, el principio de división de poderes también implica la existencia de actos que, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de intervención por parte de otro Poder y, por tanto, el ejercicio del derecho de veto no es ilimitado, sino que existen actos que no pueden ser objeto de ese control.
El principio de no intervención de un Poder en otro, tratándose de actos de determinada naturaleza, deriva de diversas disposiciones de la Constitución Local, en las que expresamente no se permite o no se prevé el derecho de veto, en atención a la naturaleza de los actos de que se trate, como son las facultades del órgano legislativo para crear o suprimir Municipios; fijar, delimitar y modificar la extensión de sus territorios; autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los Municipios, así como dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando, en su caso, el estatuto territorial.
Así, para examinar si, en el caso, el gobernador puede formular observaciones a un decreto relacionado con la creación o supresión de Municipios, debe atenderse a los artículos 27 y 76 de la Constitución Local, 26 y 27 de la Ley del Régimen Municipal para la entidad, y a los artículos 1, 13, fracción III y último párrafo, y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, de los que se desprende que el Congreso Local tiene las facultades de crear o suprimir Municipios en el Estado de Baja California; de llevar a cabo el procedimiento de creación de Municipios, así como el plebiscito para su creación; de fijar los límites territoriales de los Municipios; de resolver las controversias que se susciten respecto de los límites territoriales entre dos o más Municipios, y que su resolución en materia de límites territoriales es definitiva e inatacable.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 15/2003, señaló que el acto de creación de un Municipio dentro de un Estado es muy parecido a los actos en que la Federación admite nuevos Estados o forma un nuevo Estado dentro de los existentes, a que se refieren las fracciones I y III del artículo 73 de la Constitución General, y que la naturaleza jurídica de tales actos es de un acto administrativo y no de una ley. De dicha controversia constitucional derivó la tesis P./J. 102/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE UNA LEGISLATURA ESTATAL CREA UN MUNICIPIO ES UN ACTO CONDICIÓN POR LO QUE EL PLAZO PARA IMPUGNARLO SE RIGE POR LAS REGLAS RELATIVAS A LOS ACTOS EN SENTIDO ESTRICTO."
Así, aunque la Constitución Local establece el derecho de veto a cargo del Poder Ejecutivo de la entidad, tratándose de la creación de un Municipio, no es posible que dicho Poder ejerza tal facultad, pues se vulneraría la independencia del Poder Legislativo Local, pues se obstaculiza la función exclusiva conferida a éste, consistente en la creación de un nuevo Municipio en el Estado.
Es decir, el hecho de que la Constitución Local prevea dentro del procedimiento que da origen a una ley o decreto la intervención del Poder Ejecutivo, no se traduce en que esto deba darse en todos los casos, sino que debe estarse a la naturaleza de la facultad mediante la cual se expidió el decreto en cuestión, por lo que, tratándose de atribuciones propias del órgano legislativo, como son las determinaciones concernientes a la creación o supresión de un Municipio, no procede ejercer el derecho de veto.
De lo contrario se obstaculizaría la facultad en cuestión, máxime que se trata de la creación de un Municipio, cuya constitución es primordial para los habitantes de esa región, pues una de las características de los Municipios es la cercanía que debe existir entre autoridades y población, lo que en el presente caso no sucede, debido a que la cabecera municipal que se encuentra en el Municipio de Ensenada está ubicada a una distancia aproximada de doscientos kilómetros de San Quintín, sin mencionar la lejanía de los poblados que se encuentran en la parte sur del Estado de Baja California, como son Jesús María o Isla Cedros.
Además, la creación del Municipio reduciría la desigualdad en las condiciones de vida de quienes habitan en esa región del Municipio de Ensenada, dado que se constituirá su propia hacienda municipal para la aplicación de los servicios públicos que establece el numeral 115, fracción III, de la Constitución General.
