I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA DETERMINAR LA INVALIDACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO. IV. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO SE TRATE DE LEYES QUE NO REGULAN EN ESPECÍFICO LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE COMUNIDADES, PUEBLOS O PERSONAS INDÍGENAS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY O DECRETO RESPECTIVO, SINO SOLAMENTE DE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS QUE PUDIERAN INCIDIR EN ESOS INTERESES Y/O DERECHOS. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE VIOLACIONES INVALIDANTES Y NO INVALIDANTES, A FIN DE PRIVILEGIAR LA SUBSISTENCIA DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE LO RIGE. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS QUE LLEVA A CONSIDERAR CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO EL QUE ES OBJETO DE ESCRUTINIO [VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2021]. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA FALTA DE PUBLICACIÓN PREVIA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL SENADO DE LA PROPUESTA DE ADICIÓN DEL ARTÍCULO IMPUGNADO, ASÍ COMO EL HECHO DE NO HABERLA REPARTIDO CON OPORTUNIDAD A LOS SENADORES PRESENTES QUEDAN SUBSANADOS SI LA SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DIO LECTURA AL TEXTO DE DICHO ARTÍCULO Y CONSULTÓ A LA ASAMBLEA SI SE ADMITÍA O NO A DISCUSIÓN LA PROPUESTA DE ADICIÓN, OBTENIÉNDOSE UNA VOTACIÓN FAVORABLE [VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2021]. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. NO EXISTE NORMA ALGUNA DENTRO DEL MARCO REGULATORIO DE LAS SESIONES DEL SENADO QUE PERMITA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO UNA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO LA VOTACIÓN Y SE DECLARÓ APROBADA LA PROPUESTA DE ADICIÓN DE UN ARTÍCULO [VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2021]. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ES INSUFICIENTE PARA INVALIDARLO EL HECHO DE QUE LA CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO SE REALIZARA CON UNA ANTICIPACIÓN MÍNIMA DE CUARENTA Y OCHO HORAS A LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, Y QUE TAMPOCO SE CIRCULARA LA PROPUESTA DE DICTAMEN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CON CINCO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2021 Y SU ACUMULADA 105/2021. DIVERSOS INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ Y MANUEL POBLETE RÍOS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
I.1. Demanda presentada por senadores. Por escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo de personas que dijeron ser senadores(1) de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del artículo décimo tercero transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.(2)
En sus conceptos de invalidez sostuvieron esencialmente lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. El artículo décimo tercero transitorio que se combate implica una transgresión directa a los artículos 97 y 100 constitucionales. Ello es así, ya que en el primero de los preceptos constitucionales citados se prevé que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su presidente cada cuatro años, esto es, que la duración de dicho encargo es de cuatro años improrrogables, mientras que en el segundo se establece que los consejeros de la Judicatura Federal, salvo su presidente, durarán cinco años en su cargo, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo; y no obstante ello, en el transitorio impugnado se amplían los periodos para los cuales fueron elegidos el actual Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (se amplía su nombramiento para que ejerza el cargo por cinco años y once meses), y los consejeros de la Judicatura Federal (a quienes se les extiende el periodo para que lo ejerzan por siete años).
Ante tal contravención a los citados preceptos constitucionales, se transgreden los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa consagrados en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe habilitación constitucional alguna que permita al Congreso de la Unión, en una ley secundaria, ampliar o prorrogar el mandato de los servidores públicos mencionados.(3)
• Segundo concepto de invalidez. El Congreso de la Unión carece de facultades para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Violación al principio de división de poderes. En el presente caso existe una invasión de esferas por parte del Poder Legislativo, ya que de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Federal, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegir a su presidente cada cuatro años; por ende, el Congreso de la Unión no puede establecer, en una norma secundaria, que finalizados esos cuatro años continuará en su encargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos años adicionales.
