I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, BASE II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ UN LÍMITE DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, EN COMPARACIÓN CON EL QUE PERCIBIRÁN LOS NACIONALES, VIOLA LAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DISPUESTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE EL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE CALCULARÁ MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE LA CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL LOCAL A JULIO DE CADA AÑO POR EL VEINTE POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, SE ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL [ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE EL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE CALCULARÁ MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE LA CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL LOCAL A JULIO DE CADA AÑO POR EL VEINTE POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, NO VIOLA LAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DISPUESTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE EL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE CALCULARÁ MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE LA CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL LOCAL A JULIO DE CADA AÑO POR EL VEINTE POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, NO CARECE DE UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN [ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. IX. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE EL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE CALCULARÁ MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE LA CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL LOCAL A JULIO DE CADA AÑO POR EL VEINTE POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, NO DEBE EVALUARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO [ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. X. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE EL MONTO QUE DEBEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE CALCULARÁ MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE LA CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL LOCAL A JULIO DE CADA AÑO POR EL VEINTE POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD [ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 137/2023 Y SUS ACUMULADAS 140/2023, 141/2023 Y 142/2023. PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO BAJA CALIFORNIA, DIPUTACIONES INTEGRANTES DE LA VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y AUGUSTO ARTURO COLÍN AGUADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Decreto No. 231, a través del cual se reformó el artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. La modificación se vincula con la prerrogativa de acceso al financiamiento público en el ámbito estatal para los partidos políticos, tanto nacionales como locales.
En específico, se reformaron los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 43 del mencionado ordenamiento, en el sentido de: i) ajustar la fórmula para el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos nacionales, consistente en reducir el valor porcentual(1) por el que se multiplicará la base (el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral local, al corte de julio de cada año); ii) modificar la hipótesis para que opere el límite del financiamiento público que pueden obtener los partidos políticos locales, pues ahora aplica ante la existencia de cuatro o menos;(2) y, iii) precisar la forma como se distribuirá entre los partidos políticos el monto de financiamiento público que resulte (el treinta por ciento de forma igualitaria, mientras que el setenta por ciento restante de conformidad con el porcentaje de votación en la elección de diputaciones inmediata anterior).
El partido Encuentro Solidario Baja California, un grupo de diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional promueven respectivas acciones de inconstitucionalidad en contra del texto reformado de los párrafos segundo y tercero del inciso a) del artículo 43 de la Ley de Partidos local. Los accionantes argumentan –en esencia– que las legislaturas de las entidades federativas no tienen competencia para modificar ni limitar la fórmula para el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos que se desprende de los artículos 41, base II, inciso a), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política del país, en relación con los artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos. También sostienen que la regulación se traduce en una violación de diversos principios constitucionales.
El análisis de los problemas jurídicos planteados se desarrolla en esta sentencia siguiendo la estructura que se expone enseguida:
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 137/2023 y sus acumuladas 140/2023 141/2023 y 142/2023, que promueven, respectivamente, el partido Encuentro Solidario Baja California, un grupo de diputaciones integrantes de la Vigésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional en contra del Decreto No. 231, a través del cual se reformó el artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.(3)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Publicación del Decreto. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto No. 231, a través del cual se reformó el artículo 43 de la Ley de Partidos local, en los términos que se exponen a continuación:
Ver reforma al artículo 43
2. Promoción de las acciones de inconstitucionalidad y conceptos de invalidez. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, se presentó –en representación del Partido Encuentro Solidario Baja California–(4) una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto identificado en el punto previo. Por su parte, el veintitrés de junio siguiente, un grupo de diputadas y diputados integrantes de la Vigésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Baja California(5) promovieron una diversa acción de inconstitucionalidad en contra del mismo acto legislativo.
3. En estos dos escritos iniciales se formulan planteamientos sustantivamente coincidentes,(6) por lo cual se sintetizan de forma conjunta en los siguientes párrafos. Primero, sostienen que el Decreto No. 231 viola los artículos 1o., 13, 35, fracción III, 41, 73, fracción XXIX-U, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política del país. Los accionantes hacen valer los siguientes conceptos de invalidez:
I. Primero. El Poder Legislativo de Baja California carece de libertad de configuración legislativa para disminuir el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos locales. El artículo 43, fracción I, inciso a), párrafo tercero, de la Ley de Partidos local contradice los artículos 41, base II, inciso a), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) en relación con los diversos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos,(8) al establecer un procedimiento para disminuir el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos locales.
