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Modo: Corpus Pro

CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. AL NO ESTABLECER EL LEGISLADOR LOCAL LO QUE DEBE ENTENDERSE POR "CAUSAS GRAVES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN X, DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, POR LAS CUALES AQUÉL PODRÁ REMOVER A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DISTRITALES Y COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO 76, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, QUE LO FACULTA PARA INSTALAR LOS COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DE JUNIO DEL AÑO DE LA ELECCIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ESTATAL. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE ESTABLECE QUE DURANTE EL PROCESO ELECTORAL AQUÉLLOS DISFRUTARÁN ADICIONALMENTE DE UNA PRERROGATIVA EN ESPECIE COMO APOYO A SUS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, TRANSGREDE LO DISPUESTO EN EL DIVERSO NUMERAL 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL CONDICIONAR LA PARTICIPACIÓN DE AQUÉLLOS EN LAS ELECCIONES LOCALES, CON MAYORES REQUISITOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ÚLTIMO PRECEPTO. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU INTERVENCIÓN EN PROCESOS ESTATALES Y MUNICIPALES ESTÁ SUJETA A LA NORMATIVIDAD LOCAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2002. · Registro digital (IUS): 17285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 566.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2002. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de octubre de dos mil dos.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, quien se ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

II. Órganos legislativos y ejecutivos que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas:

"1) Honorable LVI Legislatura del Estado de San Luis Potosí.

"2) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí."

III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiese publicado.

"Lo constituye el Decreto 351 de la honorable LVI Legislatura del Estado de San Luis Potosí de fecha cinco de julio de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el ocho de julio de 2002, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

"Primero. Se considera que el artículo 10, primer párrafo, de la reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí es inconstitucional en virtud de los siguientes razonamientos: a. El artículo 10 de la reforma, en su primer párrafo, ordena el cambio de elecciones ordinarias para los Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Potosí, lo anterior se dispone de la siguiente forma: 'Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo de julio de cada seis años para gobernador; y el mismo día de cada tres años para diputados del año correspondiente según se trate. Las de los Ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de octubre de cada tres años, del año respectivo según se trate.'. De la reforma anteriormente transcrita podría parecer que no se transgrede ningún precepto de nuestra Carta Magna, en virtud de que las Legislaturas de los Estados tienen facultades para modificar el calendario electoral cuando así lo consideren conveniente. No obstante lo anterior, se afirma categóricamente que dicha reforma efectivamente vulnera lo ordenado por nuestra Ley Fundamental cuando establece en su artículo 116, fracción IV, inciso b), que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral tienen que garantizar que: 'En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.'. Esto, en virtud de que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí dispone que la instalación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado será el 26 de septiembre de la fecha de la elección; lo anterior lo ordena en los siguientes términos: 'Los Ayuntamientos serán electos para un periodo de tres años; se instalarán solemne y públicamente el día 26 de septiembre del año de su elección; sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado por su presidente o en su caso, por quien designe el Congreso del Estado.'. Esto, en forma por demás evidente, constituye una falta de certeza absoluta, en virtud de que anterior a la reforma se establecía como fecha de elección el primer domingo de julio, y como fecha de instalación de los Ayuntamientos el veintiséis de septiembre del año de la elección, lo cual era plenamente congruente; sin embargo, con la publicación de la reforma en comento hay una modificación incongruente y absurda, en virtud de que se establece como fecha de celebración de los comicios ordinarios el tercer domingo de octubre, y como fecha de instalación de los Ayuntamientos de los Municipios el veintiséis de septiembre del año de su elección, lo cual trae una incongruencia y una falta de certidumbre total, ya que al no modificarse la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, resulta que los comicios ordinarios para la elección de Ayuntamientos se deben celebrar veinticuatro