I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN X, 17, FRACCIÓN V, 26, FRACCIÓN X, 27, FRACCIÓN VII, Y 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. PROCESO LEGISLATIVO. PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LAS INICIATIVAS DE LEYES DE CARÁCTER MUNICIPAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 7, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IX Y XI, 17, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IV Y VI, 26, FRACCIONES IX Y XI, 27, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES VI Y VIII, 29, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES VI Y VIII, DE LA LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE ACTOS LEGISLATIVOS IMPUGNADOS POR UN MUNICIPIO CUANDO PRESENTAN UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 7, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IX Y XI, 17, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IV Y VI, 26, FRACCIONES IX Y XI, 27, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES VI Y VIII, 29, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES VI Y VIII, DE LA LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO 118 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA LA MISMA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2013. MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 2 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dos de junio del dos mil quince.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Por oficio presentado el veinte de marzo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Yolanda Enríquez de la Fuente, síndica procuradora del Municipio de Tijuana, Baja California, en representación de ese Municipio, promovió controversia constitucional contra la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto No. 263, a través del cual se reformaron los artículos 7, 17, 26, 27 y 29 de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California; se reformó el artículo 118 y se adicionó el artículo 118 Bis, a la Ley de Protección al Ambiente para dicha entidad federativa, publicado el uno de febrero de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
2. SEGUNDO.-La parte actora citó como preceptos constitucionales violados, los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que no existe tercero interesado y narró los siguientes antecedentes:
"1. El 15 de enero de 2013, la XX Legislatura del Estado de Baja California, celebró sesión ordinaria y durante el desarrollo de la misma se presentó a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, un documento identificado como ‘Iniciativa que reforma a diversos artículos de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular del (sic) Estado de Baja California.’
"Procede aclarar que no obstante el título indicado en el documento, de su lectura integral se desprende que la iniciativa pretende reformar no únicamente artículos de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, sino que también tiene como finalidad reformar artículos de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
"2. Concluida la lectura de la iniciativa, la Legislatura dispensó indebidamente el trámite de turnar dicha iniciativa a la Comisión de Dictamen Legislativo, por lo que el mismo día 15 de enero, aprobó la iniciativa de reforma tanto a los artículos 7, 17, 26, 27 y 29 de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, así como la reforma al artículo 118, y adición del artículo 118 Bis, de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
"3. La reforma a la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, básicamente, consiste en establecer que para realizar el alta de un vehículo, para que éste pueda circular, así como para la revalidación de tarjeta de circulación y canje de placas, se requiere como requisito que el interesado cuente con el certificado vigente y el holograma que acredite haber aprobado la verificación vehicular.
"Mientras que la diversa reforma a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, principalmente, comprende dos aspectos:
"Primero. Establecer la periodicidad en la que los propietarios o poseedores de vehículos automotores deberán someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación; y
"Segundo. Señalar que, quienes incumplan con la verificación en el periodo que le corresponde serán multados por la autoridad municipal conforme a los reglamentos de tránsito.
"Ahora bien, según la exposición de motivos de la iniciativa, lo que se pretende con ambas reformas es prohibir la circulación de automotores que emitan contaminantes, cuyos niveles de emisión a la atmósfera rebasen los máximos permisibles establecidos en las normas aplicables; y disponiendo que deberán aplicarse multas administrativas a los infractores por conducto de la autoridad municipal.
"4. Las reformas a las dos leyes se contienen en el Decreto Número 263, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, del 01 de febrero de 2013, mismo que hoy se solicita se declare su invalidez."
3. TERCERO.-En el único concepto de invalidez, la parte actora manifestó, en esencia, los siguientes argumentos:
4. Que es ilegal el decreto de reformas reclamado, en virtud de que la Legislatura del Estado de Baja California omitió turnar la iniciativa a la comisión de dictamen legislativo correspondiente, sin razonar, ni justificar que se trataba de un caso urgente y de obvia resolución.
5. Que la omisión de turnar la iniciativa a la comisión legislativa correspondiente constituye una violación al proceso legislativo, que le impidió ejercer su derecho de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en los suprimidos trabajos de la comisión dictaminadora, para el análisis de la iniciativa.