II. El precepto legal transgrede las disposiciones constitucionales y de la Ley General porque: i) carece de libertad de configuración legislativa en materia de financiamiento público de los partidos locales; ii) introduce reglas no previstas en las normas constitucionales; y, iii) nulifica las reglas de distribución previstas en el inciso b) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local.
III. De conformidad con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –como lo es la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas– las entidades federativas deben acatar las reglas establecidas en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos, para asignar el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes a los partidos políticos.
IV. Si bien en el primer párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local se indica que el financiamiento se otorgará en términos de la Ley General, en su tercer párrafo se establece que en caso de que existan cuatro o menos partidos con registro local, podrán recibir por concepto de financiamiento público la cantidad que resulta, sin que ésta exceda de un veinticinco por ciento del monto referido en el párrafo anterior; remisión que se realiza al financiamiento que reciben los partidos políticos nacionales. Dicha regulación es contradictoria, pues se mezclan los parámetros considerados para los partidos nacionales y, con base en éstos, se topa el financiamiento público de los partidos locales.
V. Ni la Constitución Política del país ni Ley General de Partidos Políticos proporcionan competencia a las entidades federativas para recalcular, topar o limitar el financiamiento público de los partidos políticos locales. El tercer párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local es inconstitucional y, por ende, debe invalidarse.
VI. Segundo.(9) La reforma del artículo 43, fracción I, inciso a), párrafo tercero, de la Ley de Partidos local implica instituir una norma privativa, que limita el número de partidos políticos locales y que es inequitativa para éstos, por disminuir el financiamiento que les corresponde.
VII. La norma es privativa porque de manera contundente, se prevé una regla dirigida a "cuatro o menos" partidos políticos locales, cuando lo correcto era que el órgano legislativo mencionara "tratándose de partidos políticos locales", sin delimitar un número específico. Al hacerlo, la norma pierde generalidad, por estar diseñada para una, dos, tres o cuatro personales morales. Es una norma privativa al establecer la posibilidad de otorgar financiamiento público sólo a cuatro partidos locales, violando el principio de igualdad en caso de existir un número mayor.
VIII. De una interpretación estricta y gramatical, la norma define que en Baja California sólo es posible la existencia de hasta cuatro partidos políticos locales, con lo que se vulnera el derecho de asociación política y el acceso al financiamiento público para actividades ordinarias. La limitación implica que de existir más de cuatro partidos locales, éstos no obtendrían las prerrogativas correspondientes, con lo que se afecta el derecho de asociación política, al no contar con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades ordinarias.
IX. La norma es inequitativa porque bajo el pretexto de la austeridad, genera un trato diferenciado en perjuicio de los partidos políticos locales, a pesar de que en la Ley General se les otorga el derecho a recibir financiamiento para actividades ordinarias. Lo anterior vulnera la prohibición de la discriminación que se prevé en el artículo 1o. de la Constitución Política del país, en armonía con los artículos 41 y 116 del mismo ordenamiento.
X. Reconocen que en el Dictamen que originó el Decreto cuestionado se justificó la modificación del precepto en que de aplicar a los partidos locales el mismo criterio que se utiliza para los partidos nacionales, el monto que recibirían aquellos sería desproporcionado y alejado de un criterio justo, racional y de equilibrio financiero, además de que se incumpliría con el principio de austeridad que marca el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.(10) Sin embargo, argumentan que esa interpretación legislativa no tiene asidero constitucional porque:
• El principio de austeridad que reconoce la Constitución local no tiene el alcance para, incluso mediante una interpretación conforme, permitir la variación de las disposiciones federales, como lo es el artículo 51, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.
• El principio de austeridad no posibilita el establecer tratos diferenciados en relación con los partidos políticos nacionales y locales.
• Considerar que los partidos locales recibirían un monto desproporcionado en relación con los partidos nacionales supone desconocer el sistema de distribución del financiamiento público diseñado desde la propia Constitución, pues el treinta por ciento se reparte por partes iguales y el restante setenta por ciento con base en la votación recibida por cada partido. La fórmula constitucional no distingue entre la existencia de un único partido local o de más, por eso la mayor parte del financiamiento se distribuye con base en el porcentaje de votación, la cual es una base objetiva y lleva a que los recursos se correspondan con el grado de representatividad.
XI. El órgano legislativo local no consideró que los partidos políticos nacionales reciben doble financiamiento (el otorgado por el Instituto Nacional Electoral y el que proporciona cada organismo público local electoral). Por eso, la interpretación del legislador local no tiene bases sólidas.
XII. El trato diferenciado se agrava porque la disminución del financiamiento de los partidos locales se realiza respecto al monto que reciben los partidos nacionales. Al utilizar las reglas del financiamiento de los partidos nacionales para topar el financiamiento de los partidos locales se transgreden los artículos 1o., 41 y 116 de la Constitución Política del país, en relación con los artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
XIII. Si bien los razonamientos son suficientes para declarar la inconstitucionalidad del párrafo tercero del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local; también existen fundamentos para expulsar del sistema jurídico, cuando menos, las porciones "que existan cuatro o menos" y "en el párrafo anterior".
XIV. Tercero. El Decreto No. 231 contradice las reglas de cuantificación del financiamiento público a partidos políticos nacionales y locales. La reforma tuvo como objetivo fundamental disminuir el financiamiento público ordinario que les corresponde a los partidos políticos, tanto de carácter nacional como local. Si bien se realiza a partir de porciones normativas distintas, su interpretación conjunta y aplicación implica una disminución de los recursos que recibían previo a la reforma de mérito.
XV. La porción normativa del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local, que dice "veinte", debe expulsarse del ordenamiento jurídico, persistiendo con base en los efectos de la sentencia que se emita la referencia al "treinta" por ciento. Esto, porque esa porción disminuye indirectamente el financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos locales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, al menos en un setenta y cinco por ciento.
XVI. Las reglas de cuantificación del financiamiento contenidas en la disposición reclamada tienen aplicabilidad para todos los partidos políticos que hayan conservado su registro en la entidad federativa, sean nacionales o locales. Por tanto, de no considerar la procedencia de los conceptos de invalidez primero o segundo, lo más idóneo para el caso concreto es la eliminación de la porción que dice "veinte" por ciento, de modo que el monto a otorgar se calcule con la fórmula anterior a la reforma.
4. El mismo veintitrés de junio, tanto el Partido del Trabajo(11) como el Partido Acción Nacional(12) promovieron respectivas acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma legal derivada del Decreto No. 231, la cual califican como violatoria de los artículos 1o., 2o., 14, 16, 41, 116 y 127 de la Constitución Política del país y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los escritos de demanda son prácticamente idénticos respecto a los conceptos de invalidez, por lo que se procede a su presentación conjunta:
I. Primero. Violación al principio de legalidad, por contravenir el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y los criterios de este Tribunal Pleno. Con la reforma se contraviene lo establecido en el artículo 41 constitucional, en lo que se refiere al derecho de todos los partidos de recibir prerrogativas, así como la reglamentación de ese precepto que hace el artículo 51 de la Ley General. La reforma al artículo 43 de la Ley de Partidos local también contraviene el artículo 16 de la Constitución, pues el Poder Legislativo ya había modificado el mismo precepto recientemente.
II. El que exista una disminución del porcentaje establecido en la Ley General de Partidos Políticos implica una falta de fundamentación. Además, se establece un mecanismo que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. Segundo. Violación al Pacto Federal en materia electoral (artículos 40, 41, base I, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política del país). El órgano legislativo excedió sus competencias al no considerar aspectos esenciales del Pacto Federal en materia electoral. Si bien existe la facultad del legislador local de reglamentar libremente ciertos temas, en lo que se refiere al financiamiento de los partidos políticos opera la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas. Al ir en contra de los dictados de la Ley General de Partidos Políticos, que es reglamentaria de los artículos 40, 41, base I, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política del país, la reforma es inválida.
IV. Tercero. Violación de los principios del buen gasto público establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política del país. La norma impugnada causa una afectación de los principios del buen gasto público, toda vez que implica una reducción presupuestal, bajo el argumento de que lo supuestamente ahorrado se canalizará a diversos programas gubernamentales de índole social, educativo o de salud. Se habla de una austeridad cuando en realidad se trata de un subejercicio del gasto público, que no tiene garantía de dirigirse a lo que se dice que se destinará.
V. Lo expuesto en el dictamen legislativo contraviene lo señalado en el primer párrafo del artículo 134 constitucional. El recorte presupuestal que implica la reforma al artículo 43 de la Ley de Partidos local no cumple con el principio de legalidad, pues adolece de una falta de fundamentación. Tampoco resulta honrado, pues no existe dentro del cambio realizado la garantía de que se va a destinar el dinero a lo propuesto en la iniciativa; es decir, se da un amplísimo espacio de discreción y, por esa razón, tampoco se puede hablar de un gasto eficiente. Esta gran discrecionalidad tampoco permite que el gasto sea eficaz, pues no existen indicadores que permitan una medición, no hay un posible gasto recto, prudente y transparente.
