Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO NOVENTA Y OCHO DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y OCHO PUNTO SEIS POR CIENTO (38.6 %) DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CINCUENTA Y UN SENADORES Y SENADORAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y NUEVE PUNTO UNO POR CIENTO (39.1 %) DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMAN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE TRASCIENDE EL SENTIDO DE LAS NORMAS IMPUGNADAS (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 17 QUÁTER Y 43 TER, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. IX. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN LA AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE EN DICHO PROCEDIMIENTO QUE DERIVÓ EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PRINCIPIO DE EFICIENCIA. SU CONCEPTO Y ASPECTOS RELEVANTES. XIII. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES, RESULTAN ACORDES CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, LEGALIDAD, HONRADEZ, RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA EN EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y, CON ELLO, LA CENTRALIZACIÓN NORMATIVA DE LOS MISMOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS –CON SALVEDADES–). XIV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE ADECUAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEMÁS NORMAS ORGÁNICAS O ESTATUTARIAS DE OTRAS DEPENDENCIAS, DE REORGANIZAR Y REDISTRIBUIR LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y DE TRANSFERIR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, NO REPRESENTAN EN SÍ MISMOS UN CONTENIDO NORMATIVO CONTRARIO A LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2023 Y SU ACUMULADA 124/2023. · Registro digital (IUS): 33752
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-14
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.100.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2023 Y SU ACUMULADA 124/2023. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 3 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA ADJUNTA: MÓNICA JAIMES GAONA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelven la acción de inconstitucionalidad 119/2023 y su acumulada 124/2023, promovidas por diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demandas de acción de inconstitucionalidad. Por escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de junio del dos mil veintitrés, diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés.

2. Artículos constitucionales violados. En sus escritos de demanda, los promoventes señalaron como preceptos constitucionales vulnerados los siguientes:

Ver tabla

3. Conceptos de invalidez de la acción de inconstitucionalidad 119/2023. Los promoventes señalan en su demanda, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Violación al proceso legislativo, al principio de legalidad, seguridad y certeza jurídica, deliberación democrática y efectivo ejercicio del cargo público.

• Es inconstitucional el decreto impugnado, ya que al expedirse se cometieron diversas violaciones sustanciales al procedimiento legislativo establecido en el texto constitucional, toda vez que la propuesta de reforma para adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no fue publicada con la anticipación necesaria en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

• El decreto impugnado fue emitido en violación directa a las reglas que rigen el proceso legislativo por falta de publicación del tema de deliberación, así como el derecho al efectivo ejercicio del cargo público, toda vez que la aprobación del dictamen se realizó el mismo día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, es decir, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

Lo anterior, constituye un “fraude parlamentario”, ya que el artículo 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece la facultad de la Junta de Coordinación Política de proponer la inclusión de un punto en el orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, para lo cual, deberá hacer la solicitud al Presidente quien ordenará que el asunto se distribuya a los diputados y diputadas en forma electrónica y, a solicitud, en forma impresa, antes de que se ponga a consideración del Pleno.

En ese sentido, solo los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población tenían conocimiento de la existencia de la iniciativa del decreto impugnado, lo que representó una imposibilidad fáctica leer el contenido de la iniciativa.

• El decreto impugnado se aprobó bajo una supuesta urgencia el mismo día de su publicación, lo cual, impidió que las distintas fuerzas políticas conocieran a plenitud el dictamen; dispensándose por la mayoría que fuera dictaminada por las comisiones respectivas, por lo que el decreto impugnado no puede considerarse como el resultado del debate democrático que debe existir en todo órgano legislativo.

• La convocatoria para la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda fue realizada por el Secretario Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, vía correo; en contravención a lo establecido por la fracción III, del numeral 1, del artículo 130, del Reglamento del Senado, en la medida en que se trata de una facultad del Presidente de la Junta Directiva; y solo en el caso en que éste se niegue a convocar, los secretarios de las juntas directivas están facultados para hacerlo, en términos de lo establecido en el artículo 132, fracción III.