6. Que el Municipio que representa debió participar en el procedimiento legislativo, toda vez que la protección del medio ambiente es un tema de competencia municipal, lo anterior, tomando en cuenta que el objeto de la reforma contenida en el decreto reclamado fue impedir la circulación de vehículos automotores cuyo nivel de emisión de contaminantes rebasen los máximos permisibles establecidos en las normas aplicables; y disponiendo que deberán aplicarse multas administrativas a los infractores por conducto de la autoridad municipal.
7. Que la emisión del decreto reclamado, es violatoria de la garantía de debido proceso legal, prevista en el artículo 14 constitucional, la cual, tratándose de actos legislativos, se traduce en que las autoridades que participan en el proceso de creación de normas observen cada una de las etapas establecidas en la ley.
8. Que la Legislatura del Estado violó lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución del Estado, así como los artículos 116, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, toda vez que omitió remitir la iniciativa a la comisión legislativa correspondiente para su dictamen y que si bien, por votación económica se tomó la determinación de dispensar ese trámite legislativo, se hizo sin expresar las razones, motivos o causas por las que se estaba en un caso de urgente necesidad y obvia resolución.
9. Que al dispensarse el trámite referido, no se permitió que el Municipio compareciera a ejercer su derecho de audiencia, para opinar, discutir y hacerse representar en los suprimidos trabajos de la comisión respectiva.
10. Que de igual forma se impidió que se anunciara al Municipio con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión en que se discutiría la iniciativa de reforma, y así, pudiera participar en los trabajos, en términos de los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad.
11. Que las violaciones al proceso legislativo le causan agravio, toda vez que, a través del decreto impugnado, se le impone la obligación de homologar sus reglamentos, a fin de sancionar a los conductores de vehículos que no cuenten con el holograma de verificación vehicular vigente, según establece el artículo primero transitorio.
12. Que por disposición de los artículos 7, párrafo sexto, y 83, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 1, fracción I, 5 y 9, fracciones XI, XXIII y XXXVII, de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, la protección del medio ambiente corresponde al Municipio, formulando y conduciendo la política ambiental, y que entre sus atribuciones, se encuentra la de proponer iniciativas de leyes o decretos en materia ambiental y participar en su análisis, así como regular y aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación generada por fuentes móviles, pudiendo aplicar sanciones administrativas y medidas técnicas por infracciones a la ley referida y sus reglamentos.
13. Que el tema de la reforma aprobada por la Legislatura Local es la protección del medio ambiente, al evitar la circulación de vehículos con alta emisión de contaminantes, a través de la imposición de multas administrativas, por conducto de la autoridad municipal, lo que lo hace de la competencia del propio Municipio.
14. Que es trascendente la participación del Municipio en el proceso legislativo, toda vez que existe la posibilidad de que la iniciativa contenga aspectos violatorios de derechos humanos, por lo cual debe tener la oportunidad de opinar, discutir, controvertir y subsanar tales defectos.
15. Que la participación del Municipio en el proceso legislativo, no es una facultad de la legislatura, sino una obligación, tal como se desprende de los artículos 30 de la Constitución Local y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que emplean la palabra "anunciarán", al referirse a la citación previa, que las comisiones de dictamen deben dar al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos y al Poder Judicial, para que éstos puedan participar en los trabajos de las comisiones, lo que se corrobora con las exposiciones de motivos de las iniciativas que se presentaron para reformar los mencionados artículos.
16. Que la interpretación del artículo 30 de la Constitución del Estado debe ser en el sentido de que para el fortalecimiento pleno del Municipio es imprescindible su participación en el procedimiento legislativo, tratándose de asuntos de carácter municipal.
17. Que al lado de la participación de las fuerzas políticas con representación partidaria representada por los diputados que tienen derecho a deliberar y votar las iniciativas en el Pleno del Congreso, el Municipio tiene el derecho de participar previamente en los trabajos de la comisión de dictamen legislativo, con el fin de aportar opiniones, puntos de vista e información a fin de enriquecer el dictamen, lo que puede influir tanto en la elaboración del dictamen, como en la particular opinión de los diputados que la integran y posteriormente concurren con voz y voto a la sesión plenaria; que ambos derechos se complementan para perfeccionar e integrar la voluntad parlamentaria.
