Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE VEINTICUATRO DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y SEIS PUNTO TRES POR CIENTO (36.3 %) DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN DICHO PROCEDIMIENTO. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO REQUIERE UNA MOTIVACIÓN POR PARTE DE SU MESA DIRECTIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL PROYECTO DE DICTAMEN SÍ SE DISTRIBUYÓ A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA ANTICIPACIÓN QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE DICHO CONGRESO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO HAYA TOMADO EN CUENTA LA SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA PARA RETIRAR EL DICTAMEN RELATIVO, POR CONSIDERAR QUE NO EXISTÍA ACUERDO PARA ELLO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL HECHO DE QUE EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE HAYA APROBADO CON EL VOTO DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, AL HABERSE OBTENIDO PREVIAMENTE UN EMPATE EN LA VOTACIÓN, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SÍ JUSTIFICÓ LA INICIATIVA DE REFORMAS, AL INDICAR QUE DICHA INICIATIVA IMPLICARÍA LA DISMINUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ELECTORAL Y LA REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES PARA OPTIMIZAR EL GASTO APLICADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN SE HAYA PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIN HABERSE DISTRIBUIDO EN COPIA SIMPLE O DE FORMA ELECTRÓNICA A TODOS LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON UN MÍNIMO DE CUARENTA Y OCHO HORAS ANTERIORES A LA SESIÓN DEL PLENO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PUDIERAN BENEFICIAR EN ALGÚN GRADO A ESTE SECTOR POBLACIONAL, SI SON SUSCEPTIBLES DE AFECTARLE DIRECTAMENTE. XIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS. XIV. CONSULTA INDÍGEN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS ACUMULADAS 91/2022, 92/2022, 93/2022 Y 94/2022. · Registro digital (IUS): 32215
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-01
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PART
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo II, Pág.1369.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS ACUMULADAS 91/2022, 92/2022, 93/2022 Y 94/2022. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 30 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por diversos diputados integrantes de la Segunda Legislatura de la Ciudad de México y el Partido de la Revolución Democrática el treinta de junio de dos mil veintidós; y por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano el uno de julio de dos mil veintidós, todos mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos solicitando la invalidez del Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el dos de junio de dos mil veintidós, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022, promovida por diversos diputados integrantes de la Segunda Legislatura de la Ciudad de México, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano, respectivamente, en contra del "Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; el artículo 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos (sic) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el 2 de junio de 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México".

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de las acciones. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por diversos diputados integrantes de la Segunda Legislatura de la Ciudad de México y el Partido de la Revolución Democrática el treinta de junio de dos mil veintidós y por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano el uno de julio de dos mil veintidós, todos mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Fueron promovidas por Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López, América Alejandra Rangel Lorenzana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Gonzalo Espina Miranda, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Luis Alberto Chávez García, Claudia Montes de Oca del Olmo, Ricardo Rubio Torres, Federico Döring Casar, María Gabriela Salido Magos, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Héctor Barrera Marmolejo, Frida Jimena Guillén Ortiz, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Royfid Torres González, Gabriela Quiroga Anguiano, Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Tania Nanette Larios Pérez, Jhonatan Colmenares Rentería y Fausto Manuel Zamorano Esparza, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; José de Jesús Zambrano Grijalva, quien se ostenta como presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; y Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucía Baduy Valles, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Martha Patricia Herrera González, Tabita Ortiz Hernández, Lucía Alejandra Puente García y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes se ostentaron como coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Todos solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades señaladas a continuación.

A. Normas generales cuya invalidez se reclaman:

"Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción ll, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; el artículo 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción X Bis, un párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III y X del artículo 60; el artículo 65; el artículo 68; el inciso N) de la fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos (sic) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el 2 de junio de 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México."

