I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL CON PLENA JURISDICCIÓN PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98 A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO RECAE EN LA PERSONA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR NO SOSTIENE QUE AQUÉLLA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL O A UNA AFECTACIÓN A SU INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DENTRO DEL ASUNTO ESPECIAL NÚMERO TEEM-AES-006/2023 EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 544/2023. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS Y LAS SEÑORAS MINISTRAS: LORETTA ORTIZ AHLF (PONENTE), JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo impugna la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, por el Tribunal Electoral del mismo estado, dentro del Asunto Especial número TEEM-AES-006/2023, específicamente, la determinación de incompetencia y la decisión de remitir el expediente a la mencionada Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 544/2023, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, en contra de la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, por el Tribunal Electoral del mismo estado, dentro del Asunto Especial número TEEM-AES-006/2023.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en contra del Tribunal Electoral de ese estado.
2. En su escrito de demanda solicitó la invalidez de la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés dentro del Asunto Especial número TEEM-AES-006/2023, a través de la cual el Tribunal Electoral determinó que era incompetente para conocer del asunto y remitió, para su conocimiento, el expediente de queja a la mencionada Comisión.
3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
a) Un regidor del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en contra del presidente municipal de ese Ayuntamiento por agredirlo verbal y físicamente después de una sesión de cabildo.
b) En relación con los hechos denunciados, el visitador regional abrió el expediente de queja número CEDH/6875/2023-Q y determinó que la Comisión es incompetente para conocer del asunto porque entraña violaciones en materia político-electoral. En consecuencia, lo remitió al Tribunal Electoral local.
c) Por su parte, el referido Tribunal radicó dicho expediente bajo el número TEEM-AES-006/2023 y el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés dictó resolución en la que determinó su incompetencia para conocer del asunto, por lo que ordenó la remisión del expediente CEDH/6875/2023-Q a la Comisión para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán señaló como único concepto de invalidez que la determinación de incompetencia del Tribunal Electoral local, así como la decisión de remitirle el expediente, transgreden su autonomía constitucional y su esfera competencial.
5. Para sustentar lo anterior expuso los siguientes argumentos:
• El artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal garantiza a favor de los organismos protectores de derechos humanos en vía no jurisdiccional, su autonomía, para conocer y resolver asuntos que puedan constituir la vulneración a un derecho humano por parte de una autoridad administrativa, con excepción de los asuntos electorales y jurisdiccionales.
• En el caso, de la narración de los hechos de la queja, se desprende que los involucrados son personas electas mediante voto popular, en ejercicio de sus funciones en un recinto público, por lo que se actualiza la hipótesis de incompetencia constitucional, al tratarse de un supuesto factico y normativo que se encuentra bajo la tutela de las normas político-electorales.
•La sentencia del Tribunal Electoral al considerar que los hechos narrados por el quejoso son competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, determinar que aquella debe continuar con la tramitación de la queja, vulnera la garantía institucional consagrada constitucionalmente a favor de la Comisión actora, ya que el Tribunal demandado no puede calificar los hechos como violatorios de derechos humanos en otra vía y ordenar que se prosiga con la gestión, pues ello implica una clara intromisión en el ámbito de atribuciones y funciones de ese organismo.
• Lo anterior constituye una invasión a la esfera competencial de la Comisión y vulnera las garantías de la autoridad competente para emitir el acto, así como los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica y justicia pronta, completa e imparcial, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
6. Admisión. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil veintitrés, admitieron a trámite la presente controversia constitucional, tuvieron como autoridad demanda al Tribunal Estatal Electoral de Michoacán y ordenaron emplazarlo para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, contestara la demanda y remitiera copia certificada de los antecedentes del acto reclamado.
En el mismo acuerdo, dieron vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación corresponda.
7. Turno. El dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta ordenó turnar la presente controversia constitucional a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.
8. Contestación de demanda del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dio contestación a la demanda. En ésta formuló diversos argumentos para sostener la validez del acto reclamado expresando, en esencia, lo siguiente:
• No se actualiza ninguna de las hipótesis de competencia del Tribunal Estatal Electoral, toda vez que del estudio de la queja presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se advirtió que se manifestará alguna vulneración a los derechos político-electorales, ni la obstaculización del desempeño del cargo como regidor.
• El visitador remitió de manera errónea el expediente al Tribunal, por no ser la autoridad competente para conocer y resolver al respecto, pues el quejoso aduce de manera clara y expresa una supuesta vulneración a sus derechos humanos, cuestión que escapa de la competencia del Tribunal.
