I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL (ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN XVIII Y 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER EMITIDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA MAGISTRADA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS RELACIONADOS CON LA "MATERIA ELECTORAL" QUE VULNEREN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE PREVISTO LEGALMENTE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA REMEDIAR TAL VULNERACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN "MATERIA ELECTORAL" DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE EL CONGRESO LOCAL ACTOR SOSTIENE QUE DICHA SENTENCIA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL Y LA LEY GENERAL DE SISTEMAS DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LA MATERIA NO PREVÉ UN RECURSO IDÓNEO QUE LE PERMITA ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A DEFENDER SUS ATRIBUCIONES COMPETENCIALES (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-126/2022 Y SUS ACUMULADOS DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR COSA JUZGADA NO SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE IDENTIDAD DE PARTES PERO EN LA RESOLUCIÓN PREVIA SE ANALIZÓ LA VALIDEZ DE ACTOS DIVERSOS, AUN CUANDO SE ENCUENTREN RELACIONADOS (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-126/2022 Y SUS ACUMULADOS DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARAR CON EFECTOS GENERALES LA INVALIDEZ DE TODA LEY QUE CONSIDERE INCONSTITUCIONAL, CON INDEPENDENCIA DE SU MATERIA, SIEMPRE Y CUANDO LA RESOLUCIÓN HUBIERE SIDO APROBADA POR UNA MAYORÍA DE POR LO MENOS OCHO VOTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVALIDAR CON EFECTOS GENERALES LAS LEYES NO FISCALES CUYA INCONSTITUCIONALIDAD HAYA SIDO PREVIAMENTE DECLARADA EN LA JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN O PRECEDENTES DERIVADA DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE MAYORÍA DE POR LO MENOS OCHO VOTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL. XII. CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE LO LLEVE A CABO DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A INAPLICAR AL CASO EN ESPECÍFICO LAS NORMAS GENERALES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES SIN QUE PUEDA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS GENERALES NI, POR CONSIGUIENTE, ORDENAR LA REVIVISCENCIA DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DEROGADAS. XIII. CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO TIENE FACULTADES PARA DECLARAR LA INVALIDEZ CON EFECTOS GENERALES DE LAS LEYES ELECTORALES QUE ESTIME INCONSTITUCIONALES NI, POR CONSIGUIENTE, LA REVIVISCENCIA DE LAS DISPOSICIONES QUE REGÍAN CON ANTERIORIDAD A SU EXPEDICIÓN, TODA VEZ QUE EXISTE UNA PROH
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 395/2023. PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 5 DE MARZO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Congreso de la Ciudad de México aprobó diversas reformas a la legislación en materia electoral relacionadas principalmente con la estructura, la organización y los procedimientos del Instituto Electoral de esa entidad federativa. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al resolver un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de carácter local, declaró la inaplicación de dichas reformas legales y ordenó la reviviscencia de las disposiciones que regían con anterioridad. Inconforme con los alcances de esa resolución jurisdiccional, el Congreso de la Ciudad de México promovió controversia constitucional contra el Tribunal Electoral local y planteó la invasión de sus atribuciones constitucionales originarias.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 395/2023, promovida por el Poder Legislativo de la Ciudad de México en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
En el presente fallo se analiza si el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones de control de constitucionalidad al resolver, dentro de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de carácter local, la revocación con efectos generales del Decreto de reforma relacionados con la derogación de la atribución del Consejo General del Instituto Electoral relativa a la creación de la Unidad de Técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines y disponer la reviviscencia de las normas generales que se encontraban vigentes antes de su expedición.
