CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR LOS QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES DE MANERA DESVINCULADA A UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar Morales. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión celebrada el dos de mayo de dos mil trece. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández no participó en esta votación) DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. EL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 239, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 26 DE MAYO DE 2009, AL PREVER QUE "PARA LOS EFECTOS DE ESTA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, PERSONA ES TODO SER HUMANO DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL. EL ESTADO LE GARANTIZARÁ EL PLENO GOCE Y EJERCICIO DE TODOS SUS DERECHOS", NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO DE URIANGATO. (Razones aprobadas por mayoría de cinco votos, en contra del voto de los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión celebrada el dos de mayo de dos mil trece. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández no participó en esta votación)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2009. MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO. 2 DE MAYO DE 2013. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de mayo de dos mil trece.
VISTOS; para resolver los autos de la controversia constitucional 62/2009; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda y acto impugnado. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil nueve, Juan Luis Gordillo Zamudio, síndico del Municipio de Uriangato, Guanajuato, promovió la presente controversia constitucional. En la demanda alegó la invalidez del párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Local, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el veintiséis de mayo del año dos mil nueve. El párrafo cuya adición se impugna establece lo siguiente:
"Artículo 1. ...
"Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos."
SEGUNDO. Poder y órganos demandados. El actor señaló las siguientes autoridades como emisoras del acto impugnando: (i) Congreso del Estado de Guanajuato; (ii) Gobernador del Estado de Guanajuato; y, (iii) Municipios del Estado de Guanajuato. Asimismo, consideró como terceros interesados a (iv) la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y (v) a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
TERCERO. Antecedentes. El Municipio demandante señaló como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes hechos:
(1) El diecisiete de abril de dos mil siete, el diputado Salvador Márquez Lozornio, militante del Partido Acción Nacional, convocó "a la defensa de la vida, de las mujeres y de los niños", frente a lo que consideró un atentado al derecho a la vida: las reformas respecto al aborto realizadas en el Distrito Federal.
(2) El veintiséis de abril de dos mil siete, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional presentó en la Asamblea Legislativa del Estado de Guanajuato, la iniciativa de reforma en la que se propuso la adición de un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Local.
(3) El ocho de mayo de dos mil nueve, la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato dio a conocer el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con la reforma del artículo 1o. de la Constitución Local. El dictamen se sometió a discusión y votación. Los integrantes de la Cámara de Diputados no realizaron ninguna discusión en la sesión en la que fue propuesta la reforma. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes en la sesión. Finalmente, se ordenó remitir la minuta a los Municipios del Estado para su aprobación.
(4) El veintidós de mayo de dos mil nueve, el presidente del Congreso del Estado de Guanajuato informó que se habían recibido treinta y dos de cuarenta y seis comunicaciones de los Municipios del Estado de Guanajuato a favor de la aprobación de la minuta de reforma a la Constitución de ese Estado. Posteriormente, se declaró aprobada la minuta y se turnó al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación. El veintiséis de mayo de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato la adición de un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución del Estado de Guanajuato.
(5) El mismo día de la publicación de la reforma, el Municipio de Uriangato realizó una sesión en la que sometió a votación la minuta de reforma en la que se decidió rechazar la aprobación de la reforma. El nueve de junio siguiente, el Ayuntamiento acordó interponer la presente controversia constitucional.
CUARTO. Conceptos de invalidez. El Municipio de Uriangato plantea dos líneas de argumentos en contra de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Local de Guanajuato: por un lado (i) alega varias violaciones a los derechos fundamentales de los munícipes, y por otro lado (ii) sostiene que la norma impugnada afecta su esfera competencial.
