I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL (ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN XVIII Y 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER EMITIDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA MAGISTRADA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS RELACIONADOS CON LA "MATERIA ELECTORAL" QUE VULNEREN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE PREVISTO LEGALMENTE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA REMEDIAR TAL VULNERACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VII. MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN "MATERIA ELECTORAL" DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE EL CONGRESO LOCAL ACTOR SOSTIENE QUE DICHA SENTENCIA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL Y LA LEY GENERAL DE SISTEMAS DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LA MATERIA NO PREVÉ UN RECURSO IDÓNEO QUE LE PERMITA ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A DEFENDER SUS ATRIBUCIONES COMPETENCIALES (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-075/2022 DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TERCERO INTERESADO INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD, TODA VEZ QUE EL JUICIO ELECTORAL PROMOVIDO POR EL CONGRESO LOCAL ACTOR ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN RECURSO EFECTIVO PARA RESOLVER LA VIOLACIÓN COMPETENCIAL ALEGADA, AL NO ESTAR PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NI EN NINGUNA OTRA LEY EMITIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-075/2022 DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TERCERO INTERESADO INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD, TODA VEZ QUE EL JUICIO ELECTORAL PROMOVIDO POR EL CONGRESO LOCAL ACTOR CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA CIUDAD Y ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EFICAZ PARA REMEDIAR LA VULNERACIÓN COMPETENCIAL PLANTEADA, AL NO EXISTIR UN PLAZO LEGAL PARA RESOLVER DICHO PROCEDIMIENTO (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-075/2022 DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARAR CON EFECTOS GENERALES LA INVALIDEZ DE TODA LEY QUE CONSIDERE INCONSTITUCIONAL, CON INDEPENDENCIA DE SU MATERIA, SIEMPRE Y CUANDO LA RESOLUCIÓN HUBIERE SIDO APROBADA POR UNA MAYORÍA DE POR LO MENOS OCHO VOTOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVALIDAR CON EFECTOS GENERALES LAS LEYES NO FISCALES CUYA INCONSTITUCIONALIDAD HAYA SIDO PREVIAMENTE DECLARADA EN LA JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN O PRECEDENTES DERIVADA DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE MAYORÍA DE POR LO MENOS OCHO VOTOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107,
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 277/2022. PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 24 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Legislativo de la Ciudad de México aprobó diversas reformas a la legislación en materia electoral relacionadas principalmente con la estructura, la organización y los procedimientos del Instituto Electoral de esa entidad federativa. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al resolver un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de carácter local, declaró la invalidez con efectos generales de dichas reformas legales y ordenó la reviviscencia de las disposiciones que regían con anterioridad. Inconforme con los alcances de esa resolución jurisdiccional, el Poder Legislativo de la Ciudad de México promovió controversia constitucional contra el Tribunal Electoral local y planteó la invasión de sus atribuciones constitucionales originarias.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 277/2022, promovida por el Poder Legislativo de la Ciudad de México en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
En el presente fallo se analiza si el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones de control de constitucionalidad al resolver, dentro de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de carácter local, la revocación con efectos generales del Decreto de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y disponer la reviviscencia de las normas generales que se encontraban vigentes antes de su expedición.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Hechos que dieron lugar a la controversia. El dos de junio de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (en lo sucesivo “el Decreto”).(1) A través de ese instrumento jurídico se reformaron, adicionaron y/o derogaron cerca de ciento veinte preceptos de la legislación electoral local. En esencia, el Decreto modificó la estructura, la organización, los procedimientos y las facultades del Instituto Electoral de la Ciudad de México y estableció un régimen transitorio para la realización gradual de tales adecuaciones.
