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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR LOS QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES DE MANERA DESVINCULADA A UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar Morales. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión celebrada el dos de mayo de dos mil trece) DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. EL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1383, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "TODO SER HUMANO DESDE EL MOMENTO DE LA FECUNDACIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES HASTA SU MUERTE NATURAL", NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN DE IXTALTEPEC. (Razones aprobadas por mayoría de cinco votos, en contra del voto de los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión celebrada el dos de mayo de dos mil trece. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente en esta votación)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2009. · Registro digital (IUS): 24663
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 1, Pág. 739.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2009. MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ESTADO DE OAXACA. 2 DE MAYO DE 2013. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: ILEANA MORENO RAMÍREZ Y JAVIER ORTIZ FLORES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de mayo de dos mil trece.

Vistos; para resolver los autos de la controversia constitucional 104/2009, y;

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados y actos impugnados. Jacob Marcos Toledo, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Asunción Ixtaltepec, promovió controversia constitucional, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella demanda al Congreso y al gobernador del Estado de Oaxaca, y solicita la invalidez del Decreto Número 1383 de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado el once de septiembre de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reforma el párrafo sexto del artículo 12 de la Constitución Local, en los siguientes términos:

(Reformado, P.O. 11 de septiembre de 2009)

"En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado tienen todas las garantías y libertades consagradas en esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, condición o actividad social."

La parte actora impugna exclusivamente la porción normativa que dice: "Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural."

SEGUNDO. Antecedentes. El Municipio demandante señala, como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes:

El ocho de enero de dos mil nueve, se turnó a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales del Congreso de Oaxaca, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por una diputada de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, mediante la cual se proponía reformar el párrafo vigésimo segundo del artículo 12 de la Constitución Estatal, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 12.

"...

"El menor de edad tiene derecho:

"a) A que se respete su vida. Desde el momento de la concepción el menor de edad entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento el aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación, o cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista y oyendo éste el dictamen de otro médico siempre y cuando esto fuera posible y no sea peligrosa la demora, como también que el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según previo dictamen de dos peritos."

El siete de septiembre del mismo año la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales puso a consideración del Pleno del Congreso el dictamen de la iniciativa mencionada. En éste, se modificó la iniciativa, pues se propuso adicionar una frase al párrafo sexto del artículo 12 constitucional local, en vez de adicionar el párrafo vigésimo segundo del mismo precepto (que se refiere específicamente a los derechos de los menores de edad). Además, en el dictamen se suprimió la referencia a las causales de no punibilidad previstas en el Código Penal estatal.

El dictamen fue sometido a discusión y se votó a favor por treinta y un diputados y en contra por seis.

El nueve de septiembre siguiente se turnó al Ejecutivo Local la reforma aprobada, para su promulgación y publicación. Por tanto, la norma combatida se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el once de septiembre de dos mil nueve.

El trece de octubre, el Ayuntamiento actor acordó en sesión de Cabildo promover la presente controversia constitucional.

TERCERO. Conceptos de invalidez. El escrito de demanda se divide en varios apartados. En el denominado "Posicionamientos preliminares" se plantea:

Competencia del Municipio

El artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución «Federal» establece que los Municipios tienen, en su ámbito de competencia, las funciones que determine la legislación estatal. Por tanto, para delimitar con precisión ese ámbito es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Constitución Federal, la estatal, en la legislación y normatividad federal en materias concurrentes y en la legislación y normatividad estatal.

Afectación a las facultades del Municipio contempladas en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

El Municipio tiene facultades para emitir normas, con base en la autonomía normativa prevista en el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución, por ejemplo, en materia de salud, pues es una materia concurrente. Conforme a la Ley General de Salud, la salubridad se encuadra en el bienestar físico, mental y la calidad de vida de las mujeres del Municipio actor. De ahí que la violencia de género sea un tema de salubridad, sin perjuicio de que este tema esté relacionado, asimismo, con la seguridad pública, que también es una materia concurrente, según el artículo 21 constitucional.