I. Violaciones a derechos fundamentales
En este apartado de la demanda se alegan varias violaciones a distintos derechos fundamentales, así como otros argumentos que en estricto sentido no tienen que ver con derechos sino más ampliamente con los efectos de la reforma o la vulneración de otros principios constitucionales. Al margen de la terminología utilizada en la estructura formal de la demanda, a continuación se sintetizan los argumentos efectivamente planteados:
(1) La redefinición del concepto de persona. A partir de una interpretación originalista de la reforma al artículo 1o. de la Constitución del Estado de Guanajuato, puede concluirse que el Órgano Revisor de la Constitución Local tenía la intención de redefinir el concepto jurídico de persona. La disposición impugnada otorga personalidad jurídica y derechos fundamentales al "óvulo", al "blastocito", al "embrión" y al "feto". Esta redefinición constituye una equiparación absoluta entre nacidos y no nacidos desde el momento de la concepción, que se aparta de la fórmula empleada por el derecho civil para proteger al concebido no nacido. En esta línea, si bien la apuntada redefinición no modifica la "intensión" del concepto de persona, sí amplía la extensión del concepto para incluir a los no nacidos desde el momento de la fertilización del óvulo.
(2) La imposición de una creencia particular como norma general. La afirmación en el sentido de que desde el momento de la fertilización del óvulo se está en presencia de un ser humano pleno, constituye una creencia que no tiene respaldo científico. De una interpretación originalista de la reforma, se desprende que el Órgano Revisor de la Constitución de Guanajuato parte de un entendimiento de la vida como un "derecho natural" preexistente al ordenamiento positivo. En este orden de ideas, la reforma equipara a un ser humano pleno con el producto de la concepción con el argumento de que tienen derechos naturales iguales. De acuerdo con lo anterior, la reforma también implica que la vida es un derecho preeminente o superior jerárquicamente a los demás derechos fundamentales. La justificación de estas ideas no se encuentra en la ciencia, sino en los presupuestos ideológicos y filosóficos del credo político del Partido Acción Nacional.
(3) Regresión al derecho a la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. De una interpretación originalista de la reforma, puede concluirse que ésta persigue dos finalidades: impedir que en el futuro se despenalice la interrupción del embarazo y eliminar de la legislación secundaria la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo ciertas circunstancias. En cuanto a este segundo punto, la reforma impugnada transforma sustancialmente la regulación penal del delito de aborto, toda vez que introduce una norma jerárquicamente superior que derrota el artículo 163 del Código Penal del Estado de Guanajuato, al eliminar dos condiciones objetivas de punibilidad de este delito: (a) no haber sido causado por culpa de la mujer; y, (b) cuando la conducta es dolosa, el embarazo interrumpido no sea resultado de una violación.
(4) Regresión al derecho a hacer uso de la anticoncepción de emergencia en casos de violación. Como consecuencia de la reforma impugnada, las mujeres de Guanajuato perdieron el derecho a usar la anticoncepción de emergencia, lo que significa una regresión en sus derechos reproductivos y a la salud. La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, otorga a las mujeres víctimas de violación el derecho a recibir la anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas después de ocurrida la violación. Esta norma oficial se fundamenta explícitamente en los derechos a la protección de la salud, a la plena igualdad jurídica de los hombres y mujeres, así como en diversos derechos sexuales y reproductivos reconocidos por México.
(5) Violación al principio de igualdad. De acuerdo con el artículo 1o. constitucional, los derechos fundamentales deben proteger por igual a todo individuo. La pluralidad de conceptos de "persona" tendría como consecuencia el incumplimiento del mandato de trato igualitario contemplado en la Constitución. En consecuencia, de admitirse la posibilidad de que órganos distintos al Constituyente Federal definan el concepto de persona y, por tanto, determinen el universo de individuos titulares de derechos fundamentales, se estaría ante la imposibilidad de cumplir el mandato constitucional consistente en que todo individuo goce uniformemente de los derechos fundamentales. En este sentido, la ampliación del universo de individuos titulares de derechos fundamentales implica siempre la regresión de derechos de otros.
(6) Violación al principio de unidad del sistema jurídico. La reforma impugnada viola el principio de unidad del sistema jurídico contemplado en los artículos 1o., 40, 41, 128 y 133 constitucionales. De los preceptos citados, no sólo se sigue que la cúspide normativa del sistema la ocupa la Constitución, sino también que éste constituye un todo sujeto a la propia Constitución y que las Constituciones Locales no pueden contravenirla.