Asimismo, se menciona que el Municipio es el segundo grado de las sociedades fundamentales que abarca todos los aspectos de la personalidad humana y no es una mera circunscripción territorial para un objeto político, sino una comunidad de familias para la prosecución de los fines esenciales de la vida, una comunidad para el fin civil y político, religioso, económico, industrial, de agricultura, del comercio, del consumo, del intelectual y de la instrucción, por lo que es importante la creación del Municipio de San Quintín.
Por tanto, si el Decreto 490 se relaciona con la creación de un Municipio, es decir, con una facultad del Congreso de la entidad, el Poder Ejecutivo Local no tiene facultad alguna para intervenir, ni mucho menos para vetar las actuaciones que el Congreso Local realice al respecto, además de que se trata de un acto administrativo y no de una ley.
La circunstancia de que el titular del Poder Ejecutivo haya estimado que el Congreso Local incurrió en violaciones procedimentales, al emitir el Decreto 490, por no haberse alcanzado el porcentaje del plebiscito para la constitución del Municipio de San Quintín o que los límites del nuevo territorio no son los correctos, no lo autoriza a desecharlo o negarse a publicarlo, pues opera el principio de no intervención, sin que exista alguna excepción al respecto en la Norma Fundamental que lo faculte para intervenir en las determinaciones relativas a creación o supresión de Municipios.
Por ello, la obligación del Ejecutivo Local era la de publicar el decreto y, en caso de no estar de acuerdo con la actuación de la Legislatura, promover los medios de control constitucional correspondientes.
En conclusión, el acto de observaciones o de veto y el acto de no sancionar y publicar el Decreto Número 490 transgreden el principio de no intervención de un Poder en otro, tratándose de actos de determinada naturaleza y, en consecuencia, el de división de poderes establecido en el artículo 116 constitucional.
2. La omisión o incumplimiento de publicar el Decreto Número 490 viola los artículos 14, segundo párrafo, 16, párrafo primero y 116 de la Constitución General, así como los artículos 11, 12, 27, fracción XXVI, 33, 49, fracción I y 76 de la Constitución Política del Estado de Baja California.
Los artículos 11, 12, 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Local regulan lo relativo a la independencia del Poder Legislativo, las facultades del Congreso del Estado, las funciones del mismo respecto de la creación o supresión de Municipios en la entidad, las formalidades del procedimiento de creación de Municipios y el carácter de definitivas e inatacables que adquieren las resoluciones del Congreso Local en materia de municipalización.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 31/97, interpuesta por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, señaló que el orden jurídico constitucional, en su aspecto orgánico, establece el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, las entidades federativas, los Municipios y el Distrito Federal, y que el orden constitucional tiende a preservar la regularidad del ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberían rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución General.
Bajo esa premisa, se estableció que si bien las autoridades deben acatar los principios rectores que prevé la Constitución y, en esa medida, aun cuando se trate de un acto de colaboración entre Poderes, se debe respetar el principio de legalidad y, en consecuencia, el de debida fundamentación y motivación, es claro que este mandato se debe cumplir de manera diversa a la forma en que se cumple, tratándose de actos que trascienden el ámbito autoritario e inciden en la esfera jurídica de los particulares.
Asimismo, la Corte ha establecido que, tratándose de actos de autoridad que no trascienden en la esfera de particulares y que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, la garantía de legalidad tiene por objeto simple y sencillamente que se respete el propio orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponde a una autoridad. Al respecto, se cita la tesis P./J. 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, EN LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES."
En el caso, no existe norma legal alguna que faculte al gobernador de la entidad a que omita, incumpla o niegue la publicación del Decreto 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California, máxime que el acto de creación de un Municipio no es una ley, sino que debe ser calificado como un acto administrativo.
Entonces, al considerarse como acto administrativo el evento de creación de un Municipio, el gobernador de la entidad no podía negarse a publicar el Decreto Número 490, bajo la justificante de haber ejercido las observaciones o el derecho de veto, pues aunque siguió todas las fases del proceso legislativo, esto no significa que pueda considerarse una ley.