ANTECEDENTES
1. Hechos que dieron lugar a la controversia. El dos de junio de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (en lo sucesivo “el Decreto”).(1) En esencia, el Decreto modificó la estructura, la organización, los procedimientos y las facultades del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2. Demandas. El ocho de junio de dos mil veintidós la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales y el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3. Reencauzamiento. El veintiuno de junio siguiente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió reencauzar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México las demandas promovidas en contra del Decreto.(2)
4. Radicación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). El veintitrés de junio de dos mil veintidós el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo por recibidos los juicios que le remitió la Sala Superior. El Magistrado Presidente ordenó registrarlos todos con el número de expediente TECDMX-JLDC-075/2022 y turnarlo a ponencia para que se realizaran las diligencias procesales que se requirieran.(3) Posteriormente la Magistrada instructora ordenó a la Secretaría General del Tribunal Electoral local asignar el número de identificación que correspondiera a cada uno de los escritos de demanda recibidos. De este modo, el Magistrado Presidente ordenó, por una parte, que la demanda de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales quedara integrada al expediente TECDMX-JLDC-126/2022 y, por otra, que los escritos presentados por el encargado de despacho del Secretario Ejecutivo del Instituto fueran registrados con el número de expediente TECDMX-JLDC-130/2022 y TECDMX-JLDC-131/2022, respectivamente.(4)
5. El treinta de junio y uno de julio de dos mil veintidós diversos integrantes de la Segunda Legislatura de la Ciudad de México, así como los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano promovieron ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto. El Ministro Presidente registró los escritos de demanda bajo los números de expediente 90/2022, 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022, respectivamente, decretó su acumulación por conexidad y turnó el expediente a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento respectivo y se encargara de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(5)
6. Acumulación. El veinte de septiembre siguiente el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México acordó acumular los juicios TECDMX-JLDC-130/2022 y TECDMX-JLDC-131/2022 al diverso TECDMX-JLDC-126/2022 y ordenó suspender la emisión de la sentencia respectiva hasta que la Suprema Corte dictara sentencia en la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022.(6)
7. Resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto. En sesión pública de treinta de enero de dos mil veintitrés el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022. Sus puntos resolutivos son del tenor siguiente:(7)
“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.
SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas respecto de la derogación del último párrafo del artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contenido en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós.
TERCERO. Se reconoce la validez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós, con excepción del artículo 83, fracción II, inciso n), en su porción normativa “Evaluación del desempeño de los... Consejos de los Pueblos” y de la derogación del último párrafo del diverso 98, del referido Código, en términos de los apartados II y VI de esta decisión.
CUARTO. Se declara la invalidez de la derogación del artículo 83, fracción II, inciso n), en su porción normativa “Evaluación del desempeño de los... Consejos de los Pueblos”, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contenido en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, dando lugar a la reviviscencia del referido artículo, en la porción normativa señalada, previa a la expedición del referido Decreto, en atención a lo señalado en los apartados VI y VII de este fallo.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.”
8. Resolución de los juicios electorales locales. El seis de junio de dos mil veintitrés, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó levantar la suspensión decretada y, en consecuencia, ordenar la emisión de la resolución del juicio TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados. De este modo, el ocho de junio siguiente el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió esos juicios en el sentido de estimar fundados los agravios del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México y, en consecuencia, revocar parcialmente el Decreto. Dentro del apartado de efectos de la ejecutoria respectiva, en lo que aquí interesa, el órgano jurisdiccional electoral local determinó lo siguiente:
Primero, dispuso la inaplicación de los artículos del Decreto relacionados con la reforma, adición, y/o derogación de la atribución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México relativa a la creación de unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines;
Segundo, determinó la revocación parcial del Decreto;
Tercero, determinó la reviviscencia del artículo 98, último párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como de cualquier otra disposición o determinación relacionada con la atribución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México relativa a la creación de unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines.
Finalmente, ordenó informar del dictado de la resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Congreso de la Ciudad de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos conducentes.
TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL
9. Presentación de la demanda de controversia constitucional. El veintiuno de julio de dos mil veintitrés el Poder Legislativo de la Ciudad de México promovió ante esta Suprema Corte una controversia constitucional en contra de la resolución emitida en el juicio TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.(8)
10. Conceptos de invalidez. En su demanda el Poder Legislativo actor hizo valer, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Señala que el acto reclamado viola el principio de división de poderes establecido en los artículos 49, 116, fracción IV, inciso c), numeral 6, 122 Apartado A, fracciones I, II, V y IX, todos de la Constitución Federal, pues el Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de su libertad de configuración, tiene la facultad de establecer mediante normas generales el diseño de la organización administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Por otro lado, aduce que el acto impugnado en el juicio TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados (Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México publicado el dos de junio de dos mil veintidós en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México) se encuentra debidamente fundado y motivado, aunado a que en el proceso de creación se respetó detalladamente el proceso legislativo.
