I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN L, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 20, FRACCIONES I Y LL, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, ASÍ COMO 12, FRACCIONES IV Y XXXV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 67, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y LL DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE EMITIR LA LEY FEDERAL RESPECTIVA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2019. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. HIZO SUYO EL ASUNTO: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ. ELABORÓ: AUREA HERNÁNDEZ MEZA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho y otro.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 1/2019, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del titular del Poder Ejecutivo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el dos de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandra Palacios Prieto, en su carácter de comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, promovió controversia constitucional en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por los actos consistentes en:
"...
"IV. NORMAS GENERALES Y ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA
"1. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. Destacadamente, los artículos 1o., 6, fracciones I y II, y 7, fracciones II y III, inciso m).
"2. La omisión legislativa de expedir una ley conforme al mandato reglado establecido en el párrafo primero y fracción VI, del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"..."
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 28, párrafos décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y II; 49; 75; 123, apartado B fracciones IV, VII y XIV; 127, párrafo primero de la Constitución Federal; así como los diversos décimo tercero y décimo octavo transitorios del decreto de reformas a esa Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio de dos mil trece.
3. Conceptos de invalidez. La Comisión Federal de Competencia Económica planteó diversos conceptos de invalidez, los cuales no se transcriben en atención al sentido que regirá en la presente resolución.
4. Trámite y admisión. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 1/2019; así como lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
5. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de cuatro de enero siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al titular del Poder Ejecutivo Federal; determinó que no era necesario requerir a éstos copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto de la ley impugnada, ni al Ejecutivo Federal para que anexara un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en virtud de que esos documentos se encuentran agregados a la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, los que tuvo como hechos notorios; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Contestaciones a la demanda. Las autoridades titular del Ejecutivo Federal y Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, dieron contestación a la demanda, las cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
8. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de abril de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Envío de proyecto a la Secretaría General de Acuerdos. El dos de septiembre de dos mil diecinueve, se envió el proyecto a esa Secretaría de este Alto Tribunal.
10. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés.
I. COMPETENCIA.
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) y los puntos segundo, fracción I y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Decisión que se adopta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales, quien hizo suyo el asunto. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que tiene el carácter de vinculante.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES.
13. Oportunidad. A continuación, se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.
14. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
"..."
15. Como se advierte, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
16. Por otra parte, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
17. Ahora bien, si el decreto que contiene la Ley Federal reclamada fue publicado en la fecha arriba indicada, por consiguiente, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional corrió del seis de noviembre al cuatro de enero de dos mil diecinueve, descontando los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre; uno, dos, ocho y nueve de diciembre, así como del quince al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; y uno de enero de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 de la Ley Reglamentaria y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de enero de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.
19. Legitimación activa y pasiva. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.
20. Por cuanto hace a la legitimación activa, se tiene presente que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"l). Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.
"..."
21. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia señalan lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
"..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"..."
22. De los preceptos transcritos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
23. En el caso, la demanda fue promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal.
24. Por otra parte, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, personalidad que acreditó con copia certificada de los oficios DGPL-1P2A.-634 y DGPL-2P2A.-4620, de diez de septiembre de dos mil trece y veintisiete de abril de dos mil diecisiete, respectivamente; esto es, en el primero de ellos la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Senado de la República hizo de su conocimiento su designación como Presidenta de ese órgano, según sesión de la misma fecha; y, en el segundo, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la misma Cámara le informó la aprobación de su designación para un nuevo periodo de cuatro años como presidenta de esa Comisión.
25. Por añadidura, dicha funcionaria cuenta con facultades para representar a la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de los artículos 20, fracciones I y II de la Ley Federal de Competencia Económica; y 12, fracciones IV y XXXV del Estatuto Orgánico de esa Comisión,(2) en consecuencia, tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.
26. Respecto a la legitimación pasiva, en este asunto tienen el carácter de autoridades demandadas las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal.
27. Conforme a los artículos 10, fracción II(3) y 11, párrafos primero y tercero de la Ley Reglamentaria,(4) serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
28. Por cuanto hace a la Cámara de Diputados, compareció el presidente de la Mesa Directiva Diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Diario de los Debates de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, que contiene la elección de los integrantes de la Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura y su toma de protesta.
29. Aunado a que el artículo 23, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(5) prevé que son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva, entre otras, la de representar legalmente a la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; en consecuencia, tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.
30. En relación a la legitimación pasiva de la Cámara de Senadores, compareció el presidente de la Mesa Directiva, Senador Martí Batres Guadarrama, quien acredita su personalidad con copia certificada del acta de la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores correspondiente a la LXIV Legislatura, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la que se constituyó la Mesa Directiva y su presidente tomó protesta.
31. Asimismo, el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(6) prevé entre otras cuestiones, que el presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico.
32. Por otra parte, respecto a la legitimación del Ejecutivo Federal, compareció Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que le fue expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
33. De igual forma, dicho funcionario cuenta con facultades para representar al titular del Ejecutivo Federal en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(7) en relación con la fracción X del diverso 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(8) así como el punto único del Acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.(9)
34. Por ende, las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para comparecer a la controversia, ya que a éstas se les atribuye el decreto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlas.
35. Decisión que se adopta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales, quien hizo suyo el asunto. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que tiene el carácter de vinculante.
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.
36. En este apartado se examinarán las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.
37. Así, por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria.
38. Mediante oficio presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal señaló que debe sobreseerse en la controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria, porque las normas generales combatidas materia de impugnación en el presente medio de control constitucional, han cesado en sus efectos.
39. Al respecto, señaló que procede el sobreseimiento en la controversia porque han cesado los efectos del acto combatido, es decir, el actor cuestionó el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, empero, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se publicó el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por tanto, las normas impugnadas cesaron sus efectos al estar en presencia de nuevos actos legislativos.
40. Esta Suprema Corte considera fundada la causa de improcedencia respecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
41. En efecto, debe sobreseerse en la controversia constitucional porque la Ley de Remuneraciones combatida se abrogó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se expidió la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, por tanto, se trata de un nuevo acto legislativo.
42. Este tribunal constitucional ha establecido que la causa de improcedencia por cesación de efectos se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera obtenido sentencia favorable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular.
43. Lo anterior, ya que la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución.(10)
44. En ese sentido, por regla general, para que se actualice la cesación de efectos se requiere:
• Un acto de autoridad que se estime cause un perjuicio y que motive la promoción del medio de defensa.
• Otro acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia de la controversia.
• Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda, que sea incondicional e inmediata, es decir, como si se le hubiera concedido la razón.
• Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegara a pronunciarse.(11)
45. Para el caso específico de la cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria, se han delimitado las siguientes especificidades:
46. a. Basta que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron su promoción, ya que la declaración de invalidez de las sentencias en este tipo de medios de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General(12) y 45 de la Ley Reglamentaria.(13)
47. b. Debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva.(14)
48. c. No se hubiera ampliado la demanda de la controversia constitucional, a través de la cual se impugne el nuevo acto legislativo.(15)
49. En el caso, la presente controversia constitucional fue promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objeto sustancial de controvertir el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho.(16)
50. Ahora bien, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
51. En la normatividad transitoria de dicho decreto, se estableció expresamente, entre otras cuestiones:
52. a. Su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.(17)
53. b. Al momento de la referida entrada en vigor deja sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.(18)
54. c. La abrogación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.(19)
55. Lo anterior evidencia claramente que la emisión de esta nueva ley dejó sin efectos a partir del veinte de mayo de dos mil veintiuno, toda la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
56. Por ende, si la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos junto con sus reformas han perdido vigencia, las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tendrán eficacia material ni jurídica en la esfera competencial de la actora. Máxime que de las constancias de autos se aprecia que la parte actora no combatió ese decreto mediante la ampliación de demanda.
57. No obsta a lo anterior que también se hubiera impugnado la omisión legislativa de expedir una ley conforme al mandato reglado establecido en el párrafo primero y fracción VI, del artículo 127 de la Constitución General de la República, así como en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122,123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve.
58. Lo anterior, en virtud de que la referida omisión es de carácter relativo, pues la parte actora la hace depender de la deficiencia normativa de las reformas impugnadas, al no establecer un esquema idóneo para dotar de efectividad el contenido del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(20)
59. Por lo que al desaparecer toda la normativa que preveía las supuestas deficiencias acusadas por la parte actora, se actualiza la cesación de efectos, también de la omisión legislativa impugnada.
60. Es improcedente la controversia constitucional presentada en contra de normas generales, cuando previo al dictado de la resolución, las mismas dejan de tener efectos por una normativa posterior y no se amplió la demanda por la parte actora en relación con esta última.
61. De ahí que, en el caso, han cesado los efectos del acto impugnado y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, por lo que lo procedente es sobreseer en el medio de impugnación, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(21) respecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho y la omisión legislativa impugnada.
62. En similares condiciones la Segunda Sala resolvió las controversias constitucionales 204/2019, 208/2019 y 211/2019.(22)
63. Decisión que se adopta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales, quien hizo suyo el asunto. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que tiene el carácter de vinculante.
IV. DECISIÓN.
64. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales, quien hizo suyo el asunto. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán (ponente).
Firman el Ministro presidente en funciones de la Segunda Sala quien hizo suyo el asunto, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE EN FUNCIONES Y QUIEN HIZO SUYO EL ASUNTO
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Asimismo es pertinente tener como fundamento el artículo quinto transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno, que prevé lo siguiente:
"Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio."
2. "Artículo 20. Corresponde al Comisionado presidente:
"I. Actuar como representante legal de la Comisión con facultades generales y especiales para actos de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, incluso las que requieran cláusula especial conforme a la Ley;
"II. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para actos de dominio, de administración, pleitos y cobranzas y para ser representada ante cualquier autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante particulares; así como acordar la delegación de las facultades que correspondan, en los términos que establezca el estatuto orgánico. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados a la Comisión o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno. El presidente estará facultado para promover, previa aprobación del Pleno, controversias constitucionales en términos de lo previsto por el inciso l), de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"..."
"Artículo 12. El presidente presidirá al Pleno, tendrá la representación legal de la Comisión y contará con las siguientes facultades:
"...
"IV. Solicitar la autorización del Pleno para promover controversias constitucionales en términos de lo previsto por el inciso I), de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"...
"XXXV. Las demás atribuciones de las unidades administrativas a él adscritas,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200901-4027c116/i-controversia-constitucional-la-comision-federal-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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