I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA CUENTA CON FACULTADES PARA PROMOVERLA AL PARTICIPAR DE LA NATURALEZA DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, AUTORIZADA POR SU PLENO, PUEDE PROMOVERLA EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS INNECESARIO DE LA LEGITIMACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES, AL HABER CONTESTADO LA DEMANDA DE MANERA EXTEMPORÁNEA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA IMPUGNAR POR ESTA VÍA EL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JUNIO DE 2021, AL CONSIDERAR QUE INVADE SUS COMPETENCIAS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA DETERMINAR LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. NO TODAS LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES SON DIGNAS DE INVALIDAR UN DECRETO LEGISLATIVO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL Y BAJO LA PREMISA DE QUE NO TODAS LAS REPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO IMPLICARÍAN UN CAMBIO SUSTANCIAL EN LA VOLUNTAD PARLAMENTARIA EXPRESADA. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO SE TRATE DE LEYES QUE NO REGULAN EN ESPECÍFICO LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE COMUNIDADES, PUEBLOS O PERSONAS INDÍGENAS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY O DECRETO RESPECTIVO, SINO SOLAMENTE DE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS QUE PUDIERAN INCIDIR EN ESOS INTERESES Y/O DERECHOS. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES INVALIDANTES Y NO INVALIDANTES, HA TENDIDO A SU FLEXIBILIZACIÓN, A FIN DE PRIVILEGIAR LA SUBSISTENCIA DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA RESPETADO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD, ASÍ COMO, DE MANERA GENERAL, EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PARLAMENTARIAS Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS SESIONES. XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA DISPENSA DE LOS TRÁMITES REGLAMENTARIOS ES JUSTIFICABLE Y SU VALIDEZ SE CONDICIONA A LA SATISFACCIÓN DE UN ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN APROPIADO A LA IMPORTANCIA DE DICHA DISPENSA, LA QUE DEBE GRADUARSE EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS MINORÍAS LEGISLATIVAS. XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN DE LA DISPENSA LEGISLATIVA DEBE SER CUALITATIVO Y EXIGE CONSTATAR QUE EL LEGISLADOR HAYA OFRECIDO RAZONES OBJETIVAS PARA TAL EFECTO. XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL VICIO DE MOTIVACIÓN EN LA DISPENSA DEL TRÁMITE RESPECTIVO NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE SU CONVALIDACIÓN POR LA UNANIMIDAD O MAYORÍA LEGISLATIVA. XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS. XVIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CALIFICAR SI LOS MOTIVOS QUE RESPALDAN UNA CONDICIÓN DE URGENCIA PARA DISPENSAR LOS TRÁMITES REGLAMENTARIOS SON CORRECTOS O INCORRECTOS, EN TANTO QUE DICHA DECISIÓN COMPETE, EN PRINCIPIO, AL PROPIO ÓRGANO LEGISLATIVO. XIX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL MODELO DEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO Y EL PRINCIPIO BICAMERAL EN EL PODER LEGISLATIVO OBSTACULIZAN LA FORMACIÓN APRESURADA DE MAYORÍAS LEGISLATIVAS Y FOMENTAN LA CONSIDERACIÓN DE LA PLURALIDAD DE INTERESES. XX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS REGLAMENTOS DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSTITUYEN UNA ESPECIE DE EXTENSIÓN DE LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR ELLO, REVISTEN UNA IMPORTANCIA RELEVANTE SIMILAR A LA DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA DEL REGLAMENTO GENERAL. XXI.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2021. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 8 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ocho de junio de dos mil veintitrés.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 94/2021, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en contra del Poder Ejecutivo Federal y las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. 1.1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, Alejandra Palacios Prieto, en su carácter de Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), promovió controversia constitucional en contra de las siguientes normas generales y autoridades:
Ver normas generales y autoridades
2. 1.2. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VULNERADOS. La accionante estima que la norma general impugnada vulnera los siguientes preceptos constitucionales:
Ver preceptos
3. En el cuerpo de la demanda, la accionante, de manera destacada, estima que el Decreto impugnado afecta su esfera competencial toda vez que la "Ley para la Transparencia; Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad":
• Violenta el artículo 133 constitucional, por apartarse del artículo 28 de la propia Constitución, asignando a la COFECE funciones ajenas a las asignadas constitucionalmente; amén de que contiene normas que se apartan de los principios de competencia económica y libre concurrencia previstos en dicho precepto.