días después de la instalación de los Ayuntamientos, lo cuál carece de toda lógica. Esto es así, porque la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí es clara al establecer que la fecha de instalación debe ser el veintiséis de septiembre del año de su elección y la elección se tiene que realizar en los términos de la ley reformada el tercer domingo de octubre. b. En el mismo sentido, resulta evidente que al no ser clara la fecha en que se llevará a cabo la instalación de los Ayuntamientos, en virtud de los lineamientos establecidos por la reforma, en cuanto a la modificación del calendario electoral, el Ayuntamiento se quedaría acéfalo en virtud de lo siguiente: 'Como ya se ha manifestado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí establece como fecha de instalación de Ayuntamientos el veintiséis de septiembre del año de su elección. En ese sentido, los actuales Ayuntamientos que gobiernan los Municipios de dicha entidad entraron en funciones el veintiséis de septiembre de dos mil, razón por la cual en términos de la Constitución Local y de la multicitada Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, les corresponde terminar su encargo el veinticinco de septiembre de dos mil tres para dar lugar a la instalación del nuevo Ayuntamiento electo el veintiséis de septiembre del mismo año.'. De la reforma en comento, se desprende que el veintiséis de septiembre de dos mil tres no va a existir Ayuntamiento Constitucional que se instale en los términos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, en virtud de que las elecciones se llevarán a cabo dentro de los 23 días siguientes. Al no existir Ayuntamiento Constitucional que se instale el veintiséis de septiembre, es claro que los Municipios del Estado se quedarán acéfalos, es decir, a partir de la publicación de la reforma fue claro y previsible el hecho de que no existirá gobierno municipal constitucional a partir del momento en que el actual Ayuntamiento concluya su encargo, por el simple hecho de que materialmente no se podrá integrar uno, por virtud del cambio del calendario electoral y la falta de modificación a la fecha de instalación del Ayuntamiento en la ley correspondiente. En ese sentido, en el orden de los hechos habrá la posibilidad de, conforme a derecho: 1. Prolongar el periodo constitucional de los Ayuntamientos que actualmente se encuentran en funciones y señalar nueva fecha de instalación del Ayuntamiento que resulte electo de los comicios del tercer domingo de octubre; o bien, 2. Decretar la desaparición de Ayuntamientos y la instalación de Concejos Municipales que gobernarán los Municipios del Estado durante el periodo que señale la misma legislatura. Es claro que al momento, no ha existido disposición legal alguna expedida por el Congreso del Estado por virtud de la cual se reforme la fecha de instalación del Ayuntamiento, ni tampoco la posibilidad de que los Ayuntamientos que están actualmente en ejercicio de sus funciones prolonguen su ejercicio, razón por la cual existe una falta de certeza absoluta sobre el momento en el cual se instalará el Ayuntamiento electo el tercer domingo de octubre y quién va a gobernar el Municipio después del veinticinco de septiembre de dos mil tres. Es importante, asimismo, observar la inminente y fundada posibilidad de la instalación de concejos en todos los Municipios del Estado, lo anterior en virtud de que no existirá Ayuntamiento alguno después de la fecha en que el actual Ayuntamiento deje de ejercer su encargo, además de que en el proyecto inicial de fecha treinta de abril del presente año, se contemplaba en el artículo tercero transitorio la integración de dichos Concejos Municipales, documento que agrego al presente escrito como anexo dos y que a la letra establecía: 'Por única ocasión el Congreso del Estado para lo concerniente a los Ayuntamientos procederá conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de designar de entre los vecinos a los Concejos Municipales que funcionarán del día 25 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre del mismo año.'. Esta posibilidad es a todas luces inconstitucional, en virtud de las siguientes consideraciones: '1. Es claro que el artículo 115 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, adopta la institución del Municipio Libre como piedra angular de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados de la Federación, es decir, el Municipio Libre es regla general en la conformación territorial, política y administrativa de la forma de gobierno federal adoptada por nuestro país y consagrada en nuestra Carta Magna en los términos de su artículo 40. 2. Asimismo, dicha regla general tiene, a su vez, su hipótesis de excepción, que es precisamente el Concejo Municipal, en los términos del mismo artículo 115 constitucional en su fracción I, último párrafo. Dicho Concejo Municipal, cabe mencionar, se tiene que instalar forzosamente cuando se presenten los siguientes supuestos: I. Las Legislaturas Locales tienen que declarar su desaparición. II. La desaparición tiene que ser declarada por renuncia o falta absoluta de sus miembros. III. Lo anterior tiene que ser siempre y cuando no proceda que entren en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones. IV. Dichos Concejos Municipales forzosamente concluirán los periodos respectivos, nunca los iniciarán.'