B. Órgano legislativo que emitió y ejecutivo que promulgó la norma general impugnada:

I. Poder Legislativo de la Ciudad de México.

II. Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

3. Artículos constitucionales señalados como violados

Ver artículos

4. Conceptos de invalidez. Los promoventes manifestaron, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a. Los diputados integrantes de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, señalaron:

A. Norma general cuya invalidez se reclama por ser violatoria de los principios de legalidad y democracia deliberativa durante el procedimiento parlamentario

Al respecto señalan que reclaman la invalidez del decreto en su integridad, al ser violatorio de los artículos 1o., 4o., 14, 16, 41, fracción V, apartados A y C, 122 y 133 de la Constitución Federal y a los correspondientes tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

Que se actualizan violaciones graves, sistemáticas e irreparables al proceso parlamentario seguido por la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, dictaminadora que conoció de la iniciativa que dio origen al mismo; violaciones de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de la reforma impugnada al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo. Dichas violaciones consisten:

1. Falta de fundamentación y motivación jurídica suficiente de la convocatoria a efecto de poder celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, por virtud de la cual se discutiría y, en su caso, aprobaría un dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal.

De esta forma, refiere que si bien la convocatoria se fundamentó en los artículos 193, párrafo segundo, 211, párrafo quinto, 240, 247 y 250 del Reglamento del Congreso Local, así como en el Acuerdo CCMX/ll/JUCOP0/04/2021, lo cierto es que ello no significa que se motivó dicha convocatoria, pues además de haber expresado los preceptos legales aplicables al caso, la autoridad debió señalar con precisión las circunstancias, razones o causas especiales inmediatas que se tuvieron para la emisión del acto, circunstancia que se omitió.

2. Indebido proceso parlamentario seguido ante la Comisión Dictaminadora, toda vez que no se convocó debidamente a una sesión ordinaria y, dolosamente, se llamó a una sesión extraordinaria, sin las formalidades parlamentarias para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, máxime que éste no se distribuyó con la debida anticipación para su discusión ante el Pleno, ni se dispensó su distribución, como lo ordenan la ley orgánica y el reglamento, ambos del Congreso de la Cuidad de México, sin que hubiera justificación para hacerlo.

Al respecto, señalan que en la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, resuelta el cuatro de enero de dos mil siete, se reclamó la inconstitucionalidad de un decreto publicado el dieciséis de octubre de dos mil seis, en el que, entre otras cuestiones, se hicieron modificaciones a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, siendo que en este asunto el Tribunal Pleno aplicó los criterios sobre los vicios con potencial invalidatorio y llegó a la conclusión de que se transgredían los principios de legalidad y democracia deliberativa, cuya razón primordial para declarar la invalidez fueron que las irregularidades en el procedimiento que tuvieron gran impacto en las posibilidades reales de expresión de las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria.(1)

Así, concluyen que no existe justificación alguna para que no se hubiere cumplido con los procesos normados en la ley y el reglamento para proteger el derecho de participación de los diputados, ni de someter su dispensa; máxime cuando tal aspecto incidió negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo, en particular, las que buscan proteger a las minorías.

3. Ilegal aprobación del orden del día de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del jueves veintiséis de mayo de dos mil veintidós, conforme a la ley orgánica y del reglamento, ambos del Congreso Local.

Refieren que del análisis al orden del día de las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, así como de los órganos facultados para aprobarlo y de lo acontecido en la "Sesión virtual de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos" del miércoles veinticinco de mayo de dos mil veintidós, es posible concluir que dicha Conferencia actuó en contra de lo establecido en los artículos 26 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, y 76 de su reglamento.

Lo anterior, ya que durante el proceso seguido ante el Pleno del Congreso, se violaron las reglas para su presentación y consecuente seguimiento, dado que fue debidamente anunciado por los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Dictaminadora, el retiro del dictamen para su posterior presentación, no obstante, de forma inexplicable, injustificada e infundada del presidente de la mesa directiva presidió y le restó valor a la solicitud, con lo cual se impidió que en el seno de la Comisión se hicieran los ajustes de fondo, forma y procedimiento que resultaran suficientes para su debida presentación ante el Pleno, lo que derivó en su aprobación bajo un procedimiento inadecuado y un fondo desapegado al marco constitucional.

B. Violación a la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México, transgrediendo el parámetro de control constitucional previsto en los artículos 35, 41, 49, 116 y 122 de la Constitución Federal, pues viola la división de poderes y la autonomía del IECM

Señalan que el principio de legalidad y seguridad jurídica implica una autentica subordinación de la actuación de las autoridades, ya que sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados en la misma.