4. 1.3. CONCEPTOS DE INVALIDEZ. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) planteó en su demanda, sustancialmente, los siguientes hechos y argumentos:
1.3.1. HECHOS
CREACIÓN DE LA COFECE
El once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional mediante el cual se creó la COFECE como un órgano constitucional autónomo, en el que se estableció su objeto, el cual consiste en:
1. Garantizar la libre competencia y concurrencia.
2. Prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución y las leyes.
El tres de junio de dos mil veintiuno, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley impugnada, la cual impone a la COFECE responsabilidades contrarias al artículo 28 de la CPEUM, lo que diluye su objeto constitucional y obligaría a la COFECE a perseguir y sancionar ciertas conductas sin que exista justificación desde la óptica de la competencia, con resultados contraproducentes en el funcionamiento eficiente de los mercados.
1.3.2. PROCEDENCIA
MARCO CONSTITUCIONAL
Es procedente la controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), en relación con el artículo 28 de la Constitución Federal, toda vez que en la Ley impugnada se establecen presupuestos que afectan negativamente la esfera competencial de la Comisión y se violenta el principio de supremacía constitucional, en perjuicio del mandato que tiene dicho órgano autónomo de promover y proteger la libre concurrencia y competencia económica; y, en todo caso, de prevenir, investigar y combatir prácticas lesivas al funcionamiento eficiente de los mercados.
Lo anterior, debido a que la Ley impugnada tiene por objeto:
I. Promover la transparencia en el mercado de la publicidad; y,
II. Prevenir y combatir contratos mercantiles de compra y venta de publicidad que supuestamente constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes; y, en última instancia, de los consumidores.
Sin embargo, en ninguno de esos casos se aprecia una relación con el objeto constitucional de la COFECE en términos del artículo 28 de la Constitución Federal.
Respecto al objeto establecido en el numeral (I), se considera que las medidas establecidas en la Ley relacionadas con la asimetría de la información y la transparencia en el mercado de la publicidad se refieren más a aspectos de las relaciones entre particulares que no tienen una conexión clara con la libre concurrencia y competencia en los mercados; y,
Respecto al objeto señalado en el numeral (II), se advierte que las conductas descritas en la Ley impugnada no generan por sí solas una ventaja indebida a favor de persona alguna, lo que lleva a concluir que con la Ley no se garantiza la competencia económica ni la libre concurrencia; y, en algunos casos, las inhibe.
La Ley es contraria al artículo 28 constitucional, en tanto otorga a la COFECE competencias y responsabilidades contrarias a su mandato constitucional; e, incluso, le obligaría a perseguir y sancionar ciertas conductas sin que exista justificación para hacerlo desde la óptica de la competencia.
La Comisión, en su calidad de organismo autónomo fue creado para proteger la libre concurrencia y competencia en los mercados y dicha finalidad requiere ser atendida de manera eficaz, por lo que los recursos materiales y humanos otorgados a este organismo deben estar encaminados a la consecución de dicho fin constitucional.
Existe un principio de afectación en sentido amplio, en razón de que, con la Ley impugnada se entorpece, dificulta e incluso desvían recursos para la actuación eficaz de este organismo autónomo.
Resulta procedente la presente controversia constitucional, debido a que se erige ante una violación a las garantías institucionales de la Comisión, particularmente a su autonomía presupuestal y funcional.
Es necesario acudir al criterio de corrección funcional como principio de interpretación constitucional, pues debe determinarse el límite de la libertad configurativa del legislador para no modificar ni alterar, a través de una ley ordinaria, el ámbito que ha sido encomendado a la COFECE desde el numeral 28 de la Constitución.