Además, se afecta la prerrogativa que tiene el resto de los Ministros integrantes del Tribunal Pleno para ser elegidos presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
También se violentan el artículo 97 constitucional y la "garantía institucional en el ejercicio del poder", al determinarse la extensión de un plazo constitucionalmente previsto por cuatro años, con prohibición expresa de reelección inmediata, pues la extensión del periodo a que se refiere el transitorio impugnado constituye una reelección de facto, resultando evidente el fraude constitucional en este punto.
Se transgreden igualmente las esferas competenciales y facultades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presidente de la República y del Senado de la República, pues de conformidad con el artículo 100 constitucional, solamente ellos pueden designar a las consejeras y a los consejeros a que se refiere tal precepto, lo cual debe hacerse cada cinco años.
Todo ello atenta contra el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución Federal, pues no existe habilitación constitucional alguna que permita al Legislativo ampliar los plazos de los nombramientos señalados en el transitorio impugnado.
Además, esa invasión de esferas ni siquiera se justifica, pues la finalidad que se menciona en el propio artículo tercero transitorio impugnado al señalar que la modificación de los plazos citados es "Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto", resulta insuficiente para justificar la ampliación de los periodos de los nombramientos de quienes actualmente ocupan los cargos ahí citados. Ello, pues todos los servidores públicos están obligados a respetar la Constitución y las leyes que de ésta emanen, a hacer cumplir la Constitución y sus leyes secundarias, ya que los artículos 108 y 133 de la Constitución así los vinculan; de ahí que de ninguna manera podría justificarse que es "necesario" que las personas físicas que hoy ocupan los cargos públicos continúen por un tiempo posterior al de la norma que rige su periodo de desempeño, por considerarlos los únicos "capaces" para implementar la reforma constitucional. Ello sería tan absurdo como considerar, contrario sensu, que un presidente de la República que apruebe programas sectoriales o institucionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo con compromisos de acción pública, más allá de su mandato o cualquier otra política pública, deba mantenerse en su encargo y prorrogar su mandato bajo la justificación de "implementar" esas acciones o políticas públicas.
• Tercer concepto de invalidez. El artículo décimo tercero transitorio que se combate es violatorio del principio de independencia judicial. La inamovilidad y la estabilidad en el cargo son mecanismos para garantizar la independencia judicial. Así como es inconstitucional que las mayorías intenten sabotear la división de poderes reduciendo el periodo previsto para el ejercicio de un cargo en la función jurisdiccional, resulta igualmente inválido que dichas mayorías intenten prorrogarlo, por así considerarlo benéfico por cualquier razón, ya que al hacerlo, se estaría permitiendo una injerencia de la mayoría legislativa en un asunto que definitivamente no les compete constitucionalmente: alterar la estabilidad en los cargos de otro poder, a saber, del Poder Judicial. Ello pondría en riesgo el principio de independencia judicial, en tanto que los órganos jurisdiccionales se verían sometidos a los caprichos de las mayorías.
• Cuarto concepto de invalidez. El artículo décimo tercero transitorio resulta en una violación a diversas garantías institucionales (seguridad jurídica, irretroactividad de la ley y prohibición de leyes privativas). Con el artículo décimo tercero transitorio el legislador anuló por completo la previsibilidad respecto a la configuración del Poder Judicial de la Federación, pues genera inseguridad jurídica en relación con la fecha en que concluirán su encargo los funcionarios a quienes se refiere esa norma, lo cual conlleva inseguridad para los órganos encargados de designar a quienes deban relevar en el cargo a esos servidores públicos, así como para las personas que aspiren a ocupar esos cargos.
Convalidar el artículo décimo tercero transitorio impugnado atentaría contra la confianza de servidores públicos y gobernados, no sólo frente al Poder Judicial de la Federación, sino frente al orden jurídico en su totalidad, pues significaría aceptar que el legislador puede exceder cualquier límite constitucional a su capricho, generando una expectativa permanente a la arbitrariedad fatal para un Estado democrático.