2. El catorce de junio siguiente, en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022. En dicho instrumento se establecieron las acciones generales para llevar a cabo el proceso de transición y se creó un comité técnico especial temporal para los trabajos de la reestructura orgánica del organismo público electoral local de la entidad federativa.(2)
3. Inconforme tanto con las reformas legales como con el acuerdo emitido para darles cumplimiento gradual, el veintiocho de junio de dos mil veintidós el Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C. promovió directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo “la Sala Superior”) un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La asociación civil solicitó a dicho órgano jurisdiccional especializado que ejerciera su facultad de atracción para conocer del medio de impugnación sin que tuviera que agotarse la instancia local.(3)
4. El treinta de junio siguiente la Sala Superior estimó improcedente la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción formulada (expediente SUP-SFA-21/2022) y reencauzó la demanda al Tribunal Electoral de la Ciudad de México.(4)
5. Los días treinta de junio y uno de julio de dos mil veintidós diversos integrantes de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto. El entonces ministro Presidente de la Suprema Corte registró los escritos de demanda bajo los números de expediente 90/2022, 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022, respectivamente, decretó su acumulación por conexidad al haberse impugnado en todos ellos la misma norma general y turnó el expediente a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que se encargara de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(5)
6. El cuatro de julio de dos mil veintidós el magistrado Presidente Interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo por recibido el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que le remitió la Sala Superior (véase supra párr. 4), le asignó como juicio del orden local el número de expediente TECDMX-JLDC-075/2022 y lo turnó a una ponencia a fin de que se realizaran las diligencias procesales requeridas para resolverlo.(6)
7. El treinta y uno de agosto siguiente el Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C. promovió ante la Sala Superior un segundo juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el que impugnó, en esencia, la omisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de resolver el juicio TECDMX-JLDC-075/2022. El nuevo medio de impugnación fue registrado bajo el expediente SUP-JDC-1056/2022.(7)
8. El veinte de septiembre de dos mil veintidós el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México acordó suspender la emisión de la sentencia en el juicio TECDMX-JLDC-075/2022 hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara sentencia en la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022.(8)
9. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós la Sala Superior resolvió el juicio SUP-JDC-1056/2022 en el sentido de estimar existente la omisión impugnada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C. y revocar el acuerdo plenario de suspensión de la emisión de sentencia en el juicio TECDMX-JLDC-075/2022 que había sido dictado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En consecuencia, la Sala Superior ordenó a esa autoridad jurisdiccional local que, en plenitud de atribuciones y a la brevedad, emitiera la determinación correspondiente.(9)
10. El veintidós de noviembre siguiente el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el juicio TECDMX-JLDC-075/2022 en el sentido de estimar fundados los agravios del Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C. y, en consecuencia, revocar parcialmente tanto el Decreto como el acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022.(10) Asimismo, específicamente en el apartado de efectos de la ejecutoria respectiva, el órgano jurisdiccional electoral local estableció las siguientes seis medidas:(11)
(i) Primero, dispuso la inaplicación de los artículos del Decreto relacionados con la reforma, adición, y/o derogación de la atribución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México relativa a la creación de unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines, así como con las atribuciones de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos y su Comisión;
(ii) Segundo, revocó parcialmente el Decreto en relación con dichos preceptos;
(iii) Tercero, dispuso la reviviscencia de los artículos 58, último párrafo, 59, fracción IX, 63, 67, 68 y 94 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como de cualquier otra disposición o determinación relacionada con la atribución del Consejo General del Instituto relativa a la creación de unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de sus fines, así como con las atribuciones y funciones de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos y su Comisión;
(iv) Cuarto, revocó parcialmente el acuerdo IECM/ACU-CG-042/2022 respecto de todo lo relacionado con la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos y su Comisión y, como consecuencia de ello, dejó sin efectos todos los actos derivados de las acciones generales que el Instituto Electoral de la Ciudad de México adoptó con motivo del Decreto y que estuvieran vinculadas con la unidad técnica y comisión referidas.
(v) Quinto, vinculó al Instituto Electoral de la Ciudad de México a generar las acciones conducentes a fin de restablecer la estructura orgánica de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos con la que contaba hasta antes de la reforma legal, en términos de los preceptos que cobraban reviviscencia en virtud de la ejecutoria.
(vi) Finalmente, ordenó informar del dictado de la resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Congreso de la Ciudad de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos conducentes.