• Por lo anterior, el Tribunal determinó devolver el expediente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se pronunciará conforme a derecho y para garantizar el principio constitucional de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal.
• La anterior determinación es acorde con la amplia jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que las vistas que se ordena dar a las autoridades no constituyen actos de molestia y su implementación obedece al principio general de derecho consistente en que si la autoridad tiene conocimiento de la posible transgresión a normas de orden público, debe llevar a cabo actos tendientes a inhibir su consumación o continuidad, para lo cual debe hacerlo del conocimiento de la autoridad que juzgue competente para que actúe conforme a sus atribuciones.
9. Pedimento. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.
10. Alegatos y celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Agotado el trámite y sin que las partes formularan alegatos, el diez de abril de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, por lo que, mediante proveído de quince de octubre del mismo año, se declaró cerrada la instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Radicación en Primera Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución, por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Avocamiento. En auto de veintiocho de octubre del año en curso, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, dictó un acuerdo por el cual determinó el avocamiento para conocer de la presente Controversia Constitucional.
I. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, 11, fracción VIII y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal(4) y con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante el Instrumento normativo el diez de abril siguiente, toda vez que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
14. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(6) es dable fijar el acto objeto de esta controversia.
15. De la demanda se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán impugna la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Electoral de ese Estado, dentro del Asunto Especial número TEEM-AES-006/2023, específicamente, la determinación de incompetencia, así como la remisión del expediente de queja a la Comisión actora.
16. Por lo tanto, se tiene a dicho acto como el impugnado en esta controversia constitucional.
III. OPORTUNIDAD
17. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
18. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha en la que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada,(8) es decir, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés,(9) de manera que el aludido plazo de treinta días transcurrió del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés al diecinueve de enero de dos mil veinticuatro.(10)
19. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b) y m) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(11) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
20. Por lo que, si la demanda de controversia constitucional se depositó por Correos de México el quince de diciembre de dos mil veintitrés y se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de diciembre del mismo año, es inconcuso que su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. La Comisión actora cuenta con legitimación activa para acudir a este medio de control constitucional.
22. En efecto, con relación a la legitimación activa, el inciso k) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) otorga legitimación a los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa para promover controversias constitucionales.
23. En el caso concreto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Michoacán es un organismo constitucional autónomo local, de conformidad con el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de dicha entidad,(13) por lo que, en principio, se trata de los órganos legitimados para acudir a este medio de control constitucional.
24. Ahora bien, los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(14) prevén que la entidad, poder u órgano que tenga el carácter de actor deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que legalmente lo represente, en términos de las normas que resulten aplicables.
25. En la especie, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo,(15) quien se encuentra facultado para representar a la actora, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo.(16) De ahí que cuenta con legitimación para promover la presente controversia constitucional.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
26. Por otro lado, se advierte que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene legitimación pasiva.
27. En efecto, el referido Tribunal Electoral es un organismo constitucional autónomo local, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 98 A de la Constitución Política de dicha entidad,(17) por lo que puede ser parte demandada en el presente medio de control constitucional.
28. Por otro lado, en su representación, acudió Yurisha Andrade Morales, Magistrada Presidenta de ese Tribunal, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Acta de la Sesión Pública Solemne, celebrada el dos de octubre de dos mil veintitrés, en la que consta su designación como Presidenta, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano están previstas en el artículo el artículo 65, fracción VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.(18)
29. Como se aprecia, la citada funcionaria cuenta con legitimación pasiva para comparecer en este juicio, toda vez que al Tribunal Electoral demandado se le imputa el acto impugnado y cuenta con facultades para representarlo.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
30. Esta Primera Sala advierte, que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con la diversa de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción IX,(19) ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I del artículo 105 constitucional, en virtud de que, del análisis de la demanda se advierte que, en realidad, lo que pretende impugnarse es el contenido y la legalidad de una resolución jurisdiccional, sin que se plantee un genuino conflicto de competencias constitucionales.
31. Este Alto Tribunal ha sostenido que la causa de improcedencia que remite a "alguna disposición de esta Ley", debe entenderse en el sentido de que la misma no solo acontece cuando se actualiza alguno de los supuestos que de manera específica se prevén en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, sino que también puede derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen.(20)
32. La controversia constitucional tiene como objeto principal tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado, esto es, el conocimiento de las impugnaciones relacionadas con el principio de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a aquellos que traten sobre la invasión, vulneración o simple y llanamente, que versen sobre la afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional, por lo que se excluyen cuestiones de estricta legalidad y cuestiones sustantivas, distintas de las competenciales.(21)
33. En congruencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, por regla general, la controversia constitucional no es el medio idóneo para impugnar resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior, porque las sentencias emitidas por los tribunales resuelven un conflicto sometido a su jurisdicción, respecto del cual ejercen control jurisdiccional y, ese conflicto, regularmente no atañe a la invasión de esferas competenciales entre poderes del estado, órdenes jurídicos, u organismos autónomos.