El derecho de acceder al cargo o votar por quien deba ostentar la presidencia del Máximo Tribunal es un derecho a ejercer por los demás Ministros integrantes de ese órgano, que se traduce en la prerrogativa que otorga estabilidad a los pesos y contrapesos del Estado constitucional democrático en el que vivimos. Y una vez adquirido el derecho, no puede ser interrumpido por una ley posterior que transgrede de manera evidente la Constitución Federal; máxime cuando se trata de una norma emitida por un órgano constitucional que no tiene la atribución para ello. De esta manera, el derecho adquirido por los diez Ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte para acceder al cargo y, a su vez, votar por quien ejerza el cargo de presidente a partir del próximo primero de enero de dos mil veintitrés no puede ser restringido de manera alguna por ningún tipo de normatividad ulterior o de inferior jerarquía a la constitucional.
En cuanto a la prohibición de ley privativa, la Suprema Corte ha sostenido que para estimar que se está en presencia de una ley de este tipo, se requiere de la actualización de dos supuestos: a) Que se dirijan a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos; b) Que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano, pierdan su vigencia. Ambas condiciones se actualizan con el artículo décimo tercero transitorio que se combate, pues el artículo se encuentra dirigido nominalmente al Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a los seis consejeros de la Judicatura Federal: consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, consejero Alejandro Sergio González Bernabé, consejera Loretta Ortiz Ahlf, consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate, consejero Sergio Javier Molina Martínez y consejero Bernardo Bátiz Vázquez. Y después de que se actualicen los supuestos de aplicación, perderá su vigencia la norma.
• Quinto concepto de invalidez. Durante el proceso de emisión y aprobación del artículo décimo tercero transitorio, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores violentó el artículo 72 de la Constitución Federal, así como el diverso artículo 202 del Reglamento del Senado de la República, respecto al proceso legislativo para aprobar adiciones a los dictámenes aprobados en lo general. La forma en la cual se llevó a cabo la fase de la presentación de la reserva para adicionar el artículo décimo tercero transitorio al proyecto de decreto, vulneró el derecho a la participación libre e igual de quienes integran el Pleno Senatorial en su deliberación informada y pública; incumplió con la aplicación de las previsiones establecidas para el desahogo de las votaciones económicas en las sesiones a distancia, y conculca con la deliberación pública que debe preceder a la emisión del voto de las y los integrantes del Senado.
Ello, pues no obstante el significado y la importancia de la adición que se propondría y que el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué participó en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la discusión en lo general que dio inicio al desahogo de la deliberación y votación del dictamen propuesto por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda, no realizó mención alguna –como suele suceder– de la presentación de una reserva para adicionar una disposición transitoria tendiente a asegurar la implementación de la reforma constitucional de este año y las reformas a la legislación secundaria correspondiente, con base en la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal durante un tiempo distinto al previsto constitucionalmente para su desempeño. Es decir, se deduce el ánimo por no revelar el contenido y alcance de la propuesta que formularía.
I.2. Radicación, turno y admisión de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Ministro presidente radicó la acción de inconstitucionalidad promovida con el número 95/2021 y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le correspondió el asunto por razón de turno.
El día veintidós del mismo mes, el Ministro instructor admitió la demanda; previno a los promoventes para que remitieran a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los documentos con los que acreditaran su personalidad; dio vista con la demanda al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a quienes solicitó sus respectivos informes, así como copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado (lo cual se pidió al Congreso) y del Diario Oficial de la Federación en el que constara la publicación del referido decreto (esto último se requirió al Ejecutivo Federal); asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
I.3. Demanda presentada por diputados. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo de personas(4) que dijeron ser diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que también impugnaron el artículo décimo tercero transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.
En sus conceptos de invalidez formularon argumentos similares a los expuestos por los senadores en relación con la falta de regularidad y correspondencia entre el artículo décimo tercero transitorio impugnado y los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, la violación a los principios de supremacía constitucional, división de poderes, independencia judicial y seguridad jurídica (en su vertiente de irretroactividad de la norma).
