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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 222 -SALVO LA FRACCIÓN II- Y DEL 240 AL 245 -SALVO EL PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, INCISOS B) Y D), DEL ARTÍCULO 242 Y EL PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN III, INCISO B), NUMERALES 2 Y 4, DEL ARTÍCULO 243- DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE FORMULADO PLANTEAMIENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN SU CONTRA. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 152, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, INCISO C), 165 Y 166 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, POR LO QUE SE REFIERE A LA INCOMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 172 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "COALICIONES"- Y 178, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, POR LO QUE SE REFIERE A LA INCOMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 242, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, INCISO D) Y 243, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, INCISO B), NUMERAL 4, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron a favor de la validez. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 179 -SALVO LA PORCIÓN NORMATIVA DE SU SEGUNDO PÁRRAFO QUE ESTABLECE "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U OTRAS PRERROGATIVAS"- DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, POR LO QUE SE REFIERE A LA INCOMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 237, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 613, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "Y, DE ÉSTOS SOLAMENTE SE PODRÁ REGISTRAR UN SOLO ASPIRANTE A CANDIDATO QUE DE MANERA INDIVIDUAL HAYA OBTENIDO EL MAYOR NÚMERO DE M

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2014 Y SUS ACUMULADAS 64/2014 Y 80/2014. · Registro digital (IUS): 25534
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-13
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I , Pág. 413.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2014 Y SUS ACUMULADAS 64/2014 Y 80/2014. PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y ACCIÓN NACIONAL. 1 DE OCTUBRE DE 2014. LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS HIZO SUYO EL ASUNTO EN SUSTITUCIÓN DEL MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de octubre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos recibidos el veinticuatro, veintinueve y treinta de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Guerrero Rubio y Jorge Legorreta Ordorica, en su carácter de secretario técnico y secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez y María Elena Orantes López, en su carácter de coordinadores, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano; y Gustavo Enrique Madero Muñoz en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de

la norma impugnada

A) Congreso del Estado de San Luis Potosí

B) Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

Norma general cuya invalidez se reclama

Decreto 613, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el treinta de junio de dos mil catorce.

SEGUNDO. El Partido Movimiento Ciudadano señaló como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes:

"1. El día domingo veintinueve de junio de dos mil catorce, la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, dictaminó y aprobó el Decreto por el que se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en consecuencia, se remitió al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

"2. El día lunes treinta de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Decreto Número 613, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí."

Adicionalmente, el Partido Acción Nacional expuso:

"Primero. El pasado diez de febrero de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral;

"Segundo. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

"Tercero. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos:

"Cuarto. A los veintinueve días del mes de junio del año en curso, en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, se aprobó el decreto mediante el cual se emite la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí."

TERCERO. Los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Acción de inconstitucionalidad 40/2014 (partido verde)

En su primer concepto de invalidez, aduce que el artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, viola el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal, al restringir los derechos de votar y ser votado.

Esgrime que el legislador federal expidió la Ley General de Partidos Políticos, estableciendo en su artículo 1o., que su objeto es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra la relativa a las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones.

En dicho ordenamiento se dispuso como derechos de los partidos políticos, entre otros, formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley General de los Partidos Políticos y las leyes federales o locales aplicables.

Bajo ese esquema, el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos establece la posibilidad de que los partidos políticos nacionales pueden formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. Asimismo, los partidos políticos locales podrán formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados a las Legislaturas Locales de mayoría relativa y Ayuntamientos, así como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

El mismo artículo determina que los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar un convenio de coalición en el que no podrán acordar, distribuir o transferirse votos.

Por último, el numeral 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe que los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, sean considerados válidos para el candidato postulado y tomados en cuenta para la asignación de la representación proporcional u otras prerrogativas.

Por su parte, la Legislatura Local emitió la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de regular la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como la de regular la organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos, disponiendo que, para fines electorales, dichos entes pueden formar coaliciones, alianzas y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Electoral estatal.

Así, el promovente esgrime que el párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral local prohíbe que los votos en los que se hubieran marcado más de una opción de los partidos coaligados, sean tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Estima que dicha prohibición es contraria a lo previsto por la fracción I del artículo 35 de la Constitución, al restarle eficacia al voto emitido por los ciudadanos, en razón de que todo voto debe tener el mismo peso y ser contabilizado de la misma manera.

Considera que el diseño específico de nuestro sistema electoral hace que un solo voto del ciudadano sea utilizado y contabilizado para efectos de que el elector pueda escoger a sus representantes por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional en una misma boleta electoral.

Luego, los votos que son otorgados a los candidatos electos por el principio de mayoría relativa se traducen, en automático, en votos que deben ser contabilizados por partido político para determinar el porcentaje de votos que tendrán para que sus candidatos de listas integren el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Estima que el hecho de que un ciudadano vote por dos o más partidos coaligados, no es una muestra de una confusión al momento de emitir su voto, sino prueba de una voluntad expresa de votar por los partidos que legalmente comparten una plataforma política común.