1.3.3. CONCEPTOS DE INVALIDEZ
PRIMER CONCEPTO. LA LEY DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD VIOLENTA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR SER CONTRARIA AL OBJETO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
En términos del artículo 28 constitucional la COFECE debe ejercer su objeto y desplegar todos sus poderes constitucionales y legales, en todos los mercados de la economía nacional, salvo por lo que toca a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Esta esfera competencial incluye al mercado de publicidad en general.
De esta forma, la COFECE debe garantizar la libre competencia y concurrencia en ese mercado; así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mismo.
La Ley impugnada, como cualquier otra ley, debe ser compatible y permisible con el artículo 28 de la Constitución; y, respetar la esfera competencial conferida a la COFECE en su carácter de autoridad de competencia económica del Estado mexicano.
A pesar de que la Ley de Contratación de Publicidad, en su artículo 1o. declara que la misma se emite en atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 constitucional, la realidad es que su contenido se aparta de manera ostensible del mismo, desconociendo la voluntad del Constituyente Permanente.
• La litis de la presente controversia constitucional radica, en primer lugar, en establecer si la Ley de Publicidad es congruente o no con el artículo 28 de la Constitución, en materia de competencia económica.
• Conforme a su artículo 1, el primero de los objetivos de la ley impugnada es "promover la transparencia en el mercado de la publicidad".
• Tal como se advierte del Dictamen emitido por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Origen, la medida legislativa tiene como fin combatir la asimetría entre las agencias y los anunciantes, ya que ello conlleva la existencia de ganancias extraordinarias e injustificadas a favor de dichas Agencias. Sin embargo, de la lectura de la Iniciativa, del Dictamen de las Comisiones de Radio y Televisión; y, del Dictamen de las Comisiones de Gobernación y Economía, no se advierte cuáles son los motivos que sustentan la existencia de información asimétrica en el mercado de publicidad que tenga incidencia o esté relacionado en materia de contratación de publicidad, ni la falta de condiciones para el desarrollo de un mercado competitivo o incluso la existencia de ganancias extraordinarias en razón de la falla en el mercado que pretenden resaltar.
La medida establecida por el legislador no guarda una relación medio-fin con el artículo 28 de la constitución, razón por la cual se sustenta la afectación a la esfera competencial y autonomía de la COFECE.
Así, el objetivo que se analiza establecido en la Ley impugnada se regula en los artículos que a continuación se analizan:
Ver artículos analizados 1
De lo anterior, se desprende que la ley impugnada sólo regula circunstancias que conciernen a las relaciones comerciales entre las partes, que no corresponde a la COFECE vigilar.
Además, no se advierte que, a través de los preceptos impugnados se pretenda contrarrestar la asimetría que existe en la información, dado que dicha asimetría incidiría en el mercado ex ante, para corregir los desequilibrios; mientras que la Ley establece mecanismos ex post –como es la facturación–, lo que no constituye una medida adecuada para el cumplimiento del fin, y la información asimétrica en este mercado, de existir, es previa a la contratación del mismo, por lo que los anunciantes se enfrentarían a las mismas circunstancias al momento de contratar a una agencia, pues no conocerían sus relaciones comerciales ni el margen de ganancias que cobrarán por sus servicios como la contratación de un medio.
De esta forma, se acredita que tanto el objeto y los artículos que en atención a éste se configuran en la Ley de Publicidad, son contrarios a las directrices del artículo 28 de la Constitución Federal; de ahí que las autoridades demandadas no se encontraban habilitadas para realizar esa configuración normativa con base en el mencionado precepto constitucional.
Lo anterior repercute en las competencias de la COFECE, ya que la aparta de su finalidad constitucionalmente otorgada y le impone la obligación de perseguir conductas que no reúnen el carácter de anticompetitivas.
1.3.4. CONCEPTOS DE INVALIDEZ
SEGUNDO CONCEPTO. LA LEY DE PUBLICIDAD RESULTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LIBRE CONCURRENCIA, GARANTIZADOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN.
El artículo 1 de la ley impugnada establece como segundo objetivo: "prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los Anunciantes y, en última instancia, de los consumidores".
