ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN: "COMO FUNDAMENTO DE TODOS LOS DERECHOS DE LOS SERES HUMANOS" Y "DESDE EL MOMENTO DE SU INICIO EN LA CONCEPCIÓN" POR NO HABER ALCANZADO LA VOTACIÓN CALIFICADA (Fojas 37 y 38 de la sentencia. Siete votos a favor de la propuesta de invalidez. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2009. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: JAVIER MIGUEL ORTIZ FLORES E ILEANA MORENO RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el cinco de octubre de dos mil nueve,(1) doce integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí(2) promovieron acción de inconstitucionalidad,(3) en la que solicitaron la invalidez del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformada mediante Decreto 833, que se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el tres de septiembre de dos mil nueve. El precepto impugnado establece:
"Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.
"No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte."
SEGUNDO. Los promoventes de esta acción estiman que el precepto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 16, 24, 40, 41, 128, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 62/2009 y designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para actuar como instructor en el procedimiento.
Por auto dictado el ocho del mismo mes y año, el Ministro instructor admitió la presente acción y requirió al Congreso y al gobernador de San Luis Potosí -el primero en su carácter de emisor y el segundo de promulgador de la norma impugnada- para que rindieran sus respectivos informes. También se requirió a los Municipios de la mencionada entidad federativa para que rindieran informe, en virtud de que los Ayuntamientos participan como parte del Poder Revisor en la aprobación de las reformas o adiciones de la Constitución Local.
En ese mismo proveído se dio vista al procurador general de la República, para que formulara el pedimento que le corresponde.
CUARTO. Mediante auto de cinco de noviembre de dos mil nueve, se tuvo a la síndico de Municipio de Ébano(4) rindiendo el informe que le fue solicitado. En el mismo sentido se tuvo al representante del Municipio de San Nicolás Tolentino,(5) en proveído de diez de noviembre del mismo año. El día doce siguiente, se tuvieron por rendidos los informes de los Municipios de San Luis Potosí,(6) Charcas(7) y Tierranueva.(8)
Por otro lado, el diecisiete de noviembre de dos mil nueve se tuvo a los Municipios de San Ciro de Acosta,(9) Soledad de Graciano Sánchez(10) y Matehuala(11) rindiendo sus respectivos informes.
El veintitrés de noviembre de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Ejecutivo(12) y Legislativo(13) de San Luis Potosí. En el mismo auto se tuvieron también por rendidos los informes de los Municipios de Villa de Arista,(14) Vanegas,(15) Mexquitic de Carmona,(16) Tamuín,(17) Salinas de Hidalgo,(18) Zaragoza,(19) Rayón,(20) Tamazunchale,(21) Tamasopo,(22) Alaquines,(23) Armadillo de los Infante(24) y Tancahuitz.(25)
Asimismo, mediante auto del veintiséis de noviembre del mismo año, se tuvo a los síndicos de los Municipios de Santa María del Río,(26) Venado,(27) San Martín Chalchicuautla,(28) Villa Juárez,(29) Coxcatlán(30) y Villa de Ramos(31) rindiendo sus informes.
En el mismo sentido, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados a los síndicos de Rioverde,(32) San Vicente Tancuayalab(33) y Lagunillas,(34) en auto dictado el treinta de noviembre de dos mil nueve. Por su parte, al Municipio de Cedral(35) se le tuvo rindiendo su informe mediante auto dictado el seis de enero de dos mil diez; al de Santa Catarina(36) en auto del veintiséis de enero de dos mil diez y al de Cerro de San Pedro(37) en auto del día siguiente.
Posteriormente, el dos y el ocho de febrero de dos mil diez, se requirió nuevamente a los Municipios omisos para que rindieran sus informes, apercibidos de multa en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
Luego, el doce de febrero de dos mil diez, el Ministro instructor tuvo a la síndico del Municipio de Ciudad Fernández(38) rindiendo su informe, al de Villa de Guadalupe(39) en auto del dieciséis de febrero de dos mil diez, al de Santo Domingo(40) en auto del veinticinco de febrero, al de Tampacán(41) en auto del nueve de marzo, a los de Aquismón(42) y Tanlajás(43) en auto del diez de marzo, al de San Antonio(44) en auto del once de marzo, y, finalmente, a los de Matlapa(45) y Cerritos(46) en auto del doce de marzo.