Además, en los casos en los que el elector marca más de una opción entre los partidos que postulan a candidatos en coalición, es posible inferir la real voluntad del votante respecto al partido de su elección, en tanto que necesariamente es uno de aquellos que contiende en la coalición; contrario a lo que sucede cuando el elector marca más de una opción entre los partidos que no contienden coaligados, en donde es materialmente imposible conocer la real voluntad del elector y se debe anular dicho voto por tal circunstancia.

En ese sentido, aplicar la norma que se impugna implicaría dejar de contabilizar la expresión de miles de ciudadanos por una opción política para efectos de la integración del Congreso del Estado por el principio de representación proporcional.

De ese modo, también se transgrede el derecho a ser votado de los candidatos por representación proporcional, eliminando la elección de los diputados locales bajo dicho principio.

Aduce que los candidatos, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, tienen derecho a que cada voto destinado para ellos, cuente indistintamente si, en el caso de partidos coaligados, en la boleta electoral se marcó una o más opciones.

Por otra parte, en su segundo concepto de invalidez, alega que el artículo 179 de la Ley Electoral del Estado, en los términos que señala su párrafo segundo para la integración de la Legislatura Local según el principio de representación proporcional, violenta el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal.

Lo anterior, pues, no obstante que el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, constitucional, faculta a los Estados para legislar y establecer los términos en que se habrán de asignar a los diputados por el principio de representación proporcional, la prohibición establecida en la norma impugnada, es contraria a lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución, al pretender que los votos obtenidos por los partidos coaligados no se contabilicen para los efectos de la conformación de la Legislatura Local, con lo que se impide que la asignación de representantes populares se realice conforme a los resultados de la votación y se logre la proporcionalidad entre votos y escaños.

Considera que se pierde de vista que una de las características primordiales del principio de representación proporcional, es que cada partido alcance en el seno de la Legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total. De esa forma, la asignación de diputados es independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación.

En ese sentido, indica que, este Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009, se pronunció en el sentido de que la posibilidad de votar por alguno de los partidos coaligados, marcando en la boleta el cuadro que contenía el emblema del partido político de su preferencia, pretende otorgar certeza respecto de la fuerza político-electoral de cada uno de los partidos que conformen dicha coalición, incluyendo la posibilidad de que se vote por todos los partidos coaligados.

En esa medida, la fracción III del artículo 178 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí prevé que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, ya que se entiende que la coalición en nada altera el hecho de que cada partido recibirá una votación específica para efectos de acceder a curules por el principio de representación proporcional.

Los votos que se emiten respecto de un candidato de mayoría relativa en coalición, también se contabilizan como parte de la votación emitida para efectos de la asignación de curules, de conformidad con el principio de representación proporcional.

Por tanto, la prohibición impugnada modifica indebidamente la proporcionalidad en la repartición de los espacios a favor de aquellos partidos políticos que no se coaligaron y, por ende, generará que la votación efectivamente emitida, tenga efectos diversos a la voluntad de los sufragantes. Asimismo, el desconocer la votación efectivamente emitida a favor de los partidos coaligados, genera una afectación injustificada a la representatividad efectiva de las minorías políticas en el órgano legislativo local.

Finalmente, en su tercer concepto de invalidez, aduce que se violenta la esfera competencial de la Federación, transgrediendo los artículos 124 y segundo transitorio de la reforma político electoral de la Constitución Federal.

Si bien, hasta antes de las reformas político electorales y de conformidad con el párrafo tercero de la fracción I del artículo 116 de la Constitución, era facultad de las entidades federativas determinar en la ley local la forma en que habrán de integrarse la Legislaturas, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, dentro de los parámetros que el propio párrafo establece.

Ahora, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del inciso f) de la fracción I del transitorio segundo del decreto de reforma constitucional en materia política, es la Ley General de Partidos Políticos, la que debe establecer las modalidades para el escrutinio y cómputo de los votos.

Partiendo de lo dispuesto por las normas constitucionales referidas, corresponde al Congreso de la Unión determinar en la ley general las modalidades para computar los votos en caso de coaliciones y no es competencia de las Legislaturas Locales determinar la validez o no de los votos emitidos a favor de los partidos coaligados.

El ámbito material de la facultad del Congreso de la Unión de establecer las modalidades del cómputo se debe entender como la suma de votos consignados en las actas de escrutinio y, por ende, escapa de la esfera de acción del Congreso Local, prever la forma en que van a contabilizarse los votos a favor de los partidos coaligados como pretende hacerlo en el segundo párrafo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Por lo que hace a la Ley General de Partidos Políticos, la facultad de establecer la modalidad en que se habrán de computar los votos de los partidos coaligados, implica necesariamente determinar la forma en que se habrán de distribuir los votos entre los partidos coaligados, de forma tal que se pueda contabilizar la votación total que corresponderá a cada partido coaligado y, por ende, la Legislatura Local se excede en sus facultades determinando la regla en que se van a contabilizar los votos en que se marque más de una opción de entre los partidos coaligados.