El Estado de Oaxaca emitió la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, la cual otorgó al Municipio diversas competencias y facultades, contenidas en los artículos 2, 4, 21, 54 y 70.(1)

Ahora bien, la porción normativa combatida crea un bien jurídico tutelado llamado "la fecundación". Es decir, se tutela la inserción de un espermatozoide dentro de un óvulo, independientemente de si este fenómeno da como resultado un embarazo o no. Esto impide al Municipio instrumentar una política pública de salud que incluya la aplicación de anticonceptivos o medios abortivos a mujeres víctimas de violencia, a pesar de contar con facultades para ello, conforme a los artículos 2, fracciones II, III, IV y VI y 70, fracción I, de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. Lo anterior se debe a que la implementación de las medidas contempladas en los preceptos referidos contravendría al nuevo bien jurídico tutelado.

Además, la disposición impugnada impide al Municipio aplicar medidas médicas en favor de las mujeres víctimas de violación, como la Norma Oficial Mexicana 46/05. Cabe destacar que el Municipio tiene la facultad de aplicar la mencionada Norma Oficial Mexicana, conforme al artículo 21 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. Sin embargo, ahora el Municipio no puede dar acceso a la anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, pues ello resultaría una afectación al derecho a la vida del óvulo fecundado, conforme a la reforma impugnada. Por tanto, se impide el cumplimiento de los artículos 54 y 70 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, pues los planes y programas pueden incluir prácticas que afecten el derecho a la vida del óvulo fecundado.

Por otro lado, el embarazo puede ser entendido como fruto de la violencia, o incluso como violencia en sí mismo, según el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará.(2) Una interpretación pro persona de este precepto lleva a la conclusión de que la mujer embarazada debe ser considerada como vulnerable. Entonces, de acuerdo con el tratado internacional y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, el Municipio debe entender que el embarazo puede ser producto de la ausencia de medios anticonceptivos y, en su caso, producto del delito de violación. Así, se sostiene que el Municipio tiene competencia para la aplicación de medidas anticonceptivas de emergencia. Por lo anterior, la porción normativa combatida invade, impide y destruye facultades conferidas al Municipio para ejecutar la ley local contra la violencia de género y la Convención de Belém do Pará, disposiciones que son materia del desarrollo al derecho a la salud, materia que es concurrente conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La norma combatida también afecta diversas facultades y competencias municipales contempladas en la Ley Estatal de Salud.

En primer lugar, el artículo 13, apartado B, de la Ley General de Salud determina la competencia de las entidades federativas en materia de salubridad general y el artículo 3o., fracción VIII, establece que la planificación familiar es materia de salubridad federal y, por tanto, competencia de los Estados.

Por su parte, el artículo 115 constitucional establece supuestos del ámbito general de competencia de los Municipios del país, y su inciso i) hace un reenvío de determinación de competencia a las Constituciones Locales, para que éstas distribuyan la competencia de los Ayuntamientos. En Oaxaca, el artículo 12, quinto párrafo, de la Constitución Local(3) señala que la ley definirá la competencia del Estado y de los Municipios en materia de salubridad local. En este sentido, el artículo 14, fracción IV, de la Ley Estatal de Salud(4) señala que corresponde a los Ayuntamientos formular y desarrollar programas municipales de salud en el marco de los sistemas nacional y estatal de salud, mientras que el artículo 31(5) indica que el Gobierno Estatal coadyuvará con las autoridades federales y municipales para que se garantice a la población del Estado la disponibilidad de medicamentos básicos.