SÉPTIMO. En el proveído dictado el tres de agosto de dos mil once, se determinó que los Municipios de Ahualulco, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Catorce, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Moctezuma, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Xilitla no cumplieron con el requerimiento mediante el cual se les solicitó remitir los documentos que acreditaran su participación en la reforma constitucional combatida, por lo que se impuso una multa a los síndicos que representan a los mencionados Municipios.
OCTAVO. El dieciocho de agosto de dos mil once, el Ministro instructor tuvo a la procuradora general de la República formulando el pedimento correspondiente, donde expresó que, a su parecer, se debe declarar que la acción de inconstitucionalidad fue promovida en tiempo por personas legitimadas para ello, que los conceptos de invalidez son infundados y que se debe declarar la constitucionalidad del Decreto 833, por el que se reformó el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.(47)
NOVENO. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción, mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil once, y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General 3/2008. Esto es así, debido a que la parte accionante propone la posible contradicción entre el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (de acuerdo con la reforma contenida en el Decreto 833, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de septiembre de dos mil nueve), y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(48)
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(49) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
Ahora bien, en la demanda se combate el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Esa norma fue publicada en el Periódico Oficial de la mencionada entidad federativa el jueves tres de septiembre de dos mil nueve. De esta manera, el plazo de treinta días para ejercer esta vía inició el viernes cuatro de septiembre y concluyó el sábado tres de octubre de dos mil nueve, de conformidad con el artículo citado.
No obstante, el artículo 60 de la ley de la materia establece que si el último día del plazo es inhábil, entonces la demanda se podrá presentar el primer día hábil siguiente. En la especie, el último día del plazo fue inhábil, en términos de lo establecido en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(50) aplicable según lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(51) en atención a que el tres de octubre de dos mil nueve fue sábado.
Por tanto, la demanda podía ser presentada, inclusive, el lunes cinco de octubre de dos mil nueve. Toda vez que el escrito de la acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente ese día, según se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja 85 de autos, es evidente que se presentó en tiempo.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Según se desprende del artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(52) puede ejercer la acción de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, cuando se trate de impugnar alguna norma emitida por el propio órgano.
A este respecto, se advierte que suscriben la demanda Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Felipe Abel Rodríguez Leal, José Everardo Nava Gómez, Tito Rodríguez Ramírez, Bernardina Lara Argüelles, Manuel Lozano Nieto, Jesús Ramírez Stabros, Óscar Bautista Villegas, José Luis Martínez Meléndez, J. Jesús Soni Bulos, José Luis Montaño Chávez y Óscar Carlos Vera Fabregat, quienes son diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de San Luis Potosí. Esto se corrobora a partir del análisis de la copia certificada del "Acta de la junta preparatoria y sesión solemne de instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura, celebrada por la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en funciones de Comisión instaladora, el catorce de septiembre de dos mil nueve" que los demandantes adjuntaron a su escrito inicial.(53) El mencionado documento tiene valor probatorio pleno, en atención a lo dispuesto en los artículos 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(54) y 129(55) y 202(56) del Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta que las copias certificadas fueron expedidas por las diputadas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez e Yvett Salazar Torres, en su carácter de primera y segunda prosecretarias, respectivamente, de la directiva del Congreso de San Luis Potosí.
Por otro lado, destaca que el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí establece:
"Artículo 42. El Congreso del Estado se integra con quince diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente."
En términos de lo dispuesto en el precepto recién citado, el Congreso se puede integrar con hasta veintisiete diputados, una vez sumados los de mayoría relativa y el número máximo de diputados electos de acuerdo con el principio de representación proporcional. De esta forma, si veintisiete diputados equivalen al cien por ciento de los integrantes del órgano legislativo,(57) resulta que el treinta y tres por ciento a que se refiere el inciso d) de la fracción II del artículo 105 constitucional es igual a nueve diputados.(58) Por tanto, si la demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por doce integrantes del órgano legislativo, resulta que la acción se ejerció por el cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento de los miembros del Congreso, número que excede el porcentaje exigido por el precepto constitucional mencionado.
De esta forma, los promoventes cuentan con legitimación para hacer valer la presente acción de acción de inconstitucionalidad.