No obstante, a efecto de determinar si una práctica comercial en particular es contraria a los principios contenidos en el artículo 28 de la Constitución, por generar ventajas indebidas o por cualquier otra causa, no basta declararlo, sino que debe atenderse a la naturaleza y posibles efectos de la práctica en cuestión.
En primer término, del análisis realizado a la Ley de Publicidad, puede advertirse que las autoridades demandadas regulan conductas de agentes económicos que se encuentran en distintos eslabones de la cadena de producción, lo que acontece a propósito de ciertas PMR (Prácticas Monopólicas Relativas) tipificadas en la LFCE (Ley Federal de Competencia Económica). Sin embargo, contrario a lo que marca la LFCE, la Ley de Publicidad sanciona dichas conductas por sí mismas, es decir, bajo la regla "per se". Esto quiere decir que estas conductas se sancionan por su mera realización, sin que importe la consecuencia o efectos en los mercados, lo que –en este contexto– no tiene justificación bajo una óptica de la competencia.
En segundo término, y a efecto acreditar las razones por las que se considera que las conductas descritas en la Ley de Publicidad no son concordes a lo establecido por el artículo 28 de la CPEUM y, que incluso pueden resultar contrarias a la competencia económica y libre concurrencia, es importante señalar que la regla "per se" contenida en la LFCE, acudió a la doctrina y práctica internacional en materia de competencia económica, en el sentido que las conductas que se castigan bajo dicha regla son, por sí mismas, intrínsecamente lesivas al necesariamente generar una lesión al proceso de competencia y, en última instancia, al bienestar del consumidor.
Un dato distintivo que debe resaltarse es que las conductas reguladas bajo la regla "per se", en la LFCE, son aquellas que tienen como presupuesto ser realizadas por agentes económicos competidores entre sí. De este modo, el Poder Reformador determinó establecer una regla de trato distinta a las prácticas realizadas entre competidores, a las efectuadas entre agentes económicos ubicados en distintos eslabones de la cadena de producción.
Ello, considerando que las prácticas monopólicas denominadas absolutas siempre tienen un impacto directo y negativo sobre el consumidor y la economía en general. Supuesto contrario a las denominadas PMR, en las que pueden tenerse a la vez tanto efectos procompetitivos, como anticompetitivos, razón por la que, aunado a la acreditación de la conducta, es necesario analizar criterios adicionales para evaluar su posible ilegalidad.
En este orden de ideas, tratándose de una PMR, conforme a los artículos 54 y 55 de la LFCE es necesario acreditar que el agente económico en cuestión: (a) cometió una conducta tipificada como posible PMR, (b) tiene poder sustancial en el mercado relevante, y (c) tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.
En todo caso, el agente económico presuntamente responsable puede demostrar que la práctica genera ganancias en eficiencia que inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia, superando sus posibles efectos anticompetitivos, resultando en una mejora del bienestar del consumidor, en cuyo caso la conducta no sería ilegal. Todo esto, con el objetivo de determinar, caso por caso, si la práctica en cuestión es verdaderamente anticompetitiva [por afectar las condiciones de competencia en los mercados] y por ende sancionable, lo que es necesario realizar tratándose de acuerdos entre sujetos que no compiten entre sí.
Por esta razón es que las autoridades demandadas, al emitir la Ley de Publicidad, debían en todo caso considerar el hecho de que las prácticas realizadas entre agentes económicos que no compiten entre sí deben analizarse caso por caso y con base en los elementos arriba descritos, a efecto de considerar si éstas tienen impacto anticompetitivo. De otra forma, se corre el riesgo de sancionar conductas que no necesariamente generan una lesión al funcionamiento eficiente de los mercados, lo que resulta incompatible con el artículo 28 de la CPEUM.
Además, las conductas que se castigan conforme a la regla "per se" contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica, son –por sí mismas– intrínsecamente lesivas al generar una afectación al proceso de competencia y al bienestar del consumidor. Lo que resulta acorde, contrario sensu, a lo establecido en la jurisprudencia: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
A continuación, se analizan los artículos de la Ley de Publicidad que sancionan de manera absoluta una serie de conductas que no tienen un vínculo lógico-material con la competencia económica y libre concurrencia. Inclusive, como se señala a continuación, en algunos casos se prohíben conductas que podrían incidir en el funcionamiento eficiente de los mercados en cuestión.