18. Que el derecho del Municipio para participar en las deliberaciones de la comisión de dictamen legislativo, fue analizado y reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 94/2011, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil trece.
19. Que la omisión de dar participación al Municipio en los trabajos de la comisión de dictamen, al haberse dispensado dicho trámite, no puede ser remediada posteriormente al votarse la iniciativa por el Pleno de los diputados, toda vez que en ese momento el Municipio ya no puede intervenir y ejercer su derecho de aportar información y puntos de vista.
20. Que el gobernador, así como el secretario general de Gobierno, actuaron indebidamente al promulgar, refrendar y publicar, en el marco de su competencia, el decreto reclamado, toda vez que derivó de un procedimiento legislativo viciado.
21. CUARTO.-Mediante proveído de veinte de marzo de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente y remitirlo al Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien correspondió actuar como instructor del procedimiento.
22. El uno de abril siguiente, el Ministro Instructor desechó de plano la controversia constitucional planteada, al considerar que se actualizaba, manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso a), de dicho precepto constitucional por falta de interés legítimo del Municipio promovente.
23. QUINTO.-Inconforme con dicha determinación, el Municipio de Tijuana, Baja California, interpuso recurso de reclamación, que se registró bajo el número 19/2013-CA.
24. En sesión de nueve de octubre de dos mil trece, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar fundado el referido recurso y revocó el auto de uno de abril de dos mil trece.
25. Posteriormente, en auto de tres de diciembre de dos mil trece, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados y emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno del Estado de Baja California y ordenó dar vista al procurador general de la República.
26. SEXTO.-Por parte del Estado de Baja California compareció el secretario general de Gobierno por sí, y en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, quienes dieron contestación a la demanda mediante promociones presentadas en la oficina de correos de la localidad, el once de febrero de dos mil catorce, recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinte del mismo mes y año, manifestando medularmente lo siguiente:
27. - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trasciendan de manera fundamental a la norma y produzcan su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones formales que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por tanto, no afectan su validez siempre que se haya cumplido con el fin último buscado por la iniciativa, es decir, haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. Tal como se desprende de la jurisprudencia «P./J. 94/2001» del Pleno, de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."
28. - Que el estudio de las violaciones al procedimiento legislativo debe partir del principio de economía procesal, a fin de no reponer etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada, así como el de equidad en la deliberación, que apunta a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en la tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales.
29. - Que para determinar la validez o invalidez de una norma por violaciones al procedimiento legislativo, es necesario evaluar el cumplimiento de ciertos estándares:
30. a) El respeto al derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad.
31. b) El procedimiento debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
32. c) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.
33. - Que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia.
34. - Lo anterior, en términos de la tesis «P. L/2008» de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL."
35. - Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 19/2007, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil diez, complementó los estándares mencionados, al señalar que también es necesario que se atienda a los lineamientos relacionados con el derecho a la participación deliberativa, la cual consiste, en que todas las cuestiones que se sometan a votación del órgano legislativo se den en un contexto de deliberación por las partes a quienes la ley otorga el derecho de intervenir en los debates.
36. - Que las formalidades fundamentales para la creación de una norma son la iniciativa, la discusión en el recinto parlamentario, la aprobación, la promulgación y la publicación, cuya finalidad es que sea el Pleno del órgano legislativo el que apruebe una iniciativa de ley o decreto, por ser, en quien recae la facultad de dictar leyes, por lo que, si en un proceso se satisfacen tales formalidades esenciales, el incumplimiento de requisitos secundarios no conduce a la invalidez de la norma, siempre que su contenido y los fines del proceso legislativo permanezcan incólumes.
37. - Que resulta inoperante el concepto de invalidez formulado por el Municipio actor, toda vez que el trabajo que desempeñan las comisiones de dictamen legislativo, comprende únicamente el trabajo preparatorio a la discusión del dictamen de la iniciativa, por lo que, las posibles violaciones al proceso legislativo que ocurran en esta etapa, son susceptibles de purgarse por la actuación posterior del Congreso, a quien le corresponde la facultad decisoria.