No es obstáculo para la anterior determinación el que la norma que se impugna sea un precepto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, ya que es criterio de este Tribunal Pleno que el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso Local pueden promover acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma o adición a la Constitución de una entidad federativa, según se desprende de la jurisprudencia P./J. 18/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO LOS MISMOS DEBAN INTERVENIR."(59)
Finalmente, no escapa a esta Suprema Corte de Justicia que la demanda fue promovida por integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, mientras que la reforma constitucional impugnada se aprobó por la legislatura anterior. Sin embargo, este Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que los integrantes de una nueva legislatura no tienen impedimento para impugnar, dentro del plazo legal, normas emitidas por la anterior legislatura, criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 19/2001, cuyo rubro dice: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, DENTRO DEL PLAZO LEGAL, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE UNA NUEVA LEGISLATURA, CUANDO LA QUE EXPIDIÓ LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONCLUYÓ SU ENCARGO."(60)
Por estos motivos, los demandantes tienen legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
CUARTO. Causas de improcedencia. En la especie, las partes no invocaron la actualización de causas de improcedencia y, después de un estudio oficioso, no se advierte que se surta alguna. Por tanto, procede continuar con el estudio de la presente acción de inconstitucionalidad.
QUINTO. Violaciones procesales. Si bien la parte accionante no formuló agravios en relación con violaciones al proceso legislativo, lo cierto es que el Municipio de San Luis Potosí, al rendir su informe, negó haber aprobado, expedido o promulgado el decreto mediante el cual se reformó el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Esta circunstancia, lejos de constituir una causa de improcedencia -como plantea el Municipio mencionado-, más bien constituiría una violación al proceso legislativo de reforma constitucional, en caso de que no se hubiera dado participación al Ayuntamiento en la aprobación de la reforma al precepto combatido.
De ser cierto lo manifestado por el Municipio, se podría llegar al extremo de invalidar totalmente la norma impugnada. Por tanto, en suplencia de la queja,(61) debe analizarse el planteamiento del Municipio de San Luis Potosí, cuando afirma que no participó en el proceso legislativo de reforma al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí establece los requisitos para que ese mismo ordenamiento sea adicionado o reformado, de la siguiente forma:
"Artículo 138. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requerirá su aprobación por el voto, cuando menos, de las dos terceras partes del número total de los diputados y el voto posterior de cuando menos las tres cuartas partes de los Ayuntamientos.
"El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."
A partir de lo dispuesto en este precepto, se desprende que, para reformar la Constitución Local, es necesario que la modificación se apruebe por las dos terceras partes del número total de diputados y se vote favorablemente por, cuando menos, las tres cuartas partes de los Ayuntamientos. Si bien la norma constitucional no lo establece de manera expresa, como tampoco la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, lo cierto es que, para considerar que se surte el último de los requisitos, es necesario que la reforma constitucional se haga del conocimiento de la totalidad de los Ayuntamientos de la entidad federativa, para que éstos se puedan pronunciar al respecto.
En el caso, contrariamente a lo señalado por el Municipio de San Luis Potosí, a partir del tomo de pruebas que exhibió el Poder Legislativo del Estado, se concluye que el Municipio en mención sí fue debidamente notificado de la reforma constitucional. Es decir, en la foja 28 del tomo de pruebas, se puede observar una copia certificada de un oficio fechado el veintiuno de mayo de dos mil nueve, dirigido al presidente del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y signado por los diputados Vicente Toledo Álvarez -en su calidad de primer secretario- y María Guadalupe Castro Almanza como segunda secretaria. La parte que interesa de ese documento es del siguiente tenor:
"Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política Local, enviamos expediente con minuta proyecto de decreto, por la que se reforma el párrafo primero y adiciona párrafo segundo de y al artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, aprobada por esta honorable soberanía en sesión ordinaria del día de la fecha."
Al pie del mencionado oficio, se observa un sello con la leyenda: "H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. Recibido. Oficialía de Partes" y la fecha del veintinueve de mayo de dos mil nueve. Asimismo, se aprecian el nombre y la firma de Julia Sauceda Luna, con cargo de auxiliar, como la persona que recibió el oficio por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, quien se identificó un gafete expedido por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo asentado en el acuse de recibo.
Este documento constituye prueba plena en términos de lo ordenado por los artículos 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(62) y 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(63) y con él se acredita que el Municipio de San Luis Potosí tuvo conocimiento de la reforma al artículo 16 de la Constitución Local. Por tanto, aun cuando no emitió voto aprobando o reprobando la modificación constitucional, lo cierto es que sí fue debidamente notificado.