Que la reforma electoral de dos mil catorce, tuvo dentro de sus principales objetivos transformar las instituciones y las reglas electorales que regían los procesos democráticos en México para responder a la realidad que vivía el país, a partir del fortalecimiento de la autoridad electoral a nivel federal y del establecimiento de una nueva coordinación entre ésta y los organismos locales, se buscó modernizar el sistema electoral para incrementar la calidad con la que se organizaban los comicios federales y locales, así como para garantizar los principios rectores que se debían observar en todos los procesos en territorio nacional.

A partir de esto, argumentan que el Poder Legislativo Local con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad, obstruye el adecuado ejercicio y atenta directamente contra la autonomía e independencia del IECM, toda vez que ejerce la función estatal de organizar elecciones y mecanismos de participación ciudadana de forma permanente, los que debe llevar a cabo con estricto apego a la normativa aplicable, sin tener que acatar o estar sometidos a determinaciones provenientes de otros poderes del Estado o cualquier sujeto ajeno, incluidos los partidos políticos.

Indican que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los órganos que cuentan con esa calidad reconocida en la Constitución Federal, ejerzan sus funciones con plena independencia, pero siempre condicionado al cumplimiento de sus fines, tal como lo sostiene la jurisprudencia P./J. 83/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

Que en términos del artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los organismos autónomos como el IECM, tienen la calidad de ejecutor de gasto y, por ende, autonomía presupuestaría, para, entre otros: a) aprobar su proyecto de Presupuesto de Egresos y enviarlo al Ejecutivo para su integración al proyecto de ése; b) ejercer sus presupuestos observando las normas del ordenamiento de referencia; c) autorizar las adecuaciones a sus presupuestos; y, d) determinar los ajustes que correspondan en caso de disminución de ingresos.

De este modo, refieren que si la naturaleza de la iniciativa y del dictamen es con fines de ahorro en el ejercicio del gasto, debe ser el propio organismo electoral quien deba establecer y regir su trabajo a partir de ese principio y no reduciendo áreas operativas de trabajo e imponer cargas excesivas a otras áreas que carecen de personal capacitado para lograr los objetivos constitucionalmente encomendados.

Lo anterior, en función de las características que rigen a los organismos constitucionalmente autónomos, relativas a la facultad para elaborar sus políticas, planes y programas respecto de las funciones a su cargo y, particularmente, con la autonomía financiera, presupuestal y administrativa que permite definir sus necesidades para administrar y emplear sus recursos tanto humanos, como materiales y económicos.

Bajo ese esquema, exponen que resulta evidente que sea el propio instituto quien establezca su proceso de reestructura, pues es éste quien de forma especializada conoce las áreas que se encaminan a un óptimo ejercicio del presupuesto y las consecuencias que se deriven de tal cambio, y no a partir de que el legislador determine, sin un estudio integral el impacto presupuestal, que conllevará la reforma de mérito.

En este sentido, señalan que la violación a la autonomía del IECM, se puede advertir en dos vertientes:

1. Violación a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, en la medida de que el legislador local no puede atentar o limitar a través de una reforma legal la autonomía funcional, operativa y técnica del instituto.

Así, que al eliminar la posibilidad de que el instituto se organice a través de la creación de Unidades Técnicas por el Consejo General, anula su autonomía funcional, operativa y técnica, que se encuentra garantizada por los artículos 116 de la Constitución Federal y 46 de la Constitución de la Ciudad de México, que jerárquicamente se encuentran por encima del ordenamiento que se modifica.

En esa lógica, se preguntan de qué manera se garantiza la autonomía del instituto si con

lareformaimpugnada se elimina la facultad de su Consejo General de crear las Unidades Técnicas que crea convenientes, indicando que no desconocen que el legislador tiene la facultad de emitir una estructura mínima del órgano en cuestión, o bien, las directrices sobre las que debe darse esa organización; sin embargo, de ninguna manera puede limitar o restringir la capacidad de autorregular su estructura orgánica. Agregan que el decreto controvertido constituye un fraude a la Constitución en dos vertientes: a. Modifica un ordenamiento cuya jerarquía es inferior al texto constitucional, los principios que rigen al instituto como un órgano constitucional autónomo, siendo que, en su caso, era necesaria una reforma constitucional federal y local; y,

b. Pasa por alto que quitarle la autonomía funcional y técnica al instituto es una decisión que tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de la sede democrática.

