I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. MATERIA ELECTORAL. SU DEFINICIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA CONTRA NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL SE ACTUALIZA CUANDO SE REFIEREN A LA "MATERIA ELECTORAL DIRECTA" POR REGULAR ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR O LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE GARANTIZAN LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDE PROMOVERLA PARA DEFENDER SUS FACULTADES, AUN CUANDO ÉSTAS SE ENCUENTRAN VINCULADAS A LA MATERIA ELECTORAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA AL SER UN ÓRGANO AUTÓNOMO (SOBRESEIMIENTO RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 102 Y 103 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTENIDOS EN EL DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. IX. GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. X. MATERIA ELECTORAL. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ FACULTADO PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES GENERALES. XI. FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. XII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LOS CONGRESOS ESTATALES GOZAN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA DECIDIR LA FORMA EN LA QUE CADA INSTITUTO ELECTORAL LOCAL ESTARÁ ORGANIZADO ADMINISTRATIVAMENTE, POR LO QUE QUEDA EN DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO LA DECISIÓN DE CREAR COMISIONES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. XIII. GASTO PÚBLICO. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 126 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 36, ASÍ COMO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 59 Y LA DEROGACIÓN DE SUS FRACCIONES VII Y IX, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIV. GASTO PÚBLICO. LA AUSTERIDAD COMO UNO DE SUS PRINCIPIOS RECTORES ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 33 Y 36, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 59 Y LA DEROGACIÓN DE SUS FRACCIONES VII Y IX, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XV. FISCALIZACIÓN ELECTORAL. BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU REVISIÓN (MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XVI. FISCALIZACIÓN ELECTORAL. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES Y LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA EL CONSEJO GENERAL DE DICHO INSTITUTO (MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XVII. FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, LOS CUALES ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES Y LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA EL CONSEJO GENERAL DE DICHO INSTITUTO (MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XVIII. INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL TRASLADO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN A LA AHORA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS Y FISCALIZACIÓN, NO INCIDE EN LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A DICHO INSTITUTO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN (MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIX. COMISIÓN DE QUEJAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL CONGRESO LOCAL GOZA DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA CR
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 122/2022. INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 30 DE ENERO DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
ÍNDICE
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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al treinta de enero de dos mil veintitrés.
VISTOS y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por la autoridad siguiente:
2. Entidad, poder u órgano demandado:
• El Congreso de la Ciudad de México.
• La persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.
3. Actos cuya invalidez se demanda:
"DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
"TRANSITORIOS
"PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
"SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
"TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.
"CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.
"QUINTO. Las comisiones actuales permanecerán vigentes hasta en tanto sean constituidas las nuevas.
"La integración de las nuevas comisiones se llevará a cabo dentro del plazo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, las cuales, por única ocasión, se determinarán mediante acuerdo del Consejo General, sin importar la composición actual de las mismas."
4. SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda señaló únicamente como hechos los siguientes:
i. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el diecisiete de febrero del dos mil veintidós, el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
ii. El mismo día, mediante el oficio MDSPOPA/CSP/056/2022, signado por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político Electorales recibió la iniciativa referida, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
iii. La Comisión de Asuntos Políticos Electorales dio cuenta que cumplió con el principio de máxima publicidad al considerar el plazo de no menor a diez días hábiles que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos propusieran modificaciones a las iniciativas, materia del citado dictamen.
iv. La comisión dictaminadora del Congreso de la Ciudad de México solicitó prórroga para dictaminar el proyecto de reforma, la cual fue concedida por el pleno del Congreso en sesión ordinaria el día siete de abril de dos mil veintidós.
v. A través del oficio IECM/PCG/231/2022 de nueve de mayo de dos mil veintidós, dirigido al Presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México, la Consejera Presidenta del IECM, Maestra Patricia Avendaño Durán, solicitó una mesa de trabajo con las y los integrantes de la comisión dictaminadora, con la finalidad de analizar en conjunto la propuesta de reforma multirreferida. En consecuencia, el día trece de mayo de dos mil veintidós, se celebró una mesa de trabajo con las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales y con las y los consejeros electorales del IECM.
vi. El veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, con cinco votos a favor se aprobó el proyecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
vii. Cabe mencionar que fueron glosados los votos particulares de los diputados Diego Orlando Garrido López y Diego Rubio Torres en el sentido de desechar al proyecto analizado.
viii. En la sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Congreso de la Ciudad de México, con treinta y siete votos a favor, aprobó en sentido positivo con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón.
ix. El dos de junio de dos mil veintidós, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
5. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Instituto actor, en síntesis, arguyó los siguientes conceptos de invalidez:
"PRIMERO. Con el "DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO" publicado el 2 de junio de 2022 en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, se violentan los artículos 1o.; 41, párrafo tercero, Base V, apartado C; 49 y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal. Esto porque las autoridades responsables con su actuar vulneran el principio de división de poderes al exceder el ejercicio de las competencias conferidas en el ámbito constitucional e incidir directamente en el principio de autonomía que protege a los órganos constitucionalmente autónomos, en específico respecto al funcionamiento e independencia de los órganos electorales.
