I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES O TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LOS LEGISLADORES PARA PROMOVERLA NO SE ENCUENTRA CONDICIONADA A SU PARTICIPACIÓN EN EL ACTO IMPUGNADO NI A QUE ÉSTE LES GENERE ALGUNA AFECTACIÓN INDIVIDUAL. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ANÁLISIS RESPECTO DE LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, TANTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS COMO EN LA CÁMARA DE SENADORES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA INVALIDEZ DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA MODIFICACIÓN DE SU DENOMINACIÓN PARA LLAMARSE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A PARTIR DE LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO. VIII. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ATRIBUCIONES QUE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LE OTORGA EN MATERIA INMOBILIARIA. IX. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ATRIBUCIONES QUE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LE OTORGA EN MATERIA PATRIMONIAL. X. PATRIMONIO. ES EL CONJUNTO DE BIENES PERTENECIENTES A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, O AFECTOS A UN FIN, SUSCEPTIBLES DE ESTIMACIÓN ECONÓMICA. XI. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ATRIBUCIONES, FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES LE OTORGA. XII. BIENES NACIONALES. LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE ESTABLECE QUE SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LO PREVISTO EN EL DECRETO IMPUGNADO NO GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA, PUES AYUDA A MANTENER UN SISTEMA NORMATIVO COHERENTE AL EXPULSAR DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL TODAS AQUELLAS NORMAS QUE SE OPONGAN A LO DISPUESTO EN DICHA LEY GENERAL (ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. BIENES NACIONALES. EL HECHO DE QUE DOS DISPOSICIONES PREVEAN LA FACULTAD DE EMITIR NORMAS RELACIONADAS CON EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES FEDERALES UTILIZADOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, NO GENERA UNA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, PUES DEBE ESTARSE A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO A EMITIR DICHA REGULACIÓN EN ESE SUPUESTO ESPECÍFICO (ARTÍCULOS 2, FRACCIONES II Y IX, 27, PÁRRAFO PRIMERO, 33, PÁRRAFO TERCERO, 50, PÁRRAFOS TERCERO, FRACCIÓN III, QUINTO Y SEXTO, 54 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, 84, PÁRRAFO SEXTO, 85, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN I, 104, PÁRRAFO PRIMERO, Y 118 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 120/2023 Y SU ACUMULADA 122/2023. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 13 DE ENERO DE 2025. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. El tres de mayo de dos mil veintitrés, se publicó un decreto mediante el cual se aprobaron un conjunto de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Una minoría parlamentaria de la Cámara de Diputados y otra de la Cámara de Senadores promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de dicho decreto.
En dichos medios de impugnación, los accionantes alegan, por un lado, diversas violaciones al procedimiento legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; y, por otro lado, impugnan algunos de los artículos reformados por vicios propios.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 120/2023 y su acumulada 122/2023, promovidas, respectivamente, por diversos integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión en contra del Decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto. El tres de mayo de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 2, fracciones II y IX; 27, párrafo primero; 33, párrafo tercero; 50, párrafos tercero, fracción III, quinto y sexto; 54 Bis, párrafo primero; 84, párrafo sexto; 85, párrafo tercero, fracción I; 104, párrafo primero, y 118, de la Ley General de Bienes Nacionales.
2. Demandas de acción de inconstitucionalidad. El dos de junio de dos mil veintitrés, diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del referido decreto.
3. Artículos constitucionales violados. En sus escritos de demanda, los promoventes señalaron como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1º, 14, 16, 35, fracciones II y IV, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 56, 71, 72, 74, fracción IV, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez de la demanda presentada por integrantes de la Cámara de Diputados (120/2023). Las personas diputadas accionantes señalan en su demanda los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. El Decreto impugnado transgrede los principios de legalidad, debido proceso legislativo y del respeto a los derechos de las minorías parlamentarias en cuanto a la existencia de un debate real, abierto e informado, pues no hubo una deliberación efectiva.
• El proceso seguido para la aprobación del Decreto transgredió lo dispuesto en los artículos 71 y 72 constitucionales, toda vez que los trámites legislativos se dieron de la siguiente manera:
Ver cuadro
Procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados
• La Junta de Coordinación Política acordó el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la propuesta de sesiones de la semana correspondiente del veinticuatro de abril al veintiséis de ese mismo mes y año, sin haber contemplado el dictamen relativo a las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales. Esta propuesta se aprobó por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa misma fecha.