No obstante, del correo electrónico que enviaron para convocar se desprende que el secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, fue quien convocó a la reunión extraordinaria de las Comisiones, siendo que, de acuerdo con la fracción IV, del artículo 158 del referido Reglamento, lo que debió hacer fue remitir la convocatoria suscrita por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, situación que no aconteció.

Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en el artículo 130, numeral 3, del Reglamento del Senado, las reuniones se realizan cuando así resulta necesario o lo solicita al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión, a convocatoria realizada por el presidente; sin embargo, en este caso no existe dicha solicitud ni tampoco la convocatoria.

• No existió acuerdo previo de la Junta Directiva a través de comunicación directa a los integrantes de la Comisión para la celebración de la reunión extraordinaria, en términos de lo establecido por el artículo 139 del Reglamento del Senado. Por lo cual, la convocatoria no cumplió con los requisitos exigidos en el Reglamento del Senado de la República.

• El decreto impugnado fue aprobado en un corto tiempo, sin que los legisladores hayan tenido oportunidad de analizarlo con apego al marco constitucional y legal, pues el tiempo que medió entre la convocatoria de las comisiones y el inicio de la reunión extraordinaria fue de una hora con quince minutos.

• La Presidencia de la Mesa Directiva no cumplió con lo establecido en el artículo 50, numeral 3, del Reglamento del Senado, que establece: “Las sesiones ordinarias inician por regla general a las once horas y duran hasta cuatro horas". Situación que no aconteció, pues la sesión inició a las 17:35 horas, la suspendió, y la volvió a reanudar en una sede distinta pasadas las 22:00 horas, todo el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

• El decreto impugnado carece de sistemática jurídica y técnica legislativa ya que no se cumplieron con todos los trámites legislativos previstos en la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo; haciendo nugatorio el derecho de los partidos que son minoría en el Congreso de la Unión de analizar, debatir y, en su caso, aprobar las reformas que ahora se impugnan.

• El dictamen respectivo no fue circulado formalmente por escrito a los legisladores y, esto no les dio tiempo a los legisladores de debatir y emitir un voto razonado respecto a las reformas y adiciones de ese ordenamiento, por lo cual, se violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo.

• Se cometió una violación sustancial al procedimiento relacionada con las reglas de votación, la cual, por su gravedad, resulta suficiente, por sí misma, para ocasionar la invalidez total del decreto controvertido.

SEGUNDO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

• Se violaron los principios de seguridad jurídica, ya que no hubo deliberación democrática, ni un debate previo, ni hubo justificación alguna sobre la urgencia para la dispensa de trámite parlamentario. Todo el proceso legislativo del decreto impugnado sucedió del veinticinco de abril al veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por lo cual, no es dable considerar que en ese lapso tanto las mayorías como las minorías parlamentarias expresaron y defendieron su opinión.

• No se realizaron modificaciones sustanciales ni fueron discutidas para aceptarlas o rechazarlas, pues no hubo tiempo suficiente para analizar la reforma planteada y, en consecuencia, presentar reservas para modificarla o mejorarla.

• De una simple consulta al Diario de los Debates de la Cámara de Diputados y del Senado es posible advertir que no hubo deliberación democrática, real, cualitativa y de fondo.

TERCERO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA FEDERAL.

• El decreto impugnado tiene como consecuencia la concentración de las contrataciones en la Secretaría de la Función Pública, lo cual ocasiona un perjuicio a los principios rectores y constitucionales del derecho administrativo, en consecuencia, el incumplimiento, de dichas imposiciones, extraídas del principio de eficiencia, resultará en por lo menos tres consecuencias jurídicas objetivas y bien definidas: 1) en lo que se refiere a los agentes públicos, la inobservancia de los mandamientos originados del deber de eficiencia podrá resultar en su responsabilidad personal, en las esferas administrativa, civil y penal; 2) en cuanto a la actividad practicada, su inconformidad con los comandos emanados del principio en referencia, resulta en la sujeción del acto (o procedimiento) al control interno o externo, que debe ser puesto en marcha para corregir la actuación administrativa ineficiente, y 3) con respecto a los terceros alcanzados por los efectos de la actividad, los perjuicios experimentados en consecuencia de la actuación violadora del principio de eficiencia generará responsabilidad civil del Estado, desde que estén presentes los elementos configuradores del deber de reparar el daño.