(7) Equiparación ilegítima de desiguales. El artículo 1o. constitucional contiene un mandato que impone el deber de tratar igual a los iguales y de forma desigual a quienes son desiguales. En esta línea, el trato desigual sólo se justifica cuando exista una base objetiva y razonable. Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el principio de igualdad se ha referido exclusivamente a la prohibición de tratar de forma desigual de quienes son sustancialmente iguales, a contrario sensu también puede decirse que la protección que otorga dicho principio constitucional comprende la prohibición de trato igual a quienes son desiguales. Así, por un lado, las diferencias más claras entre el cigoto, el blastocito, el embrión y el feto y un individuo nacido es la capacidad de este último de sentir dolor y realizar sus funciones vitales por sí mismos. Y por otro lado, puede decirse que la finalidad de la reforma es ilegítima, porque entra en pugna con el principio de laicidad del Estado y carece de base objetiva o razonable, toda vez que la creencia de que desde el momento de la fertilización del óvulo se está en presencia de un ser humano pleno no encuentra sustento científico.
(8) Violación al principio del Estado laico. De la lectura conjunta de los artículos 3o., 24 y 130, se infiere que la laicidad del Estado constituye uno de los principios rectores tutelados por la Constitución Federal. De acuerdo con una interpretación originalista de estos preceptos, puede decirse que la intención del Constituyente Originario, al consagrar el principio de laicidad, era impedir que las ideas dogmáticas con halos de fanatismo pudieran incidir en la vida del Estado Mexicano. Así, la creencia en la existencia de un ser humano a partir de la fecundación de un óvulo que el Constituyente Local afirma como verdadera supone una violación al principio de laicidad del Estado.
(9) Falta de fundamentación y motivación legislativa. La reforma impugnada debe ser objeto de un escrutinio de mayor intensidad para evitar que dentro del sistema jurídico mexicano existan normas basadas en credos o fanatismos. En esta línea, para que la decisión de equiparar a un óvulo fecundado con un ser humano pleno pueda estar justificada, debe tener una base científica. La fundamentación y motivación de la iniciativa y del dictamen de la reforma se limitan a afirmar la convicción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el sentido de que el embrión está embestido de dignidad humana.
(10) Intervención desproporcionada en derechos fundamentales de los munícipes. El artículo 1o. de la Constitución de Guanajuato supone una limitación desproporcionada a los derechos de los munícipes a la salud, la vida, a decidir el número y espaciamiento de los hijos, a la intimidad y a la autodeterminación del cuerpo. La medida legislativa impugnada es necesaria para alcanzar los fines declarados por el legislador estatal, ya tampoco es proporcional.
II. Afectación a las competencias municipales
Si bien es cierto que la demanda no contiene ningún apartado relativo a "conceptos de invalidez", pueden advertirse dos argumentos relacionados con la afectación a competencias constitucionales del Municipio:
(1) Violación a la competencia municipal sobre planificación familiar, distribución de medicamentos, desarrollo de políticas en materia de salubridad y atención a población vulnerable. El artículo 4o. constitucional establece que la salud es una materia sobre la cual existe una competencia concurrente entre la Federación, los Estados y los Municipios. También por mandato constitucional, la Ley General de Salud es el ordenamiento que define la forma en la que cada uno de los niveles de gobierno concurre a participar en esta competencia. El apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, en relación con la fracción VII del artículo 3o. (sic), otorga a las entidades federativas la competencia en materia de "planificación familiar". En este sentido, de conformidad con los artículos 13, fracción I y 6o., fracción V, de la "Ley de Asistencia Social del Estado" (sic), el DIF municipal tiene competencia para "dar atención sobre planificación familiar, para la distribución de medicamentos, el desarrollo de políticas en materia de salubridad y la atención de población vulnerable".
(2) Violación a la competencia municipal para ejecutar normas federales y locales en materia de salud. El artículo 115 constitucional otorga "supuestos enunciativos del ámbito general de competencia de los Municipios del país". El inciso i) de dicho artículo "hace un reenvío a la determinación de competencia a las Constituciones Locales, a fin de que éstas puedan determinar la competencia de los Ayuntamientos". En esta línea, la fracción IX del artículo 117 de la Constitución de Guanajuato señala que compete a los Ayuntamientos la ejecución de todas las disposiciones relativas a la higiene urbana y salubridad pública. Por su parte, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato señala que los Municipios deben cumplir la Ley General de Salud. En consecuencia, de la interpretación sistemática de todas estas disposiciones, debe concluirse que el Municipio de Uriangato es competente para aplicar "todas las normas de salud", entre las que destacan la Ley General de Salud y la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, de la cual se desprende la obligación para las autoridades de suministrar la anticoncepción de emergencia en casos de violación
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de siete de julio de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la demanda de controversia constitucional bajo el expediente número 62/2009. Asimismo, designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Mediante proveído de ocho de julio de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los Municipios del Estado de Guanajuato, para que formularan su contestación a la demanda planteada por el Municipio de Uriangato. Adicionalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República.
SEXTO. Contestaciones de la demanda por parte de los Municipios. Los siguientes Municipios no dieron contestación a la presente controversia: Atarjea, Comonfort, Cuerámaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Romita, Salvatierra, San Luis de la Paz, Santa Catarina y Yuriria.
Los Municipios que se indican a continuación, se limitaron a señalar que aprobaron la minuta de reforma y anexaron el acta de la sesión correspondiente: Acámbaro, Abasolo, Apaseo el Alto, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San Felipe, San José de Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Victoria, Villagrán y Xichú.
Los Municipios de Apaseo El Grande, San Miguel de Allende y Valle de Santiago informaron que sus Ayuntamientos no sometieron a votación la minuta de reforma. Por su parte, los Municipios de Moroleón, Santiago Maravatío y Tierra Blanca informaron que la minuta de reforma se sometió a consideración y sus respectivos Ayuntamientos no la aprobaron.
En lo que sigue, se dará cuenta únicamente de las contestaciones de los Municipios que respondieron a alguno de los argumentos planteados en los conceptos de invalidez de la demanda del Municipio de Uriangato.
A. Municipio de Celaya
El Municipio de Celaya informó que la minuta de reforma fue aprobada por mayoría calificada y dio contestación en los siguientes términos a los conceptos de invalidez:
(1) La redefinición del concepto de persona. La definición de persona descrita en la Constitución Estatal no modifica la definición de "persona" contenida en la legislación civil local y en diversos instrumentos que nuestro país ha firmado, entre los que destacan: Pacto de San José, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La reforma sólo elevó dicha definición al rango constitucional estatal. En esta misma línea, puede decirse que la protección al derecho a la vida se encontraba ya en el artículo 22 constitucional, al establecer que la pena de muerte está prohibida.
(2) La imposición de una creencia particular como norma general. La reforma impugnada sí tiene sustento científico. La historia genética de una persona comienza en el preciso instante en que se une el óvulo de la madre con el espermatozoide del padre. En el instante de la concepción se determina el sexo del nuevo ser humano. Así, el genoma humano contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. En respaldo de estas ideas, se citan varias páginas de Internet, entre las que destacan las voces "fecundación" y "genoma" de la enciclopedia en línea Wikipedia.
(3) Regresión a derechos de la mujer. La reforma no afecta derechos consagrados en la legislación secundaria, toda vez que para que una ley derogue a una anterior, es necesario que sea emitida por el mismo órgano legislativo. La reforma impugnada no señala expresamente que se derogaran con su entrada en vigor disposiciones contenidas en la Constitución Estatal, ni en las leyes emanadas de la misma como el Código Civil o el Código Penal.
(4) Violación a los principios de igualdad y equiparación ilegítima de desiguales. La Constitución Federal prevé la garantía de igualdad. Si los tratados y la Constitución reconocen derechos a los no nacidos con la condición de que nazcan viables, se supone su existencia como humanos con derechos. Por otra parte, los no nacidos no deben ser discriminados por su condición de "no haber nacido", porque a pesar de ello se tiene que reconocer que tienen una capacidad de goce parcial.