. 3. De lo anterior se desprende, que para la instalación de los Concejos Municipales no tienen que celebrarse nuevas elecciones, lo cual no se actualiza en este caso, ya que es claro que las elecciones se celebrarán el tercer domingo de octubre, es decir, aproximadamente un mes después. Asimismo, la posible e inminente instalación de los Concejos Municipales será no para la conclusión de un periodo sino, por el contrario, se iniciaría con ellos un nuevo periodo de tres años, y la planilla que resulte ganadora de las elecciones de dos mil tres tendría que tomar posesión hasta que terminaran su periodo los Concejos Municipales. 4. Por último, respecto del presente concepto de invalidez, cabe destacar que, como lo mencioné con anterioridad, la naturaleza jurídica del Concejo Municipal es la excepción a la regla general que es, en este caso, el Municipio Libre, es decir, para que se pueda actualizar y justificar su instalación es menester que la ausencia de los Ayuntamientos de los Municipios potosinos sea imprevisible, accidental y contingente, y no como es el caso en concreto, provocado por la falta de técnica legislativa. Lo anterior es así, en virtud de que suponer lo contrario nos obligaría a concluir que los Concejos Municipales están, ya sea por encima o cuando menos a la par de los Ayuntamientos, cuestión inadmisible, ya que de ser procedente ello traería como consecuencia la vulneración al principio consagrado en el párrafo primero de la fracción I del artículo 115, que ordena que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y al presentarse dicho supuesto, en cualquier momento se podría sustituir arbitrariamente la voluntad popular por una decisión de un cuerpo colegiado, como lo es el Congreso de Estado, el cual, dependiendo de su conformación, en ocasiones podrá o no representar la voluntad de uno o todos los Municipios. Lo anterior se considera conveniente manifestar en virtud de que la realidad jurídica de la reforma nos autoriza a concluir tal situación, además de que ante la inconstitucionalidad de la instalación del Concejo Municipal, no encontramos dentro de nuestro derecho positivo medio de defensa alguno, razón por la cual, al ser previsible tal situación acudimos a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en virtud de la falta de certeza absoluta que dicho cambio en la fecha de elección trae, se declare en consecuencia la inconstitucionalidad de dicha reforma electoral. Segundo. En el mismo sentido que el anterior, me permito poner a su digna consideración la inconstitucionalidad tanto del párrafo primero del artículo 76, como de la fracción I, in fine, del artículo 87 de la reforma a la ley electoral, misma que establece que: 'Artículo 87. Las casillas que se habrán de emplear en cada proceso electoral estatal, se integrarán mediante el procedimiento de insaculación, con la finalidad de obtener funcionarios de casilla con la aptitud necesaria para el desarrollo de la función de recibir, escrutar y computar los sufragios. Para tal propósito, se observarán los siguientes lineamientos generales: I. La selección primaria se hará mediante el procedimiento de insaculación aleatoria, de la cual deberá obtenerse, para cada sección, un número de ciudadanos que represente el doble de los que esta ley señala para la integración de las casillas correspondientes. El procedimiento de insaculación deberá efectuarse con al menos ciento veinte días de anticipación a la fecha de la jornada electoral.'. La reforma a dicho dispositivo legal es inconstitucional en la parte en la que se realizó el énfasis anterior, en virtud de la falta de certeza existente en relación con lo dispuesto por el artículo 76 de dicha reforma, que ordena que: 'El Consejo Estatal Electoral instalará los Comités Municipales Electorales a más tardar el último día de junio del año de la elección.'. Esto es a todas luces contrario a lo que dispone nuestra Ley Fundamental en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116, mismo que dispone el principio de certeza a que se deben sujetar las autoridades electorales y que en obvio de inútiles repeticiones solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase. Así las cosas, de lo anterior se desprende que si la fecha de la jornada electoral es el diecinueve de octubre de dos mil tres, a partir del dieciocho de octubre se deberá computar hacia atrás, hasta llegar a ciento veinte días, que es el límite que señala la reforma en comento para concluir el procedimiento de insaculación. Sin embargo, es preciso señalar que la fecha que resulta de dicho cómputo es el veintiuno de junio de dos mil tres, fecha en la cual es imposible asegurar que se haya concluido la insaculación, en virtud de que en los términos del artículo 