38. - Que lo anterior tiene sustento en la tesis «P./J. 117/2004» del Pleno, de rubro: "PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO RESPECTIVO."
39. - Que el decreto impugnado fue expedido siguiendo las etapas fundamentales del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa fue formulada por diputados integrantes de la Vigésima Legislatura del Estado, quienes se encuentran facultados para ello; fue discutida por el pleno del Congreso Local, el quince de enero de dos mil trece; fue aprobada por un total de doce votos a favor y once en contra, lo que cumplió con el quórum legal; fue promulgada por el gobernador, refrendada por el secretario general de Gobierno y publicada en el Diario Oficial del Estado.
40. - Que toda vez que, se cumplieron las etapas fundamentales del procedimiento legislativo, las violaciones expresadas por la parte actora durante los trabajos preparatorios, consistentes en la omisión de turnar la iniciativa a la comisión legislativa para que emitiera su dictamen y la falta de justificación de la dispensa de dicho trámite, constituyen únicamente cuestiones de carácter secundario que no trascienden a la validez del decreto impugnado.
41. - Que los artículos 30, fracción II, de la Constitución Política del Estado y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establecen que las comisiones de dictamen legislativo deben anunciar a los Ayuntamientos, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión en que se discuta el proyecto, a fin de que participen en los trabajos, haciendo valer sus opiniones o alegatos, en los casos en que se discutan asuntos de carácter municipal, en términos de la propia Constitución, a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto, tome parte en los trabajos.
42. - Que sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 19/2007, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil diez, sostuvo que tratándose del procedimiento legislativo, la participación en la discusión de las partes a quienes la legislación otorga ese derecho, reviste suma importancia para la defensa de sus intereses, sin que pueda aceptarse ninguna situación que lleve al desconocimiento de tal derecho.
43. - Que en los hechos del caso referido, el gobernador de Jalisco no estuvo en posibilidad de hacerse oír, en términos de los artículos 29 de la Constitución del Estado de Jalisco y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, al no haberse hecho de su conocimiento el momento en que se llevaría a cabo la discusión de un proyecto de reformas que tenía que ver con cuestiones de su competencia. 44. - Que la Suprema Corte consideró que esa violación resultaba grave, al trascender al resultado de la norma, pues en términos de la legislación local, no era posible poner en discusión un proyecto de ley o decreto sin haberse satisfecho la obligación de citar al gobernador cuando se fueran a discutir asuntos de su competencia, respetando su derecho de hacer uso de la tribuna legislativa, para hacer llegar al órgano legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales, sin que para ello fuera obstáculo que el Ejecutivo Local pudiera formular observaciones, toda vez que esa facultad es únicamente por escrito.
45. - Que el precedente referido en párrafos anteriores es diferente al presente asunto, toda vez que en la legislación de Jalisco, la participación que se da al gobernador y a los Ayuntamientos es para que acudan a las sesiones del Congreso Local, para tomar parte en la deliberación cuando deban discutirse asuntos de su competencia, lo que constituye una prerrogativa excepcional, toda vez que ninguna otra persona puede hacer uso de la palabra durante los debates de la Asamblea. En cambio, en el caso de Baja California, la participación que se da al gobernador, a los Ayuntamientos y al Poder Judicial Local es para que participen en los trabajos de las comisiones de dictamen legislativo, cuya naturaleza es distinta a la de la discusión que lleva a cabo el Pleno del Congreso, pues la labor de las comisiones es únicamente técnico y preparatorio.
46. - Que si bien es importante la participación de los Ayuntamientos para la emisión informada del dictamen, esa participación no trasciende a la aprobación de la norma, porque el dictamen es un documento de trabajo con base en el cual se desarrollará la deliberación pública, por lo que la influencia que pueda tener su participación en esa etapa no impacta en la conformación de la voluntad parlamentaria.
47. - Que del procedimiento legislativo que dio origen al artículo 30 de la Constitución de Baja California, se advierte que la finalidad de incluir a los Ayuntamientos en el procedimiento legislativo fue constitucionalizar la práctica de las comisiones de invitar a servidores públicos federales, estatales y municipales, cuando se analizaban aspectos concernientes a su competencia y que esa intervención fortalece a los Municipios y enriquece la labor técnica de las comisiones, sin embargo, no le da al producto legislativo un componente que tenga que ver con la voluntad de los Ayuntamientos.
48. - Que en ese sentido se pronunció la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 94/2011, resuelta en dieciocho de febrero de dos mil trece, planteada por el propio Municipio de Tijuana, Baja California, en la que sostuvo que es de vital importancia escuchar la opinión de los Ayuntamientos en el proceso legislativo dentro de los asuntos de su competencia y que la observancia del artículo 30 de la Constitución Local no es optativa, sin embargo, su contravención no trasciende a la violación de la norma, pues los Ayuntamientos no cuentan con voto dentro de las tribunas legislativas.
49. SÉPTIMO.-Por auto de veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Ministro Instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Baja California y dio vista a la parte actora y al procurador general de la República.
50. OCTAVO.-En auto de once de marzo de dos mil catorce, el Ministro Instructor tuvo por ciertos los hechos atribuidos al Poder Legislativo del Estado de Baja California, toda vez que transcurrió el plazo que le fue concedido para contestar la demanda sin que lo hubiera hecho.
51. Cabe señalar que el procurador general de la República no emitió opinión en el presente asunto.
52. NOVENO.-Agotado en sus términos el trámite respectivo, el nueve abril de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
53. DÉCIMO.-Mediante proveído de cinco de enero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó returnar el presente asunto al Ministro Juan N. Silva Meza para efectos de la tramitación y/o elaboración del proyecto de resolución; ya que el Pleno de este Alto Tribunal determinó en sesión del dos del mismo mes y año, que el Ministro Juan N. Silva Meza quedara adscrito a la Segunda Sala en la ponencia que correspondía al Ministro Luis María Aguilar Morales.
CONSIDERANDO:
54. PRIMERO.-Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año; en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, en el que se impugnan normas de carácter general. Ver votación 1
55. SEGUNDO.-Procede analizar en este momento la oportunidad de la demanda de controversia constitucional.
56. Al respecto, el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y ..."
57. Por su parte, el artículo 3o. del mismo ordenamiento establece lo siguiente:
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
58. La demanda de controversia constitucional promovida contra el Decreto No. 263 se presentó en tiempo, tomando en cuenta que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el uno de febrero de dos mil trece, en virtud de lo cual el plazo de treinta días hábiles para tal efecto transcurrió del seis de febrero al veinte de marzo de ese año, descontando los días dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero; así como dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete y dieciocho de marzo de dos mil trece, por ser inhábiles en términos de los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de noviembre de dos mil trece, relativo a la determinación de los días inhábiles y de descanso. En esa medida, si la demanda se presentó el veinte de marzo de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, es claro que su promoción fue oportuna. Ver votación 2
59. TERCERO.-Antes de analizar la legitimación de las partes, resulta conveniente precisar las normas y actos objeto de la presente controversia.(1)
60. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte actora impugnó el Decreto No. 263, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el uno de febrero de dos mil trece, por el que se reforman los artículos 7, 17, 26, 27 y 29 de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, se reforma el artículo 118, y se adiciona el artículo 118 Bis, de la Ley de Protección al Ambiente para dicha entidad federativa. Ver votación 3
61. CUARTO.-La parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.
62. De conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano promovente, quien podrá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en los términos de las normas que lo rigen, esté facultado para representarlo.
63. La demanda de controversia constitucional,(3) promovida a nombre del Municipio de Tijuana, Baja California, fue suscrita por Yolanda Enríquez de la Fuente, en su carácter de síndica procuradora de dicho Municipio, personalidad acreditada en términos de la copia certificada del acta de la sesión solemne, celebrada el treinta de noviembre de dos mil diez, para la transición de poderes al Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como del bando solemne, mediante el cual se declara a los munícipes que resultaron electos para integrar dicho Ayuntamiento para el periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil diez, al treinta de noviembre de dos mil trece, de las que se desprende que rindió protesta como miembro del Cabildo electo y que fue designada como síndico procurador propietario.
64. Ahora bien, de acuerdo al artículo 8 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California,(4) corresponde al síndico procurador ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25862-ed18fc8e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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