• Posteriormente, el veinticinco de abril siguiente, se inició la sesión ordinaria a las doce horas con trece minutos, sin embargo, más de nueve horas después de iniciada la sesión y con posterioridad a la discusión de otras reformas con trascendencia a la vida pública del país, se le dio la voz a la Diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas. Se aprobó en votación económica por la mayoría que se dispensaban los trámites de dicha iniciativa y se sometía a discusión y votación de inmediato.
• La Diputada Sonia Murillo Manríquez y el Diputado Braulio López Ochoa Mijares presentaron mociones suspensivas argumentando que la iniciativa debía pasar por comisiones previo a su discusión en el Pleno. Ambas mociones fueron desechadas.
• Después de una breve discusión sobre los alcances de la iniciativa, y habiendo transcurrido solamente una hora con treinta minutos desde que fue presentada la iniciativa, fue aprobada en lo general y en lo particular el Decreto de reformas a la Ley General de Bienes Nacionales con doscientos cincuenta y nueve votos a favor, doscientos veinte en contra y una abstención.
• Lo anterior pone en evidencia el fraude al proceso legislativo, pues se solicitó dispensa de trámite de una iniciativa que debía seguir un proceso ordinario.
• Del artículo 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados se desprende que, si bien se puede incluir un punto al orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, el Presidente de la Cámara debe ordenar que el asunto se distribuya a los integrantes del órgano de forma electrónica o impresa antes de que se ponga a consideración del Pleno.(1) De ahí que, si en la sesión no se dio cumplimiento con lo que dice el Reglamento, se vulnera el artículo constitucional que así lo prevé.
• Aunado a eso la iniciativa se presentó el mismo día que se votó y aprobó, lo que demuestra la imposibilidad fáctica de leer, analizar y comprender plenamente las consecuencias y alcances de dicha iniciativa. Esto constituye una simulación al proceso de deliberación legislativa, pues la participación de todos los grupos parlamentarios necesariamente requiere el conocimiento mínimo del contenido legislativo. Sin que sea suficiente otorgar la palabra a cada grupo parlamentario para garantizar la efectiva deliberación, sino que se requiere que se realice con plena certeza de los elementos que están sujetos a aprobación.
• Cuando se dispensan trámites y se vota una iniciativa calificada de urgente se debe votar aquella que se presenta sin ningún tipo de modificación, sin embargo, la mayoría votó un proyecto que fue modificado arbitrariamente y que tampoco se sometió al escrutinio de la Comisión competente para su dictaminación.
• Ni en el momento de la presentación ni en la lectura de la exposición de motivos se advierten las razones para que se actualizara el trámite urgente de la iniciativa, previsto en el artículo 82, numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados.(2)
• Al haberse evitado el proceso legislativo ordinario se incidió de manera determinante en la participación de las fuerzas minoritarias en la discusión de las reformas porque no se tuvo una anticipación que permitiera analizar y llegar a un verdadero intercambio de ideas y consenso legislativo.
• En el caso que nos ocupa, no se expusieron las razones por las cuáles se debían dispensar los trámites, lo que deriva en la invalidez del Decreto por violaciones formales, sin que exista necesidad de analizar la valoración de relación medio-fin entre las razones y la omisión de las etapas legislativas.
• El hecho de que una mayoría de los miembros presentes se manifieste en el sentido de acordar una decisión, no es motivo suficiente para convalidar los vicios que se presentaron en el procedimiento legislativo, aún menos cuando estos vicios inciden negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo.
• En este asunto, no se estaba ante los supuestos de dispensa del procedimiento legislativo de urgente y obvia resolución porque: a) la propuesta para la dispensa de trámites no se encuentra fundada y motivada; b) debió presentarse la iniciativa de manera previa a la discusión y votación ante el Pleno por no tener el dictamen de la comisión respectiva; c) no atendió los principios de equidad e inclusión de los grupos parlamentarios al no ser turnada para dictamen de la comisión correspondiente; d) no se discutió ni votó como lo establece la ley; y e) no se atendió a lo que señala el reglamento para que se dispense de un trámite legislativo por caso de urgencia y obvia resolución.
• El artículo 82 del multicitado reglamento, establece que se necesita tanto que el asunto sea de trámite urgente y obvia resolución, como que se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la comisión responsable, pero que hayan cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad con una anticipación de por lo menos dos sesiones previas a la que se discuta.