76 reformado, el Consejo Estatal Electoral tiene como fecha límite el treinta de junio de dos mil tres para la instalación de los comités municipales, y que dentro del cómputo antes dicho es el día ciento once. En conclusión, resulta claro que la incongruencia entre ambos artículos de la reforma trae como consecuencia lógica la inconstitucionalidad de ambos, en tanto vulneran el multicitado principio de certeza a que se deben sujetar las autoridades electorales. Tercero. Se considera igualmente inconstitucional el artículo 107 de la reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí, en su primer párrafo in fine y en su fracción IV. Lo anterior se afirma categóricamente en virtud de que: 'a. En su primer párrafo, la reforma preceptúa que: «El proceso de las elecciones de Ayuntamientos comienza a partir de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección, y culmina en diciembre del año de los comicios. Sus fases serán ...»'. Esto evidentemente genera, al igual que los anteriores, una falta de certeza absoluta transgrediendo lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de nuestra Constitución Federal, en virtud de que no podemos saber si en realidad el proceso va a culminar en diciembre del año de los comicios, es decir, en diciembre de dos mil tres, ya que no tenemos certidumbre sobre la fecha de instalación de los Ayuntamientos electos el diecinueve de octubre del próximo año. Resulta claro pues, que hasta que no exista fecha cierta de instalación de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, no podremos señalar con certeza la fecha en que culmine el proceso de las elecciones de Ayuntamientos. 'b. Asimismo, la fracción IV del citado artículo es inconstitucional, en virtud de la manifiesta incongruencia que existe entre dicha fracción reformada y el resto de las fracciones del mismo artículo. Lo anterior es claro que contraviene el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra Carta Magna, que consagra el principio de certeza a que se deben sujetar las autoridades electorales en el siguiente tenor: El proceso de las elecciones de Ayuntamientos comienza a partir de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección y culmina en diciembre del año de los comicios. Sus fases serán: ... IV. Recibir la votación el tercer domingo de octubre; (reformado). V. Efectuar los cómputos en el mismo mes de julio, asignando las regidurías de representación proporcional a que hubiere lugar, mediante la aplicación de la fórmula electoral que señala el artículo 178 de esta ley y registrando las constancias de mayoría; y VI. Realizar la declaración de validez o nulidad de las elecciones durante el mes de agosto del año de la elección. Tratándose de la elección de Ayuntamientos que se hayan ido a la segunda votación, dicha declaración de validez o nulidad se efectuará durante el mes de septiembre, antes del inicio del periodo constitucional para el que fue electo el Ayuntamiento de que se trate.'. Como podemos advertir de la reforma en comento, la fracción cuarta reformada señala que la votación de las elecciones de Ayuntamientos tendrá que ser recibida el tercer domingo de octubre, mientras la fracción quinta establece que los cómputos de dicha elección deben ser en el mes de julio, lo cual resulta una clara incongruencia, ya que deviene imposible siquiera suponer que el cómputo puede ser en julio y las elecciones el tercer domingo de octubre. En el mismo sentido, la fracción sexta señala que la declaración de validez o nulidad de las elecciones se debe efectuar en el mes de agosto del año de la elección, lo cual indudablemente genera una falta de certeza jurídica, ya que resulta claramente imposible que la celebración de los comicios sea el diecinueve de octubre de dos mil tres y la declaración de validez o nulidad de la elección haya sido en agosto del mismo año. A mayor abundamiento, y continuando con la manifiesta y clara incongruencia de la reforma al calendario electoral, resulta pertinente señalar que el artículo 10 reformado se contrapone a lo establecido por el primer párrafo del artículo 178 de la misma ley electoral y que no fue reformado. Dicho artículo ordena lo siguiente: 'A más tardar el segundo domingo de julio, el Consejo Estatal Electoral deberá contar con la documentación electoral a que se refiere el artículo anterior y ese día sesionará para revisar la documentación relativa al cómputo de los Municipios, a fin de asignar las regidurías de representación proporcional que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para cada Ayuntamiento.'