Sostiene que, en la exposición de motivos se explicaron detalladamente los elementos que consideraron los legisladores para aprobar el Decreto en mención, por lo que cuenta con un reforzamiento de la fundamentación y motivación.
En ese sentido, considera que la derogación del último párrafo del artículo 98 del Código Electoral estuvo fundada y motivada, por lo que el Tribunal Electoral no debió revocar esta determinación y declarar su reviviscencia.
Menciona que el Tribunal Electoral en el estudio de fondo de la sentencia recurrida, consideró la existencia de una categoría sospechosa, sin embargo, no se señaló cuál era esa categoría sospechosa que podía decantar en una presunta violación a un derecho fundamental.
De la Constitución Federal y local, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se advierte la existencia de alguna disposición que ordene la forma en que los Organismos Públicos Locales deben desarrollar sus atribuciones. Ello, significa que cada entidad federativa goza de libertad configurativa para decidir la forma en la que cada Instituto Electoral Local debe estar organizado administrativamente.
Indica que en la sentencia reclamada el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se extralimitó en sus facultades, porque lo único que debía de realizar era resolver conforme a la Constitución y legislación vigente, no pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto de Reforma que se impugnó. Ello, pese a que argumentó: “... este ejercicio no implica un control abstracto ni una declaratoria de inaplicación con efectos extensivos con el fin de dotar de seguridad y certeza a las personas justiciables en el mismo supuesto”, porque lo que hace es pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo, expulsar la reforma al orden normativo y declarar la reviviscencia del último párrafo del artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Para ello, cita la jurisprudencia P./J. 23/2002 del título y subtítulo siguiente: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.”
SEGUNDO. El actor considera que el acto reclamado transgrede el principio de división de poderes establecido en los artículos 49 y 116 en relación con el numeral 122, Apartado A, fracción V, todos de la Constitución Federal, ya que el Tribunal Electoral carece de atribuciones para indicarle al Congreso de la Ciudad de México cuál es el modelo organizacional que debe adoptarse para asegurar la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Argumenta que del artículo 38 de la Constitución Política de la Ciudad de México no se advierte que dentro de las atribuciones del Tribunal Electoral de la misma Ciudad se encuentre el establecer la forma en que debe organizarse administrativamente el Instituto Electoral mencionado.
Señala que las actividades del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se limitan a la resolución de asuntos en materia electoral y procesos democráticos y de participación ciudadana sin que exista alguna potestad para limitar o sustituir al Congreso de la Ciudad de México en el diseño de la organización administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
TERCERO. Sostiene que los jueces al emitir sus resoluciones no pueden soslayar la existencia de esferas de atribuciones, pues el juzgador es competente para aplicar normas, pero no se puede exceder en el marco de sus atribuciones conferidas para tales efectos. Aunado a que no puede emitir resoluciones con efectos erga omnes.
Considera que la actuación de los órganos del Estado debe sujetarse al principio de división de poderes, cuestión que no observó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México al emitir la resolución que se impugna, ya que al establecer de manera ilegítima una limitante para el Congreso local pueda pronunciarse sobre la posibilidad de que el Instituto en mención pueda crear una Unidad Técnica adicional para su adecuado funcionamiento, está legislando y determinando cómo debe ser el diseño de la organización administrativa del Instituto Electoral local, siendo que esa determinación es exclusiva del Poder Legislativo local.
11. Desechamiento de la demanda. El veinticuatro de julio de dos mil veintitrés los Ministros integrantes de la Comisión de Receso resolvieron desechar de plano la demanda de controversia constitucional. Al respecto, señalaron que de la demanda se advertía que la pretensión del Congreso local era que la Suprema Corte se erigiera como un órgano revisor para determinar si fue correcto o no que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenara la reviviscencia del último párrafo del artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Además, que, contra lo sostenido por el Congreso actor, la reviviscencia de normas no constituye un acto legislativo que incida en la esfera de atribuciones del Congreso local. Por ende, dado que el criterio de este Alto Tribunal es que las controversias constitucionales no son el medio para combatir las razones y los alcances de resoluciones jurisdiccionales y que su objeto de tutela se limita a dirimir conflictos competenciales entre órganos, poderes o entes, lo conducente era desechar la controversia.(9)
12. Mediante acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento correspondiente.
13. Recurso de reclamación. Inconforme con el desechamiento de la controversia constitucional, el dos de agosto de dos mil veintitrés el Congreso de la Ciudad de México interpuso recurso de reclamación. En consecuencia, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte acordó formar y registrar el expediente respectivo bajo el número 321/2023-CA, correr traslado a las partes en la controversia constitucional 395/2023, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que en el plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniese, y turnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para que elaborara el proyecto de resolución respectivo. Posteriormente, en sesión de seis de diciembre de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de este Alto Tribunal dictó sentencia en el recurso de reclamación en comento en la que determinó por mayoría de tres votos(10) declararlo fundado y revocar el acuerdo recurrido.(11)
14. Acuerdo de admisión. En virtud de la anterior resolución, la Ministra Instructora, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda de la controversia constitucional 395/2023. Por un lado, tuvo como parte demandada al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ordenó emplazarlo a juicio para que formulara su contestación y le requirió para que, al hacerlo, remitiera copia certificada de todas las constancias relacionadas con el expediente del que derivaba la resolución señalada como acto impugnado. Por otro lado, reconoció al Instituto Electoral de la Ciudad de México el carácter de tercero interesado, en virtud de que pudiera verse afectado por la sentencia que llegara a dictarse, y le dio vista para que dentro de los treinta días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que correspondiera a su representación. Finalmente, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México había solicitado la suspensión del acto impugnado, ordenó formar el cuaderno incidental correspondiente.(12)
15. Suspensión. El mismo cinco de agosto de dos mil veinticuatro la Ministra Instructora otorgó la suspensión solicitada con el fin de interrumpir todos los efectos y consecuencias que derivaran de la sentencia dictada en los expedientes TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados, dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México hasta en tanto sea resuelto el medio de control constitucional.
16. Contestación a la demanda. Por escrito recibido en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, el quince de octubre de dos mil veinticuatro el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por conducto del Magistrado Presidente interino, dio contestación a la demanda.(13) Por su parte, el día catorce de octubre del mismo año el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó su escrito como tercero interesado.(14)
17. Opinión. El diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, emitió su opinión en el presente asunto, en el sentido de estimar fundados los argumentos de la parte actora. 18. Audiencia y cierre de la instrucción. El veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. En ella se hizo la relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y por presentados los alegatos formulados tanto por la autoridad demandada como por el tercero interesado. En consecuencia, el dos de diciembre de dos mil veinticuatro siguiente se declaró cerrada la instrucción.
19. Avocamiento en la Segunda Sala. El veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, toda vez que el asunto no versa sobre la validez constitucional de disposiciones de carácter general y, por consiguiente, se estimaba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, la Ministra Instructora solicitó el avocamiento del expediente en la Segunda Sala.
I. COMPETENCIA
20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(15) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) así como en el punto Segundo, fracción II a contrario sensu y Tercero, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(17) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(18) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, pues se trata de un conflicto entre el Poder Legislativo de la Ciudad de México y un órgano constitucional autónomo de la misma ciudad, en el que no se plantea la inconstitucionalidad de alguna disposición de carácter general, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
21. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro , en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
22. En términos de la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria(19) procede, en primer lugar, fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia, así como la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.
23. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que en el presente asunto se controvierte únicamente la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés emitida en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados. La existencia del acto queda acreditada con copia certificada de la ejecutoria remitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante disco compacto.