Considerar que el Ejecutivo Local puede vetar el decreto de creación de un Municipio vulneraría la independencia del Poder Legislativo Local, por tratarse de una facultad propia, además de que obstaculizaría una función conferida exclusivamente a dicho órgano legislativo.
Por otra parte, se considera que la palabra "decreto" tiene varias acepciones. En su significado amplio se define como resolución, determinación o decisión. Bajo esta noción podrían incluirse a la ley y a la sentencia, pues ambas entrañan una resolución, orden o decisión; sin embargo, en su acepción estricta, el decreto es un acto que implica una resolución, orden o decisión para un caso concreto, particular o personal, lo cual excluye a los atributos materiales de generalidad, abstracción e impersonalidad de la ley.
El Decreto Número 490 que crea al Municipio de San Quintín es un acto en sentido estricto o norma jurídica individualizada, porque tiene un destinatario determinado (la nueva entidad política que se crea e integra a la geografía estatal), y que carece de los atributos materiales de generalidad, abstracción e impersonalidad que conlleva la ley. El Decreto Número 490 se aplica a un caso concreto y se refiere a una situación particular, a saber, la creación del Municipio de San Quintín, pues una vez constituido éste, no volverá a aplicarse el decreto.
Por tal motivo, se estima que en el presente caso no se cumple la garantía de fundamentación, pues no existe disposición legal alguna que faculte al gobernador del Estado de Baja California a omitir, incumplir o negar la publicación del decreto impugnado, cuyo objeto es la creación o constitución del Municipio de San Quintín en esa entidad federativa, además de que las observaciones o el veto de bolsillo por parte del gobernador de la entidad no pueden aplicarse a actos administrativos, como es el de la constitución de un Municipio.
Por otra parte, tampoco se cumple la garantía de motivación, en razón de que no existen normas que den competencia al gobernador para actuar en el sentido en que lo hizo, pues la garantía de motivación exige que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esa competencia. Además, no se advierte la existencia de la hipótesis fáctica necesaria para ejercer el derecho de veto por parte del titular del Ejecutivo Estatal, en el proceso de creación del Municipio de San Quintín, pues ello se constata con las pruebas aportadas mediante las cuales se observa que el Congreso Local ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 76 de la Constitución Local, 26 y 17 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y 1, 13, fracción III y párrafo último y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
Al respecto, el Poder Legislativo actor señala una serie de acontecimientos que, en síntesis, son los siguientes:
- El dieciséis de noviembre de dos mil diez se aprobó por el Pleno del Congreso la proposición con punto de acuerdo en el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín -integrada el veintidós de junio de dos mil once-, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política con opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, mediante oficio número 3784.
- El veintinueve de diciembre de dos mil once se aprobó el dictamen número 99 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XX Legislatura del Estado, en el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, para la realización del plebiscito ciudadano en la región de San Quintín, Baja California, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 61, número especial, página número treinta y ocho.
- El catorce de agosto de dos mil doce se aprobó el acuerdo mediante el cual la Legislatura determinó llevar a cabo un plebiscito a los ciudadanos residentes en el Municipio de Ensenada, Baja California, a efecto de conocer su aprobación o rechazo para la creación del Municipio de San Quintín. El veintidós del mismo mes se celebró el Convenio General de Colaboración para la Realización del Plebiscito para la Municipalización de San Quintín, Baja California, entre la Vigésima Legislatura de la entidad y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Estatal, del que se desprende que corresponde a este último llevar a cabo el programa operativo para la planeación, preparación y realización del plebiscito para la municipalización de San Quintín, Baja California, de acuerdo con la cláusula décima del citado instrumento.
- El veintidós de agosto de dos mil doce, la presidencia del Congreso Local, mediante oficio número 003338, dirigido al gobernador de la entidad, remitió la convocatoria dirigida a los ciudadanos residentes del Municipio de Ensenada, Baja California, para participar en el plebiscito referido. El veinticuatro de agosto siguiente dicha convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad.