• El decreto impugnado viola de manera indirecta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, debe declararse su invalidez, para evitar violaciones substanciales.

4. Conceptos de invalidez de la acción de inconstitucionalidad 124/2023. Los promoventes hacen valer, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

• El Decreto impugnado es inconstitucional porque en su proceso de emisión se vulneraron los principios de seguridad jurídica y de deliberación democrática.

SEGUNDO. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES

• El decreto combatido transgrede, entre otros, los artículos 1, 14, 16, 41, 49, 50, 51, 52, 56, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución Federal porque para su aprobación en la Cámara de Diputados no existió una deliberación efectiva, lo que implica un desconocimiento de los principios de legalidad, debido proceso legislativo y del respeto a los derechos de las minorías parlamentarias.

• Se advierte un fraude al procedimiento legislativo pues se aprobó el dictamen el mismo día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, es decir, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, la participación de todos los grupos parlamentarios requiere necesariamente el conocimiento mínimo del contenido legislativo en términos de lo dispuesto en el artículo 60, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que el Presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía electrónica, a más tardar a las 22:00 horas del día anterior de cada sesión. No obstante, la mayoría votó un dictamen que fue publicado en el transcurso de la sesión del veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

• Es insuficiente que se otorgue la palabra a cada grupo parlamentario, ya que se requiere el conocimiento mínimo del contenido legislativo a ser votado.

A. La convocatoria a la reunión extraordinaria por el Secretario Técnico

• La emisión del Decreto impugnado no cumplió con el proceso legislativo, ya que la convocatoria para la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, fue realizada por el Secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, vía correo electrónico a las 2:45, en contravención a lo establecido por el artículo 130, fracción III, del numeral 1, del artículo 130 del Reglamento del Senado, el cual confiere la facultad de convocar al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión.

• No existió acuerdo previo de la Junta Directiva, sobre la reunión extraordinaria que iba a celebrarse, por lo cual, existe una vulneración al artículo 139, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, por lo que la convocatoria no cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento del Senado de la República.

• Además, el decreto impugnado fue aprobado en un corto tiempo, sin que los legisladores tuvieran oportunidad de analizarlo, con apego al marco constitucional y legal, pues el tiempo que medió entre la ilegal convocatoria de las comisiones y el inicio de la reunión extraordinaria fue de una hora con quince minutos.

B. Los lugares donde se realizó la sesión del veintiocho de abril de dos mil veintitrés

• La sesión mediante la cual se aprobó el decreto impugnado, si bien inició en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores (con el objetivo de declarar el registro de las asistencias), lo cierto es que los trabajos de la mayoría parlamentaria se trasladaron a otra sede del Senado.

• No obstante, mediante sesión del veintisiete de abril de dos mil veintitrés se citó para sesión el día siguiente a las 13:00 horas.

Una hora antes de que diera inicio la sesión del día veintiocho y, sin posibilidad de llegar al nuevo lugar para su continuación, se informó a las senadoras y senadores que ésta se reanudaría a las 22:00 horas del mismo día.

• El acuerdo de la Mesa Directiva fue adoptado sin contar con la anuencia de las Senadoras y los Senadores integrantes de la minoría parlamentaria que integran ese órgano. Además, pretendió acordar el cambio de sede de la sesión por única ocasión, sin justificación razonada sobre la causa para hacerlo y sin que hubiera sido sometida al Pleno por el Presidente de la mesa y, por lo tanto, sin que la mayoría de los senadores presentes haya decidido el cambio.