En específico sostuvieron que:
• El artículo décimo tercero transitorio transgrede lo dispuesto por los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éstos disponen claramente y sin lugar a dudas, las siguientes reglas: a) La facultad que tiene el Pleno de elegir, cada cuatro años, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) La imposibilidad que tiene el presidente de ser reelecto para el periodo inmediato posterior; c) Que los consejeros de la Judicatura Federal (con independencia de su presidente) durarán cinco años en el cargo; d) Que los consejeros deben ser sustituidos de manera escalonada; y, e) Que no pueden ser nombrados para un nuevo periodo.
Por lo que el transitorio cuestionado, al prolongar los plazos establecidos en los preceptos constitucionales citados (de cuatro a seis años el plazo del actual presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y de cinco a siete años los nombramientos de cada uno de los actuales consejeros de la Judicatura Federal), sin que exista alguna habilitación constitucional que permitiera al Legislativo ampliar esos plazos y permitir la reelección de facto de las personas a quienes va dirigida la norma, transgrede directamente las reglas constitucionales citadas.
• Como consecuencia de la transgresión antes mencionada, el transitorio impugnado vulnera los principios de supremacía constitucional (pues una norma legal atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Federal), división de poderes e independencia judicial (ya que el Poder Legislativo Federal, unilateralmente y de forma arbitraria, se entrometió en la operatividad del gobierno interno del Poder Judicial de la Federación, designando de facto a quienes deberán ocupar los cargos de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejeros de la Judicatura Federal, durante los periodos extendidos a que se ha hecho referencia) y, consecuentemente, los principios de autonomía funcional y orgánica del Poder Judicial, de imparcialidad del juzgador y la apariencia de independencia, así como el principio de seguridad jurídica en su vertiente de irretroactividad de la norma (dado que la norma transitoria impugnada no podría modificar el supuesto ni las consecuencias realizadas anteriormente, bajo la vigencia de preceptos constitucionales creados previamente).
Asimismo, plantearon violaciones a los principios básicos de deliberación democrática, porque:
a) En la Cámara de Senadores no se atendieron las reglas de anuncio y publicidad para discusión y aprobación de la reserva, en específico los artículos 87, 201 y 202 del Reglamento Interior de la Cámara de Senadores, pues previo a la sesión de quince de abril de dos mil veintiuno, en que se discutió el transitorio cuestionado, no se publicó ni difundió la propuesta de adición de dicho numeral del senador Raúl Bolaños Cacho Cué (la adición debió registrarse para discusión y aprobación y, además, publicarse en la plataforma digital para el conocimiento de su contenido por la asamblea). De ello dieron cuenta diversos senadores, entre ellos, las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nancy de la Sierra Arámburo y los senadores Damián Zepeda Vidales, Juan Zepeda, Dante Delgado, Emilio Álvarez Icaza y José Erandi Bermúdez Méndez.
Tampoco se permitió el desahogo de una segunda ronda de votaciones.
Además, existió reticencia por parte de la Mesa Directiva para subsanar o regular el procedimiento, que no respetó la publicación oportuna y abierta del contenido del artículo transitorio aprobado, a pesar de que así lo solicitaron diversos senadores.