A su vez, el artículo 27, fracción V, de la Ley General de Salud(6) establece que, para los efectos del derecho de protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los relativos a la planificación familiar. Entre éstos, se comprende la distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar, según lo previsto en el artículo 68, fracción V, del mismo ordenamiento.(7)

El Municipio demandante también se ve afectado por la norma combatida en relación con la obligación a su cargo de educar en materia de salud sexual y reproductiva. El artículo 2o., inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que es obligación de los Municipios asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional y propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, entre otras cosas mediante la protección de su salud y el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación, lo que incluye la educación sexual y reproductiva, como se corrobora a partir de los artículos 27, fracción I y 68, fracción I, de la Ley General de Salud.(8)

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, en el punto 5.3, prevé la obligación de los prestadores estatales de los servicios de salud de educar a la población en materia de sexualidad y reproducción, así como de informar de modo preciso sobre los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse y la orientación sobre su uso.

Igualmente, los artículos 14, fracciones IV y V, 62 y 65 de la Ley Estatal de Salud(9) llevan a concluir que las materias de salud (o salubridad) y educación sexual y reproductiva están en la esfera de competencias del Municipio, así como la aplicación de la Ley General de Salud.

De toda la normatividad expuesta se concluye que las materias de salud o salubridad y la de educación sexual y reproductiva competen al Municipio, y éste puede aplicar la Ley General de Salud y sus derivadas. Así pues, en la esfera competencial del Municipio está la aplicación de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 "Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.", así como la Norma Oficial Mexicana 005/93. Es decir, compete al Ayuntamiento desarrollar programas municipales de salud en el marco de los sistemas nacional y estatal de salud, lo que incluye atención sobre planificación familiar.

Consecuentemente, cualquier norma o determinación que genere un conflicto normativo que impida al Municipio cumplir con la obligación de acatar lo establecido en la Constitución Federal, en la Ley General de Salud o en las Normas Oficiales Mexicanas 046 y 005, implica una afectación en su esfera de competencia.

Antecedentes de la porción normativa impugnada que permiten una interpretación auténtica del texto

El dictamen de la reforma al artículo 12, párrafo sexto, de la Constitución Local tiene como fin el de aclarar cuándo una célula es considerada persona para efectos jurídicos y, por tanto, susceptible de ser protegida como titular de derechos fundamentales. Además, pretende proteger a la vida como un bien jurídico absoluto y oponible a cualquier otro derecho, valor o principio; y afecta toda la legislación secundaria local, modificando y adecuándola, incluyendo las causales de no punibilidad establecidas en el Código Penal local.

El artículo 2o. constitucional señala como obligación a cargo del Municipio la de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas; incluyendo asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, lo cual comprende la protección de su salud y el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación sexual y reproductiva. Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Federal, en relación con los artículos 115, inciso i), del mismo ordenamiento, 13 de la Ley General de Salud, 12, párrafo quinto, de la Constitución de Oaxaca y 14, fracciones IV y V, y 31 de la Ley de Salud Estatal; confieren facultades al Municipio en materia de salud para el efecto de planeación familiar, anticoncepción -inclusive anticoncepción de emergencia o dispositivos intrauterinos- y distribución de medicamentos.

Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley General de Salud facultan al Ayuntamiento para llevar a cabo la distribución y administración de anticoncepción de emergencia, mientras que la Norma Oficial Mexicana 046/05 ordena dos medidas: a) la administración de anticonceptivos de emergencia a mujeres víctimas del delito de violación; y, b) el uso de prácticas médicas abortivas en caso de violación, previa autorización de la autoridad competente.

La reforma impugnada afecta la esfera de competencia del Municipio de Asunción Ixtaltepec, al definir como persona al producto de la fecundación y otorgarle la titularidad de las garantías individuales establecidas en la Constitución de Oaxaca, porque se le impide dar cumplimiento a los artículos 67 y 68 de la Ley General de Salud sin contravenir el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca. Esto es así, debido a que la anticoncepción de emergencia (píldora del día siguiente) y el dispositivo intrauterino obstaculizan la fijación del cigoto en el endometrio.