• Aunado a lo anterior, del aviso por el que se informó a los legisladores el cambio de sede para las sesiones restantes, incluida la del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se advierte que las mismas se realizarían en el salón de sesiones de la Cámara de senadores en Xicoténcatl, no obstante, esa determinación y sin previo aviso, la sesión se realizó en el patio central de la Vieja Casona de Xicoténcatl, lo que imposibilitó la participación de todas las Senadoras y Senadores. Incluso, en este lugar no se encontraba habilitado para la toma de asistencia mediante registro en el sistema electrónico, por lo que no se corroboró la existencia del quórum necesario para la continuación de los trabajos legislativos.

• La versión estenográfica de la sesión que se encuentra en la página oficial del Senado y en el Diario de debates de la sesión de ese día, no coincide con la sesión pública transmitida a través de la cuenta oficial del Senado en la red social YouTube, aunado a que tampoco fue transmitida completamente.

C. El quórum de inicio de la sesión de la mayoría parlamentaria

• Al reanudarse la sesión en el patio central, estaban presentes menos de sesenta legisladores, por lo que, de conformidad con los artículos 57 y 59, numeral tres, del Reglamento del Senado era primordial confirmar la existencia de quórum.

D. Licencia de la Senadora Claudia Balderas Espinoza

• No se contó con el quórum requerido y para las votaciones subsecuentes. La Senadora Claudia Balderas Espinoza de la mayoría parlamentaria, que se encontraba participando en la vigesimonovena reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta de la UE-México, llevada a cabo los días veintisiete y veintiocho de abril del año en curso en Bruselas, solicitó licencia a partir de ese mismo día y por tiempo indefinido; de esta manera, la suplente concurrió a la sesión para lograr los quórums requeridos.

Sin la verificación del quórum para retomar los trabajos del Pleno y, ante la falta de este, la mayoría realizó una simulación de asistencia de la senadora quien se incorporó hasta el veintinueve de abril. Además, la solicitud de separación temporal se hizo sin señalar causa alguna contraviniendo el contenido de los artículos 12 y 13 del Reglamento del Senado.

Adicionalmente, en la versión estenográfica de la sesión de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, disponible en la página oficial del Senado de la República, así como el contenido del Diario de Debates en la misma fecha discrepan sobre los términos de la concesión de la licencia y la toma de protesta de la Senadora suplente.

• En los lugares donde se realizó la sesión del veintiocho de abril los canales oficiales de consulta no coinciden en cuanto a su contenido, lo que refleja la premura y desaseo con el que se llevó a cabo la sesión y que tuvo como resultado la acelerada aprobación de modificaciones legales en ausencia de la verdadera deliberación parlamentaria, mediante la imposición de la mayoría.

E. Incorporación y votación del Senador Álvarez Lima a la sesión

• Por último, el Senador Álvarez Lima se incorporó de manera posterior a la sesión, una vez que ya se habían sometido a votación seis dictámenes de diversas comisiones y pidió se registrara su voto a favor de todos los asuntos previos en los que no estuvo presente; lo que es contrario a las formalidades del procedimiento legislativo, de manera concreta, a las reglas de votación.

5. Registro y turno. Mediante acuerdos del doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes físicos y electrónicos de las acciones de inconstitucionalidad 119/2023 y 124/2023, respectivamente. Asimismo, en virtud de la identidad del decreto legislativo impugnado en la segunda ordenó su acumulación a la primera y las turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su instrucción y formulación del proyecto de resolución respectivo.

6. Prevención. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora previno a quienes se ostentaron como Diputados integrantes del Congreso de la Unión para que dentro del plazo de cinco días hábiles enviaran a este Alto Tribunal copia certificada de los oficios D.G.P.L./LXV/2A/118, D.G.P.L./LXV/2A/122 y D.G.P.L./LXV/2A/123, emitidos por la Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con los que pretendieron acreditar su personalidad, toda vez que los que exhibieron únicamente contenían una rúbrica.