B. Municipio de Coroneo
El Municipio de Coroneo informó que la minuta de reforma fue aprobada por unanimidad y formuló los siguientes argumentos para responder a los conceptos de invalidez:
(1) La imposición de una creencia particular como norma general. Desde el primer momento de la existencia debe reconocerse a un ser humano como poseedor de los derechos de la persona. La ciencia médica ha demostrado que en el óvulo fecundado hay una nueva vida humana, pues nada sucede a lo largo de la gestación que modifique o complete su esencia, el genoma humano demuestra que la niña o el niño concebidos son seres diferentes a la madre, pues el embrión contiene todo el ser humano en potencia. El embrión está investido de dignidad humana y, por tanto, merece el respeto a su vida y no debe ser objeto de agresiones que lo conduzcan a su destrucción.
(2) La redefinición del concepto de persona. Si bien es cierto que la definición de persona que se recoge en la reforma impugnada difiere de la que normalmente se utiliza en la legislación civil, también es cierto que no la deja de lado. La legislación penal y la civil federal prevén la protección de la vida en el plano de gestación fisiológica. En esta línea, se considera al no nacido como alguien con vida y se sanciona a quien le cause la muerte. Al mismo tiempo, el producto de la concepción se encuentra protegido por el derecho civil, toda vez que puede ser designado como heredero o donatario (sic).
(3) Violación a los principios de igualdad y equiparación ilegítima de desiguales. La reforma impugnada promueve la igualdad. Toda persona tiene derecho a que se le respete la garantía de igualdad desde que tiene vida. Si la reforma no se hubiere aprobado, la ley dejaría al feto como un ser sin derechos, situación que es imposible. Desde su concepción, el individuo es una persona que tiene iguales derechos que la madre. El principio de igualdad consagrado en la Constitución impide establecer diferencias entre los derechos naturales que consagra la propia Constitución.
C. Municipio de Guanajuato
El Municipio de Guanajuato informó que aprobó la reforma del segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución y la adición del tercer párrafo a ese mismo precepto. En relación con los conceptos de invalidez, sostuvo lo siguiente:
(1) La redefinición del concepto de persona. La reforma impugnada no es novedosa en cuanto al concepto de persona, toda vez que distintas disposiciones de la legislación sustantiva civil del Estado de Guanajuato ya otorgan protección jurídica al concebido.
(2) Regresión a derechos de la mujer. Si bien es cierto que el Código Penal a través del delito de aborto protege al producto de la concepción, las excluyentes para sancionarlo siguen siendo aplicables, como es el supuesto en el que la mujer ha sido violada.
(3) La imposición de una creencia particular como norma general. No hay duda de que la vida humana empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide en el tercio externo de las trompas de falopio de la madre. La vida humana se inicia en el momento de la concepción, siendo la dignidad del ser humano única, universal e irrenunciable y base fundamental de todo ordenamiento jurídico. Los ordenamientos locales en coordinación con lo establecido en la parte dogmática de la Constitución Federal, deben cumplir con la exigencia de proteger la vida desde el momento de la concepción.
SÉPTIMO. Contestación a la demanda por parte de los poderes. En este considerando se sintetizan las contestaciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guanajuato.
A. Poder Ejecutivo
El gobernador del Estado dio contestación a uno de los conceptos de invalidez planteados en la demanda, en los siguientes términos:
• Violación a la competencia municipal para ejecutar normas federales y locales en materia de salud. Si bien es cierto que, de acuerdo con la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, los Municipios tienen la facultad de vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia diversas disposiciones generales aplicables en materia de salud, con la emisión de la norma impugnada en nada se vulnera dicho ámbito de competencia.
B. Poder Legislativo
El Congreso del Estado de Guanajuato contestó los diversos argumentos en contra de la validez de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Local de Guanajuato, en los siguientes términos:
(1) La redefinición del concepto de persona. La reforma se limitó a elevar al rango constitucional a nivel local el reconocimiento de la personalidad jurídica del no nacido prevista desde antes de la reforma en el ordenamiento civil y penal. Asimismo, el término "persona", es eminentemente jurídico y puede referirse a las personas físicas o morales, por lo que no es sinónimo de ser humano. Finalmente, se considera que el actor confunde el término de "persona" con el de "personalidad".