Asimismo, el Municipio deja de estar facultado para cumplir con la Norma Oficial Mexicana 046/05, relacionada con el suministro de anticonceptivos de emergencia para víctimas del delito de violación, porque no es posible saber, previamente a la implantación en el endometrio, si un delito trajo como consecuencia que el producto de la fecundación se implante, de forma natural en el endometrio y ocurra el embarazo. Por tanto, no se puede dar cumplimiento a la norma oficial mexicana mencionada sin violar las garantías constitucionales del blastocisto. La reforma combatida establece el derecho a la vida como un derecho absoluto, que nace desde el momento de la fecundación, por lo que derrota todos los derechos que se opongan a éste, incluyendo los derechos a la planificación familiar a través de los dispositivos intrauterinos y de la anticoncepción de emergencia. Igualmente, se elimina el derecho a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, previsto en el artículo 316 del Código Penal de Oaxaca, cuestión que además genera diversas violaciones a las garantías de los munícipes contenidas en los artículos 1o., 4o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente, se limitan las competencias del Municipio, pues éste tiene la obligación de impartir educación en materia de salud sexual y reproductiva, pero con la emisión del precepto combatido, se imposibilita al Ayuntamiento para cumplir con las obligaciones que le imponen los artículos 2o. de la Constitución Federal, 27 y 69 de la Ley General de Salud, la Norma Oficial Mexicana 005/93 y los artículos 14, 62 y 65 de la Ley de Salud del Estado de Oaxaca.

La afectación a que se ha hecho referencia no sólo causa perjuicio al Municipio (al obligarlo a restringir los derechos de sus gobernados), sino que también a los munícipes.

Posteriormente, hay un apartado llamado "conceptos de invalidez", donde se aduce lo siguiente:

1. El Municipio demandante señala que la reforma combatida redefine el concepto de persona, para incluir al cigoto, blastocisto o mórula, embrión o feto, haciéndolos titulares de los derechos fundamentales que otorgan la Constitución de Oaxaca y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su parecer, esta redefinición viola el principio de igualdad establecido en el artículo 1o. constitucional, así como los principios de unidad del sistema jurídico nacional, previstos en los artículos 2o., 40, 41, 128 y 133 constitucionales; porque sólo el Constituyente Federal puede establecer el concepto de persona, para efectos jurídicos. El Constituyente Local, al dar una definición distinta de "persona", viola la garantía de igualdad, ya que no se podría gozar uniformemente de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional, sino que en el Estado de Oaxaca se protegería a un universo de "individuos" y en el resto del país a otro. Es decir, debe haber un concepto unitario de persona para que el régimen de tutela constitucional pueda satisfacer el principio de igualdad establecido en el artículo 1o. constitucional.

También considera la parte actora que la porción normativa que se controvierte viola el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que equipara dos situaciones de hecho diametralmente distintas (es decir, las personas nacidas y las ahora llamadas "personas" no nacidas) y les atribuye las mismas consecuencias jurídicas, sin que esa distinción esté basada en la Constitución, o en algún criterio objetivo y razonable.

2. A continuación, se afirma que la porción normativa impugnada eleva una creencia dogmática a nivel de norma general. El dogma consiste en establecer que hay un ser humano pleno, con derechos iguales que un ser humano nacido, desde el momento de la fecundación, y que la vida es un valor absoluto, jerárquicamente superior a los demás derechos fundamentales. Esto, a decir de la parte promovente, constituye una violación al principio de Estado laico y al derecho de libertad de creencias, establecidos en los artículos 24 y 130 constitucionales, en relación con los artículos 3o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, en la demanda se afirma que la reforma se sustenta exclusivamente en afirmaciones doctrinales, creencias y en un credo político que ha sido elevado a nivel de Norma Constitucional Local, las cuales son incompatibles con el principio de Estado laico, que incluye que la educación laica se rija bajo principios científicos. En el caso, la educación sexual y reproductiva está limitada ahora por dogmas que no han sido sustentados por un consenso científico.

3. Luego, la parte demandante considera que la reforma combatida tiene como consecuencia la regresión en los derechos fundamentales reproductivos de las mujeres, al impedírseles el uso de anticonceptivos y acceder a la interrupción del embarazo en casos de violación y otras causales de no punibilidad del delito de aborto.