2. Aplicación de las reglas y políticas de austeridad republicana. Indican que la mayoría parlamentaria que aprobó el dictamen impugnado, ignora que la Suprema Corte recientemente resolvió la acción de inconstitucionalidad 139/2020, en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la que determinó que si bien el Poder Legislativo Federal tiene la atribución de legislar en la materia, ello no significa que el ejercicio de esa atribución puede tener el alcance de invadir la autonomía de los órganos autónomos o desarrollar sus funciones sustantivas.

Así, refiere que de los documentos que integran el proceso legislativo, se desprende que la motivación del decreto impugnado, es la aplicación de la política de austeridad republicana, sin embargo, dicha política no puede invadir la autonomía que la Norma Fundamental le ha otorgado al Instituto Electoral Local, máxime que, en el caso, no solamente la invade, sino que la anula, además de que no se advierte un estudio pormenorizado de las actividades que actualmente ejercen las unidades propuestas a desaparecer o ser reubicadas en otras áreas.

Derogación de la facultad del Consejo General de crear Unidades Técnicas

En ese apartado refieren que con esta derogación se inhibe el debido desempeño de los fines y atribuciones del instituto y con ello del debido ejercicio del cargo, lo cual podría generar una posible responsabilidad de las personas consejeras que lo integran, en tanto que con la intromisión del Congreso Local, se les imposibilita implementar Unidades Técnicas que realicen las acciones de gestionar, desde su ámbito de especialización, las actividades previstas en el programa operativo, tendentes a coadyuvar en la realización de las actividades sustanciales del instituto.

De esta forma, señalan que existe un impacto en la operatividad de funciones con motivo de la reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza, lo cual tendría como consecuencia realizar un análisis técnico sobre qué plazas se necesitarían al momento de la fusión, aspecto que compete al ente autónomo.

Que las modificaciones propuestas provocarán la pérdida de conocimiento técnico, experiencia y capacitación del personal que le ha costado al erario público, lo que vulnera la democracia y los principios fundamentales e inamovibles de autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad que comprenden las tareas de fiscalización y de liquidación del patrimonio de los sujetos obligados.

En virtud de lo anterior, consideran que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Poder Legislativo Local puede, mediante una reforma legal, reestructurar orgánicamente al IECM, eliminando Comisiones cuya existencia se justifica en las atribuciones con que cuenta el instituto y quitar facultades para crear nuevas Unidades Técnicas sin una adecuada justificación; o si ello implica obstaculizar y/o eliminar la facultad y derecho de las y los integrantes del Consejo General del Instituto para auto organizarse, de conformidad con los principios de autonomía e independencia en el ejercicio del cargo conferido.

Que la reforma tiene una dualidad de efectos, por un lado, vulnera la autonomía constitucional del instituto y, por otro, vulnera los derechos político-electorales de sus integrantes, pues al desparecer cinco Unidades Técnicas y al quitar la facultad de creación de nuevas, trastoca el derecho a ejercer el cargo de las y los integrantes del citado Consejo General, actualizado la competencia y legitimación del Tribunal Electoral para reparar los daños que inciden en el ejercicio de ese derecho.

Asimismo, señalan que el decreto impugnado es una reforma regresiva que afecta las funciones constitucionales de instituciones democráticas como el instituto, ya que con la eliminación de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, así como las Unidades Técnicas de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, la del Centro de Formación y Desarrollo, y la de Vinculación con Organismos Externos, se debilita del propio instituto como órgano garante de los derechos electorales y de la democracia capitalina; máxime que no busca el fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados a los partidos políticos.

