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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 12, FRACCIÓN IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SALVO QUE EXISTA UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR RESTRICCIÓN DE FUENTE CONSTITUCIONAL, ESTO ES, POR SER INATACABLES LAS RESOLUCIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL HABERSE PLANTEADO LA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ACTOR. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUANDO NO SE PLANTEA LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO ACTOR (RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA7748/19 Y RRA7747/19 DE VEINTE DE SEPTIEMBRE Y QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, RESPECTIVAMENTE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN RRA7748/19 Y RRA7747/19 DE VEINTE DE SEPTIEMBRE Y QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, RESPECTIVAMENTE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ESTE (TRIGÉSIMO LINEAMIENTO CONTENIDO EN EL "ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS").

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 340/2019. · Registro digital (IUS): 200761
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 340/2019. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 25 DE AGOSTO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, EMITIERON SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 340/2019, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica.

1. ANTECEDENTES

1. Solicitudes de acceso a la información. El once de abril de dos mil diecinueve, se presentaron dos solicitudes de acceso a la información a la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, COFECE), mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales quedaron registradas bajo los folios 1011100013319 y 1011100013219.

2. La solicitud 1011100013319 se realizó en los siguientes términos:

"Descripción clara de la solicitud de información: Todos los correos electrónicos, documentos, minutas, notas informativas, estudios, memorándums, presentaciones, escritos de estrategia u opinión y/o cualquier tipo de comunicación emitidos desde el año 2015 a la fecha, entre las distintas áreas dependientes de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, que guarde relación con el expediente IO-002-2015 o con el inicio de una investigación en contra de Aeroméxico por prácticas monopólicas o relacionado con la investigación de mercados aéreos.

"Modalidad preferente de entrega de información: Entrega por Internet en la PNT."

3. Por su parte, la solicitud 1011100013219 se formuló de la siguiente manera:

"Descripción clara de la solicitud de información: 1. Todos los correos electrónicos, documentos, minutas, notas informativas, estudios, memorándums, presentaciones, escritos de estrategia u opinión y/o cualquier tipo de comunicación emitidos desde el año de 2015 a la fecha, entre las distintas áreas dependientes de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, que guarde relación con el expediente IO-002-2015 o con el inicio de una investigación en contra de Aeroméxico por prácticas monopólicas o relacionado con la investigación de mercados aéreos. 2. Todos los correos electrónicos, documentos, minutas, notas informativas, estudios, memorándums, presentaciones, escritos de estrategia u opinión y/o cualquier tipo de comunicación entre el Pleno (incluidas las ponencias de todos los Comisionados y la oficina Secretaría Técnica) y la Autoridad Investigadora emitidos desde el año de 2015 a la fecha, que se encuentre relacionada con cualquiera de los expedientes DE-011-2010, CNT-004-2012 y CNT-50-2015. Lo anterior, incluyendo sin limitarse desde luego cualquier solicitud y/o intercambio de información, documentación o constancias relativas a dichos expedientes. 3. Cualquier oficio, correo electrónico y, en general, solicitud por parte de cualquier funcionario adscrito a la Autoridad Investigadora por la cual solicite el acceso a los expedientes de concentraciones o cualquier otro tipo de procedimiento a cargo de la oficina de la Secretaría Técnica desde el año de 2015 a la fecha. 4. Cualquier correo, nota, minuta o documento en donde conste la remisión de expedientes por parte de la oficina de la Secretaría Técnica respecto de asuntos que sean de su competencia (p.ej. concentraciones) a la Autoridad Investigadora emitido desde el año de 2015 a la fecha. 5. Cualquier correo, denuncia anónima, documento, nota, memorándum o minuta que se haya recibido en la Autoridad Investigadora presentado por cualquier persona relacionado con posibles prácticas monopólicas en el mercado de servicios aéreos recibido desde el año 2015 a la fecha y que haya dado lugar al inicio de investigaciones. Informar sobre cualquier procedimiento que se encuentre en vigor o que ya haya concluido.

"Modalidad preferente de entrega de información: Entrega por Internet en la PNT."

4. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la COFECE dio contestación a ambas solicitudes por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Recursos de revisión ante el INAI. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante, INAI) recibió los recursos de revisión interpuestos por el particular en contra de las respuestas emitidas por el sujeto obligado.

6. En esa misma fecha, el Comisionado Presidente del INAI asignó los números de expediente RRA 7748/19 al recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud 1011100013319 y RRA 7747/19 al recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud 1011100013219.

7. Posteriormente, por autos de veintiocho de junio de dos mil diecinueve y diez de julio de dos mil diecinueve, los respectivos Secretarios de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información admitieron las revisiones a trámite.