Si al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión y al feto se les reconoce personalidad jurídica en la Constitución Local y, consecuentemente, la titularidad de derechos fundamentales, entonces hay que interpretar las normas jerárquicamente inferiores a la luz de esta redefinición del concepto de persona. En este sentido, señalan algunas consecuencias de la redefinición del concepto de persona.

La primera se refiere al caso del delito de aborto en casos de violación, así como las demás condiciones de punibilidad de ese delito. Para que esa conducta (definida como "la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez") sea sancionada, es necesario que se cumplan cuatro condiciones, establecidas en el artículo 316 del Código Penal del Estado de Oaxaca: 1) que el aborto no haya sido causado por imprudencia de la mujer -el delito debe ser doloso-, 2) que se haya interrumpido un embarazo que no sea resultado de una violación, 3) que no haya peligro de muerte de la mujer embarazada y 4) que el aborto no obedezca a razones eugenésicas.

Al otorgarse personalidad jurídica al óvulo fecundado, el delito de aborto pasa a ser un tipo atenuado o accesorio al delito de homicidio, por lo que la consecuencia legal es que le resultarían aplicables las reglas generales del homicidio; pues ahora se estaría privando de la vida a una "persona". Es decir, se deja sin efectos lo establecido en el artículo 316 del Código Penal estatal, que señala los casos en que no es punible el aborto.

La protección incondicionada de la vida del nonato pasa por encima de los derechos a la vida, a la salud y a decidir de la mujer embarazada. En este sentido, la reforma impugnada transgrede la libertad de decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, así como la libertad de interrumpir el embarazo cuando su vida peligre.

Otra consecuencia de la reforma combatida es la restricción a usar anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos o a recurrir a la fecundación in vitro, como método de reproducción asistida. Esto es así, debido a que la anticoncepción de emergencia opera una vez que el óvulo ya ha sido fecundado, pero antes de la implantación del embrión en el endometrio. Entonces, al considerarse al cigoto (óvulo fecundado) como persona, el uso de métodos de anticoncepción de emergencia encuadran en el tipo penal de homicidio. Así pues, las mujeres en el Estado de Oaxaca perdieron el derecho a usar anticoncepción de emergencia, así como a recurrir a un dispositivo intrauterino, que impide la implantación del óvulo fecundado en el útero.

También se afecta a la fertilización in vitro, pues mediante esta técnica de reproducción asistida se fecundan óvulos y posteriormente se insertan en el útero, pero no todos ellos se implantan con éxito. De esta forma, con la reforma impugnada se inhiben los métodos de reproducción asistida, pues se tendría que llegar a la conclusión de que la fertilización in vitro viola el derecho a la vida de los óvulos fecundados, como lo hizo la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, al declarar la inconstitucionalidad del Decreto Número 24029-S, que regulaba la prestación del servicio de fecundación in vitro de ese país.

De esta forma, se violan los derechos a la salud y a la vida (artículo 4o. constitucional), a la integridad corporal e intimidad (artículo 16 constitucional), a decidir (artículo 4o. constitucional), a la no discriminación (artículo 1o. constitucional) y al principio de progresividad de los derechos sociales (artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con el artículo 133 constitucional). Si bien se reconoce que los derechos constitucionales no son absolutos, dice el Municipio demandante que las restricciones a los derechos a recurrir a métodos anticonceptivos y a la terminación del embarazo en determinados supuestos en este caso no son razonables. Afirma que la reforma constitucional no cumple con los parámetros necesarios para restringir derechos fundamentales, por no ser admisible por la Constitución, necesaria para alcanzar el fin buscado (es decir, proscribir los abortos) ni proporcional.

4. Finalmente, la parte promovente señala que la porción normativa que se reclama viola el derecho a la vida íntima de las personas, establecido en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, argumenta que ese precepto tutela la protección de datos personales y el acceso a la información. Este artículo, en conjunto con el artículo 16 constitucional, sientan un derecho a la privacidad y a la intimidad.