• Entonces, el Decreto impugnado no es resultado de un debate democrático que respete los principios y valores establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe declararse su invalidez. De lo contrario, se permitiría que las mayorías parlamentarias se impongan sobre los demás grupos y aprueben normas generales sin conocer, analizar y estudiar el contenido de éstas.
Procedimiento legislativo en la Cámara de Senadores
• Durante la sesión en comisiones se incumplió con la normativa por las siguientes razones:
• El Decreto impugnado fue aprobado en muy corto plazo por lo que no hubo tiempo para que los legisladores tuvieran la posibilidad de analizarlo, pues solamente mediaron tres horas con cuarenta y dos minutos entre la convocatoria de las comisiones y el inicio de la reunión.
• La convocatoria extraordinaria emitida por el Presidente de la Junta Directiva de la Comisión fue únicamente a petición de los integrantes de la Comisión de Gobernación, más no así por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
• Ante la inexistencia de la solicitud de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se advierte que no existe una debida fundamentación y motivación para convocar por parte de su Presidente, ni tampoco se señaló por qué resultaba necesario tal y como lo señala el artículo 130, fracción III, del Reglamento del Senado.(3)
• Aunado a ello, el numeral 3 del artículo 139 del mismo reglamento establece que las reuniones extraordinarias se convocarán previo acuerdo de la Junta Directiva, sin que tal acuerdo haya acontecido.(4)
• La convocatoria de las comisiones debió haberse realizado con una anticipación mínima de setenta y dos horas, mediante la publicación en gaceta y envío directo a cada integrante, sin embargo, esta reunión extraordinaria se realizó menos de cuatro horas después de la convocatoria.
• Las presidencias de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, determinaron de forma unilateral convocar a una reunión de trabajo pocas horas después de haber recibido la minuta y sin haberlo consultado con el resto de los integrantes.
• Si bien las presidencias de las Juntas Directivas pueden proponer y convenir respecto al contenido del orden del día de una reunión, deben comunicarlo a las secretarías correspondientes y dialogar sobre la oportunidad y pertinencia de lo que se pretende analizar. Además, al realizar la convocatoria deben remitirse los proyectos de dictamen que serán motivo de análisis.
• Por otra parte, en relación con la sesión del Pleno del Senado ocurrieron las siguientes irregularidades:
• Se incumplió con lo establecido en el artículo 50, numeral 3,(5) del reglamento del Senado en tanto que éste señala que las sesiones ordinarias inician por regla general a las once horas y duran hasta cuatro horas. Mientras que la sesión inició a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se suspendió y se volvió a reanudar en una sede distinta después de las veintidós horas del día veintiocho de abril del año en curso.
• Ese día se publicó la primera lectura del dictamen de las comisiones unidas de “Gobernación” y de “Estudios Legislativos, Segunda”, y también se dispensó la segunda lectura del dictamen y se procedió a la discusión en el Pleno del Senado.
• Ni en comisiones ni en el Pleno hubo discusión del dictamen, pues en esas sesiones únicamente asistieron los integrantes de la coalición legislativa mayoritaria en el Senado, es decir, que se aprobó en total ausencia de los senadores de oposición.
• La sesión mediante la cual se aprobó el Decreto impugnado tuvo inicio en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, sin embargo, únicamente se registró el quórum necesario para iniciar la sesión y se decidió trasladarla a otra sede, en donde se imposibilitó la entrada a las senadoras y los senadores en virtud de la hora y ubicación de la nueva sede.
• Incluso, el cambio en la sede se acordó de manera temporal para todas aquellas sesiones plenarias a celebrarse por lo que restaba del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura, sin embargo, esa determinación de la Mesa Directiva no colmó las reglas procedimentales para la emisión de esa convocatoria.
• Lo anterior porque no se contaba con la anuencia de las senadoras y los senadores integrantes de la minoría parlamentaria que se desempeñan dentro de la Mesa Directiva, no existía una justificación razonada y expuesta de causa de fuerza mayor o caso fortuito que hubiera sido sometida al Pleno por el Presidente de la Mesa y, por tanto, se decidió el cambio temporal sin el voto de la mayoría de los integrantes del Senado.