b) En la Cámara de Diputados se violaron los principios básicos de deliberación democrática porque: 1. En la Comisión de Justicia se aprobó la minuta remitida por la Cámara de Senadores sin llevar a cabo su discusión, y en transgresión a lo dispuesto por el artículo 150, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados,(5) pues la convocatoria a la reunión de la comisión no se realizó con una anticipación mínima de 48 horas (se publicó en la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados el jueves veintidós de abril de dos mil veintiuno y la sesión se llevó a cabo el mismo día), además que de conformidad con el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, existe la necesidad de circular la propuesta de dictamen entre los integrantes de la comisión, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y vote; 2. El dictamen fue puesto a votación con dispensa de todos los trámites. Sin embargo, no se desprende del acuerdo relativo, ni de la Junta de Coordinación Política, ni de la Mesa Directiva, motivación sobre la urgencia para llevar a cabo esa discusión; y, 3. Tampoco se atendieron diligentemente las mociones suspensivas por violaciones procedimentales a los plazos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados.(6) I.4. Radicación, turno y admisión de la demanda de diputados. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, el Ministro presidente tuvo por recibida la demanda mencionada en el punto anterior; ordenó su registro con el número 105/2021; asimismo, ante la identidad respecto de la norma impugnada en ese asunto y en la acción de inconstitucionalidad 95/2021, promovida por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, decretó su acumulación con aquel asunto, por lo que ordenó turnarlo también al Ministro José Fernando Franco González Salas, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
Mediante diverso acuerdo de cuatro de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que hicieron valer los diputados antes referidos; previno para que, hasta antes del cierre de instrucción, remitieran copia certificada de los documentos con los que acreditaran la personalidad de Alejandra Soria Gutiérrez, María Cristina Castillo Espinosa, Beatriz Balanzar Sánchez, Lizbeth Mata Lozano, Juan Marcos García Hernández, Jaime Ricardo Fernández Horcasitas, Ismael Sánchez Hernández, Marco Antonio Hernández Arellano, César Raymundo Gómez García, Oscar Carlos Zurroza Barrera, Armando Fidel Castro Trasviña, Claudia Patricia Torres López, Sinaí del Rocío Sánchez Huerta, Lucía Méndez Navarro, Edgardo Chaire Chavedo, Juan Martín García Márquez, Eloy Martínez Carrizales, María Eugenia Mosqueda Nieto, María del Refugio Alvarado Romo, Violeta Mariana Parra García, José Eduardo Esquer Escobar, Irene García Martínez, Susana Priscila Álvarez Hernández, Erick Jair Miranda Hernández, Miriam Alejandra Cedillo Conde, Víctor Gilberto Aguilar Espinosa y Juan Alejandro Rivera Torres, para que obraran en el expediente; se dio vista al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que rindieran sus respectivos informes, y a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
I.5. Informes presentados en relación con la acción de inconstitucionalidad 95/2021
I.5.1. Informe presentado por la Cámara de Senadores.
Mediante escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión rindió el informe correspondiente a esa Cámara, respecto de la acción de inconstitucionalidad 95/2021.
En su informe, la Cámara de Senadores sostiene, en esencia, que el artículo décimo tercero transitorio impugnado es válido, y refuta los conceptos de invalidez con base en los siguientes argumentos.
Refutación al primer concepto de invalidez:
• El artículo décimo tercero transitorio es válido formalmente, porque su creación se ajustó al procedimiento establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, así como a las disposiciones contenidas en el Reglamento del Senado de la República.
• La prórroga establecida en el artículo impugnado no vulnera los artículos 97 y 100 constitucionales, pues tal prórroga está motivada en el hecho de que el Congreso de la Unión concibió que para la transformación del Poder Judicial de la Federación y para cumplir con los anhelos de justicia del pueblo de México, era menester asegurar que el órgano administrativo encargado de su instrumentación contara con el tiempo y la continuidad necesarios para efectuar los cambios profundos que la Constitución y las leyes imponían.
• La ampliación por dos años del periodo que durarán en el cargo los consejeros de la Judicatura Federal y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite dar coherencia a la implementación de la reforma judicial de once de marzo de dos mil veintiuno, pues dado el gran calado de esa reforma, resultaba imperativo otorgar tiempo necesario a los encargados de implementarla, para aterrizar la visión del Constituyente de una justicia renovada y de calidad para todas las personas.
• En la AI. 99/2016 y su acumulada 104/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el incremento del tiempo en la inamovilidad de algunos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por parte del Congreso de la Unión, no menoscababa las garantías de independencia y autonomía jurisdiccional, ya que el incremento en el plazo favorecía (en beneficio de la sociedad) la presencia de Magistrados, cuya única encomienda es la de operar de manera imparcial. Asimismo, se mencionó que la estancia en el cargo de dichos Magistrados obedecía a la búsqueda del tiempo suficiente para dar estabilidad a los criterios que sustentara ese órgano colegiado, y para garantizar la mayor independencia y autonomía de ellos. En atención a ello, resulta infundado que el artículo transitorio impugnado actualice una invasión de competencias, en detrimento del principio de división de poderes.