Para sustentar esta línea argumentativa se invoca la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica al fallar el caso Griswold v. Connecticut, donde se sostuvo que un ordenamiento de ese Estado, que penalizaba los servicios de proporcionar información y asesoría sobre anticoncepción, violaba el derecho a la privacidad protegida por la Constitución Norteamericana. Aunado a ello, se dice que la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido en diversos casos que el Estado no debe intervenir en diversas decisiones que atañen a la vida privada de las personas, como la integridad física, psicológica y moral del individuo, e incluso en casos donde la decisión privada consiste en que una persona decida terminar su vida para evitar un fin indigno; y que se respeta a la familia cuando se evitan interferencias por parte de autoridades públicas en las relaciones familiares y en la vida de las personas. Por último, se dice que el Tribunal Constitucional Federal Alemán también se ha pronunciado sobre el tema, protegiendo el derecho a la privacidad.

De lo anterior se concluye que la interferencia de la autoridad pública debe ser reservada cuando interfiere con la vida íntima y privada de los individuos. El artículo 12, párrafo sexto, de la Constitución de Oaxaca viola los derechos a la privacidad y a la intimidad en el ámbito familiar, previstos en los artículos 6o., fracción II y 16 constitucionales, pues pretende implantar un modelo específico de familia, y obstaculiza la libre decisión de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos, porque la reforma impugnada no obedece a una "apremiante necesidad social" en un Estado democrático de derecho.

CUARTO. Artículos constitucionales que el actor señala como violados. Los preceptos cuya violación se alega son el 1o., 2o., 3o., 4o., 16, 24, 40, 41, 115, 128, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo del tres de noviembre de dos mil nueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 104/2009, y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Al día siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, los emplazó a juicio; dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SEXTO. Contestaciones de la demanda. En síntesis, los Poderes demandados contestaron lo siguiente:

Contestación del Poder Ejecutivo de Oaxaca

Debe sobreseerse en el juicio, ya que no existe el acto cuya invalidez se demanda. Es decir, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca no tiene entre sus funciones la de legislar. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción V del artículo 19 del mismo ordenamiento; ya que no existe el acto que se imputa al Poder Ejecutivo demandado. Además, los hechos señalados en la demanda son imprecisos y vagos, por lo que ésta carece de lógica.

En este sentido, se reitera que no se desprende acto u omisión atribuible al Poder demandado que perjudique o cause agravio a la parte actora, pues conforme al artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la facultad de emitir leyes corresponde a la legislatura, y no al Ejecutivo, quien carece de competencia para ello.

En la contestación específica de los antecedentes de la demanda, se dice que, efectivamente, el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca ordenó la promulgación y publicación del Decreto Número 1383 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el once de septiembre de dos mil nueve.

La presente controversia constitucional no debió ser admitida a trámite, ya que la norma combatida no puede ser impugnada por esta vía al no violar la esfera jurídica municipal ni disposiciones generales que afecten la competencia del Municipio.

La parte actora carece de interés jurídico para promover esta controversia constitucional, pues no precisa qué actos llevados a cabo por el titular del Poder Ejecutivo supuestamente le causan perjuicio. Además, la publicación del decreto combatido se hizo en apego a las facultades que tiene atribuidas el demandado, sin que con ello se invada la competencia del Municipio contenida en el artículo 115 de la Constitución Federal. Por tanto, el auto admisorio causa agravios a la parte demandada.

La solicitud de declarar la invalidez de la norma combatida no está debidamente sustentada en alguna probanza idónea para sustentar el dicho de la parte actora, ya que no aporta elementos para demostrar sus afirmaciones. Es decir, no presenta las constancias necesarias para demostrar los agravios "cometidos en su contra" por parte del Poder Ejecutivo. En consecuencia, se actualizan los supuestos de los artículos 20, fracción III y 19,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24663-214a3460/controversia-constitucional-son-inatendibles-los-conceptos-de-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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