. De lo anterior se advierte, que el artículo 178 dispone que a más tardar el segundo domingo de julio tiene que tener la documentación relativa al cómputo de la elección de los Ayuntamientos, siendo totalmente incongruente, ya que no es posible que el Consejo Estatal Electoral cuente con esa documentación el segundo domingo de julio, cuando las elecciones para Ayuntamientos se tienen que celebrar el tercer domingo de octubre. Es clara pues la transgresión al principio de certeza a que se sujetan las autoridades electorales en sus actos, ya que no existe certeza alguna respecto del proceder de dichas autoridades, en virtud de la reforma al calendario electoral. Lo anterior se relaciona directamente con la reforma al artículo 10 que señala, en lo específico, el cambio en la fecha de la elección de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, ya que es claro que dicha reforma es totalmente incongruente con el resto del articulado de la ley, en el sentido de que existen preceptos, como ya se señalaron, que no fueron reformados y que continúan con las fechas previstas antes de la reforma. Es evidente que la reforma electoral, por virtud de la cual se modifica la fecha de las elecciones de Ayuntamientos, no es por sí misma inconstitucional, ya que es precisamente facultad del Congreso del Estado realizar dicha modificación al calendario electoral; sin embargo, sí resulta inconstitucional que dicha reforma no sea integral, en virtud de que al modificar simplemente la fecha de la elección sin reformar las demás fechas del proceso, trae como resultado que la misma sea incongruente con el resto del articulado de la ley y ello, como consecuencia lógica, una incertidumbre manifiesta respecto del proceso electoral, en este caso de los Ayuntamientos. Es clara pues la inconstitucionalidad de la reforma al calendario electoral que establece que las elecciones municipales se celebrarán el tercer domingo de octubre, en tanto vulnera el principio de certeza, elevado a rango de las autoridades electorales en los términos del artículo 116, fracción IV, inciso b) de nuestra Carta Magna. Cuarto. Asimismo, resulta inconstitucional la reforma realizada a la fracción III del artículo 57 de la multicitada ley electoral potosina. Dicha reforma establece la integración del Consejo Estatal Electoral, en el cual debe haber: 'III. Un secretario de actas con derecho a voz, quien deberá ser licenciado en derecho, de reconocida experiencia y solvencia moral, designado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, el cual tendrá a su vez, un suplente nombrado de la misma forma.'. Ahora bien, la fracción II del mismo artículo que no fue reformada, y que, por tanto, subsiste junto con las fracciones reformadas, establece lo siguiente en tratándose de la integración del Consejo Estatal Electoral: 'II. Un secretario de actas, que deberá ser licenciado en derecho, de reconocida experiencia y solvencia moral, designado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, quien tendrá, a su vez, un suplente elegido de la misma forma, con derecho a voz.'. Al respecto, es claro que tanto la fracción tercera reformada como la segunda que no lo fue, contemplan exactamente los mismos elementos, que son: a) El Consejo Estatal Electoral contará con un secretario de actas. b) Tendrá derecho a voz. c) Deberá ser licenciado en derecho. d) Deberá contar con reconocida experiencia y solvencia moral. e) Deberá ser designado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral. f) Tendrá un suplente elegido de la misma forma. En ese sentido, al contar la fracción tercera reformada y la segunda previa a la reforma, y que subsistió a la misma con los mismos elementos, vulnera el principio de certeza consagrado en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra Ley Fundamental. Lo anterior es así, en virtud de que no se puede determinar con claridad si en la ley reformada se establece la existencia de un secretario de actas o la coexistencia de dos, ya que del artículo reformado en comento se desprendería la coexistencia de dos secretarios de actas; sin embargo, del cuerpo de la ley se desprende la existencia de únicamente un secretario de actas. Lo anterior resulta sumamente importante, ya que la debida integración del Consejo Estatal Electoral es fundamental para el adecuado funcionamiento de la autoridad encargada de la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios, siendo evidente que para que exista una debida integración del mismo, es absolutamente necesaria la existencia de certeza en cuanto a su integración se refiere. Es así como al no existir una integración clara y cierta resulta inconstitucional, vulnerando el principio de certeza elevado a rango constitucional. Quinto. Resulta igualmente inconstitucional lo dispuesto en la reforma a la fracción IV del artículo 34 de la Ley Electoral de San Luis Potosí, mismo que ordena cuáles son prerrogativas de los partidos políticos: 'Durante el proceso electoral, los partidos políticos con registro estatal disfrutarán adicionalmente de una cantidad mensual de hasta doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, como apoyo a sus programas de difusión. Esta prerrogativa se otorgará en especie y conforme a los términos que para ello establezca anualmente el Consejo Estatal Electoral.'. Lo anterior resulta a todas luces inconstitucional, en virtud de que vulnera lo ordenado por el artículo 116, fracción IV, inciso f), que establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral tienen que garantizar que: 'De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.'