"El decreto impugnado al eliminar formal y materialmente la existencia de cinco unidades técnicas del Instituto local, las comisiones que de ellas derivan; así como, al suprimir del Código local la atribución de la autoridad electoral para crear las unidades técnicas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, violenta, en principio, la autonomía de gestión, técnica, orgánica administrativa y de funcionamiento del órgano electoral.
"Máxime que esta vulneración trasciende a la facultad del órgano electoral de autogobernarse con la posibilidad de diseñar su estructura orgánica funcional en atención a las necesidades propias de la función electoral y las obligaciones constitucionales que lo rigen, considerando entre ellas la obligación de proteger, garantizar y maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía a la luz de los derechos humanos reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. De ahí que se solicite la invalidez del decreto combatido.
"Principio de división de poderes y organismos constitucionales autónomos.
"La Constitución Federal articula al poder público a través de diversos principios, como el democrático, el representativo, el federal o el de división de poderes. Este último, se encuentra previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal, el cual establece que el Supremo Poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial; como garantía de dicho principio se establece una prohibición: ‘no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación’
"Como se puede apreciar, el fin de este principio es limitar el poder, mediante la idea reguladora de pesos y contrapesos, esto es, mediante una cierta idea de balances que impida la concentración del poder, al mismo tiempo que posibilite la generación creativa de competencias públicas para la realización del bien común.
"Lo anterior, ha sido un pronunciamiento constante de esa SCJN, tan solo cabe recordar que el Tribunal Pleno en la tesis P./J. 52/2002, de rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ concluyó, que la norma constitucional ‘exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos, tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente a, consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías.’
"En este sentido, se debe mencionar que nuestra Constitución no suscribe una teoría material del principio de división de poderes, pues de aceptarse esto, se sostendría que el poder público reside exclusivamente en tres poderes, quienes autónomamente y con exclusión de los demás, ejerzan cada una de las funciones jurídicas –la legislativa, la jurisdiccional y la ejecutiva–.
"‘[s]ino que a la vez que se consagro ese principio [de reparto material de funciones], al fijar las atribuciones de los tres poderes se les confirieron, indistintamente, atribuciones que materialmente corresponden a un diverso poder, reservándose a los Poderes Legislativo y Judicial la, potestad para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y judiciales de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, circunstancia que se explica por el hecho de que históricamente se había buscado fortalecer a estos dos poderes con el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el presidente de la República, jefe de Estado y de gobierno en nuestro sistema constitucional.’
"Aunado a lo anterior, la SCJN ha reconocido que el principio de división de poderes es una regla evolutiva, con un contenido flexible, que debe adaptarse a cada momento histórico, para proyectar su ideal regulativo de pesos y contrapesos a cada arreglo institucional constitucional, toda vez que la arquitectura del poder público no es estática, sino dinámica.
"Es importante precisar, que ese máximo tribunal también ha referido que, como mecanismo de evaluación para analizar la actuación de un poder u órgano, con relación a la prohibición de que no se extralimiten en el ejercicio de las competencias que les han sido conferidas, y se respete el principio de división funcional de competencia, se han admitido tres grados de interferencia: la intromisión, la dependencia y la subordinación.
"La intromisión, es el grado más leve de violación del principio de división funcional de competencias, que se actualiza cuando uno de los poderes u órganos se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.
"La dependencia conforma el siguiente nivel, pues implica que un poder u órgano impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.
"Finalmente, la subordinación es el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder u órgano no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que, mientras en esta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.
"Ahora bien, con el paso del tiempo y la transformación de la sociedad y del Estado, se evidenció la necesidad de establecer otros controles al poder del Estado. Para ello, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Constituyente Introdujo órganos constitucionales autónomos, los cuales son entes jurídicos de derecho público, que no dependen orgánicamente de ninguna de las tres ramas tradicionales del poder, cuya misión principal radica en atender necesidades torales, tanto del Estado como de la sociedad en general.
