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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBE DESESTIMARSE. III. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL SEÑALAMIENTO DE QUE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS NO SEAN DE CARRERA JUDICIAL VULNERA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 209, PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "DE LOS CUALES TRES DEBERÁN CONTAR CON LA CARRERA JUDICIAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. V. CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS QUE DEBEN ATENDER LOS ESTADOS EN SU CONFIGURACIÓN. VI. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TIENE ATRIBUCIONES ORGÁNICAS, FUNCIONALES, SISTEMÁTICAS Y ESTRUCTURALES QUE INCIDEN SOBRE LAS GARANTÍAS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL LOCAL EN GENERAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD, EN PARTICULAR. VII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL MECANISMO DE NOMBRAMIENTO DE SUS MIEMBROS POR MEDIO DE UN CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, CONFORMADO EN SU TOTALIDAD POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 209, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 210, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE AUSENCIA DEFINITIVA DE ALGÚN INTEGRANTE, EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES DESDE QUE SE PRODUJO LA VACANTE, NOMBRARÁ A QUIEN DEBA SUSTITUIRLO SIN POSIBILIDAD DE REELECCIÓN.", Y SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA DEL DIVERSO 118, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. VIII. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL PRINCIPIO DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL EN LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, SE GARANTIZA NO SÓLO CON EL HECHO DE QUE LA MAYORÍA DE SUS CONSEJEROS PROVENGAN DEL PODER JUDICIAL, SINO CON LA PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN SU NOMBRAMIENTO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, NUMERAL 3, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. IX. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL HECHO DE QUE SÓLO SIETE DE LOS ONCE CONSEJEROS DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DEBAN SER PROFESIONALES DEL DERECHO, NO GARANTIZA QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO NECESARIO DE LAS CUESTIONES TÉCNICAS DE POLÍTICA JUDICIAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 209, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 210, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE AUSENCIA DEFINITIVA DE ALGÚN INTEGRANTE, EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES DESDE QUE SE PRODUJO LA VACANTE, NOMBRARÁ A QUIEN DEBA SUSTITUIRLO SIN POSIBILIDAD DE REELECCIÓN.", Y SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA DEL DIVERSO 118, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. X. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA DISPOSICIÓN QUE IMPIDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CAPITALINO PRESIDIR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL VULNERA LA AUTONOMÍA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES AL NO CORRESPONDER AL CONSTITUYENTE CAPITALINO DESASOCIAR SU FUNCIONAMIENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 209, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 210, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE AUSENCIA DEFINITIVA DE ALGÚN INTEGRANTE, EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES DESDE QUE SE PRODUJO LA VACANTE, NOMBRARÁ A QUIEN DEBA SUSTITUIRLO SIN POSIBILIDAD DE REELECCIÓN.", Y SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XI. PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL BALANCE ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ROMPE AL ESTABLECER UN PERIODO DESPROPORCIONALMENTE CORTO PARA EL PRESIDENTE DE ÉSTE ÚLTIMO –DE UN AÑO–, RESPECTO DEL PERIODO DE QUIEN PRESIDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA– DE TRES AÑOS, SIN POSIBILIDAD DE REELECCIÓN– (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 38, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DURARÁ EN SU ENCARGO UN AÑO", 209, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESIGNADOS POR EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO", Y 210, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORM

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 112/2018. · Registro digital (IUS): 29286
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-07
Promovente: PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 368.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 112/2018. PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 18 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: DAVID BOONE DE LA GARZA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de junio de dos mil diecinueve en el que emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 112/2018, en la que Álvaro Augusto Pérez Juárez, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en representación del Poder Judicial de la entidad, demandó de la Asamblea Legislativa y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México,(1) la invalidez de:

a) La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad, el 4 de mayo de 2018, particularmente los artículos 38, 209 y 210.

b) La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial local el 4 de mayo de 2018, en concreto su artículo 118.

I. Antecedentes y planteamientos de la demanda

1. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

a) La Constitución Política de la Ciudad de México expedida el 5 de febrero de 2017, en sus artículos 35 y 37 incorporó algunas figuras en torno al Poder Judicial Local que vulneran los principios de autonomía e independencia que protege la Constitución Federal a favor de los órganos encargados de impartir justicia, además de la contravención al principio de supremacía constitucional consagrado en el precepto 133 constitucional.

b) Tales figuras consisten en: la concepción e institución del Consejo Judicial Ciudadano, con facultades para intervenir en el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y, por ende, de manera indirecta en la designación de Jueces y Magistrados; la prohibición expresa de que quien presida el Tribunal Superior de Justicia también lo sea simultáneamente del Consejo de la Judicatura, así como, la temporalidad limitada, sumamente acotada, de un año calendario, improrrogable, para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

c) En contra de lo preceptuado en la Constitución Local, el propio Tribunal Superior promovió diversa controversia constitucional a la que correspondió el número 81/2017, y se designó al Ministro Laynez Potisek como instructor, por razón de turno.

d) En aparente cumplimiento de los plazos y condiciones previstas en el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se expidió la Constitución Política de la entidad, el Congreso Local expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de 4 de mayo de 2018, en particular, tales ordenamientos incorporan las figuras referentes a la organización y funciones particulares del Consejo Judicial Ciudadano; la prohibición para que la presidencia del Consejo de la Judicatura se ejerza simultáneamente por quien preside el Tribunal Superior de Justicia, y la duración máxima improrrogable de la función de presidente del tribunal sea de un año calendario.

e) Previsiones legales que el Tribunal Superior actor considera que, al igual que la Constitución Política de la Ciudad de México, adolecen de inconstitucionalidad.

2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) Violación al principio de autonomía e independencia de los tribunales. Las normas generales impugnadas transgreden los principios de división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, consagrados en los artículos 17, 39, 40, 49 y 122, fracción IV, de la CPEUM, con relación al artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Asamblea Constituyente que creó la Constitución Política de la Ciudad de México debió observar el principio de división de poderes, pues además de que conforme al artículo 49 constitucional dos poderes no pueden quedar depositados en una misma persona, se debió velar porque en la conformación de los distintos poderes constituidos a través de la Constitución Local, ninguno quedara subordinado a la soberanía de los otros, lo que no se cumplió en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Este poder es la rama del Gobierno Estatal en el que, por mandato de la Norma Fundamental, se deposita la función esencial de impartir justicia, la cual a la vez queda enmarcada dentro del principio de independencia e imparcialidad que establecen los artículos 17 constitucional y 8o. de la Convención Americana, elevados al rango de derechos humanos de acceso a la impartición de justicia y seguridad jurídica.

Las normas impugnadas a través de las figuras señaladas vulneran los principios de autonomía e independencia, además de politizar la impartición de justicia, precisamente por la invasión de poderes de que es objeto el tribunal.

En concreto, los artículos 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y 118 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, a través de las previsiones que se combaten, y de la institucionalización misma del Consejo Ciudadano, constituye un sistema que incide negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial. Los artículos impugnados permiten la intervención de particulares en la conformación del Consejo de la Judicatura, mismo que es nombrado por la Asamblea Legislativa, lo que se agrava si la conformación del Consejo Judicial Ciudadano se ve dividida y una mayoría se obtiene de la participación de personas ajenas al Poder Judicial, y con el hecho mismo de que quien preside el tribunal no puede presidir a la par el Consejo de la Judicatura.

Siendo que, este último es el encargado de calcular el presupuesto de Egresos del Poder Judicial Local y designar a los Jueces y Magistrados. Luego, es claro que, el citado Consejo Ciudadano, incidirá en la profesionalización y realización de la función judicial.

La Constitución Local y las normas secundarias ahora impugnadas sustraen del Poder Judicial una atribución determinante para definir la manera en que realice las actividades de administrar e impartir justicia.

La autonomía del Poder Judicial sólo podrá concretarse en la medida en que los propios Jueces decidan, sin injerencia de terceras personas, cómo hacer su trabajo. El Consejo Ciudadano se conforma por personas que no forman parte del Poder Judicial Local, y que son designadas, previa proposición del foro, por el Congreso de la Ciudad de México. Por tanto, es este poder el que, en su origen y al final, efectúa funciones que atañen a las actividades soberanas que el propio Poder Judicial debería resolver y que, por esta situación, se ve invadido en su ámbito de desenvolvimiento constitucional puro. Este artilugio concebido en la Constitución Local contraviene el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal que prohíbe que dos poderes se depositen en una misma persona.

El Consejo Ciudadano, de manera constitucionalmente injustificada e inválida, con el aparente objetivo arbitrario o so pretexto de combatir la corrupción, fue concebido de manera tal que termina por arrebatar un cúmulo de decisiones que tienen que ver con el trabajo y la labor profesional de los mismos Jueces y Magistrados de la Ciudad de México: su autonomía.

Esta afectación se agrava cuando además el Consejo de la Judicatura, si bien tendrá siete miembros, lo cierto es que, contará con tan sólo tres que deben ser Jueces y Magistrados, siendo que, la participación de funcionarios con experiencia y en mayoría garantiza la labor de juzgar, la toma de decisiones adecuadas y la revisión objetiva del quehacer jurisdiccional, empero éstos serán minoría.

La mayoría de los miembros del Consejo deben provenir del Poder Judicial, para garantizar el principio de división de poderes, de acuerdo con los principios que el Constituyente Permanente ha establecido para los Consejos de la Judicatura en pleno acatamiento al sistema federal imperante en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Norma Suprema.

De acuerdo con los procesos legislativos que han originado la creación de los Consejos de la Judicatura, el Constituyente Permanente ha establecido, por lo menos, dos principios fundamentales:

1. En la suma total de los componentes del Consejo de la Judicatura debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará, al cual previamente regresarán una vez que terminen sus funciones; y,

2. La conformación del consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará.

Estos principios tienden al pleno respeto a la división de poderes como expresión de una correcta distribución de funciones, pues se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas, es decir, se acotan funciones de otros poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial. Se evite una posible intervención en la administración del Poder Judicial por parte de personas designadas por poderes ajenos al mismo y, finalmente, se garantice una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones administrativas y de organización, a fin de desempeñar correctamente la función encomendada relativa a otorgar una adecuada impartición de justicia hacia los gobernados.

La fracción IV del artículo 122 de la Constitución Federal claramente deposita el Poder Judicial Local en el Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, así como en los juzgados y tribunales, con lo cual se garantiza dicha autonomía.

El modelo político previsto en el artículo 37 de la Constitución Política de la entidad transgrede el equilibrio de poderes, la autonomía del Poder Judicial Local y la eficiencia administrativa del mismo, pues si se da al Poder Legislativo Local la facultad de designar a los miembros del Consejo Judicial Ciudadano, quienes a su vez tendrán la facultad de nombrar a los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, sin duda se atenta contra la autonomía de este último órgano, encargado de velar no sólo por la adecuada conformación del Poder Judicial, sino de la debida administración de los recursos dados a éste.

La prohibición para quien preside al Tribunal Superior de Justicia pueda presidir simultáneamente el Consejo de la Judicatura, conlleva el que, quien tendrá el voto de calidad, no es una persona que goce de la representatividad de los Jueces y Magistrados, sino un particular, de donde deriva que, no obstante la profesionalidad de quien deba participar en el propio órgano auxiliar administrativo del Poder Judicial Local, su intervención es ajena a la órbita soberana de quienes administran justicia, condición que los subordina a un factor externo.

En contra del mandato textual de la Constitución Federal y las Convenciones Internacionales comentadas, incluso de las necesidades del Poder Judicial al tratarse de personas propuestas por el Consejo Ciudadano y, a su vez, este último propuesto por el Congreso Local, por lo que, es claro que estarían supeditadas a la voluntad de este último poder.

La separación de facultades de dirección del Poder Judicial en dos presidentes, uno del Tribunal Superior y otro, del Consejo de la Judicatura, como dispone el artículo 35 de la Constitución Local, transgrede la forma de integración del Consejo de la Judicatura Federal prevista en el artículo 100 de la Constitución Federal, conforme al cual el presidente de ésta también es del Poder Judicial Federal.

El modelo de la Ciudad de México, impide al presidente del Tribunal Superior, tener la capacidad de gestión administrativa y, sobre todo, de la integración de la carrera judicial, lo cual obstruye el ejercicio de la función representativa del Poder Judicial Local, máxime que ninguna de las Constituciones Políticas de los Estados deposita la representación de un poder en dos presidentes.

Por último, el carácter rotativo de la presidencia del tribunal también acaba por incidir negativamente en la organización, orden y administración del tribunal, así sea que la presidencia se encargará de la realización de eventos protocolares y de intercambio jurídico con tribunales de otras latitudes, por decir lo menos.

La imposición de fungir un único año como presidente del propio tribunal, entorpece su labor, en detrimento de los intereses de los Jueces y Magistrados que integran el propio tribunal. No existe programa serio alguno, incluso de carácter académico o de investigación científica en el ámbito del derecho, que por su condición pueda tener duración sólo de un año. La programación de actividades de un órgano colegiado como el Tribunal Superior de Justicia, de la segunda capital más grande del mundo, con la multiplicidad de materias que abarca, obligan a que el seguimiento de quien preside el tribunal deba tener una mayor duración y compromiso. Establecer una puerta giratoria en la presidencia de este tribunal, transgrede la estabilidad, la excelencia, el profesionalismo y, sobre todo, la independencia y autonomía del mismo órgano.

Es claro que, de la exposición de motivos de la ley impugnada se tiene que va dirigida a un individuo, soslayando así el importante quehacer de toda una institución.

Así pues, la Constitución Local transgrede el régimen de organización política que la Constitución Federal previó para la Ciudad de México, en lo concerniente al Poder Judicial, concretamente en lo que se refiere a los principios de autonomía e independencia tutelados por la Norma Fundamental.

b) Violación al principio de división de poderes. Se vulnera el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento del Poder Judicial actor, al vulnerarse los principios de autonomía e independencia judiciales consagrados en el artículo 116 constitucional, ya que, no puede hablarse de una auténtica división de poderes si uno de ellos, en el caso el Judicial, no es autónomo e independiente.

El artículo 116 en cita prescribe de manera implícita mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, que deben ser observados a fin de respetar la división de poderes, a saber:

1) La no intromisión, que se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión;

2) La no dependencia, en tanto que, la dependencia implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma; y,

3) La no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros, ya que, la subordinación implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del poder subordinante, siendo el más grave nivel de violación al principio de división de poderes.

La diferencia con la dependencia es que, mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que prescribe. Apoya lo anterior, las jurisprudencias «P./J. 80/2004 y P./J. 79/2004 y P./4. 81/2004», de rubros: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

La invasión de poderes en detrimento del tribunal superior existe, porque no sólo existe un estado de dependencia, sino que, además, el Consejo Judicial Ciudadano será el que designe a los consejeros, lo que indudablemente implica la invasión de poderes alegada, máxime que sus integrantes los designa el Congreso Local. Siendo que, conforme al principio de división de poderes ningún poder debe estar por encima de los demás.

Además, el Poder Judicial debe contar con la autonomía e independencia que consagra el artículo 116, fracción III, constitucional, necesarias para ejercer sus funciones jurisdiccionales, pero también administrativas, con plena independencia, por lo que, no puede quedar sujeta a limitaciones impuestas por otro Poder (Legislativo), pues dichas funciones no son de su competencia.

Si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador, se genera un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes del Estado, esto afecta la división de poderes y, en el caso, la del Poder Judicial Local, pues, se afecta la autonomía e independencia para cumplir con las funciones que tiene encomendadas, como la de impartir justicia, ya que, se politiza, al recaer indirectamente en el Congreso Local, a través del Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo Judicial Ciudadano en su mayoría. Sirve de sustento, la jurisprudencia «P./J. 79/2004», de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

La creación del Consejo Judicial Ciudadano vulnera los parámetros legislativos establecidos por el Constituyente Permanente en la fracción cuarta del artículo 122 del Pacto Federal, dado que, tal disposición no establece la creación del órgano referido, como una forma de elección de los consejeros. Por lo que, se asemeja a un cuarto poder público, o bien, una extensión y, por ende, parte integrante del Congreso Local. Tampoco la Norma Fundamental establece que el Consejo de la Judicatura deba integrarse únicamente con tres de los siete consejeros, con carrera judicial, lo cual atenta directamente contra la sociedad, que es la más interesada en que los funcionarios que forman parte de dicho órgano tengan conocimientos (carrera judicial) para el desempeño de sus funciones, al haber sido parte del propio Poder Judicial y, por tanto, tener un pleno desarrollo del encargo encomendado.

Por tanto, se vulnera el precepto 122, fracción IV, de la Constitución Federal y deberá declararse la invalidez de las normas generales impugnadas, al vulnerar los principios de autonomía e independencia judiciales y, por tanto, el de división de poderes. Similar criterio se ha adoptado en el Acuerdo General que establece los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

c) Violación al principio de supremacía constitucional. Conforme al cual, todas las normas federales y locales que emanen de la propia Constitución quedan subordinadas a ésta, de tal manera que no pueden ir más allá, ni en sentido contrario a su contenido y espíritu. Así, la fracción IV del artículo 122 en cita, establece expresamente que el Poder Judicial Local se conformará exclusivamente por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura local, los juzgadores y los tribunales que establezca la propia Norma Suprema. No por un Consejo Judicial Ciudadano.

Por lo anterior, no existe directriz o un principio constitucional que permita suponer la viabilidad de la ciudadanización del proceso judicial para la designación de Jueces o determinación del presupuesto de egresos, por lo que, la previsión en ese sentido por parte del Constituyente Permanente local y luego de la Asamblea Legislativa al expedir las leyes orgánicas impugnadas en la presente controversia, no estaban habilitados para hacerlo. Tal exceso vulnera el principio de supremacía constitucional. Cita como apoyo la jurisprudencia «1a./J. 80/2004», de rubro: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE."

d) Violaciones a los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Las garantías de fundamentación y motivación se han extendido a la labor legislativa, de manera tal que, en la expedición de las normas generales, el legislador debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; que en el alcance de la ley se contemplen previsiones adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin perseguido, necesarias, es decir, suficientes para lograr dicha finalidad; y justificadas en razones constitucionales. En apoyo cita la jurisprudencia «P./J. 130/2007», de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA."

En el caso, ni el Consejo Judicial Ciudadano; ni la prohibición para que el presidente del Tribunal Superior lo sea también del Consejo de la Judicatura; ni la periodicidad en el cargo de presidente del tribunal, respetan los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica contemplados en el artículo 16 constitucional.

Respecto del Consejo Ciudadano, la intención del legislador fue permitir a la población, a través de un ejercicio desmedido de empoderamiento, participar en los procesos políticos y administrativos para integrar el Poder Judicial Local y controlar su funcionamiento. Tal medida es excesiva, en virtud de que dicho control no es necesario.

El Consejo de la Judicatura, conforme a lo que establezca la ley, sin intervención de la ciudadanía, puede imponer los requisitos más rigurosos posibles y necesarios para que accedan a la función profesional de impartir justicia, los mejores abogados. No se precisa de la intervención del Consejo Judicial Ciudadano para tales efectos.

Por lo que hace al ejercicio presupuestal y la gestión financiera del Poder Judicial, en la propia Constitución ya se establecen los candados necesarios para que la entidad encargada de la fiscalización realice las auditorías pertinentes, a través de las cuales se tenga una medición exacta del cumplimiento de los planes, metas y programas.

Además, el sistema anticorrupción permitirá la implementación de todos los mecanismos de vigilancia, bajo el principio de mayor apertura, que impida la realización de prácticas que pudieran dañar precisamente la independencia de los tribunales y su imparcialidad en la difícil tarea de impartir justicia.

Se trata de un sistema de ciudadanización de la justicia que no tiene parangón ni en el ámbito federal ni en el resto de las entidades federativas, como tampoco en otros órganos encargados de impartir justicia en la misma Ciudad de México. Ni el Tribunal de Justicia Administrativa o el Electoral se supeditarán a una supervisión de la ciudadanía a través de sus propios órganos de administración interior, de la misma manera que se ha impuesto al Tribunal Superior de Justicia.

Por último, el derecho de acceso a la información pública, por medio de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, logra la fiscalización y cumplimiento de las metas de excelencia que la ciudadanía busca por parte de sus Jueces.

Por otra parte, el ejercicio de una presidencia rotativa de un año entorpece las actividades de dirección y liderazgo judicial que son propios del juzgador electo, lo cual se confirma si se compara con los órganos de justicia que operan a la par que el Tribunal Superior de Justicia, pues, en los cuales las presidencias cuentan con un periodo de ejercicio que, por regla general, dura tres años.

La cortísima duración de la presidencia del Tribunal Superior entorpece la marcha y función del mismo Poder Judicial, en detrimento no sólo de sus integrantes sino del justiciable.

Finalmente, la conformación del Consejo de la Judicatura y la prohibición de que el presidente del tribunal lo sea también de aquél, transgrede el artículo 16 constitucional, ya que, dicho presidente tiene al menos presuntivamente, la representación de todos los Jueces y Magistrados en la ciudad; goza de tal representatividad "política" y la presunción de saber, y de entender, las necesidades no sólo de sus colegas sino de la propia institución, de los gobernados y del propio Consejo de la Judicatura.

Apoya sus alegatos, en las jurisprudencias «P./J. 112/2009 y P./J. 113/2009», de rubros: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN." y "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES."

Al tener similitud o identidad de funciones con el Consejo de la Judicatura Federal o del resto de los Estados, en la Ciudad de México se debió también prever la participación del presidente del Tribunal Superior en la Judicatura en dicho consejo, así como, que tal presidencia se pudiera ejercer por un plazo mínimo razonable para cumplir planes y programas mínimos que atañen a la función.

e) Violación al principio de independencia judicial. De conformidad con los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, las resoluciones judiciales deben provenir de un órgano imparcial. Los tribunales deben estar exentos de cualquier factor que incida en cualquier manera en el sentido mismo de sus resoluciones. Luego, las normas generales impugnadas contravienen la independencia judicial porque los mecanismos previstos para la designación de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, antesala de la designación de los Jueces vía el Consejo de la Judicatura, permite un involucramiento del foro que afecta negativamente la relación entre el juzgador y los justiciables.

El Congreso Local procederá a la votación y designación de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, de entre candidatos que propongan las universidades, instituciones académicas, colegios de abogados y profesionales del derecho. Asimismo, quienes sean designados podrán nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, que tiene la función constitucional de designar Jueces y Magistrados. Lo cual podrá producir una vinculación de agradecimiento del juzgador designado hacia su persona que resultaría absolutamente perniciosa y gravosa con relación a la independencia con la que dicho juzgador designado debiera realizar su función.

Por estas razones, debe declararse la invalidez de las normas impugnadas.

3. Artículos constitucionales señalados como violados. El Poder Judicial actor señaló como violados los artículos 5o., 16, 17, 39, 40, 49, 116, 122, fracciones I y IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos con relación al artículo 1o. de la propia Norma Fundamental, así como, el 8 de la Convención Americana.

II. Trámite de la controversia constitucional

4. Presentación de la demanda. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de junio de dos mil dieciocho.(2)

5. Radicación y turno. El presidente de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 112/2018 y, turnarlo a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para que fungiera como instructora.(3)

6. Admisión y trámite. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran contestación a la demanda; requirió al citado órgano legislativo para que, al dar contestación, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes que sirvieron de sustento para dictar el decreto impugnado; en tanto que al órgano ejecutivo le requirió los ejemplares de los Periódicos Oficiales en los que consta la publicación del decreto controvertido.(4)

7. Contestación del Poder Legislativo.(5) La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México manifestó lo siguiente:

• Se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso h), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, con la emisión de las normas reclamadas no se invade la esfera de competencias del actor.

• Los argumentos del Poder Judicial de la Ciudad de México, son infundados, ya que no plantean una afectación en el ámbito competencial ni a sus atribuciones, lo que desvirtúa la naturaleza del medio de control constitucional, pues aun y cuando establezcan que existe una violación al principio de autonomía e independencia de los tribunales, en realidad, buscan que la controversia constitucional funcione como un amparo para los juzgadores que los integran, lo cual desvirtúa la naturaleza del medio de control constitucional.

• La Ciudad de México contó con libertad de configuración para normar lo concerniente al Poder Judicial Local en su constitución, dejando libertad configurativa para que en las leyes locales se establezcan las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el Poder Judicial, las cuales se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 122, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los ordenamientos que se impugnan median

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29286-78ba10c8/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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