7. Admisión. El veinte de julio de dos mil veintitrés, los Ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil veintitrés, dictaron acuerdo mediante el cual se tuvo por desahogada la prevención a que se refiere el punto anterior; asimismo, se admitieron a trámite las acciones de inconstitucionalidad y se dio vista con los escritos iniciales al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Poder Ejecutivo Federal para que rindieran sus respectivos informes; además, ordenó correr traslado con las mismas a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

8. Informe de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la Cámara de Diputados, por conducto del Diputado Santiago Creel Miranda, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados rindió informe, a través del cual expuso, en síntesis, que el decreto impugnado cumplió cabalmente con el procedimiento legislativo establecido y fue aprobado por la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. 9. Informe de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la Cámara de Senadores, por conducto del Senador Alejandro Armenta Mier, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de dicha cámara, rindió informe sosteniendo la validez del decreto impugnado, de acuerdo con los argumentos siguientes:

A. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2023 PROMOVIDA POR DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

• El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diversos senadores que son actores en la acción de inconstitucionalidad 124/2023, durante el desarrollo del procedimiento legislativo en las sesiones del veintisiete y veintiocho de abril de dos mil veintitrés, decidieron no ejercer sus derechos e incumplir con su obligación de participar en las votaciones, con motivo de la conducta que desplegaron sus integrantes.

Con el actuar de las y los legisladores que acuden como actores pretendieron vulnerar los derechos de las y los demás integrantes de la Cámara de Senadores, pues como resultado de la votación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la designación de un Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y del Grupo Plural, se colocaron al frente de la tribuna con lonas exigiendo el nombramiento de un Comisionado del referido órgano constitucional autónomo, afirmando que no se permitiría que el Senado legislara en otros temas y de forma normal, circunstancia que fue cubierta por varios medios de comunicación, emitiendo diversas notas periodísticas.

Después de diecisiete minutos de la presencia de las y los Senadores en la tribuna sin permitir continuar con los trabajos en la sesión, el Presidente informó que en razón de no haber condiciones que permitieran continuar la sesión de ese día, se levantó la sesión a las diecisiete horas con veintinueve minutos y se citó el viernes veintiocho de abril a las trece horas.

Mediante oficio DGPL.-2P2A-3923, el veintiocho de abril, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado consultó a la Junta de Coordinación Política que en caso de que no existieran condiciones materiales en el Salón de Sesiones para celebrar alguna de las sesiones plenarias, se podría realizar en cualquiera de los inmuebles del recinto que integran el Senado. Por lo cual, en la reunión de la Junta de Coordinación Política de ese día, se hizo del conocimiento a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios sobre el acuerdo de buscar una sede alterna para llevar a cabo la sesión. Cuestión que fue puesta a consideración en la reunión previa de la Mesa Directiva, para su aceptación.

En ese sentido, la participación que tuvieron los representantes de la minoría quedó debidamente garantizada al tener las y los Senadores respectivos, la posibilidad de suscribir el referido acuerdo. No obstante, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano decidieron libre y voluntariamente no suscribir el acuerdo de la Mesa Directiva que permitiera realizar la continuación de la sesión del viernes veintiocho de abril en el sitio diverso al salón de sesiones, lo cual no implica que se haya hecho nugatorio su derecho a participar en la deliberación y toma de decisiones. Además de que cada uno de los integrantes se les presentó físicamente el acuerdo para que lo suscribieran manifestando su negativa de firmarlo.

Es importante resaltar la legalidad, transparencia y certeza que se tuvo en todo el procedimiento ya que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, previa consulta a la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, numeral 4, del Reglamento del Senado de la República emitió el ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA QUE LAS SESIONES PLENARIAS A CELEBRARSE EN LO QUE RESTA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA SE REALICEN EN EL SITIO DIVERSO AL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, mismo que se publicó en la Gaceta del Senado número LXV/2SPO-139-3221/134482.

Derivado de lo anterior, en la Gaceta del Senado número LXV/2SPO-139-3221/134458, del viernes veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se comunicó el aviso por el que se informó que las sesiones plenarias a celebrarse en lo que restaba del periodo ordinario de sesiones se reanudaría en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores en Xicoténcatl, número 9, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06018.