• El legislador federal cuenta con una habilitación para realizar la prórroga impugnada, en tanto busca un fin constitucionalmente válido.
Refutación al segundo concepto de invalidez:
• Resulta inexistente la violación al principio de división de poderes aducida, ya que la determinación adoptada en el artículo transitorio impugnado no conlleva la intromisión ni subordinación del Poder Judicial a otro poder, dado que no limita, acota o incide de manera alguna en la forma en que deberán resolverse los juicios que son sometidos a consideración de los órganos jurisdiccionales que integran ese poder, y se respeta su autonomía para el dictado de las resoluciones.
• La disposición transitoria no sólo regula una situación de hecho con motivo del decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno, sino que también establece los parámetros a que se sujetará, lo que evidencia la constitucionalidad del precepto reclamado.
• Resulta infundado que se invada la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elegir cada 4 años a su presidente, porque la disposición impugnada no prevé una elección propia para un nuevo periodo del presidente de la Suprema Corte o una tácita elección, en virtud de que dicho artículo tiene como finalidad la correcta y adecuada fundamentación de la reforma judicial. Tampoco invade la competencia y la facultad que tienen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República y el Senado, de nombrar cada 5 años a los consejeros de la Judicatura Federal, puesto que no modificó, por la vía legal, el procedimiento del artículo 100 constitucional.
Refutación al tercer concepto de invalidez:
• De los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre independencia judicial (CC. 1/2005, CC. 32/2007, tesis aislada P. XIV/2006, CC. 81/2010, CC. 9/2004, jurisprudencia P./J. 44/2007, CC. 25/2008 y jurisprudencia P./J. 106/2000), así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 3), y del Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, se puede advertir que la disposición impugnada no transgrede el principio de independencia judicial, porque no afecta, restringe o menoscaba las garantías que tienen los impartidores de justicia al resolver de forma independiente los asuntos puestos a su conocimiento; tampoco se vulneran su permanencia, condiciones de servicio, inamovilidad o remuneración. No se tiene injerencia alguna en los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial son las que determinan los procedimientos de ingreso, formación, permanencia y separación de los servidores públicos del PJF, lo que garantiza la independencia judicial (pues no intervienen otros Poderes). Como apoyo, se cita la tesis aislada XV.1o.A.90 A (10a.) y la jurisprudencia P./J. 29/2012 (10a.).
Refutación al cuarto concepto de invalidez:
• El artículo impugnado no modifica las reglas de renovación de las cabezas del PJF, conforme al procedimiento establecido en los artículos 97 y 100 de la Constitución, pues únicamente tuvo como finalidad otorgar el tiempo necesario a esos funcionarios para que pudieran aterrizar la reforma constitucional judicial y, con ello, permitir una mejor protección de las garantías de acceso a la justicia, tutela judicial y debido proceso, lo cual es en beneficio de la sociedad. Asimismo, se da tiempo para consolidar los criterios emitidos a través del nuevo mecanismo de creación de jurisprudencia.
• El transitorio combatido no vulnera el principio de irretroactividad de la ley, porque el legislador tiene la facultad de introducir normas de acuerdo con las necesidades sociales, como resulta ser una justicia renovada y de calidad para todas las personas.
• También es infundado que el precepto impugnado ponga en desventaja a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no impide que puedan acceder, en el mismo número de veces que aspiraban, a ocupar el cargo de presidente de la Corte durante los 15 años por los que fueron elegidos.
Refutación al quinto concepto de invalidez:
• De la sesión pública a distancia celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno en la Cámara de Senadores, se advierte que no se vulneró el derecho a la participación libre e igualitaria de quienes integran el Pleno Senatorial, pues no se incumplió con la aplicación de las previsiones establecidas para el desahogo de votaciones económicas de las sesiones, y tampoco se conculcó la deliberación pública que debe preceder a la emisión del voto de los senadores.
• No se violaron los artículos 72 constitucional y 202 del Reglamento del Senado de la República, porque en la discusión en lo general de los artículos transitorios:
1) Se explicó al Pleno el sentido y alcance de la propuesta s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30793-c63fb672/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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