Por lo anterior, concluye que el Congreso del Estado no cuenta con competencia constitucional para regular el funcionamiento del principio de representación proporcional para la integración de las Legislaturas Locales, y en el caso de que así fuera, es incuestionable que el funcionamiento del principio de representación proporcional no puede desnaturalizar o controvertir los derechos humanos salvaguardados por la Constitución Federal que garantiza la efectividad y pluralismo del sistema electoral.

Acción de inconstitucionalidad 64/2014 (Movimiento Ciudadano)

En su primer concepto de invalidez, alega que, conforme al artículo 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo, de la Constitucional Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales y que en ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores; que la ley sustantiva determinará las reglas para las precampañas y campañas electorales, su duración y posibilidad de que la autoridad electoral imponga una sanción en caso de que se incumplan las reglas y requisitos establecidos en la ley.

Al respecto, el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece la definición de lo que se entenderá como actos anticipados de precampaña, a saber: "... las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.".

Porción normativa que estima transgrede lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que el legislador local limita el concepto de "actos anticipados de precampaña" a una determinada temporalidad; ya que considera que éstos, sólo se pueden actualizar o llevar a cabo desde el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de las precampañas, resultando tal previsión temporal inconstitucional, dado que se vulneran los principios de equidad en la contienda, certeza y seguridad jurídica.

Asevera lo anterior, en función de que la comisión de las conductas que se califican como actos anticipados de precampaña, consistentes en las expresiones que se hagan bajo cualquier modalidad, contengan llamados al voto en contra o a favor de una precandidatura no sólo se pueden presentar en la aludida temporalidad, sino también fuera del plazo establecido por el legislador, acorde con su contenido material.

De ahí que cualquier acto anticipado de precampaña, tiene como elemento sine qua non, el ser llevado a cabo con antelación a la precampaña, por lo que no se debe considerar que únicamente puede ocurrir a partir del inicio del procedimiento electoral, sino en cualquier tiempo, antes de la precampaña.

Considerar lo contrario, atenta en contra del principio de equidad en la contienda electoral, pues se pondría en una situación de desventaja a los posibles contendientes, aunado a que si no se regula el acto anticipado de precampaña en cualquier temporalidad previo al inicio del periodo de ésta, se estaría ante la autorización tácita de llevar a cabo conductas ilegales.

Motivo por el cual, demanda la invalidez de la porción normativa prevista en el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

En su segundo concepto de invalidez, señala que, acorde con el artículo 54, fracción II, de la Constitución Federal, todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos los diputados según el principio de representación proporcional.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere que debe entenderse por "votación válida emitida" "... la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.", y que se entenderá por "votación nacional emitida", "... la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos nulos."

Bajo ese orden de ideas, en el artículo 6o., fracción XLIV, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se establecen las definiciones de lo que se entenderá como votación, siendo que, por lo que hace al término de "votación efectiva", para efecto de la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, dispuso que ésta será: "... la resultante de restar... la votación válida emitida, los de los partidos políticos que no hayan postulado candidatos a diputados electos por el principio de mayoría relativa en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor de fórmulas no registradas, los votos emitidos a favor de los candidatos independientes y los que hayan obtenido los candidatos de la coalición que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que los postularon.", porción normativa que estima inconstitucional, al atentar en contra del derecho al voto activo que la Constitución Federal reconoce a los ciudadanos en sus artículos 35, 39 y 41; además de violentar el derecho de asociación previsto en el artículo 9o. de la Ley Fundamental.

Estima que, para efectos de los cómputos distritales y municipales para cargos por el principio de representación proporcional, dicha disposición impacta de manera directa en la asignación de curules y regidurías bajo dicho principio y, por ende, en el porcentaje de votación de cada instituto político para la distribución de las prerrogativas a que tienen derecho.

Con ello se contraviene el principio de certeza en materia electoral y se desnaturaliza la participación efectiva de los partidos políticos y, en consecuencia, su intervención a través de las figuras de coalición y alianza transitoria, por distorsionar los efectos jurídicos que debe producir la emisión del voto por parte del elector, cuando en la boleta electoral aparecen por separado los partidos políticos que postulan a un candidato afín.