• En la sesión en que se aprobó el proyecto no se contaba con el quórum necesario para la instalación de la sesión y de las votaciones subsecuentes, por lo que la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, quien se encontraba participando activamente en la vigesimonovena reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta de la UE-México, llevada a cabo los días veintisiete y veintiocho de abril del año en curso en Bruselas, solicitó licencia a partir del veintiocho de ese mes y año para que su suplente pudiera concurrir a la sesión y lograrse el quórum requerido. No obstante lo anterior, la senadora se reincorporó a su cargo al día siguiente de esta sesión.
• Incluso, existen discrepancias entre las transmisiones en vivo de la sesión del Senado a través de sus canales oficiales y la versión estenográfica de la sesión, en donde se omite la referencia a punto relevantes de la sesión, como lo son el lugar donde se llevó a cabo la sesión, el orden del día y la toma de protesta de la senadora suplente.
• La aprobación del Decreto impugnado no cumple con los principios de seguridad jurídica y deliberación democrática, pues la dispensa de los trámites, en conjunto con el hecho de que los dictámenes no fueron emitidos de conformidad con el Reglamento del Senado, impidió que las distintas fuerzas políticas tuvieran la posibilidad de conocer la iniciativa planteada y, por ende, de debatir sobre ella con verdadero conocimiento de su contenido y alcance, por lo que debe reconocerse que existió una vulneración al procedimiento legislativo y al principio de democracia deliberativa.
Segundo. La reforma a la fracción IX del artículo 2, en relación con el primer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Bienes Nacionales vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica porque trasladan las atribuciones que correspondían a la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que carece de congruencia con el resto del ordenamiento jurídico mexicano.
• Se modifica la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de Bienes Nacionales para que, a partir de su glosario, se interprete el término “Secretaría” como referencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de a la Secretaría de la Función Pública. Esto, modifica totalmente el régimen de facultades relacionadas con los bienes nacionales, pues pasa de ser responsabilidad de la secretaría encargada de la evaluación y gestión gubernamental de los resultados, a ser de la secretaría encargada de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública.
• Esta modificación genera una antinomia entre la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responsabilidades que, de conformidad con esta última ley, no están dentro de su esfera competencial, pero sí de la Secretaría de la Función Pública.
• Adicionalmente, esto genera incertidumbre para los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública respecto de la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas, en virtud de las atribuciones que les corresponden a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que, si no ejercen con cabalidad las facultades descritas, incurrirían en faltas administrativas y podrían ser sancionados.
• La Ley General de Bienes Nacionales estaría permitiendo que se invada o ejerza una competencia que la legislación especial, es decir la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determinó asignar a la Secretaría de la Función Pública. Por lo que, en caso de permitirse esa invasión e imposibilidad de cumplimiento de esta Secretaría con sus facultades expresas en la ley orgánica, se vulnera directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos de seguridad jurídica y legalidad.
• Debe prevalecer lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre la Ley General de Bienes Nacionales porque, aun cuando tienen la misma jerarquía normativa, esta última solamente es la norma especial en materia de bienes nacionales, mientras que la primera constituye un mandato directo del artículo 90 constitucional. Máxime, la Secretaría de la Función Pública tiene la finalidad del diseño normativo y la vigilancia del manejo eficiente de los recursos públicos, acorde a lo que prevé el artículo 134 constitucional.
5. Conceptos de invalidez de la demanda presentada por integrantes de la Cámara de Senadores (122/2023). Las personas senadoras accionantes alegan en su escrito de demanda los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación al principio de democracia deliberativa en ambas Cámaras del Congreso de la Unión
• El Decreto impugnado es inconstitucional porque en su proceso de emisión se vulneraron los principios de seguridad jurídica y de deliberación, atendiendo a los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las violaciones al procedimiento legislativo, los cuales se sintetizan en este apartado.
Segundo. Irregularidades procedimentales
A. La dispensa de trámites en la Cámara de Diputados
• A partir de la cronología del procedimiento legislativo en las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión se advierte que se solicitó la dispensa de trámite de una iniciativa que estaba llamada a seguir el procedimiento ordinario a que se refiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento con la Ley del Congreso y los reglamentos respectivos.
• Se vulneró el Reglamento de la Cámara de Diputados, y consecuentemente lo dispuesto en el artículo 72 constitucional, toda vez que, si bien se establece la facultad de proponer la inclusión de un asunto en el orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, para esto debe el asunto de ser debidamente distribuido a los legisladores antes de ponerse a consideración del Pleno.