En ese sentido, puntualizan que quitarle autonomía técnica a la Comisión de Fiscalización es un atentado a la autonomía misma del instituto, como organismo público en materia electoral a que se refieren los artículos 46 y 50 de la Constitución de la Ciudad de México, y que refiere el artículo 41, fracción III, apartado A, de la Constitución Federal; lo que se pretende justificar con la idea de que se puede crear una unidad temporal de fiscalización con cierto grado de autonomía.

Eliminación de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos

En este apartado señalan que las disposiciones que fueron afectadas por la reforma controvertida, se regulaba a la Comisión de Vinculación con Organismos Externos como un órgano colegiado auxiliar del Consejo General, en la celebración de negociaciones necesarias para sentar las bases orientadas a la suscripción de convenios de apoyo y colaboración que pretenda suscribir el instituto, y para apoyar a dicho Consejo en el establecimiento de acuerdos institucionales para coordinar actividades y desarrollar una correcta vinculación con el INE.

Refieren que con su eliminación, las funciones se trasladan a la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano unipersonal que ya no se encontrará sujeto al seguimiento y vigilancia de tales atribuciones mediante una Comisión, respecto de la revisión y aprobación de las determinaciones relacionadas con los organismos públicos y privados locales, nacionales y, en su caso, internacionales.

Que a pesar de lo sustancial de las atribuciones que ejercía la extinta Unidad Técnica, con el nuevo modelo únicamente se analizarán y acordarán con la presidencia del Consejo General del Instituto, como sucede actualmente con las actividades realizadas por dicho órgano ejecutivo, dejándose de lado la importancia de la colegialidad en la toma de este tipo de decisiones, pues se inhibe el consenso, seguimiento y control como cualidades de las determinaciones de un órgano colegiado.

En ese sentido, precisan que con la derogación de la Unidad Técnica y la Comisión, el seguimiento a las funciones que ejercían quedará fuera de la responsabilidad entre quienes integraban dicha Comisión y con ello, la adopción de acuerdos de una forma horizontal y colegiada, con lo que se entorpece el debido cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 78, fracción I, del Código Electoral Local.

Por otra parte, exponen que con el decreto el instituto pierde especialización en materia de género y derechos humanos, lo cual es contrario a los deberes y obligaciones del Estado Mexicano y al principio de progresividad, careciendo de plazas con perfil especializado que se encarguen de planificar, programar, coordinar y organizar acciones en la materia, máxime que implica un retroceso en materia de fortalecimiento de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en específico, de las mujeres y las poblaciones que integran los grupos de atención prioritaria.

En esta línea, dicen que respecto a las actividades realizadas con la comunidad del instituto, se afectarían los trabajos de fomento a la igualdad laboral, la no discriminación y la promoción de un entorno organizacional favorable, ya que la reforma implica la disminución de plazas y, con ello, el despido de personal, generando de manera directa un detrimento de las atribuciones que tiene esa unidad, dado que se reduciría la eficacia ejecutiva y operativa para contar con el pulso respecto de la actuación de las direcciones distritales en la ejecución de los programas institucionales, así como respecto de los acuerdos que emite el máximo órgano de dirección de esa institución.

Luego, aducen que impactaría de manera directa las actividades logísticas que permiten el adecuado desarrollo de los trabajos de todos los órganos colegiados del instituto, incluido el Consejo General, pues tiene a su cargo los servicios de estenografía, interpretación de lengua de señas mexicana, traducción oral y escrita a lenguas indígenas, así como las publicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, refieren que se estará eliminando el vínculo institucional que coordina la comunicación institucional con los treinta y tres órganos desconcentrados, que mide y evalúa la eficacia de la implementación de actividades sustantivas vinculadas al proceso electoral, procesos de participación ciudadana y de la capacitación, educación cívica y construcción de ciudadanía.

Que el dictamen aprobado además rompe con el principio de equidad en la contienda al fusionar la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización a·la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; no se conoce públicamente el diagnóstico ni conclusiones que señala la iniciativa sobre una supuesta ineficiencia de las áreas que plantea desaparecer o fusionar; y vulnera la autonomía constitucional del IECM lesionando derechos humanos de los habitantes de la ciudad.

De igua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32215-be8a46e6/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-veinticuatro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.