VI. La modificación tiene un impacto directo al reducir sustancialmente el monto asignado a cada partido político para las actividades específicas, como lo es la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo de las mujeres. Da lugar a la arbitrariedad por parte del órgano legislativo que ejerza tal atribución, lo que es contrario a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de legalidad, previstos en el artículo 16 de la Constitución Política del país, en relación con los artículos 1o., 4o., 35 y 41 del mismo ordenamiento.
VII. La reforma rompe con el principio de progresividad reconocido en el artículo 1o. constitucional, pues se disminuye la implementación de un derecho existente y que se relaciona con el derecho a ser votado. Aun existiendo una libertad a nivel local para legislar, ésta se encuentra limitada por los derechos humanos.
5. Registro y turno. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió respectivos acuerdos a través de los cuales tuvo por presentadas las demandas señaladas, ordenó la formación y registro de los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 137/2023, 140/2023, 141/2023 y 142/2023, así como la acumulación de los últimos tres expedientes al primero. Por tanto, ordenó turnar los expedientes a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la instrucción de los procedimientos y la formulación del proyecto correspondiente.
6. Admisión y trámite. El catorce de julio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora formuló un acuerdo en el cual –entre otras cuestiones– admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad;(13) tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California como las autoridades que emitieron y promulgaron el Decreto controvertido, por lo que ordenó darles vista para que rindieran los informes respectivos; le dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación y esfera competencial conviniera; le solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la opinión del órgano jurisdiccional en relación con las acciones y le requirió a la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral para que remitiera una copia certificada de los estatutos vigentes del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional, así como la certificación de su registro vigente; haciendo lo propio para el Instituto Estatal Electoral de Baja California, respecto al Partido Encuentro Solidario Baja California.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. El veinticuatro de julio del año en curso, Juan José Pon Méndez, en su carácter de Consejero Jurídico del Estado de Baja California, rindió el informe requerido en representación del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, en el cual desarrolló las ideas principales que se resumen enseguida: I. En general, los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California ya habían sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 269/2020 y sus acumuladas, por lo que se deben atender dichos criterios.
II. En relación con la acción de inconstitucionalidad 137/2023, es infundado el concepto de invalidez relativo a que el Poder Legislativo de Baja California carece de libertad de configuración legislativa para disminuir el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos locales. Los argumentos se realizan de manera genérica, sin precisar claramente la forma como se vulneran los derechos que se mencionan, por lo que deben calificarse como inoperantes.
III. Si bien el Congreso local realiza una reforma al párrafo tercero del precepto legal, lo cierto es que éste se desprende también del mandato constitucional que rige el financiamiento público para los partidos políticos: la distribución equitativa y proporcional de los recursos. El Congreso local realizó una reforma a una disposición que ya se ha aplicado al partido local accionante en al menos dos ejercicios anuales, desde que se le otorgó su registro, con base en el cual recibió financiamiento, sin que se le causara afectación alguna.
IV. Ante la existencia de cuatro o menos partidos políticos con registro local, el cálculo de su financiamiento no puede exceder de un veinticinco por ciento del que corresponde a todos los partidos nacionales, con lo que se implementa una medida que permite una distribución equitativa del financiamiento, que tome en cuenta que la presencia de los partidos locales aumentará. Resulta idónea la implementación de la reforma, ante la expectativa de una ampliación de la cantidad de partidos políticos locales en la entidad federativa, lo que implicaría un aumento exponencial de los recursos públicos que se les ministran, cuestión que implica una carga aún más fuerte en las precarias finanzas públicas estatales.
V. La forma de asignar el financiamiento público es razonable y proporcional, porque permite preservar en la distribución del financiamiento la lógica constitucional de otorgar a los partidos políticos participantes un acceso equitativo en la parte igualitaria de la bolsa, además de que se brinda la posibilidad de distribuir la parte que se distribuye proporcionalmente a la votación recibida, sin que para ello se mezclen los recursos destinados a los partidos nacionales con los de los locales. La distribución es conforme con el principio de equidad.
VI. El Decreto No. 231 se aplicará a todos los partidos políticos locales en general, sin distinción alguna, de modo que su validez no se extingue después de aplicarse a un caso concreto y determinado. Si bien se dirige sólo a los partidos locales, eso no lo hace una norma privativa, pues no está dirigida a un partido local determinado, sino a la categoría general.
VII. Si bien la Ley General de Partidos Políticos prevé las bases y los porcentajes con base en los cuales se calcula el financiamiento público para los partidos locales, no se hace para situaciones propias de las necesidades y circunstancias de cada estado, en donde existe cierta libertad de configuración que se puede ejercer, sin alejarse significativamente de las bases generales. En el Decreto impugnado se atiende al principio de equidad, pues ante la existencia de cuatro o menos partidos locales se aplica una fórmula que evita que uno solo de ellos acceda a la bolsa total de financiamiento público local.