Ver artículos analizados 2
De acuerdo con el análisis anterior, puede apreciarse que no existen elementos de análisis económico ni jurídico que puedan sostener que las conductas descritas resultan por sí mismas contrarias a la competencia económica y libre concurrencia.
Lo que resulta concordante con lo señalado en la propia Iniciativa: "... estas prácticas no corresponden formalmente a prácticas anti-competitivas sujetas al derecho de la competencia; son más bien prácticas fraudulentas, materia del derecho penal (tipificadas como malversación de fondos e incumplimiento de la obligación fiduciaria), pero los castigos correspondientes se aplican más a personas físicas que a personas morales y son tan severos que es poco común que se denuncien entre participantes de la misma industria (como, en general, se ha observado también en los países desarrollados) ...", por lo que se evidencia que los mecanismos que atiendan la problemática advertida por las autoridades demandadas no puede sostenerse bajo el esquema de una práctica relacionada con la competencia económica y libre concurrencia, dado que para considerar que los supuestos descritos en la Ley de Publicidad inciden en la competencia deben considerarse diversos elementos como los establecidos en los artículos 54 y 56 de la LFCE.
Incluso, la propia Iniciativa al analizar el medio publicitario en el derecho internacional, concluyó que:
- En Francia, la Ley sobre Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Vida Económica, establece como medidas la implementación de códigos de conducta, análisis de riesgo en materia de corrupción, sistema de auditoría de "compliance", entre otros.
- En Gran Bretaña, el órgano regulador de los servicios de comunicaciones concluyó que la falta de transparencia y la existencia de prácticas potencialmente irregulares en el mercado de publicidad no se tipificaban como conductas anticompetitivas que ameritaran sanciones en términos de la ley de competencia.
- En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Anunciantes presentó en 2016, los resultados de una investigación a las conductas de los Anunciantes en el que se concluyó la existencia de una falta de transparencia generalizada y remuneraciones sospechosas; no obstante, dichas prácticas no se tipificaron como violatorias de las leyes de competencia, sino como materia de denuncias penales por fraude y chantaje.
En síntesis, incluso la práctica internacional ha concluido que las conductas perpetradas por los anunciantes, si bien deben ser controladas, ya sea a través de su propia autorregulación o en el orden penal, lo cierto es que se ha reconocido que las conductas por sí solas no pueden considerarse como anticompetitivas y por ende no son por sí contrarias a los principios de competencia económica y libre concurrencia.
Del análisis realizado puede apreciarse que las autoridades demandadas, al emitir la Ley de Publicidad, sancionan conductas que por sí mismas, de acuerdo con un análisis económico, no tienen una incidencia negativa en la competencia económica y libre concurrencia, e incluso en algunos casos al sancionarlas inhiben la competencia en lugar de generarla, por ejemplo al impedir la creación de un mercado secundario o al reducir los incentivos que podrían tener las agencias a negociar con los medios toda vez que todo descuento que obtengan tendrá que ser trasladado en su integridad al anunciante, con lo que se acredita la transgresión que se hace valer en el presente concepto de invalidez.
De ahí que con la Ley de Publicidad emitida y promulgada por las autoridades demandadas no se obtiene el fin constitucional buscado, es decir, garantizar la competencia económica y libre concurrencia; y, en cambio, sí genera que la COFECE se aparte de la consecución de su objeto, lo que además de perturbar su esfera competencial y autonomía, incide de manera negativa en la competencia económica y libre concurrencia. Lo que se reitera considerando que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Publicidad, esta Comisión será la autoridad responsable de sustanciar los procedimientos derivados de las denuncias que se presenten debido al incumplimiento a los artículos antes analizados.