Ahora bien, debe recordarse que el artículo 138 de la Constitución de San Luis Potosí establece que la adición o reforma a ese mismo Texto Constitucional debe ser aprobado por las tres cuartas partes de los Ayuntamientos, por lo menos. De acuerdo con lo manifestado por los propios Municipios en sus informes, así como según las pruebas exhibidas por el Congreso del Estado, la reforma se aprobó por los Municipios de Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Salinas de Hidalgo, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierranueva, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Xilitla, Zaragoza, es decir, cuarenta y cuatro Ayuntamientos en total(64) (los Municipios de Ciudad Fernández y San Martín Chalchicuautla se pronunciaron en contra de la reforma constitucional). Luego, si San Luis Potosí tiene cincuenta y ocho Municipios,(65) resulta que la modificación constitucional fue aprobada por el setenta y cinco punto ochenta y seis por ciento de los Ayuntamientos, motivo por el cual se puede considerar que fue sancionada favorablemente por las tres cuartas partes de éstos.
Entonces, aun si el Municipio de San Luis Potosí fue omiso en emitir pronunciamiento en favor o en contra de la reforma constitucional, ello no es obstáculo para considerar que el proceso de reforma se condujo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución Local, habida cuenta que el Ayuntamiento en mención fue debidamente notificado y, a pesar de no haberse pronunciado sobre la reforma sometida a su consideración, lo cierto es que se reunió el total de votos aprobatorios necesarios para reformar la Constitución de San Luis Potosí. Adicionalmente, es de mencionar que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí ordenan que la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que debe hacer el Congreso se pueda emitir hasta que se hayan computado los votos de todos los Ayuntamientos. Por tanto, se entiende que ésta puede realizarse una vez que se reciban las aprobaciones de la mayoría calificada que señala el artículo 138 de la Norma Suprema Estatal. Una interpretación en el sentido contrario únicamente entorpecería el proceso legislativo de reforma constitucional, puesto que no hay un mecanismo legal para obligar a los Ayuntamientos a que emitan su voto en un plazo perentorio o para considerar que, vencido cierto plazo, el voto se emite en determinado sentido, a diferencia de lo que sucede con otras legislaciones estatales.
Por estos motivos, no puede considerarse que se hubiera violado el procedimiento de reforma constitucional, pues contrariamente a lo sostenido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, éste sí fue partícipe de la modificación al artículo que ahora se impugna, ya que la reforma constitucional le fue debidamente notificada.
SEXTO. Conceptos de invalidez. Los promoventes consideran que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí es inconstitucional, por los motivos que a continuación se sintetizan:(66)
La reforma impugnada genera diversas consecuencias, como identificar a la vida como fundamento de todos los derechos que corresponden a las personas físicas, la ampliación de la protección de la vida para incluir todo momento del proceso de gestación a partir de la concepción. Además, hay una inconsistencia en el texto que se aprobó y lo dicho en la exposición de motivos, ya que en el primero se habla de persona desde el momento de la "concepción", pero más bien debe entenderse que el Constituyente Local se refirió a que hay persona desde el momento de la "fecundación", a partir de lo que se desprende de la exposición de motivos.
Por otro lado, el precepto combatido establece los casos en que no se puede sancionar penalmente la interrupción del embarazo (culpa, violación, inseminación indebida, peligro de muerte de la mujer); modifica el concepto de persona, para efectos jurídicos (se amplía a los no nacidos); eleva creencias particulares a nivel de norma general; constituye una regresión de los derechos fundamentales de las mujeres (pues ya no podrán tener acceso a métodos de planificación familiar, como el DIU y la anticoncepción de emergencia, ni a métodos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro); y, contiene un mandato consistente en penalizar la interrupción del embarazo.
1. Redefinición del concepto de "persona", para efectos locales
De acuerdo con el artículo impugnado y su exposición de motivos, desde la fecundación del óvulo se están en presencia de una persona, para todos los efectos legales. Entonces, una persona incluye no sólo a las personas nacidas, sino al cigoto, al blastocisto, al embrión y al feto, a quienes se les otorga personalidad jurídica para efectos de protección constitucional y legal.
Esta disposición difiere de la fórmula empleada por el derecho civil, ya que en la mayoría de las legislaciones la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento. La única excepción es la protección al concebido que se da en ciertos casos acotados, y siempre sujeto a la condición consistente en que nazca, por lo que es una ficción jurídica. En cambio, la reforma impugnada no limita los efectos jurídicos del reconocimiento al concebido, equiparando plenamente al no nacido con el nacido. Es decir, se amplía el universo de casos a los cuales les es aplicable el concepto de "persona", y considera que los no nacidos son titulares de derechos subjetivos.
