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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE NO SER PARTE EN EL JUICIO, SI EN UN PRIMER MOMENTO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL FUE LLAMADA COMO PARTE DEMANDADA Y, POSTERIORMENTE, SE MODIFICA SU CARÁCTER PARA SER CONSIDERADA COMO TERCERO INTERESADA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA POR PARTE DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES SUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE ÉSTE ES PARTE EN AQUÉLLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 35, APARTADO E, NUMERAL 2, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "DE LOS CUALES TRES DEBERÁN CONTAR CON CARRERA JUDICIAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA AUTORIZA A EXAMINAR EN SU CONJUNTO LA DEMANDA A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CORRIGIENDO LOS ERRORES QUE SE ADVIERTAN (ARTÍCULO 35, APARTADO E, NUMERAL 10, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS QUE DEBEN ATENDER LOS ESTADOS EN SU CONFIGURACIÓN. VII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TIENE ATRIBUCIONES ORGÁNICAS, FUNCIONALES, SISTEMÁTICAS Y ESTRUCTURALES QUE INCIDEN SOBRE LAS GARANTÍAS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL LOCAL EN GENERAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD, EN PARTICULAR. VIII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL MECANISMO DE NOMBRAMIENTO DE SUS MIEMBROS POR MEDIO DE UN CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, CONFORMADO EN SU TOTALIDAD POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEPARACIÓN DE PODERES Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, APARTADO E, NUMERAL 2, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 37, NUMERAL 3, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. IX. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL HECHO DE QUE SÓLO SIETE DE LOS ONCE CONSEJEROS DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DEBAN SER PROFESIONALES DEL DERECHO, NO GARANTIZA QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO NECESARIO DE LAS CUESTIONES TÉCNICAS DE POLÍTICA JUDICIAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, APARTADO E, NUMERAL 2, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 37, NUMERAL 3, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. X. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL PRINCIPIO DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL EN LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, SE GARANTIZA NO SÓLO CON EL HECHO DE QUE LA MAYORÍA DE SUS CONSEJEROS PROVENGAN DEL PODER JUDICIAL, SINO CON LA PARTICIPACIÓN DE ÉSTE CUANDO DICHO PODER PARTICIPA EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DE CARRERA JUDICIAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, NUMERAL 3, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. XI. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA DISPOSICIÓN QUE IMPIDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CAPITALINO PRESIDIR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL VULNERA LA AUTONOMÍA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES AL NO CORRESPONDER AL CONSTITUYENTE CAPITALINO DESASOCIAR SU FUNCIONAMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, APARTADO E, NUMERAL 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA DISPOSICIÓN QUE IMPIDE QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, TAMBIÉN LO SEA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, ESTABLECE UNA INTERVENCIÓN INDEBIDA DEL CONSTITUYENTE CAPITALINO EN EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, APARTADO E, NUMERAL 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CORRESPONDE AL PROPIO PODER JUDICIAL LOCAL DECIDIR SI LA PRESIDENCIA DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL QUEDA EN UNA MISMA PERSONA PARA HABILITAR UNA MEJOR COORDINACIÓN ENTRE AMBAS INSTANCIAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, APARTADO E, NUMERAL 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIV. PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA DISPOSICIÓN QUE PERMITE QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAPITALINO PUEDA UNILATERALMENTE DEFINIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL –DENTRO DEL QUE SE ENCUENTRAN LAS REMUNERACIONES DE SUS MIEMBROS– SIN LA INTERVENCIÓN FINAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL (INVALIDEZ D

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2017. · Registro digital (IUS): 29285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-07
Promovente: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 316.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2017. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 18 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: RON SNIPELISKI NISCHLI Y ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 81/2017, promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en contra del decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el cinco de febrero de dos mil diecisiete:

I. Antecedentes

1. Presentación de demanda. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal promovió controversia constitucional(1) en contra de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

2. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar, registrar el expediente relativo y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor.(2)

3. El Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(3) al estimar que la existencia y funciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México –órgano emisor de la norma impugnada– habían cesado con la publicación de la nueva Constitución Local.(4)

4. Sin embargo, la Segunda Sala determinó, por un lado, que la Asamblea Constituyente sí debía ser parte demandada en el juicio y, por otro, que aunque en principio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue llamada como parte demandada, en realidad su carácter debía ser de tercero interesado en el proceso.(5)

5. En consecuencia, contestaron la demanda en este procedimiento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(6) el jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

6. Una vez que fueron recibidas las contestaciones de demanda y que se realizó la audiencia en términos del artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "ley reglamentaria"),(7) el expediente quedó en estado de resolución.