- El cuatro de septiembre del mismo año, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Solicitud de Municipalización celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar el proyecto de dictamen número 15, relativo a la solicitud de modificación presupuestal, consistente en la ampliación presupuestal conforme al fondo autorizado para este efecto por parte del Congreso Local, en su dictamen número 99, de veintinueve de diciembre de dos mil once.
- El diecisiete de octubre de dos mil doce se dirigieron diversos oficios al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Ensenada, al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Ensenada, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Ensenada, al presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada y a diversos diputados por parte del coordinador de Enlace del Congreso del Estado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, con motivo del envío de ejemplares de encarte en donde se encontraba la información preliminar de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para la jornada de consulta del veintiocho de octubre de dos mil doce.
- El dieciocho de octubre de dos mil doce se llevó a cabo la reunión de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín del Congreso Local.
- El veinte de octubre de dos mil doce se entregó al coordinador de la zona cajas con material electoral en su interior.
- El veintiocho de octubre de dos mil doce se llevó a cabo el plebiscito para la municipalización de San Quintín y, al día siguiente, se inició el cómputo de la jornada de consulta en la sede de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín (con 17,580 votos a favor de la municipalización, 7,547 en contra de la municipalización y 224 votos nulos de un total de 25,351).
- El treinta de octubre de dos mil doce se reunió la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, en su calidad de presidenta de la comisión referida, a efecto de entregar los listados nominales de electores con fotografía, correspondientes al Municipio de Ensenada, Baja California.
- El seis de noviembre de dos mil doce, la presidenta de la comisión referida presentó ante el Pleno del Congreso Local el informe de resultados del plebiscito para consultar a los ciudadanos residentes del Municipio de Ensenada, Baja California, sobre la solicitud de municipalización de San Quintín, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Junta de Coordinación Política, mediante oficios números 004411 y 004412, y recibido en la presidencia de la mesa directiva y de acuerdo con la facultad conferida en el artículo 50, fracción II, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California fue turnado a la comisión mencionada y a la Junta de Coordinación Política para su estudio, análisis, opinión y dictaminación.
- El veintisiete de noviembre siguiente, el presidente del Congreso Local remitió a la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal el escrito mediante el cual el presidente del Comité Pro-Defensa Municipalización de San Quintín, solicita, de nueva cuenta, informe sobre el plebiscito para la municipalización de la región de San Quintín, desarrollado el veintiocho de octubre de dos mil doce.
- La Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso, mediante oficio de treinta de enero de dos mil trece, remitió a la Dirección General de Servicios Parlamentarios del mismo, el informe en comento para su estudio y análisis.
- El catorce de mayo de dos mil trece el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales remitió al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el oficio no. JBMT/591/2013, con la petición expresa de que dicho órgano colegiado rindiera opinión fundada, respecto a la conveniencia o no de la pretensión de la municipalización de la región de San Quintín, Baja California, concediéndole para ello un término de treinta días hábiles.
- El veintiuno de julio de dos mil trece se recibió por esa comisión el oficio número PM/565/2013, signado por el presidente municipal de Ensenada, por medio del cual expresa la improcedencia de la petición realizada.
- El veintiséis de junio de ese mismo año, la comisión turnó oficio solicitando a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo Local, rendir opinión jurídica sobre la omisión por parte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción IV, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con la opinión sobre la conveniencia o no de la creación de un nuevo Municipio en la región de San Quintín, Baja California.
- El Congreso Local celebró sesión ordinaria, donde se discutió, votó y aprobó el dictamen número 206, emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que dio origen al Decreto Número 490, mediante el cual, se constituye el Municipio de San Quintín, Baja California.
Lo anterior permite concluir que existieron los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho previos a la decisión final del Congreso Local de Baja California, lo que conduce a afirmar que sí procedía aprobar la creación del Municipio de San Quintín, y que es injustificada la conducta llevada a cabo por el gobernador, al omitir, negar o incumplir con la publicación del Decreto Número 490, mediante el que se creó el citado Municipio.