8. Resoluciones del Pleno del INAI en los recursos de revisión. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno del INAI emitió resolución en el recurso de revisión RRA 7748/19, y por mayoría de votos, modificó la respuesta emitida por la unidad de transparencia de la COFECE, a efecto de que:

" [...] proporcione versión pública de los correos electrónicos que fueron clasificados relacionados con los expedientes IO-002-2015 e IEBC-001-2015, en los cuales únicamente deberá proteger el nombre de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, en términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de la materia y entregue el oficio por el cual el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica [...] confirme la reserva".

9. Por su lado, el quince de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno del INAI emitió resolución en el recurso de revisión RRA 7747/19, y por unanimidad de votos, modificó la respuesta emitida por la unidad de transparencia de la COFECE, a efecto de que:

"[...] proporcione versión pública de los correos electrónicos que fueron clasificados relacionados con los expedientes IO-002-2015 e IEBC-001-2015, en los cuales únicamente deberá proteger el nombre de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, en términos del artículo 110, fracción V, y los nombres de particulares, correos electrónicos y puestos de los mismos, con fundamento en el artículo 113, fracción I, y estrategias de negocios, así como estrategias de precios del agente investigado, fracción 113 (sic), fracción II, todos de la Ley Federal en la materia y entregue el oficio por el cual el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica [...] confirme la clasificación."

10. Presentación de la demanda de controversia constitucional. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la COFECE promovió controversia constitucional en contra del INAI y del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la que impugnó lo siguiente:

"1. La Resolución de 25 de septiembre de 2019, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente RRA 7748/19.

2. La Resolución de 15 de octubre de 2019, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente RRA 7747/19.

3. El ‘ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas’, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de abril de 2016, específicamente el Lineamiento Trigésimo".

11. En su demanda, la COFECE señaló como disposición constitucional transgredida el artículo 28 de la Norma Fundamental.

12. Admisión. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 340/2019; y ordenó turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

13. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por designados delegados, por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por ofrecidas las pruebas indicadas por la parte actora, tuvo como autoridades demandadas al INAI y al Poder Ejecutivo Federal (esta última respecto a la promulgación del Acuerdo impugnado, no así al Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por tratarse de un órgano interno o subordinado al INAI), ordenó su emplazamiento a efecto de que presentaran su contestación y acordó dar vista a la Fiscalía General de la República.

14. Recursos de reclamación. En contra de lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal y el INAI presentaron sendos recursos de reclamación, los cuales fueron registrados bajo los números 193/2019-CA y 195/2019-CA.

15. El recurso de reclamación 193/2019-CA fue resuelto en sesión de veintinueve de abril de dos mil veinte en el sentido de modificar el auto recurrido a efecto de que no se tuviera al Poder Ejecutivo Federal como autoridad demandada en la controversia constitucional, en tanto que no intervino en acto alguno de promulgación del Acuerdo del Consejo Nacional.

16. Por su parte, el recurso de reclamación 195/2019-CA fue resuelto en sesión de veintinueve de abril de dos mil veinte en el sentido de confirmar el auto recurrido.

17. Cabe precisar que en esa reclamación se estableció que no se advertía una causa de improcedencia notoria y manifiesta, ya que para determinar si se actualizaba la prohibición contenida en el artículo 6o. de la Constitución, era necesario desentrañar su sentido y determinar los alcances de la norma que establece que las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

18. Asimismo, se destacó que la COFECE argumentó en su demanda que las resoluciones del INAI le causan una afectación en sus atribuciones contenidas en el artículo 28 constitucional, en virtud de que se le ordena entregar información inherente a los expedientes de investigación teniendo como efecto inminente que los agentes económicos conozcan las estrategias internas que la Comisión utiliza para desplegar sus facultades de forma eficaz, lo que a su juicio podría impactar en su esfera competencial; situaciones que son propias del estudio del fondo del asunto y no de un auto de mero trámite, como lo es la admisión de la demanda.

19. Informes de las autoridades. Mediante escritos recibidos el veintisiete de enero y el seis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejero Jurídico; y el INAI, por conducto del Presidente del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Consejero Presidente del INAI y del Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, respectivamente, dieron contestación a la demanda.

20. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, la Ministra Instructora tuvo por formulada la contestación a la demanda del Poder Ejecutivo Federal y por diverso de diez siguiente la contestación del INAI.

21. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno se tuvieron por formulados alegatos, por recibida el acta de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos celebrada en la misma fecha, en consecuencia, se cerró la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

22. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente, con ello, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente.

2. PRESUPUESTOS PROCESALES

23. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable,(2) punto Segundo, fracción I, y Tercero, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) ya que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos, aunado a que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, atendiendo al sentido de la presente sentencia.

24. Fijación de los actos impugnados. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.

1) La resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve por el INAI en el recurso de revisión RRA 7748/19.

2) La resolución dictada el quince de octubre de dos mil diecinueve por el INAI en el recurso de revisión RRA 7747/19.

3) El Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, particularmente, el Lineamiento Trigésimo.

25. Oportunidad. Para la impugnación de las resoluciones emitidas por el INAI en los recursos de revisión, el plazo de treinta días hábiles para la presentación de la demanda se debe computar de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria, esto es, a partir del día siguiente de aquél en que surtió efectos su notificación o que se tuvo conocimiento de ellas o de su ejecución, o al día siguiente en que el actor se ostentó sabedor de las mismas.(5)

26. A. Oportunidad en el recurso de revisión RRA 7748/19. La resolución impugnada se notificó a la COFECE el ocho de octubre de dos mil diecinueve, según consta en el acuse de recibo de notificación (foja 539 del cuaderno principal).

27. Dicha notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 127 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;(6) por lo que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del nueve de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.(7)

28. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de noviembre de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.

29. B. Oportunidad en el recurso de revisión RR 7747/19. La resolución impugnada se notificó a la COFECE el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, según consta en el acuse de recibo de notificación (foja 595 del cuaderno principal).

30. Dicha notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con el mencionado artículo 127 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del veintidós de octubre al cinco de diciembre de dos mil diecinueve.(8)

31. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de noviembre de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.

32. Legitimación activa. La COFECE tiene legitimación para cuestionar los actos cuya invalidez reclama, en virtud de que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y el diverso numeral 28, párrafo decimocuarto, de la Constitución General, lo reconoce expresamente como órgano autónomo.(9)

33. En esa tesitura, si la Comisión es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene la posibilidad de promover controversias constitucionales contra actos o disposiciones generales que considere vulneran el ejercicio de sus atribuciones.

34. La COFECE es representada por su Comisionada Presidenta, Alejandra Palacios Prieto, quien acreditó dicho carácter con la copia certificada del oficio de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en el que le informa su designación por el Senado de la República en sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete; y quien cuenta con esa facultad de representación en términos del artículo 20, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica,(10) además de obrar en autos el acuerdo del Pleno de la Comisión por el que aprobó la presentación de la presente controversia constitucional.

35. Por tanto, el recurso se interpuso por persona legitimada para ello.(11)

36. Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada. En principio, conforme al artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución General, así como 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, el INAI se encuentra legitimado para ser demandado en una controversia constitucional.

37. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que Francisco Javier Acuña Llamas, en su carácter de Comisionado Presidente del INAI,(12) y Miguel Novoa Gómez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del INAI,(13) ambos en representación del Instituto, fueron quienes dieron contestación a la demanda.

38. De acuerdo con los artículos 31, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(14) 16, fracciones I y II,(15) y 32, fracciones I y II,(16) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dichos funcionarios cuentan con la representación legal del Instituto actor; por lo que se reconoce su legitimación en el presente medio de control constitucional.

39. Conceptos de invalidez. La actora formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

• Las resoluciones impugnadas afectan las atribuciones y garantías institucionales de la COFECE previstas en el artículo 28 constitucional, particularmente aquellas relativas a la prevención, investigación y combate de los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

• Lo anterior, puesto que obligan a la Comisión a divulgar diversas actuaciones preliminares que contienen, entre otros elementos, las estrategias y líneas de investigación seguidas para emitir sus resoluciones en los expedientes IO-002-2015 y IEBC-001-2015; situación que, además de entorpecer la defensa de dichas resoluciones en los diversos juicios de amparo promovidos en su contra, permitirá a los agentes económicos diseñar tácticas para eludir en el futuro a la COFECE.

• Además, las resoluciones impugnadas realizan una indebida interpretación del Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, al desprender del mismo que para que opere la causal de reserva de información prevista en la fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la fracción XI del artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es necesario que la información solicitada forme parte de un expediente judicial, no obstante que los dos últimos preceptos mencionados se limitan a señalar que la información podrá ser reservada cuando vulnere la conducción de expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado.

• Inclusive, el Lineamiento Trigésimo únicamente dispone que podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, siempre y cuando se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, sin establecer que la información deba propiamente integrar el expediente.

• Finalmente, de considerarse que la interpretación realizada por el INAI del Lineamiento Trigésimo resulta adecuada, procede declarar la inconstitucionalidad de la norma por quebrantar el principio de reserva de ley, al exceder lo previsto por el legislador en artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ello, en el entendido de que la esencia de la causal de resguardo prevista en los preceptos legales mencionados es calificar como reservada la información que, de revelarse, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, más no que dicha información se refiera necesariamente a actuaciones, diligencias o constancias propias del expediente; lo cual toma en consideración que puede existir información que aun cuando no obre en los expedientes respectivos, al ser inherente a éstos, es susceptible de vulnerar la conducción de los procedimientos pertinentes.

40. Causales de improcedencia. Resulta innecesario analizar las causales que adujo el INAI en su contestación de demanda, pues siguiendo los precedentes de este Alto Tribunal, se advierte de oficio la actualización de la improcedencia de esta controversia constitucional, cuyo estudio resulta preferente, toda vez que:

A. se impugnan resoluciones emitidas por el INAI al resolver recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información con base en argumentos de legalidad, sin acreditar una afectación a la esfera competencial que el actor tiene tutelada legalmente;

B. derivado de lo anterior, se acredita, además, la falta de interés legítimo del actor en torno a la impugnación de dichos actos; y:

C. en vía de consecuencia, sobreviene la improcedencia del tercer acto impugnado, consistente en el artículo Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior, como se explica a continuación:

A

41. Respecto de los primeros dos actos impugnados, consistentes en las resoluciones de veinticinco de septiembre y quince de octubre de dos mil diecinueve, emitidas por el INAI, respectivamente, en los recursos de revisión RRA 7748/19 y 7747/19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(17) de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución General,(18) toda vez que de la lectura integral de la demanda y sus anexos se advierte que la COFECE combate dichos actos por motivos de mera legalidad y no por un problema de invasión de esferas competenciales entre órganos originarios del Estado.

42. En efecto, este Alto Tribunal ha sustentado diversos precedentes en torno a la procedencia de la controversia constitucional cuando se impugnen resoluciones emitidas por los órganos especializados en materia de transparencia y acceso a la información, como lo es el INAI, al resolver los recursos de revisión donde se impugnan las respuestas dadas por los sujetos obligados a solicitudes en esa materia.

43. En primer término, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 1/2010-CA, derivado de la controversia constitucional 108/2009, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil doce, estableció que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar resoluciones jurisdiccionales o de carácter análogo, salvo que exista un problema de invasión de esferas, si del escrito inicial de demanda se advierte que se controvierte una resolución dictada por un órgano estatal especializado en materia de acceso a la información pública, únicamente por motivos de mera legalidad, como que la orden de entrega de información no se ajustó a la ley de la materia y/o la forma en que se llevó a cabo el procedimiento administrativo respectivo, como si se tratara de un recurso o medio ulterior de defensa, lo que actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

44. Lo anterior quedó asentado en la jurisprudencia P./J. 6/2012 (10a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, página 19, registro 2000967).

45. Posteriormente, el propio Tribunal Pleno, al resolver las controversias constitucionales 9/2019, 242/2019 y 112/2019, en sesión de tres de marzo de dos mil veinte, todas promovidas por el INEGI en contra del INAI, en las que se impugnaron diversas resoluciones en las que éste último Instituto asumía competencia para conocer y resolver de sendos recursos de revisión derivados de solicitudes de acceso de información estadística y geográfica, determinó, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Pérez Dayán por impugnarse un acto no definitivo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, la improcedencia de este tipo de asuntos, esencialmente, por las consideraciones siguientes:

• Existe una causa de improcedencia que deriva directamente de la Constitución General, concretamente en su artículo 6o, apartado A, fracción VIII, cuarto párrafo,(19) la cual establece la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del INAI.

• En efecto, de acuerdo con el artículo 6o. constitucional, el INAI es el órgano autónomo especializado en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; cuenta con facultades para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad,(20) y sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

• La única excepción en cuanto a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del Instituto se actualiza en el supuesto de que se ponga en peligro a la seguridad nacional, caso en el que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal está legitimado para acudir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un recurso expresamente previsto para tal efecto.

• En la exposición de motivos(21) que dio origen a la reforma constitucional del siete de febrero de dos mil catorce en materia de transparencia, se señaló que la finalidad de incluir el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de INAI consistía en restringir la revisión de sus resoluciones por parte de los sujetos obligados —no respecto de los particulares— precisándose con un lenguaje muy claro el sentido de este principio.

• En ese sentido, el objeto de la citada reforma fue hacer verdaderamente excepcional la posibilidad de que hubiera algún recurso –de la naturaleza que fuera— para los sujetos obligados, con la clara intención de no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información y tutelar de mejor manera ese derecho.

• Por tanto, no es posible frustrar la finalidad del principio constitucional de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo especializado en la materia, al abrir la puerta para que todos los sujetos obligados con legitimación para promover controversia constitucional en términos del artículo 105 constitucional, impugnen por esta vía las resoluciones del INAI, pues ello se traducirá en un retraso indebido en el cumplimiento de sus resoluciones con las que se tutela el derecho de acceso a la información de las personas.

• Por estas razones, es factible en estos casos decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional, al actualizarse en forma notoria y manifiesta un motivo de improcedencia de fuente constitucional.

46. No obstante, al resolver las controversias constitucionales 117/2018 y 243/2019 en sesión de diez de marzo de dos mil veinte, el Pleno de este Máximo Tribunal, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con voto aclaratorio, Pardo Rebolledo, Ríos Farj

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200761-461b356c/i-controversia-constitucional-la-comisionada-presidenta-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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