I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 51, PUNTO 1, INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2019. PROMOVENTE: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de julio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 211/2019, promovida por el Instituto Nacional Electoral.
1. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
2. Normas constitucionales que se aducen violadas.
• Artículos 1o, 5o, 14, 16, 41, base V, apartado A y D; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Normas cuya invalidez se solicita. En su demanda reclamó la de invalidez de lo siguiente:
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, así como su refrendo y publicación.
• Destacadamente, se impugnó la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que a hace a sus artículos reformados por el mencionado Decreto.
4. Conceptos de invalidez. La parte actora planteó diversos conceptos de invalidez que no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
5. Admisión. Por acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 211/2019; asimismo, turnó el asunto por conexidad al haberse turnado las acciones de inconstitucionalidad 52/2019 y su acumulada 54/2019; así como las controversias constitucionales 204/2019 y 208/2019 a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa en las que se impugnó el mismo decreto legislativo.
6. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por designados delegados, por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por ofrecidas las pruebas indicadas por la parte actora, tuvo como autoridades demandadas a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, asimismo, ordenó su emplazamiento a efecto de que produjeran la contestación respectiva y dio la vista correspondiente a la Fiscalía General de la República.
7. Recurso de reclamación. En contra del proveído de admisión de la controversia constitucional, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó recurso de reclamación, el cual fue registrado como 125/2019-CA, turnado a la ponencia del Ministro Luís María Aguilar Morales y resuelto el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
8. Cabe precisar que en esa reclamación se desestimaron las causas de improcedencia relativas a la extemporaneidad de la demanda, falta de interés legítimo, cosa juzgada y cesación de efectos (estas dos últimas relacionadas con lo resuelto en las diversas acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018).
9. Informes de las autoridades. Mediante escritos recibidos el doce, catorce y quince de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejero Jurídico; y los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, dieron contestación a la demanda, exponiendo argumentos para sustentar la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
10. En proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora tuvo por formulada la contestación a la demanda de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y por diverso de dieciséis siguiente las contestaciones del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
11. Cierre de instrucción. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno se tuvieron por formulados los escritos de alegatos, por recibida el acta de audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos celebrada en la misma fecha, en consecuencia, se cerró la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
Consecuentemente, el ocho de julio del dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente
2. PRESUPUESTOS PROCESALES
13. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicables,(2) punto Segundo, fracción I, y Tercero, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) ya que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, aunado a que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, atendiendo al sentido de la presente sentencia.
14. Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
15. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, así como su refrendo y publicación.
16. Destacadamente, se impugnó la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que a hace a sus artículos reformados por el mencionado Decreto.
17. Oportunidad. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de una norma general, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria.(5)
18. Así, para poder establecer si la demanda se presentó oportunamente, es necesario tener en cuenta que en la especie se impugna el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Destacadamente, los artículos 1, segundo párrafo, 3, fracciones III y V, 6, fracción I, 7, fracción III, inciso I), 7 Bis y Transitorios Primero y Segundo, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.
19. Por tanto, el plazo de treinta días hábiles para interponer la demanda respectiva, transcurrió del quince de abril de dos mil diecinueve al treinta de mayo siguiente.(6)
20. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de mayo de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.
21. Legitimación activa. El Instituto Nacional Electoral tiene legitimación para cuestionar el acto cuya invalidez reclama, en virtud de que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y el diverso numeral 41, base V, apartado A, de la Constitución General, lo reconoce expresamente como órgano autónomo.(7)
22. En esa tesitura, si el Instituto actor es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene la posibilidad de promover controversias constitucionales contra actos o disposiciones generales que considere vulneran el ejercicio de sus atribuciones.
23. El Instituto Nacional Electoral es representado por su Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, a quien se reconoció dicho carácter en el auto de admisión de demanda, al haber exhibido copia certificada del Acta de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG0112014, celebrada el once de abril de dos mil catorce, donde se discutió y aprobó la "Propuesta que presenta el Consejero Presidente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto al nombramiento del Licenciado Edmundo Jacobo Malina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral"; y quien cuenta con esa facultad de representación en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.(8)
24. Por tanto, el recurso se interpuso por persona legitimada para ello.(9)
25. Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada. En principio, conforme con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución General, así como 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, tanto el Ejecutivo Federal, como las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, se encuentran legitimados para ser demandados en una controversia constitucional.
26. Ahora, las personas que acudieron en representación de los referidos Poderes de la Unión ostentan legitimación en el proceso, de conformidad con lo siguiente:
27. a) Poder Ejecutivo. En términos del párrafo tercero del artículo 11 de ese ordenamiento,(10) el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
28. En el caso, acudió el Consejero Jurídico Julio Scherer Ibarra, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los dispuesto en el artículo único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.
29. b) Cámaras del Congreso de la Unión. En representación de la Cámara de Senadores, comparece Martí Batres Guadarrama, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, que acreditó con la copia certificada del acta de sesión consecutiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura celebrada el miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde consta su elección para ese encargo.(11)
30. En representación de la Cámara de Diputados comparece el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, que acreditó con la copia certificada del diario de debates de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde consta su elección para ese encargo.(12)
31. Causales de improcedencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte de oficio(13) que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, en virtud de que han cesado los efectos del acto impugnado.(14)
32. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la causa de improcedencia por cesación de efectos se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera obtenido sentencia favorable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular.
33. Lo anterior, ya que la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución.(15)
34. En ese sentido, por regla general, para que se actualice la cesación de efectos se requiere:
• Un acto de autoridad que se estime cause un perjuicio y que motive la promoción del medio de defensa.
• Otro acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia de la controversia.
• Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda, que sea incondicional e inmediata, es decir, como si se le hubiera concedido la razón.
• Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegara a pronunciarse.(16)
35. Para el caso específico de la cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, se han delimitado las siguientes especificidades:
• Basta que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron su promoción, ya que la declaración de invalidez de las sentencias en este tipo de medios de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General(17) y 45 de la Ley Reglamentaria.(18)
• Debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva.(19)
• No se hubiera ampliado la demanda de la controversia constitucional a través de la cual se impugne al nuevo acto legislativo.(20)
36. En el caso, la presente controversia constitucional fue promovida por el Instituto Nacional Electoral, a efecto de controvertir el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, así como su refrendo y publicación.
37. Destacadamente, se impugnó la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que a hace a sus artículos reformados por el mencionado Decreto.
38. En consecuencia, la impugnación del Instituto actor gira exclusivamente en torno a la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
39. Ahora bien, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
40. En la normatividad transitoria de dicho Decreto, se estableció expresamente, entre otras cuestiones:
• Su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.(21)
• Al momento de la referida entrada en vigor deja sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.(22)
• La abrogación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.(23)
41. Lo anterior evidencia claramente que la emisión de esta nueva ley dejó sin efectos a partir del veinte de mayo de dos mil veintiuno, toda la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual incluye sus reformas publicadas a través de ese mismo medio el doce de abril de dos mil diecinueve, que son el acto impugnado a través de la presente controversia constitucional.
42. En consecuencia, si las reformas impugnadas a través del medio de control constitucional que se resuelve han perdido vigencia, las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tendrán eficacia material ni jurídica en la esfera competencial de la actora. Máxime que de las constancias de autos se aprecia que la parte actora no combatió ese Decreto mediante la ampliación de demanda.
43. En ese sentido, una posible declaración de invalidez de las reformas impugnadas a través de la presente controversia constitucional no tendría efecto en la esfera jurídica de la parte actora, en virtud de que la declaración de invalidez de la sentencia, en el presente caso, no tiene efectos retroactivos.
44. De ahí que, en el caso, han cesado los efectos del Decreto impugnado y, en consecuencia, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria.
45. En tal virtud, es improcedente la controversia constitucional presentada en contra de normas generales, cuando previo al dictado de la resolución, las mismas dejan de tener efectos por una normativa posterior y no se amplió la demanda por la parte actora en relación con esta última.
46. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(24) lo que procede es que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobresea en la presente controversia constitucional al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria.
3. PUNTO RESOLUTIVO
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se SOBRESEE en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas. El Ministro Luis María Aguilar Morales, se aparta de las consideraciones del párrafo 8.
Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTA Y PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS:
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo a la controversia constitucional 211/2019 en la sesión ordinaria celebrada vía remota el catorce de julio de dos mil veintiuno. DOY FE.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. “(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...]
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.”
2. “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
[...]”
“Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
[...]
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.
[...]”.
3. “SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
[...]”
“TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
4. “Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
[...]”
5. “Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
[...]”.
6. Se descuentan del cómputo del plazo los días 20, 21, 27 y 28 de abril, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de mayo, todos de 2019; por corresponder a sábados y domingos, así como del 17 al 19 de abril y 1 de mayo por ser inhábiles, conforme con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los incisos g) y n) del punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7. “Artículo 41.
[...]
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.”
8. “Artículo 51.
1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
a) Representar legalmente al Instituto;
[...]”
9. De conformidad con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria:
“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
[...]”.
10. “Artículo 11.
[...]
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.”
11. “Artículo 67.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:
[...]
l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;”
12. “Artículo 23.
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
[...]
l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario;
[...]”.
13. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
[...]
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.”
14. “[...]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
[...]”
15. Criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 24/2005: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página setecientos ochenta y dos.
16. Conforme con la jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.): “ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001)”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dieciocho, mayo de dos mil quince, tomo I, página 168.
17. “Artículo 105...
[...]
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...]
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
[...].”
18. “Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.”
Conforme con la jurisprudencia P./J. 54/2001: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página ochocientos ochenta y dos.
19. Conforme con la tesis 1a. XLVIII/2006: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESAC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200745-81748dc9/i-controversia-constitucional-el-secretario-ejecutivo-del-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- (61)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UNA NUEVA LEY SE DEROGA EL DECRETO DEL EJECUTIVO QUE SE IMPUGNA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER (1a. LVII/2005 )
- NORMA REGLAMENTARIA. CON SU EMISIÓN NO PUEDE SUBSANARSE ALGUNA IRREGULARIDAD DEL LEGISLADOR FEDERAL QUE CONVALIDE EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PUDIERA TENER LA LEY. (1a. CXIII/2011)
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