II. Competencia

7. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos de los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) al tratarse de un conflicto suscitado entre dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

III. Oportunidad

8. El actor impugna disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. Al tratarse de una norma general, se debe tomar en cuenta el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria para determinar si la demanda fue presentada en tiempo.(10)

9. Si la Constitución capitalina fue publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete, dicho plazo transcurrió del siete de febrero al veintidós de marzo de dos mil diecisiete.(11) Por tanto, si la demanda se presentó el día nueve de marzo del mismo año, concluimos que fue promovida oportunamente.(12)

IV. Legitimación

10. Tanto la parte actora como las demandadas tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.(13)

11. Partiendo de tal supuesto procederemos a analizar si cada una de las partes está debidamente representada, en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.

12. Legitimación activa. La parte actora es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, corresponde a su presidente representarlo.(14)

13. Quien presentó la demanda es Edgar Elías Azar quien se ostentó con el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal acreditó dicho cargo con copia certificada del Acta de Pleno Público Ordinario número 20/2015.(15) Por tanto, concluimos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sí cuenta con legitimación activa.

14. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria dispone que tendrán el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia.(16) En la presente controversia, las partes demandadas son el jefe de Gobierno por ser el órgano que promulgó la norma impugnada, y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el que la emitió. En este último caso conviene destacar, además, que la Segunda Sala le reconoció ese carácter en el recurso de reclamación 50/2017-CA, como antes lo señalamos.

15. Ahora bien, el jefe de Gobierno debe ser representado por la Dirección General de Servicios Legales, de conformidad con los artículos 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal(17) y 116, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.(18)

16. Dado que compareció Vicente Lopantzi García en su carácter de director general de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y acreditó esa personalidad con copia certificada del nombramiento emitido a su favor por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,(19) concluimos que el jefe de Gobierno sí cuenta con legitimación pasiva.

17. Por otra parte, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,(20) es el presidente de la mesa directiva el facultado para representar legalmente a la Asamblea Constituyente. En el proceso compareció Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, personalidad que acreditó con el acta de la sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en la que dicha asamblea aprobó la integración de su mesa directiva.(21) Por tal razón, concluimos que en este caso la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, también tiene legitimación pasiva.

V. Causas de improcedencia

18. Tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, consideran que debe sobreseerse en la controversia constitucional por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(22) en relación con el 10(23) de la ley reglamentaria, pues no se les puede considerar como órganos emisor y promulgador de la Constitución Local, en tanto que dicha labor correspondió a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, órgano al que consideran debió dársele vista para su defensa.

19. Sus planteamientos son infundados. En relación con la Asamblea Legislativa, tal como se señaló en el apartado de antecedentes, aunque en principio fue llamada como parte demandada en el juicio, posteriormente la Segunda Sala modificó su carácter y la consideró tercero interesado en el proceso. De esta manera se le dio la oportunidad de manifestarse como parte respecto del presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 10 de la ley reglamentaria, sin que ésta haya hecho valer argumento alguno tendiente a fortalecer o controvertir los planteamientos hechos valer por la parte actora. Por esta razón, consideramos infundada la causal de improcedencia que formula.

20. Por su parte, también es infundado lo que argumenta el jefe de Gobierno. Contrario a su manifestación, aquél efectivamente tiene el carácter de demandado, pues con independencia del régimen transitorio de la reforma política de la Ciudad de México, que establece que su Constitución "no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique",(24) éste efectivamente promulgó la norma impugnada y ordenó su publicación tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como en el Diario Oficial de la Federación. Esa participación es suficiente para estimar que sí es parte en el presente juicio, en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria.

21. Finalmente, en términos del artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria oficiosamente advertimos que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del mismo precepto, respecto del artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, en la porción normativa "de los cuales tres deberán contar con carrera judicial", de la Constitución de la Ciudad de México, que son impugnados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esto es así, porque han cesado sus efectos toda vez que este Tribunal Pleno la invalidó al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017.(25) En consecuencia, lo procedente es sobreseer la controversia respecto de esos preceptos, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.

VI. Fijación de la litis

22. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal argumenta en su demanda la inconstitucionalidad de los artículos 35, apartados B, numeral 9 en su porción normativa "Quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna",(26) E, numeral 2;(27) y, en su totalidad, el 37(28) de la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, en relación con el último de los preceptos debe considerarse como impugnado únicamente el numeral 3, inciso a), si se atiende a la cuestión efectivamente planteada en términos del artículo 39 de la ley reglamentaria.(29) Esto es así, porque los argumentos del promovente se refieren a que los preceptos controvertidos componen un sistema normativo que en conjunto vulnera la independencia del Poder Judicial de la ciudad. Sin embargo, los numerales 1 y 2 de ese precepto no se relacionan con esa genérica impugnación, puesto que se refieren a la figura y funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano. Misma situación acontece con los incisos b) y c) del numeral 3, puesto que se refieren a designaciones realizadas por el mismo Consejo distintas al ámbito de la judicatura. Por tal razón, estimamos que no deben tenerse por impugnados.

23. Asimismo, llama nuestra atención que el promovente también impugna el artículo 35 en su totalidad y argumenta, como lo mencionamos en el párrafo anterior, que existe un sistema normativo que en conjunto vulnera la independencia del Poder Judicial capitalino. En este orden de ideas, aunque no impugna de manera expresa al artículo 35, apartado E, numeral 10,(30) sí argumenta que el contenido de la disposición mencionada es inconstitucional, es decir, que las facultades del Consejo de la Judicatura Local para definir el presupuesto de egresos del Poder Judicial Local vulneran los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, a la luz del sistema normativo que regula la integración y funciones del Consejo y del tribunal.(31)

24. Por tanto, supliendo la queja del Tribunal Superior de Justicia incluimos al artículo 35, apartado E, numeral 10 dentro de la litis de esta controversia constitucional, a fin de que el estudio de la cuestión efectivamente planteada(32) –el sistema normativo que, en conjunto, vulnera la independencia judicial del tribunal– alcance también el precepto mencionado.

VII. Estudio de fondo

25. El tribunal divide sus argumentos en cinco conceptos de invalidez, que agrupamos en cinco temas, pues de ellos se desprende que la cuestión a resolver es si los artículos impugnados son inconstitucionales: (i) al diseñar un Consejo Judicial Ciudadano que el Congreso capitalino designará; (ii) al prohibir que el presidente del Tribunal Superior de Justicia pueda encabezar también el Consejo de la Judicatura capitalino; (iii) al tener el Consejo de la Judicatura local la facultad de enviar el presupuesto de egresos del Poder Judicial directamente al jefe de Gobierno capitalino, sin la intervención del Tribunal Superior de Justicia, (iv) al establecer que la duración del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia será anual, sin posibilidad de reelección; y, (v) al omitir mencionar y regular a los Magistrados y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

26. Por cuestión de método hemos agrupado estos temas en dos apartados. En el apartado A estudiamos los temas relativos al Consejo de la Judicatura y en el B, analizamos los argumentos que tratan de la organización del Tribunal Superior de Justicia.

A. Temas relativos al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

27. La Constitución Federal no regula la manera en que los Consejos de la Judicatura deban integrarse o funcionar, ya sea en la Ciudad de México que tiene un mandato constitucional para establecerlo, o en los Estados que pueden crearlos en uso de su libertad de configuración.

28. En este sentido, como concluimos en la controversia constitucional 32/2007, el proceso legislativo que dio como resultado la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, nos provee de algunos lineamientos para el diseño y la actuación de los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas.(33) Según la exposición de motivos de aquella reforma, dichos mecanismos tienen como objetivo descargar a los órganos judiciales de las labores referentes al nombramiento, adscripción y disciplina del Poder Judicial y de otras labores administrativas(34) para que puedan concentrar su atención en la impartición de justicia. Por otro lado, deben garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial.

29. De la controversia constitucional 32/2007, derivó la jurisprudencia P./J. 112/2009 en la que concluimos que: (i) en la suma de consejeros de la Judicatura en las entidades federativas debe haber más integrantes directamente extraídos del Poder Judicial al que este Consejo administrará, y (ii) la conformación del Consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por lo que sus decisiones deben respetar la autonomía e independencia judiciales y deben evitar controlar o invadir la esfera jurisdiccional del Poder Judicial que administra.(35)

30. De la misma controversia constitucional 32/2007 también derivó la jurisprudencia P./J. 113/2009 que estableció que existiría una transgresión al principio de división de poderes cuando: (i) en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice un hecho antijurídico imputable a los Poderes Legislativo o Ejecutivo; (ii) que esta conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien que uno de aquéllos coloque a éste en una situación de dependencia o subordinación; (iii) que la intromisión, dependencia o subordinación verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal, o cuando el Constituyente Local provoca un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de una entidad federativa al redistribuir funciones. La jurisprudencia es clara en señalar que en el caso de Baja California (sobre el que versó la controversia constitucional 32/2007) se vulneró la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial Local porque el diseño de su Constitución no previó una mayoría de miembros de carrera judicial en la conformación del Consejo de la Judicatura, por lo que, si así lo quisiera, el Poder Legislativo de aquella entidad puede colocar al Judicial en una situación de dependencia o subordinación por conducto de los consejeros que no tienen carrera judicial.(36)

31. Además, de acuerdo con las obligaciones internacionales de nuestro país, las entidades federativas –dentro de las que se incluye la Ciudad de México– deben tutelar ciertas garantías esenciales para el ejercicio de la función judicial, entre las que se encuentran las "garantías reforzadas de estabilidad".(37) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en que no basta que haya preceptos legales que consagren la independencia judicial, sino que es necesario que tenga verificativo en la práctica.(38) Nuestro análisis, por tanto, debe incluir los diseños y mecanismos que estructuran la decisión judicial desde el Consejo de la Judicatura a fin de encontrar si tutelan o vulneran la independencia judicial, ya del Poder Judicial en su conjunto, o bien, de la independencia y autonomía de cada uno de los Jueces y Magistrados. Los precedentes jurisprudenciales de la Corte han interpretado que tal garantía judicial se vulnera, por ejemplo, cuando se modifica el nombramiento de un Juez o se disminuye su remuneración.(39)

32. En línea con estas obligaciones internacionales y constitucionales, el artículo 122, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal establece que la Carta Magna de la Ciudad de México garantizará la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con este mandato, la Constitución capitalina está obligada a estructurar su Consejo de la Judicatura tutelando en todo momento la independencia y autonomía judiciales, pues, como veremos a continuación, ese órgano tiene facultades para incidir en estas garantías judiciales que el Estado Mexicano está obligado a respetar.

33. Entre las atribuciones del Consejo se encuentran el nombramiento de Jueces y Magistrados, la disciplina judicial y la eventual remoción del personal administrativo del Poder Judicial de la Ciudad de México, incluyendo la adscripción y remoción de los Magistrados y Jueces,(40) así como la elaboración del presupuesto de egresos del Poder Judicial capitalino.(41) Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México –cuya publicación el cuatro de mayo de dos mil dieciocho constituye un hecho notorio– detalló aún más las facultades del Consejo de la Judicatura.(42)

34. De esta manera, derivado de la Constitución de la ciudad y la ley orgánica señalada, el Consejo de la Judicatura capitalino tiene atribuciones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales que inciden sobre las garantías de autonomía e independencia del Poder Judicial capitalino en general y de los juzgados y tribunales de la ciudad, en particular.

Designación de los consejeros de la Judicatura por el Consejo Judicial Ciudadano

35. El Tribunal Superior de Justicia argumenta que el nombramiento de los consejeros de la Judicatura por parte del Consejo Judicial Ciudadano –a su vez, nombrado por el Congreso capitalino– es inconstitucional. Afirma que el Consejo Judicial no supone un órgano constituido sino la ciudadanización del sistema de justicia, lo que vulnera los artículos 40 y 49 de la Constitución Federal. Este mecanismo estaría compuesto por personas que no son servidores públicos y que, al no serlo, no están sujetas a los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas que aplican para aquellos. Arguye también que el Consejo Judicial supone una invasión de la función judicial por parte de externos al Poder Judicial y, en específico de la Legislatura Local, por ser ésta la que nombra al Consejo Judicial. El Poder Legislativo sería el órgano que en su origen –a través del Consejo Judicial– y en su término –al aprobar las ternas para los Magistrados locales, que le presente el Consejo de la Judicatura capitalino– nombre a los mismos Magistrados.

36. En opinión del tribunal, el Consejo Judicial Ciudadano supone una violación al principio de reserva constitucional pues el artículo 122 de la Constitución Federal no contempla ni tácita ni expresamente que el Consejo Judicial sea parte del Poder Judicial capitalino. Por último, argumenta que el Consejo Judicial Ciudadano rompe con los principios de razonabilidad y proporcionalidad dado que existen ya mecanismos para garantizar que los mejores abogados ocupen los cargos de Jueces y Magistrados para vigilar y controlar la gestión del Poder Judicial Local y aplicar sanciones a las posibles conductas corruptas, a través del sistema anticorrupción local.

37. Sobre el Consejo Judicial Ciudadano, tanto la Asamblea Constituyente como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México argumentaron, al contestar la demanda, que las atribuciones de este Consejo en modo alguno implican una subordinación del Poder Judicial frente al Poder Legislativo, ya que la autonomía e independencia del Poder Judicial se encuentra garantizada en la propia Constitución de la ciudad. Además, que los consejeros de la Judicatura no representan al Consejo Judicial Ciudadano, ni éste al Congreso de la ciudad, ya que los actos desplegados por cada uno de estos órganos son independientes entre sí y concluyen con su ejercicio, por lo que no podrían tener el alcance pretendido por el promovente. Asimismo, la Asamblea Constituyente señaló que hay una separación clara entre las funciones del Consejo de la Judicatura y la labor sustantiva de las instancias jurisdiccionales. Aunado a esto, refiere que la Constitución Federal no establece alguna limitante en el sentido de que los miembros del Poder Judicial únicamente puedan ser designados por ese mismo poder y, para demostrarlo, cita algunos ejemplos de ese sistema de colaboración de poderes.

38. El procurador general de la República, por último, opinó sobre este tema en el sentido de que las normas impugnadas vulneran la división de poderes y la independencia judicial, pues quienes decidan sobre el funcionamiento y toma de decisiones del Poder Judicial (es decir, los consejeros de la Judicatura locales) serán personas que no pertenecen al mismo poder. Sin embargo, la opinión del procurador al respecto estuvo vinculada a la falta de mayoría de consejeros de la Judicatura de carrera judicial que establecía el artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, de la Constitución impugnada. Asimismo, opinó que la figura que se combate no tiene asidero en el artículo 122 de la Constitución Federal y carece de fundamentación y debe declararse inválida.

39. Recordamos que el artículo 35, apartado E, numeral 2, primer párrafo, de la Constitución de la Ciudad de México establece que los consejeros de la Judicatura capitalinos son nombrados por el Consejo Judicial Ciudadano. Por su parte, el artículo 37 de la misma Constitución establece que una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso de la ciudad designará once integrantes del Consejo Judicial, provenientes de las propuestas que presenten instituciones académicas, civiles y sociales, que cesará su encargo cuando cumpla con su función. El mismo artículo 37, numeral 3, inciso a), señala que este Consejo Judicial nombrará a uno o más consejeros de la Judicatura.

40. Para este Pleno, el mecanismo de nombramiento de los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México por medio de un Consejo Judicial Ciudadano, que el Poder Legislativo conforma en su totalidad, viola los principios de separación de poderes y la independencia judicial. Las razones para llegar a esta conclusión son: (i) que el mecanismo de nombramiento por parte del Consejo Judicial constituye un lazo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial Local, al nombrar –si bien de forma indirecta– a la totalidad del Consejo de la Judicatura que es parte del Poder Judicial Local; (ii) el mecanismo de nombramiento puede generar suspicacias nocivas en el Poder Judicial sobre el modo en el que los consejeros de la Judicatura –tanto los que pertenecen al mismo judicial, como los externos– pudieran tener dependencia indirecta del Congreso Local; y, (iii) finalmente, porque los Magistrados Locales no intervienen en el nombramiento de sus pares en el Consejo de la Judicatura, que es su principal órgano de gobierno.

41.Partimos de la base de que cae dentro de la facultad configurativa del Constituyente capitalino determinar la estructura y funcionamiento de su Consejo de la Judicatura. Sin embargo, como hemos dejado claro en nuestros precedentes, los mecanismos que rijan la vida del Consejo capitalino deben cumplir con los extremos de la independencia judicial y la separación de poderes. Como adelantamos en el párrafo anterior, esto no se cumple en el caso en estudio.

42. En primer lugar, al designar el Congreso a la totalidad de los consejeros judiciales que nombrarán a los miembros del Consejo de la Judicatura se crea una injerencia indebida del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Mediante este mecanismo el Congreso podría controlar, a través del Consejo Judicial Ciudadano, la conformación y, por tanto, el funcionamiento del Consejo de la Judicatura que es el centro neurálgico del Poder Judicial, por las atribuciones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales del Consejo de la Judicatura en todo el Poder Judicial. En otras palabras, a través del Consejo Judicial Ciudadano, el Congreso controla el mecanismo de nombramiento de quien administrará la función jurisdiccional, vulnerando la autonomía judicial y la separación de poderes.

43. En la misma línea de razonamiento, el mecanismo en estudio excede el objetivo de los mecanismos de colaboración de poderes que pueden existir al nombrar a los consejeros de la Judicatura. En este sentido, es cierto que los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas pueden tener mecanismos mixtos para su conformación, dejando que el Poder Ejecutivo y el Legislativo intervengan nombrando a algunos de sus miembros, como sucede en el modelo del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, la medida en estudio excede el propósito de un sistema de contrapesos a la función "contramayoritaria" de los Jueces por parte de los representantes populares electos, pues impide la colaboración de poderes –excluye al Judicial– e implica, al contrario, que la totalidad de los nombramientos de los consejeros de la Judicatura esté bajo el total control del Poder Legislativo, vulnerando así la independencia y autonomía judicial.

44. En segundo lugar, el mecanismo en estudio vulnera la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial al generar suspicacias nocivas sobre los nombramientos de los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México. Nuestros precedentes han confirmado los criterios de la tesis jurisprudencial del Pleno P./J. 112/2009, que estableció que el principio de autonomía judicial lleva consigo que los Consejos de la Judicatura de las entidades garanticen la no intervención de otros poderes y así evitar que en cualquier caso formen una mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial. Según la misma tesis –que citamos con anterioridad– se deben evitar suspicacias nocivas sobre una posible intervención en las decisiones administrativas del Poder Judicial por parte de personas designadas por otros poderes.

45. En este sentido, este Pleno considera que no basta con establecer una mayoría de consejeros de la Judicatura internos del Poder Judicial(43) para garantizar la no intervención del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura Local y, a través de éste, en el mismo Poder Judicial al que el Consejo Pertenece. También es necesario declarar la invalidez del mecanismo de nombramiento que se impugna pues la intervención indirecta del Congreso Local en la designación de todos los consejeros de la Judicatura implica un riesgo de manipulación de las decisiones del Consejo por parte de una mayoría parlamentaria. Este riesgo genera suspicacias nocivas que vulneran la autonomía judicial y, por ello, constituye precisamente una injerencia indebida del Legislativo en el funcionamiento del Poder Judicial mediante la designación de la totalidad de los consejeros de la Judicatura. Adicionalmente, el hecho de que sólo siete de los once consejeros del Consejo Judicial Ciudadano deban ser profesionales del derecho genera también suspicacias nocivas pues dicho requisito no garantiza que tengan el conocimiento necesario de las cuestiones técnicas de política judicial para nombrar debidamente a los consejeros de la Judicatura que ejercen una función primordial y central para el Estado Mexicano.

46. Finalmente, en tercer lugar y como contrapartida al argumento anterior, la mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones administrativas y organizacionales del Consejo de la Judicatura, cuya necesidad esta Suprema Corte estableció en la tesis P./J. 112/2009 ya citada, se garantiza no sólo ordenando que la mayoría de los consejeros de la Judicatura provengan del Poder Judicial que administran sino también y necesariamente cuando el propio Poder Judicial participa en el nombramiento de estos consejeros de carrera judicial. No obstante, el mecanismo en estudio impide dicha participación pues la deja por completo en manos de agentes extraños al Poder Judicial, por lo que vulnera su independencia y autonomía. Como dichos agentes externos –los miembros del Consejo Judicial Ciudadano– son designados en su totalidad por el Legislativo, el mecanismo también vulnera la separación de poderes, como se viene argumentando.

47. Por tanto, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 35, apartado E, numeral 2, primer párrafo, en su porción normativa "designados por el Consejo Judicial Ciudadano", y 37, numeral 3, inciso a), de la Constitución de la Ciudad de México.

Limitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia para serlo también del Consejo de la Judi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29285-d06f30a2/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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