III. LEGITIMACIÓN
24. Legitimación activa. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(20) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
25. En el presente caso la demanda fue suscrita por Fausto Manuel Zamorano Esparza en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, quien demostró tener tal cargo con la presentación de la copia certificada de la versión estenográfica de las sesiones de cinco de septiembre de dos mil veintidós y treinta de mayo de dos mil veintitrés, en las que fue designado para ocupar, respectivamente, los cargos de Presidente de la Mesa Directiva y de Presidente de la Comisión Permanente.(21) Toda vez que, en términos de los artículos 29, fracción XVIII, y 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,(22) el Presidente de la Mesa Directiva tiene expresamente la atribución de representar a ese órgano legislativo local en los procedimientos jurisdiccionales en los que sea parte, se tiene por acreditada la legitimación activa del Congreso de la Ciudad de México.
26. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria dispone que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad federativa, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación.(23) Dado que en la tramitación de la presente controversia se tuvo como parte demandada al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por haber emitido la resolución en el juicio TECDMX-JLDC-126/2022 y sus acumulados, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria procede analizar la personería del funcionario que comparece en representación de dicha autoridad.
27. En el presente caso compareció por la parte demandada Armando Ambriz Hernández en su carácter de Magistrado Presidente Interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El funcionario acreditó su personalidad mediante la copia certificada de su nombramiento expedido por el Senado de la República y del acta de la sesión del pleno del órgano jurisdiccional local en la cual se le designó como Presidente Interino(24). Toda vez que, de acuerdo con el artículo 184, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,(25) el Presidente del Tribunal Electoral tiene la atribución de representar legalmente al órgano jurisdiccional, es claro que dicho funcionario cuenta con legitimación para comparecer en representación del tribunal demandado.
28. Legitimación del tercero interesado. Por último, el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria dispone a la letra que tendrán el carácter de tercero interesado en una controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse(26). Dado que en la tramitación de la controversia se le reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria procede analizar la personería del funcionario que comparece en representación de dicha autoridad local.
29. En representación del Instituto Electoral de la Ciudad de México compareció Bernardo Núñez Yedra, quien se ostentó como Secretario Ejecutivo de dicho organismo público local electoral. El funcionario acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo IECM/ACU-CG-046/2022,(27) emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México el diez de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se le designó para ocupar dicho cargo. Toda vez que, de acuerdo con el artículo 86, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,(28) es atribución de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva representar legalmente al Instituto Electoral local, es claro que dicho funcionario también cuenta con legitimación para comparecer como tercero interesado en la presente controversia constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
30. La promoción de una controversia constitucional debe hacerse dentro de los plazos previstos en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria.(29) De lo contrario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, y deberá sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, todos de ese mismo ordenamiento legal.(30) En el presente caso la promoción de la controversia constitucional se considera oportuna.
31. De las constancias que obran en el expediente se advierte que el Congreso de la Ciudad de México fue notificado del contenido de la resolución impugnada el nueve de junio de dos mil veintitrés. Dado que la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria dispone a la letra que, tratándose de actos u omisiones, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame y, por su parte, el artículo 67, párrafo tercero, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México(31) prevé expresamente que las notificaciones por oficio surtirán efectos el día en que se practiquen, el plazo de impugnación transcurrió del diez de junio al cuatro de agosto de dos mil veintitrés.(32) Toda vez que la demanda de controversia constitucional fue presentada ante esta Suprema Corte el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, resulta claro que la impugnación de la resolución reclamada se realizó dentro del plazo legal.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
32. Corresponde ahora analizar si respecto de la resolución que se señaló como acto impugnado en la presente controversia constitucional se actualiza alguna causa de improcedencia que impidiera la resolución de fondo del asunto.
V.1 Normas y actos en materia electoral.
33. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México sostiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria, que impide impugnar a través de una controversia constitucional normas generales y actos que se refieran a la materia electoral. En tal contexto, indica que el acto impugnado corresponde a la “materia electoral” porque se trata de una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal especializado en esa materia.
34. La referida causa de improcedencia debe desestimarse.
35. Las controversias constitucionales por regla general son improcedentes cuando versen sobre cuest
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33361-2a89d42b/i-controversia-constitucional-la-persona-que-presida-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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