Por lo cual se demuestra que se hizo del conocimiento de las y los senadores a través de los órganos informativos del Senado; el primero, minutos después de que se decretó el receso por las condiciones que impidieron el desarrollo de la sesión plenaria y, una vez que se definió el lugar, el citatorio respectivo generado por el Presidente de la Mesa Directiva se publicó en la Gaceta Parlamentaria dos horas antes de la hora que se definió para continuar con la sesión; por lo que se tuvo tiempo suficiente para cumplir con la convocatoria señalada y generar las condiciones que permitieran a las y los senadores se trasladaran al inmueble de Xicoténcatl.

Por lo cual, en uso de las facultades a que se refiere el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva determinó las medidas necesarias para hacer cumplir el orden del día de la sesión.

Otra forma de demostrar que las y los legisladores tenían conocimiento que la sesión del veintiocho de abril se desarrollaría en el edificio de Xicoténcatl es que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se encadenó a la tribuna al interior del Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores mucho antes de que los demás legisladores ingresaran al recinto. Ello implicó que la sesión se llevó en el patio del inmueble, por lo que no había forma de no enterarse de la sesión, puesto que para subir al salón forzosamente se debe atravesar por el patio del recinto legislativo. Además de las adecuaciones que se hicieron para llevar la sesión ahí.

• Son infundados en una parte e inoperantes en otra las supuestas violaciones al procedimiento legislativo que aducen las y los diputados promoventes en el sentido de que no existió una deliberación parlamentaria en la Cámara de Diputados, ya que se votó un dictamen que fue publicado en el transcurso de la propia sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, porque dichos agravios se encuentran dirigidos a controvertir la determinación adoptada por la Cámara de Diputados respecto al trámite legislativo que culminó con la publicación del decreto combatido, por lo que su refutación no corresponde a la Cámara de Senadores.

• En el presente asunto se respetó el proceso deliberativo en virtud de que se otorgó el uso de la palabra a cada fuerza política para emitir su posicionamiento en la discusión.

• La discusión plenaria expuso las posiciones de las diversas fuerzas políticas y fue recogida fielmente por los instrumentos dedicados a dejar constancia pública de los trabajos parlamentarios: el acta de sesión, la versión estenográfica, la publicación en el Diario de los Debates.

• La emisión de la convocatoria por parte del Secretario Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda dirigida a los integrantes de ésta, se adecua a lo previsto por el artículo 158, numeral 2, fracción IV, del Reglamento del Senado de la República, de ahí que no exista alguna transgresión a la normatividad aplicable y, por tanto, al procedimiento legislativo.

• Los propios legisladores admiten en la diversa acción de inconstitucionalidad 130/2023, que los legisladores de la oposición que integran las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda no estuvieron presentes en la Reunión Extraordinaria en cita, porque optaron por no acudir a la sesión. Lo cual, demuestra que no existió impedimento para que las y los senadores de oposición asistieran a la reunión extraordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, sino que, en realidad, optaron por no acudir y ahora, pretenden sustentar su propio dolo o error para argumentar falsamente una violación al procedimiento legislativo que culminó con la expedición del decreto combatido.

• En el Diario de los Debates se advierte que durante el transcurso de la sesión de veintiocho de abril de dos mil veintitrés se contó con el quórum necesario de sesenta y cinco Senadores y Senadoras para poder sesionar.

• Es innegable que la circunstancia de que en la sesión de veintiocho de abril de dos mil veintitrés se tomara la protesta de ley a la Senadora Tanya Carola Viveros Cházaro, con motivo de la licencia otorgada a la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, no implica afectación de algún ordenamiento legal, en virtud de que la existencia del quórum ya había sido declarado previamente, máxime que constituye un imperativo constitucional llamar a los suplentes para que las Cámaras puedan ejercer sus funciones.

• Además, el Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima se encontraba presente al momento de la discusión y votación de los asuntos sometidos a consideración del Pleno en s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33752-5a3a9c1a/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-ciento-noventa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.