Aunado a lo anterior, la porción normativa que se establece en el artículo 6o., fracción XLIV, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se contrapone con lo dispuesto en la propia ley respecto del cómputo de los votos emitidos a favor de los partidos políticos que contiendan bajo las figuras de coalición y alianza transitoria para efectos de la asignación de cargos según se trate por tipo de elección, pues da lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, que desvirtúa la voluntad de los electores y desnaturaliza, en consecuencia, el objeto y fin de la manifestación del sufragio, lo que contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal, pues no debe perderse de vista que tanto las coaliciones, como las alianzas transitorias, son aquellas opciones de participación en las que dos o más partidos políticos pueden postular al mismo candidato sin perder su identidad en la boleta electoral como partido político en lo individual.

En el tercer concepto de invalidez redactado por Movimiento Ciudadano, señala que el artículo 63, párrafo primero, de la Constitución Federal establece: "Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la Legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente."

Asimismo, el artículo 77, fracción IV, de la Constitución General de la República dispone como facultad de las Cámaras: "Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente."

Por otro lado, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con las elecciones extraordinarias, establece lo siguiente:

"Artículo 15. Cuando conforme a la ley se declare nula una elección de diputado, según el principio de mayoría relativa, o los candidatos triunfadores resulten inelegibles conforme resolución definitiva que emita el Tribunal Electoral del Estado, o Federal, se celebrarán elecciones extraordinarias dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral respectivo, previa convocatoria que para el caso de diputados expida el consejo.

"Asimismo, se efectuará la elección extraordinaria respectiva en los términos previstos en el párrafo anterior, si un Tribunal Electoral, ya sea estatal o federal, anula la elección de un Ayuntamiento o declara la inelegibilidad de los candidatos de la planilla triunfadora. En tal caso, se estará a lo previsto en la Constitución del Estado, y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, para los efectos de cubrir el inicio del periodo constitucional para el que debe ser electo el Ayuntamiento de que se trate."

"Artículo 18. Declarada la vacante de una diputación de mayoría relativa en los términos de la Constitución del Estado, o por causa superveniente, se verificará elección extraordinaria dentro de un plazo que no excederá de los sesenta días siguientes, y de acuerdo a las bases que contenga la convocatoria, así como de las disposiciones de la presente ley.

"La convocatoria la expedirá el propio consejo dentro de los diez días siguientes a la declaratoria de la vacante. ..."

Considera que dichas porciones normativas devienen inconstitucionales, toda vez que con la emisión de la convocatoria respectiva para la realización de elecciones extraordinarias emitida por el Consejo Estatal Electoral, se contravienen los principios de legalidad y certeza previstos en el artículo 16, párrafo primero, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

En función de que si bien, la Constitución Federal, otorga a las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), dicha facultad le corresponde al Consejo Estatal Electoral de la entidad, misma que sólo es atribuible para organizar las elecciones según se trate, como puede suceder con las elecciones extraordinarias, mas no para convocarlas de manera directa, ya que dicha conducta puede provocar la nulidad de una elección, posiblemente imputable a la propia autoridad organizadora y, en ese caso, la misma autoridad sería Juez y parte en el proceso de elección extraordinario por motivo de nulidad de los comicios.

Por lo anterior, demanda la invalidez de las porciones normativas previstas en los artículos 15 y 18 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

En su cuarto concepto de invalidez, señala que en los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se instituyó la figura de prorrateo, incurriendo en una aberración jurídica, al permitir que los partidos políticos puedan decidir la forma de cumplir las obligaciones que se les imponen en materia de fiscalización de los recursos que eroguen en campañas.

Lo anterior, toda vez que, si bien se establece que los recursos con los que cuenten serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas, lo cierto es que, al no quedar comprendido en el convenio de coalición y de alianza transitoria el porcentaje del monto que cada partido político aportará a la coalición y, por ende, la responsabilidad individualizada del uso de los recursos y reporte de los mismos, de manera directa ante la autoridad, se les da la oportunidad de elegir sus formas de prorrateo como mejor convenga al partido, coalición o alianza transitoria, trastocando los principios de equidad y certeza que deben regir el derecho electoral, violentando el artículo 17 de la Constitución Federal.

En ese sentido, estima que la regulación que se dé en materia de fiscalización respecto a los recursos públicos que utilicen las coaliciones o alianzas transitorias, debe ser clara y congruente con el ámbito que las rige e ir acorde a los protocolos de auditoría pública manejados por el Órgano Superior de la Federación.

Aduce que la norma impugnada provoca que los entes que deban ser sancionados no lo sean, y los que no tienen responsabilidad o hayan actuado debidamente, sean sujetos a una multa injusta y excesiva.

En relación con el quinto concepto de invalidez, señala que la porción normativa prevista en el artículo 172 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que establece: "Los partidos de nuevo registro no pueden convenir frentes, alianzas partidarias, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro según corresponda.", es inconstitucional, pues limita el derecho al voto pasivo, así como el derecho de libre asociación reconocidos constitucionalmente.

Asimismo, demanda la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 178, último párrafo, de la ley impugnada, al disponer que los partidos políticos de r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25534-801119d6/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-respecto-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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