34. Además, porque éste medio de control de constitucionalidad no puede usarse como un recurso ulterior para revisar la cuestión litigiosa planteada y dirimida en un procedimiento jurisdiccional,(22) pues ello trastocaría el sistema impugnativo diseñado constitucionalmente.(23)
35. No obstante, esta Suprema Corte ha reconocido que la regla general de la improcedencia de la controversia constitucional, en contra de sentencias jurisdiccionales, tiene una excepción, a saber, cuando se impugna una sentencia, no por su contenido ni por sus aspectos de legalidad o sustantivos, sino porque su mera emisión se estima invasiva de la esfera competencial reconocida constitucionalmente a otro órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades.(24)
36. El sentido de esta excepción es, precisamente, dotar de un medio de control constitucional al poder u órgano demandante, para controvertir la sentencia jurisdiccional dictada en un juicio, cuando su mera emisión afecta directamente su esfera competencial reconocida constitucionalmente, con independencia del sentido del fallo; esto es, en la controversia constitucional, en estos casos excepcionales, no se trata de revisar la cuestión litigiosa materia del juicio natural ni mucho menos lo resuelto al respecto, sino preservar la competencia del órgano demandante, cuando la sola emisión de una sentencia o resolución, al margen de su sentido, implica una afectación a ésta.
37. Este supuesto se daría, por ejemplo, en el caso de que un tribunal dicte una sentencia en un juicio político, si la Constitución prevé que el conocimiento y resolución de ese tipo de juicios son competencia del legislativo, pues el mero dictado de la sentencia, cualquiera que sea su sentido, constituye la invasión de una competencia que la Norma Suprema reconoce a otro órgano originario del Estado.
38. En ese orden de ideas, para efectos de la procedencia de la controversia, en contra de sentencias jurisdiccionales, deben distinguirse cuidadosamente dos casos: • El primero, en el que el actor alega que el mero dictado de la sentencia invade su esfera competencial trazada constitucionalmente.
• El segundo supuesto, en el cual el actor cuestiona simplemente la competencia legal o jurisdiccional del tribunal emisor (cuando alega que no era competente por materia, territorio, etcétera) o la procedencia de esa vía.
39. La controversia será procedente en el primer supuesto, pero no en el segundo, porque es evidente que, en este último caso, lo que se cuestiona es la legalidad de la sentencia misma, pero no que su mero dictado haya transgredido la esfera de competencia constitucional del órgano originario demandante.(25)
40. Pues bien, en el presente caso estamos en presencia del segundo supuesto mencionado, toda vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos actora impugna una resolución jurisdiccional por su contenido, esto es, en cuanto a lo resuelto en un tema ordinario de competencia legal por materia, como se verá a continuación.
41. De los antecedentes de este asunto, se advierte que la Comisión actora recibió una queja en la cual un regidor del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán refirió que fue agredido verbal y físicamente por otro integrante del mismo Ayuntamiento. No obstante, el funcionario visitador, que estaba a cargo de la referida queja, consideró que los hechos que la motivaron eran materia electoral, por lo que remitió el expediente al Tribunal electoral aquí demandado.
42. Posteriormente, dicho Tribunal electoral, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente TEEM-AES-006/2023, determinó que era incompetente para dar trámite a la queja remitida por el citado visitador de la Comisión de Derechos Humanos accionante, al considerar, en esencia, que de los hechos narrados en la queja no se advertía que el solicitante manifestara alguna vulneración a sus derechos político-electorales, ni mucho menos que esa situación le afectara en el ejercicio de su cargo, por lo que, sostuvo, no se actualizaba ninguna de las hipótesis de competencia de dicho órgano jurisdiccional.
43. Asimismo, el Tribunal electoral local demandado determinó que, como consecuencia de lo anterior, a fin de no generar un estado de indefensión y no dilatar el acceso y la impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, remitía el expediente CEDH/6875/2023-Q a la Comisión aquí actora para que, conforme a sus atribuciones, atendiera los planteamientos a través de los cuales el solicitante aducía una supuesta vulneración a sus derechos humanos.