11. Presentación de la demanda. Inconforme con los alcances de la resolución recaída al juicio TECDMX-JLDC-075/2022, el treinta de diciembre de dos mil veintidós el Congreso de la Ciudad de México promovió ante esta Suprema Corte una controversia constitucional en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Además de solicitar la suspensión de todos los efectos de la referida ejecutoria, el Poder Legislativo actor planteó esencialmente que la revocación en sede jurisdiccional con efectos generales del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la consecuente orden de reviviscencia de las disposiciones legales que regían con anterioridad en esa materia en la entidad federativa representaban una invasión a sus competencias constitucionales originarias.(12)
12. Trámite de la controversia constitucional. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional, registrarla con el número 277/2022 y turnarla al ministro Javier Laynez Potisek para que se encargara de instruir el procedimiento correspondiente.(13)
13. Resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto. En sesión pública de treinta de enero de dos mil veintitrés el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022. Sus puntos resolutivos son del tenor siguiente:
“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.
SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas respecto de la derogación del último párrafo del artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contenido en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós.
TERCERO. Se reconoce la validez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós, con excepción del artículo 83, fracción II, inciso n), en su porción normativa “Evaluación del desempeño de los... Consejos de los Pueblos” y de la derogación del último párrafo del diverso 98, del referido Código, en términos de los apartados II y VI de esta decisión.
CUARTO. Se declara la invalidez de la derogación del artículo 83, fracción II, inciso n), en su porción normativa “Evaluación del desempeño de los... Consejos de los Pueblos”, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contenido en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, dando lugar a la reviviscencia del referido artículo, en la porción normativa señalada, previa a la expedición del referido Decreto, en atención a lo señalado en los apartados VI y VII de este fallo.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.”
14. Admisión de la controversia constitucional. El dos de febrero siguiente el ministro instructor admitió a trámite la demanda de la controversia constitucional 277/2022 promovida por el Congreso de la Ciudad de México. Por un lado, tuvo como parte demandada al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ordenó emplazarlo a juicio para que formulara su contestación y le requirió para que, al hacerlo, remitiera copia certificada de todas las constancias relacionadas con el expediente del que derivaba la resolución señalada como acto impugnado. Por otro lado, reconoció al Instituto Electoral de la Ciudad de México el carácter de tercero interesado, en virtud de que pudiera verse afectado por la sentencia que llegara a dictarse, y le dio vista para que dentro de los treinta días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que correspondiera a su representación. Finalmente, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México había solicitado la suspensión del acto impugnado, ordenó formar el cuaderno incidental correspondiente.(14)
15. Suspensión. El mismo dos de febrero de dos mil veintitrés el ministro instructor otorgó la suspensión solicitada por el Congreso de la Ciudad de México. Consideró que en el caso se actualizaban tanto la apariencia del buen derecho como el peligro en la demora en el dictado de la resolución definitiva porque era un hecho notorio que el acto impugnado en la controversia constitucional declaraba la inconstitucionalidad de normas generales cuya validez constitucional había sido ya reconocida expresamente por esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022. En consecuencia, resolvió conceder la medida cautelar al actor para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y, por consiguiente, no se llevara a cabo acto alguno que pudiera tener sustento o fuera consecuencia directa de la resolución señalada como acto impugnado en la controversia constitucional.(15)
16. Contestación a la demanda y desahogo de requerimientos. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dio contestación a la demanda y señaló que le era imposible cumplir el requerimiento que le había sido formulado (véase supra párr. 14), en virtud de que el expediente ya se encontraba en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.(16) Por su parte, el día siguiente el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó su escrito de tercero interesado.(17)
17. El veinte de abril de dos mil veintitrés el ministro instructor ordenó agregar ambas promociones al expediente y, dado el señalamiento del Tribunal Electoral demandado en el sentido de no disponer físicamente de los autos que se le habían solicitado, requirió ahora a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que remitiera copia certificada de todo lo actuado en el expediente del juicio TECDMX-JLDC-075/2022 seguido ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.(18) El órgano jurisdiccional federal desahogó el requerimiento el veinticuatro de abril siguiente.(19)
18. Cierre de la instrucción. El treinta de mayo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “la Ley Reglamentaria”). En ella se hizo la relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y por presentados los alegatos formulados tanto por la autoridad demandada como por el tercero interesado.(20) En consecuencia, el siete de junio siguiente se declaró cerrada la instrucción y se colocó el expediente en estado de resolución.(21)
19. Avocamiento en la Segunda Sala. El doce de abril de dos mil veinticuatro, toda vez que el asunto no versaba sobre la validez constitucional de disposiciones de carácter general y, por consiguiente, se estimaba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, el ministro instructor solicitó el avocamiento del expediente en la Segunda Sala.(22)