• No obstante, el proyecto del Decreto impugnado fue presentado en la tribuna de la Cámara, donde se le dispensaron todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato, lo que representa una imposibilidad de leer el contenido y de realizar un análisis de la iniciativa. • El proceso de deliberación legislativa necesariamente requiere que todos los grupos parlamentarios tengan un conocimiento mínimo del contenido legislativo, sin embargo, en la sesión del veinticinco de abril de dos mil veintitrés se presentó un proyecto que no se sometió al escrutinio de la Comisión, por lo que no existió ese conocimiento mínimo del contenido legislativo a ser votado. Sin que baste con que se otorgue la palabra a cada grupo parlamentario para garantizar la efectiva deliberación.
• Además, ni del momento de la presentación de la iniciativa, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para haber recurrido al trámite de urgencia u obvia resolución de esta iniciativa, por lo que al no haberse especificado resulta procedente declarar la invalidez del Decreto por violaciones formales. El hecho de que la mayoría de los legisladores presentes se hayan manifestado en el sentido de acordar dispensar los trámites, no es motivo para convalidar los vicios que se presentaron en el procedimiento legislativo, aún menos cuando éstos inciden negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo.
• Lo cierto es que la proposición de la iniciativa no encuadraba dentro de los supuestos para la dispensa del procedimiento legislativo de urgente y obvia resolución porque no se cumple con lo que señala el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados al a) no haberse fundado ni motivado, b) no se solicitó previamente, y c) no atendió a los principios de equidad e inclusión de los grupos parlamentarios.
• El Decreto impugnado conlleva una afectación a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa, en específico, en cuanto a la necesidad de resguardar el proceso legislativo, el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, la libertad de expresión de cada legislador, así como su derecho al voto, de forma que ninguno sea excluido de ese proceso deliberativo y democrático.
• La emisión del Decreto impugnado tampoco cumplió con el proceso legislativo establecido en el Reglamento del Senado de la República, toda vez que el dictamen de reforma:
• Fue aprobado en un corto tiempo, sin que los legisladores tuvieran oportunidad de analizarlo con apego al marco constitucional y legal, pues entre la convocatoria de las comisiones y el inicio de la reunión solamente mediaron tres horas con cuarenta y dos minutos.
• Si bien es cierto que el Presidente de la Junta Directiva de la Comisión puede convocar reuniones extraordinarias cuando así resulte necesario o cuando lo solicite al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión, en el caso únicamente lo solicitaron así los integrantes de la Comisión de Gobernación, pero no los de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, sin que tampoco haya existido motivación y debida fundamentación para convocar por parte de su Presidente en el primero de los supuestos.
• Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera previo acuerdo de la Junta Directiva, sin que este asunto haya existido dicho acuerdo para convocar a una reunión extraordinaria.
B. Los lugares donde se realizó la sesión del 28 de abril de 2023
• La sesión mediante la cual se aprobó el Decreto impugnado, si bien inició en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, lo cierto es que en esa fecha se trasladaron de manera general las sesiones plenarias a otra sede del Senado por acuerdo de la Mesa Directiva. No obstante, el acuerdo fue adoptado sin contar con la anuencia de las senadoras y los senadores integrantes de la minoría parlamentaria que integran ese órgano, sin existir una justificación razonada y expuesta de causa de fuerza mayor o caso fortuito que hubiera sido sometida al Pleno por el Presidente de la mesa y, por lo tanto, sin que la mayoría de los senadores presentes haya decidido el cambio temporal.
• Aunado a lo anterior, el aviso de cambio de sede se dio con menos de una hora antes del inicio de la sesión, lo que implicó que no se contara con posibilidades de llevar al nuevo lugar por existir un concierto en el zócalo capitalino que imposibilitaba la entrada al centro histórico.
• Del aviso por el que se informó a los legisladores el cambio de sede para las sesiones restantes, incluida la del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se advierte que las mismas se realizarían en el salón de sesiones de la Cámara de senadores en Xicoténcatl, no obstante esa determinación y sin previo aviso, la sesión se realizó en el patio central de la Vieja Casona de Xicoténcatl, lo que imposibilitó la participación de todas las senadoras y senadores. Incluso, en este lugar no se encontraba habilitado para la toma de asistencia mediante registro en el sistema electrónico, por lo que no se corroboró la existencia del quórum necesario para la continuación de los trabajos legislativos.