44. Dicha resolución es la que la Comisión accionante impugna en este medio de control constitucional.
45. En su demanda, la Comisión actora sostiene que tal resolución le causa una afectación porque el Tribunal electoral vulneró su autonomía como organismo constitucional al remitir, para su conocimiento, el expediente mencionado, a pesar de que en los hechos que motivaron la apertura del expediente CEDH/6875/2023-Q están involucradas personas electas por voto popular, lo cual se encuentra dentro de la materia política-electoral.
46. También sostiene que el Tribunal electoral local violó su garantía institucional porque calificó los hechos como violatorios de derechos humanos en otra vía, no obstante que ello le corresponde como parte de las atribuciones y funciones que tiene garantizadas constitucionalmente.
47. Como se ve, a través de la impugnación planteada por la Comisión actora no se controvierte la competencia del Tribunal electoral por el mero dictado de la resolución impugnada, sino que ataca su contenido y alcance, específicamente, la decisión de incompetencia para conocer de la queja respectiva, así como los términos de su devolución o remisión a la Comisión actora, cuyos aspectos de legalidad no pueden ser materia de este tipo de medio de control constitucional.
48. En efecto, no estamos en presencia de un conflicto entre órganos respecto de lo cual deba decidirse sobre la afectación o invasión a la esfera de competencias constitucionales, sino en un conflicto suscitado con motivo de aspectos atinentes a un tema de competencia legal por materia y en cuyo caso la litis estribaría en revisar los criterios asumidos para sustentar la decisión de incompetencia sobre el conocimiento de la queja respectiva, lo que no es propio de este tipo de medio de control.
49. Y, aun cuando en una parte de sus planteamientos la Comisión accionante pretende vincularlos con el contenido del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, en el sentido de que en dicho precepto se establece que las comisiones de derechos humanos no pueden conocer de violaciones en materia electoral, lo cierto es que tales argumentaciones lo que entrañan es la pretensión de que se revise la legalidad de la resolución impugnada, sin que constituyan un genuino planteamiento de competencias constitucionales, y lo mismo ocurre con el diverso planteamiento de que existió una calificativa de hechos como violatorios de derechos humanos en otra vía, pues, además de que ello no se sostuvo así en dicha resolución impugnada, también tienen como finalidad que se analice un aspecto de mera legalidad, esto es, que se revise el contenido, alcance y términos de la decisión de incompetencia pronunciada como si se tratara de un recurso.
50. En ese sentido, es que se concluye que la presente controversia constitucional es improcedente, pues, como se ha mencionado, la materia de impugnación no deriva de alguna afectación a una función originaria de la Comisión Estatal actora, sino de un mero tema ordinario vinculado a un conflicto de competencia legal. De ahí que, no se actualiza el supuesto de excepción a la regla de improcedencia en tratándose de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales.
51. Lo anterior, porque todos los argumentos que plantea la actora en torno al tema de competencias por materia tienen como finalidad cuestionar la legalidad de la resolución impugnada, pero no van dirigidos a mostrar que el mero dictado de ésta, al margen de esas cuestiones ordinarias, invadan su esfera de atribuciones que la Constitución le reconoce como Comisión Estatal de Derechos Humanos.
52. Además, en su demanda, la misma Comisión refiere que la resolución impugnada es contraria, entre otros, a los artículos 14 y 16 constitucionales, sobre la base de que se violaron las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídicas, lo cual robustece la conclusión de que los planteamientos, en su forma más esencial, son de legalidad y no constituyen un genuino conflicto de índole constitucional, lo que denota la improcedencia de este medio de control.
53. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en la presente controversia constitucional con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I del artículo 105 constitucional.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente Controversia Constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros y las señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
PONENTE
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
______________
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y. [...]"
2. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]"
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Sal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200988-ddb34454/i-controversia-constitucional-la-comision-de-derechos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTIT (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN, ESTÁ FACULTADA PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE. II. CONTROVE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO, EJERCIDA LA ACCIÓN POR UN PARTICULAR ANTE ALGÚN TRIBUNAL, ÉSTE REMITE LOS AUTOS A UN JUEZ DE DISTRITO PARA QUE LA CONTROVERSIA SE DIR (XVI.1o.A.T.13 K (10a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO LA PROMUEVEN PARA RECLAMAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE ELLOS O UN ACTO QUE VULNERA SU INTEGRAC (1a. CXVII/2009)
- CAMARA DE DIPUTADOS. LA RESOLUCION EXPEDIDA POR EL OFICIAL MAYOR QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA TRAMITACION DE UNA DENUNCIA DE HECHOS, NO TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA AUN CUANDO SE (s/clave)
- CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GRAVES. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES RESOLVIÓ LA IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO (XVIII.2o.P.A.15 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis