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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULO 230, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER EMITIDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y SU ACLARACIÓN EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA MAGISTRADA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VII. JUSTICIA ELECTORAL. ANTECEDENTES HISTÓRICOS RELEVANTES QUE DIERON ORIGEN A LA CREACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN LA MATERIA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE EL PODER EJECUTIVO LOCAL PLANTEÓ LA PROBABLE AFECTACIÓN DE SU ESFERA COMPETENCIAL DERIVADO DE LA INCOMPETENCIA DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA RESOLVER SOBRE LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD QUE LE FUE ATRIBUIDA (SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-387/2021, DE QUINCE DE JUNIO Y SU ACLARACIÓN DE CINCO DE JULIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. XI. MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS ELECTORALES, AUN CUANDO SU INCONSTITUCIONALIDAD PRETENDA SOSTENERSE EN ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. XIII. TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESUNTA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL REALIZADA POR LA JEFA DE GOBIERNO, TODA VEZ QUE SE RELACIONA CON UNA AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA QUE GOZA UNA AUTORIDAD ELECTORAL, CUESTIÓN QUE IMPLICA UN ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES AJENO A LA MATERIA DE ESTUDIO EN UN JUICIO ELECTORAL (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-387/2021, DE QUINCE DE JUNIO Y SU ACLARACIÓN DE CINCO DE JULIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-075/2022, DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2022. · Registro digital (IUS): 32920
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-12-13
Promovente: PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Diciembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.25.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2022. PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: La sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021 de fecha quince de junio de dos mil veintidós y su aclaración de cinco de julio del mismo año.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 119/2022, promovida por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021 el quince de junio de dos mil veintidós y su aclaración de cinco de julio del mismo año.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

Antecedentes del juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021

1. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó sus proyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 por un monto de $1,955,020,834.00 (mil novecientos cincuenta y cinco millones veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).

2. El primero de noviembre de dos mil veintiuno, el Instituto envió dichos documentos a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que se incluyeran en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022.

3. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el "Paquete Financiero 2022" en el que propuso otorgar al Instituto Electoral la cantidad de $1,201,084,647.00 (mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).

4. El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos 2022, en el que se otorgó al instituto la cantidad de $1,201,084,647.00 (mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).

Juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021

5. El treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México promovió un juicio electoral para combatir la modificación, reducción y aprobación de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y sus consecuencias jurídicas, así como la violación a las leyes del procedimiento que dieron origen al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el cual se registró con el número TECDMX-JEL-387/2021.

6. Incidente de recusación. El cuatro de enero de dos mil veintidós, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México promovió un incidente con la finalidad de recusar a todas las personas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral local para que se abstuvieran de conocer la demanda y para que se remitiera a la autoridad que le correspondiera tramitarlo y resolverlo.

7. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México desestimó el incidente porque no se expresaron argumentos sólidos a partir de los cuales se pueda desconocer, objetivamente, el actuar imparcial del tribunal.

8. No obstante, en atención a que el escrito de recusación promovido por la Secretaría de Finanzas planteó la posible incompetencia del tribunal para conocer y resolver el fondo del asunto, el Pleno ordenó a la instructora la elaboración de un proyecto de resolución para ponerlo a consideración.

9. Incidente de incompetencia. El Pleno del Tribunal determinó declarar infundado el incidente y reconocerse competencia para conocer, en el estudio de fondo del juicio electoral, sobre la impugnación formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

10. Recursos de apelación en contra de la admisión y la radicación de la demanda. El seis y el dieciocho de enero de dos mil veintidós, la Secretaría de Finanzas y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México promovieron recursos de apelación en contra de la admisión de la demanda. El veintiséis de enero y el nueve de febrero de ese año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los desechó por considerar que dichos acuerdos carecían de definitividad y firmeza, por ser actos intraprocesales.

11. Una vez concluido el trámite del juicio, el quince de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dictó sentencia en el referido juicio, declaró fundados los agravios planteados por el Instituto Electoral local y ordenó lo siguiente:

a. A la Jefa de Gobierno entregar puntualmente al instituto electoral las partidas presupuestales que fueron aprobadas en el Presupuesto de Egresos 2022, hasta en tanto el Congreso local no emita una determinación de aumento de recursos, y se realicen los ajustes correspondientes.

b. La inaplicación del artículo 7o., fracción I, de la Ley de Austeridad, en la que se faculta a la Secretaría de Finanzas para establecer y comunicarle al instituto electoral las previsiones de ingresos de la hacienda pública que deberá observar al momento de elaborar su proyecto de Presupuesto de Egresos.

c. A la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas que, en los subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan de intervenir en la configuración del Presupuesto de Egresos del instituto electoral local, por lo que de conformidad con el artículo 47 fracción X de la Ley de Austeridad deberán no sólo remitir el anexo correspondiente al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral en forma íntegra, sino también respetar los montos propuestos por el órgano electoral autónomo.

d. Al Congreso local que, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, analice, discuta y emita una determinación, con una fundamentación y motivación reforzada, en la que se incrementen los recursos asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos para el 2022 debiendo considerar:

• Que el desarrollo la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo dos mil veintidós, implica un incremento exponencial en las cargas de trabajo y requerimientos de recursos del Instituto Electoral.

• Que están próximas a prepararse durante este ejercicio fiscal las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, así como, la Iniciativa Emergente y la Consulta sobre Revocación de Mandato.

• Que los recursos públicos presupuestados por el Instituto Electoral en su anteproyecto de presupuesto de egresos y que corresponden al financiamiento público de los partidos políticos no forma parte del patrimonio de la parte actora, por lo que deberán ser excluidos del análisis que se haga sobre la suficiencia presupuestal del instituto para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales.

• Que como parámetro mínimo objetivo para determinar el incremento en los recursos del instituto debe tomarse el monto total que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos del 2019, el cual fue de $1,425,479,792.00 (mil cuatrocientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), sumándole el índice inflacionario aplicable.

• Que para el incremento de los recursos del instituto el Congreso local deberá basarse en la propuesta original hecha por la parte actora sobre su presupuesto de egresos.

e. A la Jefa de Gobierno ejecutar la determinación sobre el incremento de los recursos públicos de instituto electoral que el Congreso adopte y, en su caso, impactar los ajustes que correspondan al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

12. El cinco de julio de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral local, a petición de la Secretaría de Finanzas y por el Congreso de la Ciudad de México, aclaró la sentencia.

13. Promoción de la controversia constitucional. El once de julio de dos mil veintidós el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México promovió una controversia constitucional en contra de la sentencia dictada en el juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021 y solicitó su suspensión.

14. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, expuso esencialmente en sus tres conceptos de invalidez, lo siguiente:

PRIMERO. Violación al principio de división de podres

• El Tribunal Electoral invade la esfera competencial del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México dentro del procedimiento para la formulación del Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, reconocida en la Constitución federal y en la local porque determinó a través del acto impugnado la inaplicación de la fracción I del artículo 7o. de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, que establece que los Organismos Autónomos podrán aprobar sus proyectos de presupuesto observando las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

• El tribunal demandado omitió realizar una interpretación sistemática de la normativa que rige el procedimiento por el cual se formula el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y, en consecuencia, de las facultades del Ejecutivo Local dentro de dicho procedimiento.

• Por lo tanto, resulta notorio que la sentencia controvertida violenta el principio de división de poderes al partir de la premisa falsa referente a que, al ser el Instituto Electoral un órgano constitucional autónomo puede formular su proyecto de presupuesto de egresos sin tomar en consideración la normativa aplicable en materia de gasto público consistente en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

• Se advierte que el Tribunal Electoral local violenta lo establecido en el artículo 134 primer párrafo de la Constitución Federal que señala que los recursos económicos de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; el artículo 21, apartado A, numeral 4 de la Constitución local contempla que la hacienda pública de la Ciudad de México se regirá por los principios de generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas.

• En consecuencia, la inaplicabilidad del artículo 7, fracción I, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México ordenada no sólo invade la esfera competencial de la actora al inhibir su participación en el procedimiento para la realización del presupuesto de egresos prevista tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Local, sino que también modifica dicho procedimiento al generar la inobservancia de la normativa constitucional y local que lo rige incumpliendo los principios para el gasto público y el ejercicio de recursos económicos por parte de los entes públicos de la Ciudad de México.

• Impide al Poder Ejecutivo local cumplir con la obligación de preservar en todo momento el equilibrio presupuestal, al no permitirle determinar el presupuesto con base en el desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas.

• Por lo que, los efectos generados por el Tribunal Electoral local al determinar la inaplicación permean no solo en la violación a la esfera competencial del Poder Ejecutivo local, sino en la inobservancia de los principios rectores del gasto público señalados constitucionalmente.

SEGUNDO. El Tribunal Electoral local es incompetente para emitir la resolución impugnada.

• El tribunal justificó su competencia en los artículos 165 y 179, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, sin embargo, dichos numerales resultan inaplicables. Esto es, porque en ninguno de estos le permite analizar las problemáticas que se presenten con motivo de la elaboración y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México o que permita determinar la validez o invalidez del Presupuesto de Egresos local para el Ejercicio Fiscal 2022 y menos aún cuenta con facultades que le permitan ordenar la inaplicación de elementos normativos de carácter general, los cuales atienden a ejercicios presupuestales.

• TERCERO. La resolución controvertida carece de validez al no contar el Tribunal Electoral local con la competencia necesaria para dirimir la problemática planteada, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Controversia Constitucional 209/2021 considerando que las problemáticas relacionadas con presupuestos de autoridades administrativas electorales, emitidas por el Poder Legislativo se deben resolveré por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de controversia constitucional y no mediante tribunales electorales.

• De conformidad con el artículo 38 de la Constitución Federal las atribuciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México no versan sobre la materia presupuestaria o de austeridad y asignación de recursos de los entes públicos de la Ciudad de México.

• El presupuesto de egresos es un plan de acción de gasto expresado en términos monetarios, su naturaleza jurídica desde un punto de vista material contiene disposiciones concretas, particular y dirigidas a los entes públicos, por lo que es un acto administrativo emitido por un órgano legislativo que no se ubica dentro del ámbito de competencia del Tribunal Electoral.

15. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente con el número 119/2022 y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(1)

16. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Adicionalmente, tuvo como tercer interesado al Instituto Electoral de la Ciudad de México y ordenó darle vista para que manifestará lo que a su derecho conviniera.

17. Por último, en cuanto a la solicitud de suspensión, el Ministro instructor señaló que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México debía estarse a la determinación relativa al acuerdo dictado en incidente de suspensión de la controversia constitucional 118/2022, en el que concedió la medida cautelar.

18. Ampliación de la demanda. El dos de agosto de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México promovió ampliación de demanda dentro de la controversia constitucional en contra de la aclaración de sentencia aprobada el cinco de julio de dos mil veintidós. Expuso esencialmente en sus cinco conceptos de invalidez, lo siguiente:

PRIMERO. La aclaración de sentencia adolece de los mismos vicios que la sentencia de la cual deriva porque es producto de un exceso en el ejercicio de las facultades del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, lo que viola a los artículos 41, 49 y 122, apartado A, fracción V, tercer párrafo, 133 y 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, al determinar la inaplicación por todos los subsecuentes ejercicios fiscales, el Tribunal Electoral local a través de un control concentrado de Constitucionalidad genera un efecto erga omnes de la sentencia sin tener facultades para hacerlo, pues la autoridad demandada desvincula de un caso concreto una norma de carácter general que no es de naturaleza electoral, trascendiendo a la circunstancia específica, lo que denota la falta de competencia para emitir dicha determinación.

Por otro lado, el control difuso deriva de lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal que establece que las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, pueden inaplicar leyes secundarias atendiendo al caso concreto y bajo circunstancias delimitadas.

Por lo que, la falta de competencia por parte de la autoridad demandada para determinar la inaplicación de una norma presupuestaria respecto de los ejercicios fiscales subsecuentes al 2022, lo que viola el artículo 99 constitucional, en virtud de que el Tribunal Electoral local no es parte del Poder Judicial de la Federación, y en consecuencia, no está facultado para ejercer un control concentrado de constitucionalidad que le permita dictaminar la inaplicación del artículo 7, fracción I, de la Ley de Austeridad en los términos establecidos en la aclaración de sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México no cuenta con las facultades para expulsar una norma de carácter presupuestaria respecto de los futuros ejercicios fiscales, ya que los efectos de sus sentencias no son generales y deben atender únicamente al caso en concreto, es decir, al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Dicho Tribunal carece de competencia para determinar la inaplicación sobre normas que no sean estrictamente electorales dado que solo puede ejercer un control difuso sobre aquellas que sean materia electoral.

En ese sentido, dado a que la Ley de Austeridad de la Ciudad de México es de naturaleza administrativa y tiene por objeto regular y normas las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, no se trata de una norma de carácter general en materia electoral, sino que ésta es de índole presupuestario, por lo que la inaplicación del numeral 7, fracción I, de dicha ley se efectúa de forma ilegal, en virtud de la incompetencia del Tribunal Electoral local para resolver y en su caso aplicar un control difuso respecto de normas diversas a las de su competencia. Por lo que se violan los principios constitucionales establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales y trasciende en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México contenida en los artículos 116, 122, apartado A, fracción V, tercer párrafo de la Constitución Federal.

Por lo que se concluye que de conformidad con los artículos 38 numerales 1, 4 y 5 de la Constitución local y 165 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral local carece de competencia para resolver respecto de la inaplicación al caso concreto de normas de carácter generar diversas a la materia electoral. La aclaración de sentencia deviene ilegal por generar una invasión a la esfera competencial del Poder Ejecutivo local, en cuanto a su función y participación en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México conforme a las facultades previstas para dicho poder en los artículos 122, apartado A, fracción V, tercer párrafo, en relación con lo establecido en los diversos 21, apartado C, numeral 119, 32, apartado C, numeral 1, incisos a), b), d) y q), 46 apartado B, numeral 220 de la Constitución local. SEGUNDO. Se plantea invasión de esferas competenciales en virtud de que los actos reclamados contravienen lo dispuesto en el artículo 116, en relación con el diverso 122, apartado A, fracción V, segundo y tercer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir atribuciones que constitucionalmente son exclusivas de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Administración y Finanzas.

La autoridad demandada vulnera los principios constitucionales contenidos en los artículos 14 y 16, pues no fundamenta y motiva los efectos y alcances de su resolución, situación que deriva en la afectación de la función de la Jefa de Gobierno, esto es, invade su esfera de competencia, limitando su actuar al momento de la elaboración del Proyecto de Egresos de la Ciudad de México, ya que establece lineamientos diversos a los contenidos en las normas que rigen la materia.

El Tribunal Electoral local con su resolución afecta la esfera de competencia del Poder Ejecutivo local, ya que le sustituye por completo en las atribuciones exclusivas determinadas en la Constitución federal, así como en la local, esto es, limita la actuación de la actora de integrar, enviar y presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos, ya que, con el efecto de su sentencia, el Tribunal nulifica cualquier actuación previa al análisis del Congreso del presupuesto para 2022, pues da todos los parámetros y bases sobre los cuales se debe incrementar el recurso para el Instituto.

TERCERO. Se genera una violación directa al principio de división de poderes establecido en el artículo 49, en relación con el diverso artículo 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contrario a lo que establece el Tribunal Electoral local, no existió modificación alguna al proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya que éste fue anexado de manera íntegra al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, presentado al Congreso Local. Por lo que los argumentos que dicho Tribunal sustenta son inoperantes por sustentarse en premisas falsas, ya que no existe modificación alguna a la propuesta.

Se insiste que las resoluciones controvertidas generan una invasión de esfera de competencia de la Jefatura de Gobierno al ordenar como debe llevar a cabo la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos, impone nuevos y adicionales requisitos, sustituye al Ejecutivo local en sus atribuciones y deja sin efectos lo actuado durante la integración, envío y presentación, declara inaplicabilidad de la fracción I del artículo 7 de la Ley de Austeridad y ordena entregar las partidas presupuestales al Instituto hasta en tanto el Congreso Local no emita una determinación de aumento de recursos y se realicen los ajustes correspondientes.

Por lo que se denota de manera notoria la invasión de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, violando así el contenido del artículo 49 de la Constitución Federal, el cual señala que, no podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación.

De esta manera, resulta evidente que el Tribunal Electoral local, con las determinaciones controvertidas, sustituye no sólo a la Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México en sus atribuciones de poder llevar a cabo funciones de integrar, enviar y presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para su análisis y aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 apartado A, fracción V, párrafo tercero de la Constitución Federal; sino que, sustituye en sus atribuciones al Congreso Local, al modificar lo ya dictaminados, votado y aprobado por dicho órgano legislativo. Considera que el Tribunal Electoral reúne en sí mismo las funciones jurisdiccional, administrativa y legislativa.

El Tribunal Electoral no solo deja de manera expresa sin efectos lo actuado por la Jefatura de Gobierno en cuanto a cómo debe llevar a cabo su interpretación envío y presentación del Presupuesto 2022, sino que va más allá invadiendo dichas atribuciones impidiendo su aplicación en lo subsecuente respecto del Instituto Electoral local y hace nula la participación de la Jefatura de Gobierno pues a través de los efectos de sus determinaciones le sustituye en sus atribuciones previas a la discusión, dictaminación y aprobación en el Congreso.

Aunado a ello, el Tribunal local se arroga atribuciones jurisdiccionales que no le corresponden y substituye por completo en su competencia al Congreso local. Por lo que las determinaciones controvertidas, implican la subordinación de la Jefatura de Gobierno y del Congreso Local a dicho órgano jurisdiccional, sin fundamentos ni motivos y sustituyéndose en las facultades a la actora la somete a la voluntad de dicho Tribunal, lo cual, evidencia contravención al principio de división de poderes.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al establecer mecanismos distintos a los contemplados en las normas que regulan el equilibrio presupuestal, viola las atribuciones Constitucionales del Poder Ejecutivo, así como del Legislativo, ya que aunado a que inobserva los principios constitucionales relativos al gasto eficiente, no atiende los elementos básicos de validez del Presupuesto de Egresos, esto es, no atiende al proceso legislativo de su creación.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México al emitir la sentencia controvertida, así como la aclaración de dicha sentencia, transgrede el principio de legalidad ya que sustituye al Ejecutivo local en sus atribuciones de un correcto ejercicio del gasto público, el cual debe ser apegado a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal.

CUARTO y QUINTO. La sentencia invade atribuciones que constitucionalmente son exclusivas del Congreso de la Ciudad de México.

Las consideraciones de la aclaración de sentencia incurren en invasión de atribuciones exclusivas del Congreso local al señalar que corresponde a dicho Congreso autorizar el incremento de los recursos presupuestarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México realizando los ajustes necesarios para lograr que los recursos públicos alcancen nuevamente un equilibrio presupuestal.

Se advierte que el Tribunal Electoral local interpreta y determina cómo es que el Congreso local debe ejercer sus atribuciones correspondientes a examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, imponiendo obligaciones que exceden la normatividad aplicable. Aunado a que, anual todo lo actuado por el Congreso Local en el proceso legislativo por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos 2022, al dejar sin efectos dicho proceso y establecer las acciones que debe efectuar para dar cumplimiento, lo cual invade la actuación de dicho ente.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ejerce las funciones del Congreso Local al ordenar el aumento de presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, generando la anulación del Poder Legislativo en materia electoral.

Además, afecta directamente el equilibrio presupuestal, al no permitirle al Congreso Local determinar el presupuesto con base en el desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas como ordenan los artículos 19, 20 y 54 de la Ley de Austeridad y el numeral 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

19. Contestación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente interino, Armando Ambriz Hernández, en su carácter de representante legal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, dio contestación a la demanda. En primer lugar, planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Improcedencia contra normas o actos en materia electoral. De conformidad con el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria, tratándose de resoluciones o determinaciones emitidas por autoridades electorales la Controversia Constitucional es improcedente. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la entidad y la resolución impugnada se emitió dentro de un procedimiento jurisdiccional electoral, de ahí que se configura a plenitud la causal de improcedencia.

• Improcedencia de la controversia en contra de resoluciones jurisdiccionales. De conformidad a los artículos 422 y 426, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal lo que hace improcedente un nuevo análisis de lo ya resuelto, ya que el juicio electoral promovido por el Instituto Electoral local, fue resuelto por el Tribunal Electoral, respecto del cual no proceden medios de impugnación conforme a lo previsto en el artículo 179 del Código Electoral de la Ciudad de México, y tampoco queda pendiente por resolver algún medio de defensa federal en su contra.

Además, la resolución del juicio electoral TECDMX-JEL-387/2021 fue analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por virtud del juicio electoral promovido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre otras autoridades, y por lo que se formó el juicio electoral SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 y SUP-JE-211/2022, acumulados, en el cual fue puesto a consideración lo resuelto por el Tribunal Electoral local en la sentencia de TECDMX-JEL-387/2021 lo que constituye cosa juzgada.

Ahora bien, al ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, conforme al artículo 25, fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sus sentencias son definitivas e inatacables. Por lo que no es jurídicamente posible que a través de una nueva demanda de Controversia Constitucional se pretenda una nueva resolución jurisdiccional respecto de actos y resoluciones que fueron planteados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de los cuales ya se pronunció y resolvió desechar por falta de legitimación procesal activa del promovente.

20. Po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32920-7e1b8b02/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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