I. COMPETENCIA
20. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “la Constitución Federal”)(23) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(24) así como en el punto Segundo, fracción I del Acuerdo General Plenario 1/2023,(25) pues se trata de un conflicto entre el Poder Legislativo y un órgano constitucional autónomo de la misma entidad federativa, en el que no se plantea la inconstitucionalidad de alguna disposición de carácter general, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
22. En términos de la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria(26) procede, en primer lugar, fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia, así como la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. De la lectura integral de la demanda se desprende que en el presente asunto se controvierte únicamente la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TECDMX-JLDC-075/2022. La existencia de este acto queda acreditada con copia certificada de la ejecutoria respectiva remitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.(27)
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. LEGITIMACIÓN
24. Legitimación activa. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(28) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En el presente caso la demanda fue suscrita por Fausto Manuel Zamorano Esparza en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, quien demostró tener tal cargo con la presentación de la copia certificada de la versión estenográfica de las sesiones de cinco y catorce de septiembre de dos mil veintidós, en las que fue designado para ocupar, respectivamente, los cargos de Presidente de la Mesa Directiva y de Presidente de la Comisión Permanente.(29) Toda vez que, en términos de los artículos 29, fracción XVIII, y 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,(30) el Presidente de la Mesa Directiva tiene expresamente la atribución de representar a ese órgano legislativo local en los procedimientos jurisdiccionales en los que sea parte, se tiene por acreditada la legitimación activa del Congreso de la Ciudad de México. 25. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria dispone que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación.(31) Dado que en la tramitación de la presente controversia se tuvo como parte demandada al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por haber emitido la resolución en el juicio TECDMX-JLDC-075/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria(32) procede analizar la personería del funcionario que comparece en representación de dicha autoridad.
26. En el presente caso compareció por la parte demandada Armando Ambriz Hernández en su carácter de magistrado Presidente Interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El funcionario acreditó su personalidad mediante la presentación de la copia certificada de su nombramiento expedido por el Senado de la República y del acta de la sesión del pleno del órgano jurisdiccional local en la cual se le designó como Presidente Interino.(33) Toda vez que, de acuerdo con el artículo 184, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,(34) el Presidente del Tribunal Electoral tiene la atribución de representar legalmente al órgano jurisdiccional, es claro que dicho funcionario cuenta con legitimación para comparecer en representación del tribunal demandado.
27. Legitimación del tercero interesado. Por último, el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria dispone a la letra que tendrán el carácter de tercero interesado en una controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.(35) Dado que en la tramitación de la controversia se le reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria(36) procede analizar la personería del funcionario que comparece en representación de dicha autoridad local.
28. En representación del Instituto Electoral de la Ciudad de México compareció Bernardo Núñez Yedra, quien se ostentó como Secretario Ejecutivo de dicho organismo público local electoral. El funcionario acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo IECM/ACU-CG-046/2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México el diez de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se le designó para ocupar dicho cargo.(37) Toda vez que, de acuerdo con el artículo 86, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,(38) es atribución de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva representar legalmente al Instituto Electoral local, es claro que dicho funcionario también cuenta con legitimación para comparecer como tercero interesado en la presente controversia constitucional.
29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. OPORTUNIDAD
30. La promoción de una controversia constitucional debe hacerse dentro de los plazos previstos en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria.(39) De lo contrario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, y deberá sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, todos de ese mismo ordenamiento legal.(40) En el presente caso la promoción de la controversia constitucional se considera oportuna.
31. De las constancias que obran en el expediente se advierte que el Congreso de la Ciudad de México fue notificado del contenido de la resolución impugnada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Dado que la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria dispone a la letra que, tratándose de actos u omisiones, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame(41) y, por su parte, el artículo 67, párrafo tercero, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México(42) prevé expresamente que las notificaciones por oficio surtirán efectos el día en que se practiquen, el plazo de impugnación transcurrió del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós al veinte de enero de dos mil veintitrés.(43) Toda vez que la demanda de controversia constitucional fue presentada ante esta Suprema Corte el treinta de diciembre de dos mil veintidós, resulta claro que la impugnación de la resolución reclamada se realizó dentro del plazo legal.
32. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
33. Corresponde ahora analizar si respecto de la resolución que se señaló como acto impugnado en la presente controversia constitucional se actualiza alguna causa de improcedencia —ya sea invocada por las partes o bien, advertida de oficio por esta Suprema Corte— que impidiera la resolución de fondo del asunto.
V.1 Normas y actos en materia electoral
34. Tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Electoral de la Ciudad de México sostienen que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal(44) y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(45) que impide impugnar a través de una controversia constitucional normas generales y actos que se refieran a la materia electoral. Las dos autoridades locales señalan que el acto impugnado corresponde a la “materia electoral” en el sentido de dichos artículos porque se trata de una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal especializado en esa materia y su contenido versa sobre cuestiones relacionadas con la organización de los procesos electorales en la Ciudad de México.(46) Como se explica a continuación, la Segunda Sala debe desestimar la causa de improcedencia invocada.
35. Ciertamente las controversias constitucionales por regla general son improcedentes cuando versen sobre cuestiones relacionadas con la materia electoral. Es bien conocido que el orden jurídico mexicano cuenta con todo un sistema de medios de impugnación en materia electoral en el que la resolución de las disputas que surjan respecto de los actos concretos relacionados con los procesos electivos normalmente corresponde a los órganos jurisdiccionales electorales especializados a los que se refiere el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal(47) y/o, en última instancia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste representa, con excepción de la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal,(48) la máxima autoridad en dicha materia.
36. Sin embargo, contra lo que afirman la autoridad demandada y el tercero interesado, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria, con el diverso artículo 99 constitucional,(49) así como con las múltiples disposiciones que regulan la legitimación activa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que la improcedencia de una controversia constitucional por impugnarse en ella normas generales o actos que se refieran a la materia electoral no opera de manera absoluta frente a toda norma o acto que guarde cierta relación con los temas electorales. Aplica más bien frente a aquellas normas o actos cuyo análisis de constitucionalidad en los términos que plantea el actor efectivamente sea competencia de la jurisdicción electoral especializada.
37. Tal como se sostuvo por mayoría de diez votos en la controversia constitucional 73/2020,(50) es criterio vinculante del Pleno de la Suprema Corte que, en tanto que la Constitución Federal garantiza la sujeción de todos los actos del poder público a sus disposiciones, una controversia constitucional excepcionalmente sí puede ser procedente contra normas generales o actos relacionados con la materia electoral que vulneren las atribuciones constitucionales de un órgano originario del Estado. Esta excepción se da sólo cuando (i) un órgano legitimado en términos de la fracción I del artículo 105 constitucional plantee exclusivamente afectaciones a sus atribuciones constitucionales originarias con motivo de la emisión de tales normas o actos y, además, (ii) no se encuentre previsto legalmente un medio de impugnación que sea idóneo para remediar esa vulneración a su esfera competencial.
38. En primer lugar, desde que el Tribunal Pleno resolvió la controversia constitucional 114/2006(51) quedó zanjado que la noción “materia electoral” no es idéntica para todos los medios de impugnación de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por consiguiente, no es adecuado simplemente trasladar a la controversia constitucional las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales. Mientras que un concepto amplio de materia electoral para todo tipo de procedimiento dejaría fuera de control constitucional diversos actos de órganos previstos expresamente en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal y, por lo tanto, le daría una inmunidad indebida a autoridades que de acuerdo con ese precepto deben poder ser demandadas a través de controversias constitucionales a fin de que la Suprema Corte verifique la constitucionalidad de sus actos, un concepto único reducido de materia electoral desembocaría, en cambio, en una restricción injustificada en la legitimación de los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad y, lo que es peor, en intromisiones innecesarias por parte de los demás órganos del Poder Judicial de la Fed
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32749-0b8f47f6/i-controversia-constitucional-la-persona-que-presida-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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