No obstante, la Suprema Corte podría interpretar el precepto combatido de una forma distinta. Si el texto se estudia sin tomar en cuenta la exposición de motivos (sin la intención expresa del Constituyente), se podría considerar que el producto de la concepción es un bien jurídico tutelado, y no se está en el caso de que se le equipare con una persona. Esta interpretación sería acorde con el artículo 123 de la Constitución Federal, donde se protege al producto de la concepción en función de los derechos laborales de la mujer y, por tanto, se le da el carácter de un bien jurídico tutelado.
El artículo 1o. constitucional establece que los derechos fundamentales deben proteger a todo individuo en la totalidad del territorio nacional, y sólo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede restringir o suspender esos derechos. El goce de los derechos fundamentales sólo es posible a través de la ostentación de la personalidad jurídica, pues son derechos subjetivos. En esta tesitura, si la Constitución exige uniformidad en el goce de los derechos fundamentales y éste depende de que a los sujetos se les reconozca personalidad, entonces el concepto jurídico de "persona" sólo puede ser establecido por el Constituyente Federal. Si se permitiera a órganos distintos definir ese concepto, la protección constitucional no sería uniforme y universal.
Por ejemplo, si se acepta que los Poderes Constituyentes Locales pueden definir qué se entiende por "persona" para efectos jurídicos, resulta que alguna entidad federativa podría considerar que hay tal desde el momento de la mayoría de edad, y no desde el nacimiento. En este caso, los individuos que están entre el momento de su nacimiento y la mayoría de edad gozarían de un régimen diferenciado de derechos en comparación con otros Estados. En el mismo sentido, una entidad federativa tampoco podría, por ejemplo, restringir el concepto de "persona" para excluir a los inmigrantes extranjeros, porque se haría nugatoria la protección constitucional a que tienen derecho al estar en territorio nacional. De la misma forma, no pueden los Estados ampliar el concepto de "persona", porque abre el espectro de sujetos a los cuales la ley atribuye derechos y obligaciones, lo cual se traduciría en una inequidad ante la ley, porque en otras entidades federativas la protección de derechos fundamentales se le daría a un conjunto de sujetos diferentes.
Además, la ampliación del universo de individuos a quienes se otorga el goce de derechos fundamentales implica siempre que los derechos fundamentales de otros individuos se vean limitados. Así pues, el concepto de "persona" debe ser unitario, para que se satisfaga el principio de igualdad consignado en el artículo 1o. constitucional y se proteja por igual a todos de manera uniforme en el territorio nacional.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia, al fallar la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 resolvió que la legislación del Distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo en el primer trimestre sin que ello acarree consecuencias penales, es idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres. Si se permite que los Constituyentes Estatales o los legisladores locales definan qué se entiende por persona, las mujeres no tendrían los mismos derechos en todo el país, porque en el Distrito Federal podrían interrumpir un embarazo o usar anticoncepción de emergencia, mientras que en otras entidades federativas esas conductas se consideran delitos. Esto constituye una disparidad entre la protección constitucional entre las mujeres mexicanas de diversos Estados.
En otro orden de ideas, la Constitución Federal, cuando alude al concepto de "persona", jamás hace referencia al cigoto, blastocisto, embrión o feto. En cambio, la mayoría de los pasajes constitucionales hacen referencia a seres humanos que transitan entre el nacimiento y la muerte. A pesar de que el Texto Constitucional sí habla del producto de la concepción, no se puede entender que le atribuya personalidad o titularidad de derechos; porque sólo se hace en el contexto de derechos laborales conferidos a la mujer embarazada. Por ello, debe estimarse que la protección al producto de la concepción consagrada en el Texto Constitucional es un derecho laboral de las mujeres embarazadas. Inclusive, la propia Suprema Corte de Justicia, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, desechó un proyecto de resolución donde se atribuía personalidad jurídica y titularidad de derechos fundamentales al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión y al feto.
A continuación se afirma que el artículo 133 constitucional establece que la Constitución Política de los Estados Unid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23349-43710404/accion-de-inconstitucionalidad-desestimacion-de-la-invalidez-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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