(2) La imposición de una creencia particular como norma general. Es incoherente sostener que una creencia "particular" sea aprobada por una "mayoría" que está compuesta, en el caso, de la siguiente forma: una mayoría de legisladores que integran la cámara (72.22%), de la totalidad de diputados presentes cuando la minuta se sometió a su consideración y la aprobación de treinta y ocho de cuarenta y seis Ayuntamientos. Por otra parte, existen catorce entidades federativas que cuentan con una disposición similar y en las que el Partido de Acción Nacional no fue promovente de todas las iniciativas de reforma que dieron origen a la actual redacción de esas disposiciones.
(3) Regresión de derechos de la mujer. La Suprema Corte reconoció en la acción de inconstitucional 10/2000, que la Constitución Federal protege al producto desde la concepción como una manifestación de vida humana. El Código Penal del Estado de Guanajuato prevé y sanciona el tipo de aborto. Por tanto, no existe un derecho fundamental a abortar o interrumpir legalmente el embarazo. Sin embargo, el ordenamiento penal estatal ha previsto en su artículo 163, excusas absolutorias que, toda vez que la reforma no ha modificado el contenido del ordenamiento penal, siguen vigentes. Por otro lado, el hecho de que se considere persona a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte no interfiere con la potestad de las mujeres a decidir el número de hijos que desean tener. Tampoco restringe su derecho a la salud. Si no afecta el derecho a la salud, tampoco tiene repercusión alguna sobre el uso de anticonceptivos aun cuando no existe un derecho fundamental de las mujeres a utilizar un método de anticoncepción. Finalmente, es imposible que la reforma transgreda la intimidad de las mujeres, porque la definición de persona "no tiene por objeto divulgar información privilegiada o sensible de las mujeres en su perjuicio".
(4) Violación al principio de igualdad. El actor no acredita cómo es que se viola la igualdad con la reforma al artículo 1o. de la Constitución de Guanajuato. Además, la reforma no limita de forma alguna los derechos de las mujeres, por el contrario, "aporta certeza jurídica y les garantiza protección para que puedan ejercer los derechos a la salud y decidir el número y espaciamiento de sus hijos", porque no impone condiciones especiales al ejercicio de esos derechos ni al acceso a la salud.
(5) Violación al principio del Estado laico. El actor no explica cómo es que se viola la laicidad con la aprobación y promulgación de la reforma.
OCTAVO. Opinión del procurador general de la República. Al rendir su opinión, el procurador general de la República manifestó, esencialmente, lo siguiente:
• Violación a la competencia municipal para ejecutar normas federales y locales en materia de salud. Si bien es cierto que, de acuerdo con la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, los Municipios tienen la facultad de vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia la Ley General de Salud, la Ley de Salud local y las demás disposiciones generales aplicables, con la emisión de la norma impugnada en nada se vulnera dicho ámbito de competencia. El numeral impugnado se limita a establecer que tiene el carácter de persona todo ser humano desde que es concebido hasta su muerte natural, y que el Estado garantizará desde su concepción el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. En esta línea, también es infundado que el Municipio no pueda dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 046-2005 (sic). Son las instituciones prestadoras de los servicios de atención médica las que deberán ofrecer de inmediato la anticoncepción de emergencia, y no el Municipio actor. Al Municipio sólo le compete asumir la administración de los establecimientos de salud.
NOVENO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Posteriormente, por acuerdo de seis de noviembre de dos mil nueve, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, el Ministro instructor requirió al Municipio actor diversas pruebas para mejor proveer.
DÉCIMO. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil trece, María Belia Tinoco Martínez, actual síndico del Municipio de Uriangato, Guanajuato, presentó escrito desistiéndose de la demanda de controversia constitucional presentada y solicitando el sobreseimiento del asunto, acompañando el instrumento notarial en el que se hace constar la ratificación de dicho desistimiento ante el fedatario público, escrito que fue sometido al Tribunal Pleno en la sesión del día primero de mayo de dos mil trece.
DÉCIMO PRIMERO. Returno. Mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil nueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó este expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su tramitación y/o resolución por haber sido designado como tal en sustitución del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien concluyó su periodo constitucional el treinta de noviembre de ese año.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Uriangato, en el Estado de Guanajuat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24665-889820f3/controversia-constitucional-son-inatendibles-los-conceptos-de-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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