• No pasa inadvertido que la versión estenográfica de la sesión que se encuentra en la página oficial del Senado y en el Diario de debates de la sesión de ese día, no coincide con la sesión pública transmitida a través de la cuenta oficial del Senado en la red social YouTube, misma que tampoco fue transmitida completamente.
C. El quórum de inicio de la sesión de la mayoría parlamentaria
• De la revisión que se haga se puede advertir que, al reanudarse la sesión en el patio central, estaban presentes menos de 60 legisladores, por lo que, de conformidad con los artículos 57 y 59, numeral 3, del Reglamento del Senado era primordial confirmar la existencia de quórum.
D. Licencia de la Senadora Claudia Balderas Espinoza
• Por otra parte, al no contarse con el quórum requerido y para las votaciones subsecuentes, la Senadora Claudia Balderas Espinoza de la mayoría parlamentaria, quien se encontraba participando en la vigesimonovena reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta de la UE-México, llevada a cabo los días veintisiete y veintiocho de abril del año en curso en Bruselas, solicitó licencia a partir de ese mismo día y por tiempo indefinido; de esta manera, la suplente concurrió a la sesión y se lograron los quórums requeridos. No obstante, la senadora continuó asistiendo a la reunión de la comisión en su calidad de senadora y tan sólo un día después se reincorporó al cargo.
E. Incorporación y votación del Senador Álvarez Lima a la sesión
• El Senador Álvarez Lima se incorporó de manera posterior a la sesión, una vez que ya se habían sometido a votación seis dictámenes de diversas comisiones y pidió se registrara su voto a favor de todos los asuntos previos, lo que es contrario a las formalidades del procedimiento legislativo, de manera concreta a las reglas de votación.
Tercero. Violación al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la debida motivación. Ausencia total de motivación sobre el caso de urgencia para la dispensa de trámite en Cámara de Diputados
El Decreto impugnado es inconstitucional porque violentó de manera directa el proceso legislativo, el principio de seguridad y certeza jurídica debido a la falta de motivación sobre el supuesto caso de urgencia necesario para realizar la dispensa de trámite legislativo de la iniciativa en la Cámara de Diputados y haberla sometido a discusión y votación inmediata.
• No es dable considerar que en el lapso en el que se aprobó el Decreto impugnado, el cual fue del veinticinco al veintiocho de abril de dos mil veintitrés, tanto las mayorías como las minorías parlamentarias hayan expresado y defendido su opinión. En el caso de que hubiera existido una correcta deliberación de todos los integrantes se hubieran realizado modificaciones que hubieran tenido que ser discutidas y, en su caso, aceptadas o rechazadas, no obstante, no hubo tiempo suficiente para analizar la reforma planteada y presentarse reservas.
• De esta manera, no existía justificación alguna para que se tramitara el asunto de urgente resolución, ya que, de acuerdo con los precedentes en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trámite de urgente no autoriza que no deba de cumplirse con el principio de deliberación democrática.
• Consecuentemente, al no haber habido una auténtica deliberación entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, el Decreto impugnado violenta el principio de democracia deliberativa sobre el cual se sustenta el Estado Constitucional de Derecho.
Tercero (sic). La norma general impugnada es violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica
• Los artículos 2, fracciones II y IX, 27, párrafo primero, 33, párrafo tercero, 50, párrafo tercero, fracción III, quinto y sexto, 54 Bis, párrafo primero, 84, párrafo sexto, 85, párrafo tercero, fracción I; 104, párrafo primero, y 118 de la Ley General de Bienes Nacionales son inconstitucionales en virtud de que carecen de congruencia con el resto del ordenamiento jurídico mexicano, de manera que vulneran los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica.
• El Decreto impugnado modifica el régimen de facultades relacionadas con los bienes nacionales, toda vez que se deja de entender que es una cuestión a cargo de la Secretaría de la Función Pública, encargada de la evaluación y gestión gubernamental de los resultados, y pasa a ser de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública.
• Lo anterior tiene como consecuencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga responsabilidades que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no están dentro de su esfera competencial, pero sí dentro de las de la Secretaría de la Función Pública.
• Esto genera que cuando la Secretaría de Hacienda y Créd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33531-e29d098b/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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