VIII. De haber cuatro o más partidos locales no sería aplicable la fórmula, lo cual desvirtúa el concepto de invalidez relativo a que se impide la constitución de aquellos.
IX. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 140/2023, se actualiza la causal de sobreseimiento derivada de los artículos 19, fracción VII, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(14) El sentido normativo del tercer párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local fue creado desde el dos de septiembre de dos mil veinte, a través de un acto legislativo diverso al que ahora se cuestiona, el cual no fue controvertido en su oportunidad.
X. La reforma no constituye una modificación normativa de carácter sustantivo que constituya un nuevo acto legislativo, susceptible de ser recurrido mediante un control abstracto, pues no implicó un cambio de la trascendencia o del contenido material de la porción controvertida. La reforma sólo conllevó el ajuste de una palabra que no afecta la esencia de la disposición jurídica, al cambiar la palabra "cuatro" por "dos", porción que se contemplaba con anterioridad a la reforma realizada mediante el Decreto No. 231.
XI. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad, en relación con la porción normativa precisada, se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria.
XII. Por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad 141/2023 y 142/2023,(15) son inoperantes los conceptos de invalidez, pues no se precisa a qué porcentaje se hace referencia, cuál es su afectación o la que se produce al gasto público; o bien, qué competencia se invadió ni de qué forma. Las acciones se deben sobreseer en términos de la Jurisprudencia 17/2010, de rubro: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES."
8. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo veinticuatro de julio, se recibió la opinión de la Sala Superior sobre las acciones de inconstitucionalidad (SUP-OP-11/2023), de acuerdo con las siguientes consideraciones:
I. Falta de libertad de configuración legislativa para regular el financiamiento de partidos políticos locales. El segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local es constitucional, porque la regulación del financiamiento público para los partidos nacionales con acreditación local es competencia del Congreso local; sin embargo, el tercer párrafo del precepto legal es inconstitucional, porque establece un parámetro para el financiamiento público de los partidos políticos locales, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
II. Se debe partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 269/2020 y sus acumuladas, en las que se impugnó el artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. De una interpretación sistemática de los artículos 41, base II, párrafo segundo, incisos a), b) y c), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política del país; 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, se concluyó que era válido que el Congreso de Baja California considerara un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y locales, ya que el financiamiento no debe de ser igualitario, sino equitativo.
III. No obstante, no forma parte de la libertad de configuración de los Estados el cálculo del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos locales, pues ese mecanismo de cuantificación se encuentra expresamente delimitado por la legislación general, la cual debe ser acatada invariablemente por las entidades federativas. Le asiste la razón a la parte actora en cuanto a que el tercer párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local establece un tope al financiamiento para los partidos locales, lo cual es una transgresión a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
IV. El legislador local estableció que el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes se compondría de forma distinta para los partidos nacionales y locales. Lo dispuesto en el tercer párrafo contraviene la normativa aplicable, pues establece una condicionante para el financiamiento público de los partidos políticos locales.
V. Del análisis del Dictamen de la iniciativa en la que se originó el Decreto controvertido, se advierte que el órgano legislativo, bajo un argumento de austeridad, avaló la iniciativa para condicionar el financiamiento de los partidos locales. Por tanto, se excedió en su facultad legislativa al prever modalidades diversas para el cálculo y los requisitos para acceder al financiamiento público por parte de los partidos con registro estatal.
VI. Se trae a cuenta que lo establecido en el tercer párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 43 de la Ley de Partidos local ha sido interpretado en perjuicio de los partidos locales, según se advierte de las decisiones adoptadas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
VII. En cuanto al planteamiento relativo a que la norma impugnada es privativa, se considera que el órgano legislativo local no estableció una limitación a la existencia de cuatro o menos partidos políticos a nivel estatal, ni tampoco fijó un parámetro para determinados institutos políticos en lo particular; es decir, no limitó el número de partidos políticos locales.
VIII. A mayor abundamiento, se advierte una falta de claridad en la disposición impugnada, toda vez que no es posible identificar la forma en la que se calcularía el porcentaje de financiamiento si existieran más de cuatro partidos políticos locales, lo que podría generar –en su caso– una interpretación que los limite en el acceso al financiamiento público.
IX. Por último, tampoco le asiste la razón al partido accionante en cuanto a que se da un trato inequitativo a los partidos nacionales, ya que el Pleno de la Suprema Corte ha determinado que, atendiendo a las notables distinciones que tienen los partidos políticos nacionales de
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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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