. Así las cosas, al establecer una cantidad adicional mensual a los partidos políticos con registro estatal por el simple hecho de serlo, se configura una clara inequidad respecto de los partidos políticos nacionales inscritos ante el Consejo Estatal Electoral. Lo anterior es claro, en virtud de que el financiamiento público de los partidos políticos se encuentra regulado en los términos del capítulo V del título IV de la Ley Electoral Estatal y, en lo específico, en el artículo 35, señalando dicho dispositivo legal en su fracción primera, lo relativo a las bases de la distribución del gasto ordinario; en la segunda, las bases de distribución del financiamiento para gasto de campañas, y en la fracción cuarta el procedimiento para la asignación de dicho financiamiento, desprendiéndose de esta última que en su inciso a) se establece lo relativo al principio de justicia, en tanto se hace el reparto en forma igualitaria, y que en su inciso b) se establece y se observa lo ordenado en el inciso f), fracción IV, del artículo 116 de nuestra Ley Fundamental, en lo relativo al principio de equidad, ya que se establece el reparto de distribución del financiamiento tomando en cuenta los resultados porcentuales obtenidos en las elecciones próximas pasadas. Lo anterior lo ordena la citada fracción IV del artículo 35 reformado, de la siguiente forma: 'IV. La distribución de las prerrogativas del financiamiento público a los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo Estatal Electoral se hará conforme al siguiente procedimiento: a) El treinta y cinco por ciento en forma igualitaria; b) El sesenta y cinco por ciento restante, en función de los resultados porcentuales promedio que hayan obtenido los partidos políticos de la votación válida emitida en las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos inmediatas anteriores.'. Es así como claramente la reforma a la fracción IV del artículo 35 de la ley electoral observa el principio de equidad que se ordena a las Constituciones y leyes estatales observar en los términos de nuestra Constitución Federal. En tal virtud, al ya observarse el principio de equidad y establecerse cantidades adicionales se traspasa el mismo y resulta en forma contraria inequitativo, respecto de los partidos políticos nacionales, vulnerando claramente lo ordenado por nuestra Carta Magna. Sexto. En el mismo sentido que la anterior, el inciso a) de la fracción VII del artículo 35, resulta inconstitucional. Dicha reforma que se tilda en el presente ocurso de contrario a nuestra Ley Suprema, ordena que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o inscripción con fecha posterior a la última elección y que, por tanto, no cuenten con antecedentes electorales en el Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público en los siguientes términos: 'a) Los partidos políticos con registro estatal, tendrán derecho a participar de la porción igualitaria señalada en el inciso a) de la fracción IV de este mismo artículo y, además, para gastos de campaña, por cada quinientos afiliados adicionales al mínimo requerido que hubieren presentado en el procedimiento de obtención de su registro, tendrán derecho a recibir un cinco por ciento adicional, respecto del financiamiento obtenido en la parte igualitaria.'. Lo anterior resulta igualmente contrario a nuestra Constitución Política Federal, en virtud de que no resulta ni justo ni equitativo que partidos políticos que no cuentan con antecedentes electorales en el Estado y que, por tanto, no tienen ningún trabajo realizado tendiente a obtener el voto ciudadano en comicios pasados, reciban una cantidad adicional que bien puede asimilarse a la parte equitativa otorgada a partidos políticos con antecedentes electorales, en los términos del inciso b) de la fracción IV del mismo artículo. Es claramente contrario al inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra Constitución Federal que existan partidos políticos ya sea estatales o nacionales, que aunque no cuenten con antecedentes en procesos electorales se les otorguen cantidades de financiamiento adicionales sin fundamento alguno, ya que es evidente que la razón de la equidad en el financiamiento es en parte consecuencia de su sola existencia, y en parte producto de su trabajo como partido político, en los términos del párrafo segundo de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Federal; la parte relativa a su sola existencia se encuentra ya observada en el inciso a) fracción IV del artículo 35 y, por tanto, otorgar financiamiento adicional sin la existencia de participación en comicios electorales resulta violatorio del principio de equidad. Es decir, en virtud de un trabajo realizado, la ciudadanía vota por un partido político, mismo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17285-c447059a/consejo-electoral-del-estado-de-san-luis-potosi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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