En consecuencia, al no haber actuado conforme a las disposiciones legales aplicables para la creación de un Municipio, el gobernador de la entidad no cumple con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, por lo que se viola la garantía de legalidad que tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera competencial de una autoridad, por lo que se debe estimar que la omisión de publicar el Decreto Número 490 es violatoria de los artículos 14, 16 y 116, fracción II, de la Constitución General de la República, al implicar un exceso en sus facultades y una obvia y evidente transgresión de competencias por parte del Ejecutivo Local.
CUARTO. Artículos constitucionales que el actor aduce violados. Los preceptos constitucionales que se indicaron como vulnerados son los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución General de la República.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 98/2013, y determinó turnarla conforme a la certificación correspondiente, en la que se indicó que la instrucción del procedimiento correspondía al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil trece, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al que mandó emplazar para que formulara su contestación y para que enviara copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados. También ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. En el escrito respectivo, sustancialmente, señaló:
El primer concepto de invalidez, en el que se indica que el gobernador de la entidad carece de facultades para vetar la creación de un Municipio y que, en consecuencia, las observaciones que realizó al Decreto Número 490 transgreden el principio de no intervención, resulta infundado, por lo siguiente:
El artículo 116 constitucional establece la organización política y administrativa de los Estados, así como su respectivo marco jurídico de actuación. Asimismo, de dicho precepto se advierte que es imperativo para los Estados darse su Constitución y establecer en ella la división de poderes, su organización, reglas y principios básicos correspondientes, con apego a la Constitución General.
Las Constituciones Estatales tienen la pretensión de permanencia o duración, que proporciona seguridad y estabilidad jurídica, política y social en su ámbito de aplicación, lo que hace patente la trascendencia de que estén claramente previstas, entre otras, las normas fundamentales concernientes a la estructura y forma de gobierno, así como la integración y atribuciones de los Poderes y, a su vez, que tales normas sean estrictamente aplicadas por las autoridades competentes para ello.
La Constitución Local establece claramente las normas que rigen las distintas etapas del trabajo legislativo para la formación de leyes y decretos en el Estado, así como las que regulan las facultades atribuidas a cada entidad partícipe en dicho proceso legislativo, disposiciones que, además, se encuentran inmersas en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
De las disposiciones que regulan el proceso legislativo es posible advertir que es un acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales, como son el Legislativo, que los expide, y el Ejecutivo, que los promulga y publica. La actuación de ambos da validez a las leyes o decretos.
La facultad del Ejecutivo Local de hacer observaciones a los proyectos de ley o decretos aprobados por el Congreso Local representa un mecanismo de control político de Poderes, cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo. Por ello, dicha facultad debe ser respetada por el Poder Legislativo Local, ya que, de lo contrario, se rompería el equilibrio de Poderes y, en consecuencia, el orden constitucional.
El derecho de veto, conforme a los apartados G y H del artículo 34 de la Constitución Local, únicamente es improcedente tratándose de: a) decretos que manden abrir o cerrar sesiones, b) los emitidos actuando en funciones de Jurado de Sentencia, c) tratándose de reformas constituci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25599-9156850a/controversia-constitucional-si-los-actos-impugnados-constituyen-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CAL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR LOS QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES DE MANERA DESVINCULADA A UN PROBLEMA DE INVASI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DESESTIMACIÓN POR NO ALCANZAR LA VOTACIÓN NECESARIA. II. REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. VALIDEZ DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO CONTRA NORMAS QUE FACULTEN A UN CONGRESO LOCAL A DESIGNAR CONCEJOS MUNICIPALES ENTRE PERIODOS REG (P./J. 54/2010 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO CONTRA NORMAS QUE FACULTEN A UN CONGRESO LOCAL A DESIGNAR CONCEJOS MUNICIPALES ENTRE PERIODOS REG (33)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis