MAGISTRADOS Y JUECES DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE LA GARANTÍA JUDICIAL DE ESTABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) SECRETARIOS Y ACTUARIOS ADSCRITOS A LOS ÓRGANOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU ESTABILIDAD EN EL CARGO DEBE ASEGURARSE COMO UN PRINCIPIO RECTOR DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. (Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández se apartó de la consideración respecto de la estabilidad en el cargo de secretarios y actuarios) SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 5, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY RELATIVA –EN SUS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN, RESPECTIVAMENTE: "LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MENORES", ASÍ COMO "LOS JUECES DE PAZ"–, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012, VIOLA EL PRINCIPIO JUDICIAL DE LA ESTABILIDAD EN EL CARGO, TUTELADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS. (Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. LOS ARTÍCULOS 5 –SALVO LAS FRACCIONES III Y IV, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN, RESPECTIVAMENTE: "LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MENORES", ASÍ COMO "LOS JUECES DE PAZ"–, 8, 21, 23, 43, 45 Y 52 DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012, AL NO CONSIDERAR COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA A DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO LES RESULTAN APLICABLES Y, POR ENDE, SON VÁLIDOS. (Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA IMPUGNAR EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012, POR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD, AL PREVER QUE SE CONSIDERA COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA A LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS, SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA, ACTUARIOS Y NOTIFICADORES, ASÍ COMO AL MAGISTRADO VISITADOR GENERAL Y A LOS JUECES AUXILIARES DE ESTE ÚLTIMO. (Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2013. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 20 DE ENERO DE 2014. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinte de enero de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil trece ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como del secretario de Gobierno de esa entidad federativa, por los siguientes actos:
1. El Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce.(1)
2. Los actos de ejecución y consecuentes que se deriven de la entrada en vigor de la norma general impugnada.
La parte actora señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 100 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narró los antecedentes del proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado y, en sus dos conceptos de invalidez, manifestó, esencialmente, lo siguiente:
Primer concepto de invalidez. La reforma a los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, tiene como objeto principal establecer cuáles son los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado que son considerados de confianza, así como precisar que éstos sólo son sujetos de los derechos de seguridad social y las medidas de protección al salario, excluyéndolos del derecho a la estabilidad en el empleo. Por lo que se refiere al Poder Judicial del Estado de Morelos, se determina que son trabajadores de confianza, entre otros, los Jueces de primera instancia y menores, los secretarios de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, los actuarios, el Magistrado visitador general y los Jueces auxiliares del Magistrado visitador general.
De acuerdo con los diversos criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados deben observar los principios que prevé el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales, "entre los que destaca la seguridad en el cargo de los Magistrados, la cual se obtiene cuando los funcionarios jurisdiccionales hayan observado en el ejercicio de sus funciones los principios de honorabilidad, eficacia y eficiencia, así como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados".
El objetivo principal de la carrera judicial es la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Jueces y Magistrados que por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad del derecho fundamental de acceso a la justicia, lo que implica: "respetar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales Locales y de los servidores que integran y desarrollan la función jurisdiccional en los mismos", ya que: "el aliciente profesional para ellos es, precisamente, ascender en la estructura organizacional, atendiendo a los criterios y principios antes señalados, situación que se hace nugatoria con la reforma emitida por el Poder Legislativo demandado, ya que la permanencia en el cargo se ve limitada, puesto que de conformidad con las normas generales impugnadas, ya no se cuenta con estabilidad en el empleo".
La reforma a los preceptos legales impugnados vulnera el principio de carrera judicial "puesto que al considerar como trabajadores de confianza a los Jueces, secretarios de actuarios (sic), Magistrado visitador y Jueces auxiliares, les vulnera, precisamente, la característica de permanencia, lo cual resulta contradictorio y hace nugatorios los principios de autonomía e independencia judiciales", situación tal que se traduce, a su vez, en una transgresión al principio de división de Poderes, tal como como se desprende de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que se lee bajo el rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."
Además, la reforma impugnada implica una situación de "intromisión y dependencia" de los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados sobre el Poder Judicial actor, ya que versa "precisamente, sobre situaciones que atañen a la carrera judicial, situación reservada exclusivamente para el Poder Judicial del Estado de Morelos", dado que corresponde a éste analizar el desempeño de los funcionarios judiciales para determinar quiénes pueden acceder al cargo de Juez o Magistrado y permanecer en él. En apoyo de tal argumento, invoca las tesis jurisprudenciales y aisladas del Tribunal Pleno, que se leen bajo los siguientes rubros:
P./J. 80/2004: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."
P./J. 16/2006: "CARRERA JUDICIAL. FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."
P. XV/2006: "CARRERA JUDICIAL. EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL DEBE ARRIBARSE A UNA CONCLUSIÓN QUE SEA ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, EXCELENCIA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALISMO."
P. XXXII/2010: "RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL."
Segundo concepto de invalidez. El decreto por el que se reforman los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, al no prever una disposición transitoria que excluya de la aplicación de esos numerales a los servidores públicos que no tengan garantizada la permanencia en el cargo derivada del principio de carrera judicial y que ingresaron al Poder Judicial del Estado de Morelos con anterioridad a la fecha en que inició su vigencia, viola en su perjuicio la garantía de irretroactividad de la ley que prevé el artículo 14 de la Constitución General de la República, en tanto afecta su normal funcionamiento, porque: "genera incertidumbre en el actuar de los servidores públicos al restringirse y, en su caso, privárseles de un derecho previamente adquirido".
Es así, ya que al excluirse a los trabajadores que se consideran de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo, es indudable que "basta un acuerdo del titular de la dependencia para que dejen de surtir efectos sus nombramientos", no obstante que, con anterioridad a la reforma, sólo podían ser cesados por justa causa.
Se aclara que lo que se impugna, no es la distinción que se hace entre trabajadores de base y de confianza, "sino la aplicación retroactiva de la norma en perjuicio de quienes tendiendo el carácter de trabajador de confianza, tenían derechos adquiridos" a la luz de la interpretación de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en su texto vigente anterior a la reforma, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 171/2006, que se lee bajo el rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LES CONFIERE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A DEMANDAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL DESPIDO INJUSTIFICADO."
En ese contexto, la parte actora solicita que:
1. Se declare la invalidez de las normas generales impugnadas, específicamente, en la parte en que se considera como trabajadores de confianza a los servidores públicos que gozan de la permanencia del cargo derivada del principio de carrera judicial; y,
2. Se determine, en su caso, que "su aplicación es retroactiva en perjuicio de los trabajadores contenidos en la fracción III del artículo 5 de la Ley del Servicio Civil, que ya tenían designación o nombramiento en su favor con antelación a la vigencia del citado ordenamiento", y que gozan, no sólo del derecho a la estabilidad en el empleo, sino de todos los derechos que se prevén para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos.
SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 13/2013. Por razón de turno, se designó como instructor del procedimiento al señor Ministro Alberto Pérez Dayán, quien, por acuerdo de trece de febrero del citado año, admitió a trámite la demanda y determinó que se tiene como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al secretario de Gobierno de esa entidad federativa, por tratarse de un órgano subordinado o interno del propio Poder Ejecutivo. Asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República, para los efectos legales conducentes.
En diverso auto de trece de febrero de dos mil trece, el Ministro instructor ordenó se formara y registrara el expediente relativo al incidente de suspensión derivado de la controversial constitucional 13/2013. Asimismo, negó la medida cautelar solicitada, en virtud de que la parte actora no impugna algún acto concreto de aplicación de los preceptos legales impugnados, a más de que existe prohibición expresa en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que: "la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales".
TERCERO. Contestación de la demanda. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de su consejero jurídico y el Poder Legislativo de esa entidad federativa, por conducto del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dieron contestación a la demanda mediante diversos escritos presentados el once y quince de abril de dos mil trece, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al efecto, hicieron valer las causas de improcedencia que se precisan en la parte considerativa del presente fallo y, en relación con los conceptos de invalidez formulados por la parte actora, manifestaron, en esencia, lo siguiente:
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Los actos que le atribuye la parte actora, consistentes en la promulgación y publicación del Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce, no son violatorios de los preceptos constitucionales a que alude en su demanda, dado que se realizaron en estricto apego a lo previsto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Los argumentos que esgrime la parte actora en su demanda son inatendibles o inoperantes pues, además de que los actos que le atribuye no se impugnan por vicios propios, es falso que la reforma impugnada se traduzca en una violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, toda vez que la eventual violación al derecho de estabilidad en el empleo, en tanto constituye un derecho laboral, sólo causa perjuicio a sus trabajadores y, por tanto, son éstos los que deberán impugnarla a través de diverso medio de defensa.
En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las normas impugnadas se modificaron para aplicarse en lo futuro, no así a los trabajadores en activo, de lo que se sigue que no existe un acto de aplicación en perjuicio de la parte actora, máxime que será ésta la que, en todo caso, las aplicará a sus trabajadores, a través de las autoridades competentes para ello.
Poder Legislativo del Estado de Morelos. La modificación de una ley para adecuarla a la realidad social, es una atribución del órgano legislativo que la emitió y sigue el mismo proceso que se integra por una pluralidad de actos que revelan la voluntad final del legislador que, en el caso concreto, se traduce en adecuar la ley burocrática del Estado de Morelos a los principios rectores del derecho laboral que se prevén el artículo 123 de la Constitución General de la República, dado que los trabajadores de base y de confianza no son equiparables ni en su función ni en su responsabilidad, por lo que era necesario darles un trato diferente para asegurar la buena marcha de la administración pública, tal como sucede en el ámbito federal y en el resto de las entidades federativas.
En tal sentido, no puede estimarse que la reforma impugnada es inconstitucional, ya que el artículo 123 de la Constitución General de la República señala que los trabajadores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, de lo que se sigue que, implícitamente, los excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, pues incluso, así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunado a lo anterior, la reforma en comento, de modo alguno, violenta los principios constitucionales que deben observar los Poderes Ejecutivo y Legislativo para salvaguardar la autonomía e independencia del Poder Judicial, como lo es la seguridad en el cargo de Magistrados, ya que éstos no tienen el carácter de trabajadores, sino de representantes de ese poder. Lo que se corrobora al tener en cuenta que en la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, expresamente se señala que los Magistrados, una vez ratificados, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
Incluso, debe tenerse en cuenta que, conforme al citado precepto constitucional, la carrera judicial tiene por objeto garantizar que prevalezca un criterio de absoluta capacidad y preparación académica para asegurar un mejor desempeño, pero ello no implica que se traduzca en un requisito indispensable para ser Juez o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ya que sólo da un derecho de preferencia, no así de exclusividad.
En consecuencia, la distinción que se realiza en la reforma impugnada entre trabajadores de base y de confianza, en nada afecta los principios de ingreso, formación y permanencia de la carrera judicial, la cual, cabe apuntar, tampoco constituye un requisito de ingreso al Poder Judicial del Estado.
Derivado de lo anterior, resulta que la posible afectación a los derechos laborales de "los trabajadores administrativos", debe impugnarse por éstos, a través de diverso medio de defensa, no así por el Poder Judicial actor a través de la presente controversia, pues es claro que su pretensión se traduce en salvaguardar los intereses de aquéllos.
En acuerdo de dieciséis de abril de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, dando contestación a la demanda por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos. Asimismo, ordenó dar vista a la parte actora y al procurador general de la República para los efectos legales conducentes y señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley.
CUARTO. Cierre de instrucción. Agotados los trámites de ley, el cuatro de junio de dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes. Asimismo, se abrió el periodo de alegatos sin que se haya formulado alguno y se puso el expediente en estado de resolución.
Del acta relativa a la audiencia de ley, se desprende que el procurador general de la República no formuló pedimento ni expresó alegato alguno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mi trece, ya que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad.
SEGUNDO. Legitimación activa y pasiva. El artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General de la República establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre los poderes de un mismo Estado por la constitucionalidad de sus actos.
Por su parte, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 10, fracciones I y II, establece que tienen el carácter de partes en las controversias constitucionales:
a) Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.
b) Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.
Además, el citado ordenamiento legal, en su artículo 11 establece que: "El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la disposición antes transcrita admite una interpretación flexible, a efecto de que las normas legales no se conviertan en un obstáculo para el acceso a la justicia cuando se advierte una hipótesis no prevista expresamente en la ley, más aún cuando existen elementos suficientes que permiten inferir que la persona que promueve la controversia no lo hace en defensa de un interés propio, sino en el del órgano a nombre de quien lo hace. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 52/2003, del Tribunal Pleno, que se lee bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE."(2)
I. Legitimación activa. De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que el Poder Judicial del Estado de Morelos está legitimado para promover la presente controversia, en tanto reclama de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad federativa, la emisión, promulgación y publicación del Decreto Número Doscientos Dieciséis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil doce, por estimar que con dichas reformas se atenta contra su autonomía e independencia, al ser violatorias de los principios judiciales que consagra el artículo 116, fracción III, de la Constitución General de la República.
Asimismo, se debe considerar que la persona que promovió la presente controversia en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, se encuentra legitimada para ello, dado que la demanda respectiva se formuló por Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de esa entidad federativa, lo que acreditó con la copia certificada del acta relativa a la sesión del Pleno del citado Tribunal Superior de Justicia celebrada el diecisiete de mayo de dos mil doce, en la que se le designó para ocupar el cargo con el que se ostenta para el periodo comprendido del dieciocho de mayo del citado año al diecisiete.
Por tanto, aun cuando del marco legal vigente que regula la estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos, no se advierte disposición legal alguna en la que expresamente se prevea a quién corresponde su representación en los juicios en que sea parte, lo cierto es que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en atención al criterio jurisprudencial antes precisado, debe estimarse que la representación legal del referido órgano judicial la tiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 38/2003, que a la letra se lee:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo 11, primer párrafo, prevé dos maneras para tener por reconocida la representación de quienes promueven a nombre de las partes en materia de controversias constitucionales: la primera, se trata de una representación consignada en la ley, en la que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios facultados por la ley que los rige para representarlos; y, la segunda, se trata de una presunción de la representación, en la que, en todo caso, quien comparezca a juicio cuenta con la capacidad y representación legal para hacerlo, salvo prueba en contrario, de ahí que de acuerdo con el orden de los supuestos referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley o, en caso contrario, podrá entonces presumir dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 27, primer párrafo, 35, fracción I, 113 y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se desprende que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial de esa entidad, en todas aquellas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local; que es atribución de su presidente representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal; y que el presidente de éste lo será también del consejo; sin embargo, no se advierte a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local para acudir ante los órganos jurisdiccionales, por lo que en atención a la segunda hipótesis del primer párrafo del referido artículo 11, se presume que el presidente del Tribunal Superior del Estado de Morelos, al comparecer a juicio tiene representación legal y capacidad para hacerlo, máxime si no existe prueba en contrario que desvirtúe esa circunstancia."(3)
II. Legitimación pasiva. Las autoridades demandadas son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos. Ambos tienen legitimación pasiva para comparecer con tal carácter en la presente controversia, toda vez que se les atribuye la emisión, promulgación y publicación de las normas impugnadas, respectivamente.
Asimismo, las personas que comparecieron en la presente controversia, en representación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, se encuentran legitimadas para ello.
Es así, ya que el Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció a juicio por conducto de Humberto Segura Guerrero, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso, lo que acreditó con la copia certificada del acta de sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil doce, con motivo de la elección de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Segunda Legislatura, en la que se le eligió para ocupar el cargo con el que se ostenta.
Luego, si de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, le corresponde al presidente de la mesa directiva la representación legal del Poder Legislativo de ese Estado, es claro que la persona que compareció en su representación en la presente controversia, se encuentra legitimado para ello.(4)
Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció a la presente controversia por conducto de Ignacio Burgoa Llano, quien se ostentó como consejero jurídico de ese poder, lo que acreditó con la copia del Periódico Oficial del Estado de tres de octubre de dos mil trece, en el que se publicó el nombramiento que le fue conferido por el gobernador del Estado de Morelos en el cargo con el que se ostenta.
Entonces, si en términos de lo previsto en el artículo 38, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el consejero jurídico puede representar al titular del Poder Ejecutivo en todos los actos en que sea parte, así como en las acciones y controversias constitucionales, es evidente que la persona que compareció en el presente juicio en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se encuentra legitimado para tal efecto.(5)
TERCERO. Oportunidad. Conforme a lo previsto en los artículos 3o., fracción II y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de normas generales, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.
Así, para poder establecer si la presente controversia se promovió oportunamente, es necesario tener en cuenta que la parte actora señaló, como actos reclamados, el Decreto Número Doscientos Dieciséis por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el miércoles veintiséis de diciembre de dos mil doce, así como los consecuentes actos que deriven de su entrada en vigor, de lo que se sigue que las precitadas normas generales se impugnan con motivo de su publicación y, por ende, el referido plazo de treinta días hábiles transcurrió del miércoles dos de enero al miércoles trece de febrero de dos mil trece.(6)
Por tanto, si la demanda relativa se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de febrero del dos mil trece, es dable concluir que la presente controversia constitucional se promovió dentro del plazo legal previsto para ello.
CUARTO. Causas de improcedencia. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos aduce que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, toda vez que los trabajadores de los tres Poderes del Estado de Morelos están incluidos en la Ley del Servicio Civil desde que ésta entró en vigor, es decir, desde el nueve de septiembre de dos mil y, por tanto, es claro que a la fecha en que se presentó la demanda relativa a la presente controversia constitucional había transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.
La citada causa de improcedencia es infundada, ya que del análisis de la demanda se advierte que lo que se cuestiona, no es la inclusión de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos en la Ley del Servicio Civil, sino la distinción que se hace entre sus trabajadores de base y de confianza con motivo de las reformas y adiciones a los artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 del citado ordenamiento legal, en tanto que a partir de esa distinción -que no se preveía en el texto original de la ley-, se excluye a los trabajadores que son considerados de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo, lo que a decir de la parte actora se traduce en una violación a su autonomía e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
De ahí que no asiste razón al consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en cuanto pretende demostrar que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley de la materia, puesto que tal como quedó apuntado en el considerando que antecede, la presente controversia constitucional se promovió dentro de los treinta días hábiles siguientes al en que se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron las normas generales impugnadas.
En otro aspecto, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos aduce que se actualiza la causa de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25067-6fe3d699/magistrados-y-jueces-de-los-poderes-judiciales-locales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
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