1.3.5. CONSIDERACIONES FINALES
OBSERVACIONES FORMULADAS AL SENADO DE LA REPÚBLICA
Los conceptos de invalidez que arriba se presentan, en su momento, la COFECE los hizo del conocimiento del Senado de la República mediante nota de "26 de abril de 2021":(2)
A. En su artículo 10, fracción l, la Iniciativa incluye multas hasta por el equivalente de 2 % de los ingresos de las agencias de publicidad que: a) no celebren contratos para adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante; b) no entreguen directamente al anunciante la factura por concepto de venta de los espacios publicitarios en los medios; y c) en el caso de Publicidad Digital Programática, no entreguen al anunciante información sobre los resultados y los medios utilizados para la prestación de los servicios de publicidad.
B. La fracción II de este mismo artículo establece una multa por 4 % de los ingresos de las agencias que: a) adquieran espacios publicitarios para reventa; b) recomienden a una empresa, o contraten por cuenta y orden de ésta, un medio con el que tienen relaciones financieras; c) reciban remuneración de cualquier persona distinta de una anunciante; y d) que presten directamente servicios a un medio sin respetar los términos del contrato con el anunciante.
C. De acuerdo con esta fracción también serán sancionados los medios que entreguen remuneración a una agencia de publicidad por prestar servicios a un anunciante.
D. En su artículo 11, la Iniciativa propone que la Comisión sustancie y procese, conforme a la LFCE, las denuncias derivadas de la Iniciativa.
E. Al respecto, es importante aclarar que conforme los artículos 54, 55 y 56 de la LFCE, para que alguna de las conductas listadas en el artículo 10, fracciones I y II de la Iniciativa, pudiera ser investigada, y en su caso sancionada por la COFECE, tendría que demostrarse que: (1) constituye una de las 13 conductas catalogadas como anticompetitivas en el artículo 56 de la LFCE, por ejemplo, una venta atada (fracción III del artículo 56 de la LFCE) o una negativa de trato (fracción V del artículo 56 de la LFCE); (2) que quien o quienes la realizan (en este caso las agencias) cuentan con poder sustancial en el mercado relevante (entre otras, con altas participaciones de mercado); (3) que la conducta tenga por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros participantes del mercado, impedir que otros participantes accedan al mismo u otorgar ventajas exclusivas a un tercero; y (4) que no genere ganancias en eficiencia que superen sus efectos anticompetitivos. Más aún, conforme al artículo 127 de la LFCE estas conductas se sancionan hasta con el 8 % de los ingresos anuales del agente económico, no con el 2 % o 4 % como propone la Iniciativa.
F. En este sentido, las conductas consideradas en la Iniciativa no son por regla general anticompetitivas; y, conforme a la LFCE, no son sancionables por el simple hecho de que sucedan.
G. Las denuncias que se recibieran por las conductas consideradas en la Iniciativa, en caso de que fuere posible investigarlas, podrían derivar en sanciones diferentes a las contempladas por la LFCE.
H. Asimismo, no se omite señalar que, si se cumplieran los supuestos señalados en el punto D previo, ciertas de las conductas consideradas en la Iniciativa podrían ser investigadas en términos de la LFCE, sin necesidad de expedir una nueva ley.
No obstante lo hecho valer por esta Comisión en la nota antes referida, la Ley de Publicidad, señala en su artículo 11:
"Artículo 11. Las denuncias derivadas de las disposiciones de la presente Ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica."
El mencionado precepto normativo determina que las denuncias relacionadas con las conductas sancionadas en la Ley de Publicidad deberán sustanciarse y procesarse por esta Comisión.
En este sentido, dicha determinación incide en la autonomía de la COFECE al obligarla a:
• Desempeñar funciones claramente incompatibles con el artículo 28 constitucional.
• Destinar presupuesto, así como recursos humanos y materiales, para la consecución de los fines determinados en la Ley de Publicidad, mismos que no guardan relación alguna con la libre concurrencia y competencia.
• Utilizar el presupuesto autorizado para el año 2021, el cual fue propuesto y autorizado a la luz de los objetivos y procedimientos establecido en la LFCE, no así de la Ley de Publicidad.
• Emitir actos administrativos, individuales y generales, para interpretar e implementar la Ley de Publicidad. Señalando además que esta ley no establece supuestos procesales mínimos para atender, procesar y resolver las denuncias correspondientes, lo que genera altos espacios de incertidumbre.
Ahora bien, también es importante hacer referencia al PROCESO LEGISLATIVO, el cual advierte una falta de análisis de los motivos y fundamentos que llevaron a emitir la Ley de Publicidad considerando que éste se realizó en un periodo corto de tiempo, como se aprecia del Capítulo de Hechos, además de que en ambas Cámaras diversos legisladores solicitaron mociones de suspensión a efecto de analizar a mayor detalle la Ley de Publicidad, entre otras razones para analizar la nota que elaboró la COFECE y que aquí se menciona, las cuales no fueron acordadas de conformidad, lo que advierte un desaseo legislativo, sobre todo si se tiene presente lo que ahora se indica:
1. No fueron respetados los plazos establecidos en la normatividad; por ejemplo, el establecido en el artículo 71, numeral 2, del Reglamento del Senado para que los legisladores tuvieren conocimiento de la Ley de Publicidad y su respectivo dictamen.
2. En sesión del 22 de abril de 2021 se rectificó el turno para la dictaminación a las Comisiones de Radio y Televisión, en contravención a lo establecido en el artículo 181 punto 5 del Reglamento del Senado.
3. Se celebraron reuniones de trabajo de las Comisiones durante una sesión plenaria en contravención al artículo 138, numeral 3 del Reglamento del Senado.
4. De acuerdo con fuentes periodísticas se aprobó el dictamen de las comisiones sin el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. Entre ellas el integrante del Senado Dante Delgado Rannauro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
5. Se presentó una moción suspensiva por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en razón de las violaciones existentes al artículo 117 del Reglamento del Senado.
Es de resaltar que la comisión dictaminadora contaba con un plazo de hasta 30 días hábiles para elaborar su dictamen, de acuerdo con el artículo 212 numeral 1 del Reglamento del Senado.
Sin embargo, en el presente caso no se otorgó la posibilidad de que se revisara el dictamen correspondiente en los plazos establecidos; por lo que los legisladores no tenían conocimiento suficiente del contenido de la iniciativa, ni del dictamen de las comisiones, conforme a lo antes señalado.
En ese tenor, la reunión extraordinaria en la que se llevó a cabo su discusión fue convocada sin cumplir con los plazos antes señalados y establecidos en la normatividad aplicable.
Con lo que ni los legisladores de las Cámaras ni los integrantes de las Comisiones conocieron los dictámenes con el tiempo suficiente para analizarlos y discutirlos al interior de cada comisión; y, posteriormente aprobarlos.
Asimismo, el artículo 193 del Reglamento del Senado establece que el dictamen que se presente al Pleno a discusión debe de publicarse cuando menos 24 horas antes en la Gaceta Parlamentaria; no obstante, de acuerdo con lo plasmado en el apartado de Hechos no se cumplió.
En ese sentido, el mismo numeral en su párrafo 3o. señala que el Pleno no se pronunciará sobre un dictamen que no se encuentre en la Gaceta.
Sin embargo, en el presente caso, se presentó el asunto para su integración a la orden día del Pleno; y, fue admitido a discusión, aun cuando diversos legisladores pidieron moción suspensiva. Todo lo cual alcanza a su promulgación, dado que el Poder Ejecutivo estaba en posibilidad de ejercer su derecho de veto, considerando los vicios que se han destacado.
5. 1.4. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por acuerdo fechado el catorce de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar expediente con el número 94/2021 y señaló al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor en el presente medio de control de constitucionalidad, al existir conexidad con la diversa controversia constitucional 93/2021, en la cual se impugna el mismo Decreto con motivo de su publicación.
6. Mediante acuerdo de quince de julio siguiente, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite la presente controversia constitucional, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieren advertirse al momento de dictar la sentencia.
7. En el mismo proveído, se tuvo como órganos demandados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal; por lo que se ordenó su emplazamiento. Por último, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestare lo que a su representación corresponda.
8. 1.5. CONTESTACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dio contestación a la demanda en los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32534-ce7a9c30/i-controversia-constitucional-la-comision-federal-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
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