I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETOS 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 Y 535, POR LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETOS 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 Y 535, POR LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETOS 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 Y 535, POR LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AMBOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. DEBE RECONOCERSE SU VALIDEZ SI LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL TUVIERON UN PLAZO RAZONABLE PARA CONOCER Y OPINAR A CONCIENCIA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS Y DICTÁMENES DE REFORMAS SOMETIDAS A SU CONSIDERACIÓN (DECRETOS 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 Y 535, POR LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AMBOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA NO INFRACCIONADA U OBJETO DE DECLARACIÓN DE CUALQUIER TIPO O MODALIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO PARA SER TITULAR DE LA GUBERNATURA, OCUPAR UNA DIPUTACIÓN DEL CONGRESO O SER INTEGRANTE DE UN AYUNTAMIENTO SIN MEDIAR SENTENCIA DEFINITIVA VIOLA EL DERECHO AL VOTO PASIVO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 1, INCISO H), EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "INFRACCIÓN O DECLARACIÓN" E "INFRACCIONES O DECLARACIONES", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR CUALQUIER TIPO O MODALIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, PARA SER TITULAR DE LA GUBERNATURA, OCUPAR UNA DIPUTACIÓN DEL CONGRESO O SER INTEGRANTE DE UN AYUNTAMIENTO, DEBE SER MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA Y ÚNICAMENTE DURANTE EL TIEMPO QUE SE COMPURGUE LA PENA APLICADA [INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 1, INCISO H), SALVO SUS PORCIONES NORMATIVAS "INFRACCIÓN O DECLARACIÓN" E "INFRACCIONES O DECLARACIONES", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA REMISIÓN A NORMAS INEXISTENTES EN LA NORMATIVA ELECTORAL VULNERA EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A LA QUE SE REFIEREN LOS INCISOS G) Y H) DEL ARTÍCULO ANTERIOR", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. CUALQUIER PERSONA QUE CUENTE CON INTERÉS LEGÍTIMO O JURÍDICO PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE INELEGIBILIDAD DE UNA PERSONA CANDIDATA A TRAVÉS DE UN JUICIO ELECTORAL O DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL (POR UNA PARTE, INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11 BIS, FRACCIONES I, II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE NO PODRÁ SER MENOR A TRES AÑOS"; Y III; Y, POR OTRA PARTE, VALIDEZ, MEDIANTE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 11 BIS, PÁRRAF
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2023. PARTIDO POLÍTICO MORENA. 12 AGOSTO 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA Y LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 212/2023, promovida por el Partido Político Morena.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito de demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el treinta de octubre de dos mil veintitrés, Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Decretos 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 y 535, publicados en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral y de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, ambas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. Señaló como órganos responsables a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
3. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez el partido promovente manifestó, esencialmente, lo siguiente:
• PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Relacionado con el procedimiento legislativo que originó los Decretos 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 y 335, por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
• El partido promovente argumenta que el proceso legislativo que dio origen a los Decretos impugnados no fue llevado a conciencia, ya que se reformaron cincuenta artículos y se adicionaron otros dieciocho y la comisión encargada de realizar el correspondiente dictamen lo hizo en siete días y siete días después fueron aprobados por el Pleno del Congreso local.
• Señala que lo anterior conculca los principios de deliberación democrática y representatividad de las minorías, ya que sólo unos cuantos de los integrantes del órgano legislativo conocieron efectivamente lo que se discutió y aprobó en sesión.
• Menciona que esto cobra relevancia si se toma en consideración el número de iniciativas que fueron turnadas con anterioridad a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las cuales no cuentan con dictamen.
• Alude que atendiendo al plazo tan corto por el que se dictaminaron las iniciativas de ley, existió una violación al proceso legislativo y al principio de deliberación democrática de las fuerzas políticas minoritarias del Congreso, máxime si se considera que los decretos cuya inconstitucionalidad se cuestionan, fueron iniciativas de diputados de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso.
• Sostiene que de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 29/2013 resuelta por este Alto Tribunal, en los procedimientos legislativos que lleven a cabo los Congresos de nuestro país, deben respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas, para lo cual es necesario que se respeten las vías que permitan a las mayorías y las minorías expresar y defender su opinión, bajo un contexto de deliberación pública. En ese contexto, estima que la complejidad de las reformas y adiciones a legislación electoral necesitaban un voto consciente.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 525.
• SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Sustenta que el artículo 10 inciso h) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado por el Decreto 525, establece un requisito para ser titular de la gobernatura, diputado o integrante del Ayuntamiento, no haber sido condenado por resolución judicial firme, "infracción o declaración" de cualquier tipo o modalidad de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, de las contempladas en las leyes general y local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", o en su caso por "infracciones o declaraciones" en contra de niñas, niños y adolescentes, establecidas "en la normatividad aplicable correspondiente"; lo que infringe lo establecido en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por consiguiente también los numerales 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la restricción que impone al ejercicio de los derechos políticos y oportunidades reconocidas a las personas ciudadanas, sólo puede ser reglamentado en una ley, en el supuesto de condena, por juez competente, en proceso penal cuando la restricción de los derechos ciudadanos se relaciona con la imposición de sanciones.
• Considera que sólo una autoridad judicial penal puede suspender derechos político-electorales a las personas ciudadanas cuando cometan un delito exclusivamente durante el tiempo en que lo compurguen, sin que puedan hacerlo las autoridades administrativas.
• Señala que, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Petra Urrego Vs. Colombia, al interpretar el contenido de los derechos políticos que postula el artículo 23.2 de la Convención, determinó que ninguna autoridad administrativa puede aplicar una sanción que implique una restricción al ejercicio de derechos políticos a elegir y ser elegido, pues sólo puede serlo por sentencia de juez competente en proceso penal.
• Concluye que cuando no exista condena penal firme por algún delito que imponga prisión y suspensión de derechos, tampoco puede impedirse la participación de la ciudadanía, ni su acceso y permanencia para ocupar un cargo de elección popular, conforme al artículo 38, fracción VI, de la Constitución Federal.
• TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Por otro lado, el promovente menciona que el artículo 11 Bis del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, carece de certeza y seguridad jurídica, pues se advierte que el artículo 11 (que es el anterior al 11 Bis) no contiene los incisos g) y h) a los cuales reenvía el artículo 11 Bis. Además, que no pueden tener efectos en las materias electoral, familiar, civil o laboral, en tanto deriven de resoluciones o sentencias distintas a las condenas emitidas por un juez penal.
• Sostiene que el artículo que se impugna hace referencia a la vigencia de la inelegibilidad establecida en los incisos g) y h) del artículo 11, pero al no existir dichos incisos, se puede concluir que, las consecuencias jurídicas que clasifica el numeral reclamado tampoco pueden producirse en supuesto alguno.
• El partido accionante menciona que no pasa desapercibido el hecho que puede tratarse de un error del legislador, pues el artículo 10 del mismo Código sí contiene incisos g) y h) y, en ese sentido, expone conceptos de invalidez relativos a que los procesos jurisdiccionales diversos al proceso penal son inconducentes para concluir con una sentencia ejecutoriada que imponga como pena una suspensión de derechos político-electorales.
• Indica que las fracciones I y III, del artículo 11 Bis, del referido código local, son inconvencionales al violar lo establecido en el artículo 23 del Pacto de San José, pues las restricciones relativas a la inelegibilidad, vulneran los principios de presunción de inocencia, supremacía constitucional, taxatividad, certeza, legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación, motivación y el derecho de poder ser elegido para cualquier cargo de elección popular.
• Por otro lado, sostiene que en el segundo y tercer párrafo del mismo numeral 11 BIS, el legislador emisor de la norma deficientemente considera como autoridades judiciales, tanto a los jueces penales, como a los electorales, civiles, familiares y laborales, lo cual resulta sobre inclusivo, en la medida que, deberían acotar su funcionalidad únicamente al supuesto en que tal solitud (de inelegibilidad) presentada en juicio ante el tribunal electoral, por cualquier persona con interés jurídico, legítimo o difuso, solo procederá cuando sea oportuna y se acompañe con documental pública que acredite la condena firme que haya emitido un juez penal contra una persona que haya incurrido en alguno de los delitos que previene el artículo 38, fracción VII de la Constitución General de la República y no por infracciones administrativas o de otro tipo.
• Asimismo, menciona que la fracción II, del artículo 11 BIS, transgrede el principio de seguridad jurídica, al disponer que en materia penal, la duración de la vigencia de la inelegibilidad será por el tiempo que dure la sanción penal, la cual no podrá ser menor a tres años, pues la suspensión de derechos ciudadanos en su modalidad de inelegibilidad temporal por motivo de condena penal firme dictada por juez competente en proceso penal, solo es dable aplicarse durante el tiempo en que se compurgue la pena de suspensión de derechos que al efecto se imponga y siempre que se trate de cosa juzgada.
• CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. En otro tenor, el partido actor sustenta que el artículo 87 numeral 1, párrafos primero, inciso c) y segundo del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, impide ser candidatas o candidatos independientes a quienes hayan sido sancionados o sancionadas por autoridad judicial por violencia política contra las mujeres en razón de género, que tal restricción se aplicará a partir de que la resolución cause ejecutoria y, por otra parte, ordena aplicar los mismos criterios de temporalidad establecidos en el artículo 11 Bis, por lo que solicita que los conceptos de invalidez relacionados anteriormente sean considerados para este precepto en obvio de repeticiones innecesarias.
• Señala que lo anterior, transgrede el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los mismos motivos expuestos para los artículos 10, inciso h) y 11 Bis, ambos del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 526.
• QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El actor expone que los artículos 16, numeral 3; 17, numeral 1, último párrafo, numeral 2, fracciones III y V; y 18, numeral 1, inciso d) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vulneran los derechos de mínima intervención, de autodeterminación de los partidos políticos, el principio democrático y el de representación democrática, porque contienen reglas de paridad que deberán atenderse en caso de una subrepresentación de mujeres en la integración del Congreso del Estado de Coahuila, modelo que plantea una sustitución de candidaturas a favor de dicho género, tomando como criterio el menor porcentaje de votación obtenido de cada partido político, lo cual conlleva cambios en las listas de candidaturas de representación proporcional de los partidos que obtuvieron un menor porcentaje de votación.
• Señala que lo anterior, transgrede el principio de representatividad, derecho de autodeterminación y menor afectación a los partidos políticos –contemplado en el artículo 41 del Pacto Federal–.
• Menciona que estos ajustes para la integración paritaria del Congreso prevén como criterio de sustitución de candidaturas el menor porcentaje de votación obtenido de cada partido político, lo cual vulnera el principio de pluralidad previsto en el artículo 116 constitucional, pues constriñe un trato diferenciado a los partidos con menor votación, ello, al plantear una modificación a la lista de candidaturas que fue previamente respaldada por la ciudadanía a través del sufragio, lo cual, a su vez, incide en la debida representatividad de las instituciones políticas.
• SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido MORENA reclama el artículo 17, numeral 1, fracciones VI y VII del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al considerar que implican falta de certeza, legalidad y objetividad electoral, pues vulneran la eficacia del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores locales.
• Sostiene que la fracción VI mencionada dispone como base para cumplir los requisitos de competitividad y transversalidad, el que, las candidaturas que registren individualmente como partido político y aquellas que les corresponda en la coalición, contarán como un todo para cumplir con el principio de paridad, lo cual no garantiza que las coaliciones observen las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos en lo individual. Ello, porque el convenio respectivo podrá permitir que, en las candidaturas coaligadas, sean menos mujeres de un partido político que las de otro u otros coaligados, con tal que, externamente a la coalición, las candidaturas a legisladores que postule el mismo partido, pero en lo individual, sean más mujeres. Lo cual tiende a favorecer al partido de mayor peso electoral.
• Por otro lado, expone que la fracción VII impugnada, aun cuando dispone que las candidaturas de coaliciones flexibles o parciales deben presentarse paritariamente, también añade que, por ello no es necesario exigir que cada partido político coaligado registre el mismo número de mujeres y hombres en las postulaciones que le corresponden dentro de la coalición. Lo cual incumple el principio fundamental de paridad de género, si, por ejemplo, en las postulaciones que le corresponden a un coaligado dentro de la coalición parcial o flexible, postula más hombres candidatos que mujeres candidatas, siempre que se hayan presentado paritariamente las candidaturas de la coalición.
• Aduce que los partidos políticos que contienden individualmente en una elección presentan su propia plataforma electoral, sin la cual no pueden participar con candidaturas a cargos electivos, por ejemplo, de legisladores. En cambio, las coaliciones, aun integradas por partidos políticos prima facie afines, deben contender bajo una plataforma electoral común. Por lo cual, las candidaturas de coalición defienden una oferta electoral distinta a la de los partidos en lo individual, y como figura jurídica, participan también en forma paritaria al seno de la figura de participación conjunta, aun cuando el siglado sea, como no puede ser de otra manera, atribuido a partidos políticos coaligados.
• Indica que los partidos coaligados son los que conforman la coalición parcial o flexible, entonces, no debe validarse la suma de las candidaturas que presentan a través de la coalición y las que los partidos (no coaligados) presentan en lo individual, aun cuando de la totalidad que resulte de esa suma, al menos la mitad sean mujeres.
• Refiere que el vocablo "total" que se contiene en la fracción VIII, debe ser invalidada porque en toda coalición total cada partido debe postular paritariamente las candidaturas que le corresponden en dicha coalición, porque no solo debe regir esta base cuando se trate de coalición total, sino, además, en cualquiera de sus modalidades, como son la coalición parcial y la flexible. En estas también cada partido coaligado debería postular paritariamente las candidaturas a diputaciones que le correspondan en las mismas, para aportar su cuota de género en candidaturas con mayores posibilidades de triunfo electoral que las que postula en lo individual.
• También, señala que el contenido de la fracción X del numeral 1, párrafo segundo del artículo 17, es inconstitucional, porque existe una antinomia del plazo de "24 horas" para que los partidos políticos o coaliciones subsanen cualquier omisión que incumpla con la paridad de género en el registro de candidaturas, con relación al artículo 177, que concede cuarenta y ocho horas. Además, las consecuencias también son diferentes, ya que en caso de incumplimiento el Instituto procederá a la cancelación de los registros de candidaturas de hombres que representen el déficit de paridad, lo anterior mediante un sorteo aleatorio y público de los distritos en los que se hayan registrado y, en el otro caso, el Consejo General realizará los ajustes necesarios hasta alcanzar el cumplimiento de las normas aplicables.
• Además, porque de otorgarles plazo para tal subsanación de reglas como las impugnadas, en realidad no se cumplirá el principio de paridad de género, por las razones aducidas en todo este apartado, al versar la materia que se pretende subsanar en el plazo referido con normas inconstitucionales, equivalente a pedir a los partidos o coaliciones que sigan vulnerando el principio paritario en sus respectivas postulaciones de candidaturas.
• Refiere que el artículo 17, numeral 2, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contradice el principio de paridad en su vertiente de alternancia de género por período electivo que, en analogía de lo previsto para las listas de candidaturas a diputaciones federales y senadurías por el principio de representación proporcional previstas en el párrafo segundo del artículo 53 y el segundo párrafo del 56, ambos preceptos constitucionales, consiste en que, en cada proceso electoral debe alternarse el género de quienes encabecen las respectivas listas de candidaturas a legisladores por el principio de representación proporcional, de manera que si en un proceso electoral encabeza la lista un hombre, en el siguiente proceso debe ser una mujer.
• Refiere que la fracción I, numeral 2 del artículo 17 del citado código, permite registrar 2 listas, una de hombres y otra de mujeres, compuesta cada una de dos fórmulas de candidaturas, entonces, eventualmente se interfiere en una adecuada asignación de curules, lo que vulnera el contenido del artículo 116 fracción II, tercer párrafo de la Constitución Federal, que permite contar con diputaciones por ambos principios en las legislaturas, con una sobre y subrepresentación de hasta ocho puntos porcentuales respecto de la votación obtenida por cada partido político.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 527.
• SÉPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Menciona que el artículo 134, numeral 1, inciso p) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al ordenar a las personas candidatas independientes abstenerse de calumniar a los aspirantes y precandidatos, vulnera los principios de objetividad y certeza electorales, pues para cuando una persona ciudadana obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro de candidatura independiente y quede firme, ya no existirían las personas aspirantes o precandidatos sino un candidato o candidata. Considera que se exime a las candidaturas independientes el deber de abstenerse de calumniar a otras personas no aspirantes no precandidatas, lo cual es contrario al artículo 41, base III, apartado de la Constitución Federal.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 528.
• OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El promovente sostiene que los artículos 173 numeral 4 y 184 inciso b) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vulnera el derecho a definir por parte de los partidos políticos, sus estrategias electorales y políticas, inclusive al sustituir candidaturas, tanto en el supuesto de situaciones excepcionales de sanción de su cancelación o pérdida, en su caso, como por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia ratificada por la candidatura ante el Instituto o cancelación del registro por autoridad competente, así como también la libre determinación respecto de quien ha de ser su candidato o candidata sustituta, sin que se le pueda constreñir a postular de entre determinadas personas, lo que vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad electoral, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, así como de autodeterminación y libre organización de los partidos políticos, el derecho de las personas candidatas a contender por el cargo de elección popular mientras no se determine en forma definitiva e inatacable alguna sanción de cancelación o pérdida de la candidatura. • Indica que la orden de cancelar el registro o declarar, en su caso, la pérdida de la candidatura a la persona precandidata que haya incurrido en rebase del tope de gastos de precampaña, es inconstitucional, porque tiene como consecuencia que el partido político se ve en el dilema de sustituir la candidatura o esperar el resultado de las impugnaciones partidarias y/o del candidato sancionado en contra del resultado de la fiscalización de los gastos de precampaña atribuibles al otrora precandidato o precandidata, como en contra de la cancelación o pérdida de registro de la candidatura. Además, pone en desventaja material y estratégica su participación en una campaña electoral, en la que otros partidos y candidaturas no tienen ese mismo problema.
• Refiere que la Constitución no prevé la posibilidad de restricción o suspensión del derecho a continuar como candidato o candidata a una persona ciudadana que ha cumplido los requisitos de elegibilidad y de registro para contender como tales en condiciones generales de igualdad, y que, sin respeto a su derecho a la presunción de inocencia las autoridades electorales le han aplicado y le aplican sanciones que, de facto, provisionalmente le sacan de la competencia electoral, sin que sea firme e inatacable tal decisión.
• El artículo 41 de la Constitución Federal, solo sanciona a las personas que resulten responsables de una declaración de nulidad de elección en los supuestos y bajo las condiciones que la misma base contiene, a partir de ello la consecuencia de que no podrá participar en la elección extraordinaria a la que se convoque. Por tanto, es evidente que, esa misma condición aplica para el caso de sanciones jurisdiccionales en el ámbito electoral, las cuales al afectar derechos humanos deben poder suspenderse hasta la resolución final e inatacable que al efecto se emita, de modo que no se consumen irreparablemente por decreto las violaciones a esos derechos políticos. De ahí que, el legislador local debió prever que solo podía cancelarse el registro o, en su caso, la pérdida de una candidatura a cargo de elección popular cuando sea firme, y no cuando esté sub iudice la decisión que declara rebasado el tope de gastos de precampaña.
• Refiere que en el dictamen la legislatura local no realizó un test de proporcionalidad, ni estudió el caso desde el punto de vista de una categoría sospechosa, no obstante que se estaba en presencia de una posible violación al principio de igualdad de las personas precandidatas en el contexto de insuspendibilidad del ejercicio de dichos derechos, pues no se respeta el principio de presunción de inocencia y, por ende, no puede tener una finalidad legítima ni es idónea.
• Refiere que tales disposiciones son contrarias al artículo 34 numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos incluye el de sus incisos a), d) y e), porque corresponde a los partidos políticos la definición de sus estrategias políticas y electorales, específicamente los procedimientos y requisitos para la selección de sus candidaturas sustitutas, a fin de no caer en las preferencias electorales, es que, ante una decisión que pueda estar sub iudice, se entiende que, ese tipo de asuntos internos pueden comprender la posibilidad de que se elija por designación directa o por encuesta, a quien deba sustituir al candidato o candidata sancionada, sin que la candidatura sustituta deba recaer, necesaria ni exclusivamente, en uno de los precandidatos o precandidatas que participó en el proceso de selección interna a la postre alterado por la cancelación del registro o la pérdida de la candidatura registrada, o en algún militante del partido, toda vez que bien puede postularse en sustitución del primigenio a una persona externa como candidata, mientras se conoce la decisión definitiva de órgano jurisdiccional competente.
• Argumenta que el artículo 184 inciso b), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que permite a los partidos políticos sustituir candidaturas una vez concluido el plazo de registro de candidaturas, pero por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia ratificada por la candidatura ante el Instituto o cancelación del registro por autoridad competente, es inconstitucional por las razones antes mencionadas.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 529.
• NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Impugna el artículo 358, numeral 1, inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al considerar que la atribución de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de conocer de los convenios de participación política, dictaminarlos y someterlos a la aprobación del Consejo General del Instituto, impide, que "los interesados" puedan subsanar aspectos distintos a los formales de los referidos convenios, por lo que también impide reparar actos u omisiones del procedimiento respectivo, lo cual vulnera el artículo 41 base I de la Constitución, en relación con las normas de la Ley General de Partidos Políticos derivadas de lo previsto en el inciso f), fracción I del artículo segundo transitorio del Decreto de diez de febrero de dos mil catorce, porque se reservó como atribución exclusiva al Congreso de la Unión el establecer en la ley que regule los partidos políticos nacionales y locales, el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones.
• Al respecto, señala que la restricción deviene atemporal al no distinguir el tiempo en el cual se celebra algún acuerdo o convenio de participación política, pues pudiera acontecer que, aun estando sobrados de tiempo respecto a los plazos y fechas del calendario electoral se impida a los interesados reponer el procedimiento o las omisiones observadas por la citada Comisión, lo cual implica incumplir el mandato de optimización de los derechos humanos.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 530
• NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Sostiene la inconstitucionalidad del artículo 203 numeral 3, incisos c), g), ñ), o) y p) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los siguientes motivos:
• Infringen el principio de igualdad y no discriminación ya que solo las personas candidatas a la Gobernatura, se les permite, si así lo desean, añadir en la boleta electoral, después de su nombre y apellidos, su apodo o sobre nombre con el que se le conoce públicamente, pero se excluye a las demás personas candidatas a diputaciones o presidencias municipales de realizar la misma petición, lo que también ocurre con las candidaturas independientes.
• Considera aplicable el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).
• Asimismo, los incisos g) y ñ) violan los principios de certeza y objetividad electorales, dado que, la boleta única no puede contener un solo espacio para coalición, porque los partidos que la integran y las candidaturas independientes aparecen en la misma boleta con emblemas o en espacios separados, de igual tamaño que el espacio dado a los partidos que contienden de manera individual. De hecho, la coalición no tiene espacio en la boleta, sino los espacios que corresponden a cada partido coaligado en dicha boleta.
Conceptos de invalidez relacionados con el DECRETO 531.
• DÉCIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Indica que el artículo 12 numeral 3, inciso d) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza es inconstitucional ya que, vulnera los principios electorales de certeza, legalidad y objetividad; las garantías de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación, al condicionar el ejercicio del derecho de reelección de diputadas y diputados, que no tienen partido o son externas, al deber de desvincularse del partido político que originalmente los postuló antes de la mitad de su mandato si pretenden reelegirse por un partido distinto, aunque no se hayan afiliado a partido político alguno.
• Constitucionalmente se encuentra establecida la posibilidad de elección consecutiva a las legislaturas locales, hasta por tres periodos adicionales al original, por lo que en la Constitución Federal no existen restricciones para las reelecciones de los legisladores, tampoco obliga que un partido político o coalición pueda postular a la reelección a una persona legisladora no militante que no se haya desvinculado del partido o partidos que primigeniamente le postularon.
• Aunado a lo anterior, considera que la segunda parte del inciso impugnado, que señala que este requisito no será exigible si el partido postulante perdió su registro, también es inconstitucional derivado de la primera parte del mismo, pues el mencionado requisito de desvincularse del partido político que originalmente los postuló no debe exigirse en ningún caso tratándose de personas diputadas no afiliadas en momento alguno a un partido y que aspiran a la reelección, pues pueden ser postuladas por un partido distinto al que originalmente los postuló.
• Esto es, la restricción constitucional solo rige para las personas legisladoras militantes de un partido político que las postuló a su primera elección cuando incumplan la condición constitucional de no renunciar o ser separadas del mismo con antelación a la mitad de su mandato; pero, contrario sensu, no aplica a personas diputadas no militantes, las cuales pueden ser postuladas a la reelección por cualquier partido político cuyas normas estatutarias prevean la posibilidad de postular candidaturas externas o sin partido.
• Por ello, si algún partido o coalición, en ejercicio de su li
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33783-a461dd35/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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