"Respecto a los órganos autónomos, la SCJN, al resolver las controversias constitucionales 32/2005 y 31/2006, señaló que surgieron con motivo de una nueva concepción del poder, con el fin de controlarlo, haciendo que evolucionara la teoría tradicional de la división de poderes. De esta forma, aun cuando el principio de división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial no perdió su esencia, ahora se debe considerar como una distribución de funciones o de competencias, para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
"Asimismo, su creación se justificó porque había una necesidad de establecer órganos encargados de garantizar la defensa de los derechos fundamentales y de controlar la constitucionalidad de los actos realizados por los Poderes del Estado, ya que estos últimos habían recibido una excesiva influencia de intereses (económicos, religiosos, de partido, entre otros) que ponía en tela de juicio su imparcialidad al realizar ciertas funciones. Por ello, se llevaron a cabo reformas constitucionales, para establecer órganos autónomos que ejercieran funciones del Estado de manera imparcial y con base en criterios técnicos; para lo cual se les dotó de garantías para actuar con independencia y con una estructura orgánica propia, desvinculada del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
"En la misma resolución se establecieron cuáles son sus características esenciales, quedando de la siguiente forma:
"Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
"Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
"Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera,
"Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
"Y por último, quedó reconocido que los órganos constitucionales autónomos no sólo se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también pueden figurar en las constituciones de las entidades federativas cuando: 1) ‘éstos estén contemplados y autorizados por la Constitución Federal’; o 2) cuando los propios estados consideren que es indispensable configurarlos en sus constituciones, en ejercicio de la libertad soberana de la que gozan en su régimen interior, siempre y cuando no contravengan las disposiciones del Pacto Federal.
"Bajo este contexto, la SCJN ha señalado que los organismos constitucionales autónomos han surgido como consecuencia de un modelo innovador de ingeniería constitucional, que buscan atender eficazmente un estado de cosas a modificar. Se trata de una evolución de la teoría clásica de la división de poderes, que se encuentra orientada por la necesidad de ejercer una función que, por su especialización e importancia social, requiere autonomía técnica, operativa, política de otros Poderes.
"Al respecto, se debe tener presente que ese diseño de ingeniería constitucional, permite que a los órganos constitucionales autónomos, se les entienda aislados de los órganos democráticamente elegidos, así como de los sujetos regulados; en otras palabras, la racionalidad del diseño constitucional descansa en la tutela de esas precondiciones que permiten el posicionamiento contra mayoritario de dichos órganos dentro del principio de división de poderes.
"‘La justificación constitucional de este diseño se basa en la legitimidad técnica y en los espacios de decisión especializada que se asegura a dichos órganos para lograr una regulación técnica sobre determinados aspectos de la realidad que la Constitución busca remover del ámbito de la oportunidad política.’
"En virtud de su naturaleza constitucional autónoma, este tipo de órganos no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales, pero no por ello pueden quedar indefensos ante cualquier probabilidad de invasión en su esfera de competencias.
"Órganos electorales y autonomía constitucional.
"Es en el contexto señalado en los párrafos precedentes en donde el IECM obtiene su calidad de organismo constitucional autónomo, cuya creación esta ordenada por la Constitución Federal. Se trata de un órgano especializado e imparcial, de carácter permanente; autoridad administrativa en materia electoral en la Ciudad de México, profesional en su desempeño, que goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y ejerce las funciones que prevé la legislación aplicable, así como todas aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, esto de acuerdo con los artículos que a continuación se estudian:
"El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A y C, de la Constitución Federal establece, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los cuales gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
"Disposición constitucional que es armónica con el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, pues el constituyente al establecer la forma en que se organiza el Estado, en congruencia con la división de los poderes públicos consideró necesario garantizar la autonomía de los órganos electorales –administrativos y jurisdiccionales– en su funcionamiento, así como en la independencia en sus decisiones, protección que, además, debe subsistir en las leyes generales, así como, en las constituciones y leyes de los Estados. "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los principios de autonomía e independencia de los órganos electorales ha señalado que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, pues en ambos casos la finalidad es que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normativa aplicable.
"El numeral 122 establece, que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. También señala que Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116, en específico la relativa a la garantía de los principios de autonomía e independencia en las decisiones de los órganos electorales autónomos.
"Por su parte, el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dotan al IECM de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la LGIPE, la Constitución Local y las leyes locales.
"El artículo 46, apartado A, inciso e) y apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México ( en adelante Constitución Local), considera como órgano autónomo, entre otros, al IECM y le reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes y el artículo 50 del mismo ordenamiento, asigna las funciones que corresponden a este órgano comicial.
"Como se ha mencionado, el IECM goza de autonomía en el marco constitucional federal y local; aunado a que se ha reconocido que las autoridades electorales participan de los mismos principios que los órganos jurisdiccionales en la materia, dada la función que les fue encomendada y los principios que rigen ambas función, criterio que también sostuvo el Tribunal en Pleno al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 138/2007.
"Ahora bien, sí ese Máximo Tribunal ha determinado la semejanza en la autonomía entre los poderes judiciales y los órganos electorales; entonces cabe mencionar que los alcances de esa autonomía comprenden su funcionamiento y la independencia en decisiones, lo que incluye la autonomía de gestión y su capacidad organizativa.
"Conforme a lo anterior, la SCJN ha establecido que los principios de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.
"Asimismo, la SCJN ha referido, que ‘los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales ...’
"Estos órganos cuentan con autonomía de gestión, la cual supone un ámbito de libertad, conferido a una institución para que pueda ejecutar, por un lado, sobre su funcionamiento, lo que implica la capacidad para determinar la organización de su estructura interna, por ende, una estructura a la luz de la distribución de las funciones establecidas en el ámbito constitucional y, por otro lado, su presupuesto en aquello que le permita cumplir debidamente con el objeto para el que fue creada, para que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos y metas estipulados en las normas que la regulan.
"Esta vertiente del principio de la autonomía se trata, entre otros, de la capacidad de definir, en concordancia con su función organizativa, el tamaño de su estructura burocrática; para decidir la adquisición de bienes y servicios, y en general, para disponer con plena libertad la ejecución del presupuesto asignado de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez previstos en el artículo 134 de nuestra Constitución y los de generalidad, sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, previstos en el artículo 21 apartado ‘A’, numeral 4 de la Constitución Local, así como a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; dicho de otra forma, la autonomía implica conferir al órgano electoral suficientes atribuciones para que pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos constitucionales, administrativos o económicos a través de los medios idóneos, eficaces y especializados por lo que la capacidad de determinar su estructura interna trasciende directamente al reconocimiento pleno del principio de autonomía. estructura que quedará condicionada solamente a la suficiencia presupuestal.
"En ese sentido, la autonomía de la que goza el IECM conlleva la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal independencia y autonomía opera tanto de forma externa (actuando como autoridad electoral) como internamente (actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le confiere).
"Aunado a lo anterior, Filiberto Ugalde Calderón manifiesta que, respecto a los Organismos Públicos Locales Electorales, la autonomía se manifiesta en términos de la siguiente tipología:
"Técnica: es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia especifica que les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos. Los órganos no están sometidos a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado.
"Orgánica administrativa: que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder u entidad. Se trata de independencia de acción entre órganos u organismos públicos, los que no están sujetos a subordinación. Establecen parámetros de organización interna.
"Financiera-presupuestaria: gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su independencia económica. Es la capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto.
"Normativa: Consiste en que se encuentran facultados para emitir sus reglamentos, políticas, lineamientos y en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas.
"De funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de autonomía, implica que los organismos cuenten con la capacidad para realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual involucra la autonomía técnica como a la orgánica, financiera presupuestal y normativa.
"Plena: que implica una autonomía total, es decir, una autentica posibilidad de gobernarse sin subordinación externa.
"En este contexto, con la reforma, adición y derogación de diversos artículos del Código en vigor a partir de la publicación del ‘DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO’ el 2 de junio de 2022 en la Gaceta oficial de la Ciudad de México y con especial referencia a la derogación del párrafo segundo del artículo 98, con la cual se suprime la facultad del IECM de crear Unidades Técnicas para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines, el Congreso local invade las facultades constitucionales de mi representado al violentar innegablemente el principio de autonomía, en su vertiente de autonomía de gestión, técnica, orgánica administrativa y de funcionamiento pues si bien, conforme al artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, las legislaturas locales gozan de libertad legislativa para expedir leyes que garanticen la autonomía e independencia de los OPLES, también lo es que esas facultades no son irrestrictas o absolutas, sino que su ejercicio debe ser razonable y respetar los mandatos constitucionales y derechos humanos que establece la Constitución Federal, así lo ha establecido la SCJN, al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 8/2014: ...
"Por tanto, si el Congreso de la Ciudad de México, lleva a cabo una modificación a la normativa con la finalidad de realizar una reestructura orgánica y funcional sustantiva al IECM, con el objeto de disminuirla, en atención a la optimización de su gasto (eliminación de cinco unidades técnicas y las Comisiones de Vinculación con Órganos Externos, de Fiscalización y de Igualdad de Género y Derechos Humanos) en la que, además, se afecta la libertad de auto organización del Institu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32450-471e656a/i-controversia-constitucional-el-instituto-electoral-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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