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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTARLOS DE UNA FORMA ESPECÍFICA, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (ARTÍCULOS 12, NUMERAL 1, Y 282, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). III. DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA "B" PARA LA ASIGNACIÓN DE CURULES POR ESTE PRINCIPIO, QUE SE INTEGRA CON CANDIDATURAS NO VENCEDORAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, NO VULNERA EL DERECHO AL VOTO PASIVO (ARTÍCULOS 12, NUMERAL 1, Y 282, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). IV. DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA "B" PARA LA ASIGNACIÓN DE CURULES POR ESTE PRINCIPIO, QUE SE INTEGRA CON CANDIDATURAS NO VENCEDORAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD (ARTÍCULOS 12, NUMERAL 1, Y 282, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). V. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS SECRETARÍAS DEL PODER EJECUTIVO Y LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (ARTÍCULO 3, NUMERAL 1, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). VI. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE DEFINE ESTE PRINCIPIO Y OMITE GARANTIZARLO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES ELECTORALES, VULNERA LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, NUMERAL 1, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). VII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE DEFINE ESTE PRINCIPIO Y OMITE GARANTIZARLO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES ELECTORALES, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, NUMERAL 1, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). VIII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. INEXISTENCIA DE UN DEBER CONSTITUCIONAL DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE ALTERNANCIA ENTRE GÉNEROS POR PERIODO ELECTIVO PARA LAS GUBERNATURAS DE LOS ESTADOS (ARTÍCULO 29, NUMERAL 1, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO). IX. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE POSTULAR A UNA MUJER A LA SINDICATURA DE UN MUNICIPIO, CUANDO LA POSTULACIÓN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMBIÉN SEA DE UNA MUJER, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO VERTICAL [ARTÍCULO 184, NUMERAL 6, INCISO A), FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO]. X. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE PREVÉN TRES BLOQUES DE COMPETITIVIDAD ENCABEZADOS, AL MENOS UNO, POR FÓRMULA DE MUJERES PARA EVITAR QUE A ALGUNO DE LOS GÉNEROS LE SEAN ASIGNADOS EXCLUSIVAMENTE AQUELLOS DISTRITOS EN LOS QUE SE HAYAN OBTENIDO LOS PORCENTAJES DE VOTACIÓN MÁS BAJOS EN EL PROCESO ELECTORAL ANTERIOR, EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES, SALVAGUARDAN LA PARIDAD ENTRE GÉNEROS TRANSVERSAL [ARTÍCULO 184, NUMERAL 6, INCISOS B), PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIÓN I, Y F), PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO]. XI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, SINDICATURAS Y REGIDURÍAS SE SEPAREN DE SU CARGO HASTA UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y HASTA LA ENTREGA, EN SU CASO, DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, NO DEBE ENTENDERSE COMO UNA OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE C

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 187/2023 Y SU ACUMULADA 188/2023. · Registro digital (IUS): 32418
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-10
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo I, Pág.535.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 187/2023 Y SU ACUMULADA 188/2023. PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 187/2023 y su acumulada 188/2023, promovidas por el Partido del Trabajo y por el Partido Político Morena, respectivamente, en contra del Decreto No. 407 mediante el cual se aprueban diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de las acciones. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Partido del Trabajo y por el partido político MORENA en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de agosto de dos mil veintitrés y recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el treinta y uno siguiente.

2. El primer escrito inicial fue promovido por (1) Alberto Anaya Gutiérrez, (2) Alejandro González Yáñez, (3) Pedro Vázquez González, (4) Reginaldo Sandoval Flores, (5) Oscar González Yáñez, (6) Francisco Amadeo Espinosa Ramos, (7) Magdalena del Socorro Núñez Monreal, (8) María de Jesús Páez Güereca, (9) Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre, (10) María del Consuelo Estrada Plata, (11) Sonia Catalina Álvarez y (12) Mary Carmen Bernal Martínez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; y el segundo escrito por Mario Martín Delgado Carrillo quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. Ambos solicitando la invalidez de las normas que más adelante se indican, emitidas y promulgadas por las autoridades señaladas a continuación.

• PARTIDO DEL TRABAJO

A. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA:

"Con fecha 31 de julio de 2023, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Durango número 15 EXT, registrado con el Tomo CCXXXVIII, por el Poder Ejecutivo, el decreto No. 407 mediante el cual se aprueban diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango".

• PARTIDO POLÍTICO MORENA

A. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA:

"Lo constituye el Decreto 407 QUE CONTIENE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO. De los que, en el caso, se impugnan los artículos 3 numeral 1 fracción XV; 10 numerales 4 primer párrafo y numeral 5; 29, numeral 1, fracción XIV, 32 BIS, numeral 3, fracción III, 184, numeral 6, inciso a), fracción III; b) primer y segundo párrafos, fracción I, inciso f) primer y segundo párrafos, fracción I; y 187 fracción VI de la Ley de Instituciones Y(sic) Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, y cuya inconstitucionalidad se plantea en el apartado de conceptos de invalidez."

B. ÓRGANO LEGISLATIVO QUE EMITIÓ Y EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LAS NORMAS IMPUGNADAS:

I. Poder Legislativo el Estado de Durango.

II. Poder Ejecutivo del Estado de Durango.

3. Artículos constitucionales señalados como violados:

Ver artículos señalados como violados

4. Conceptos de invalidez. En sus escritos iniciales, el Partido del Trabajo y el partido político Morena expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

Partido del Trabajo

- Primero. Señala que los artículos 12, numeral 1, y 282, numeral 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, contradicen los fines del sistema de elección por el principio de representación proporcional, trastocando las bases establecidas en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que, además, atentan contra el principio de seguridad jurídica y el de certeza en materia electoral.

- De esta forma, expone que para otorgar diputaciones por la Lista B, no debe perderse de vista que el votante lo hace con la intención de elegir a un representante por el principio de mayoría relativa, es decir, que el voto se dirige a una persona específica; siendo que los numerales impugnados vulneran el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, ya que dicha Lista B atiende a candidaturas que no obtuvieron el triunfo pero que compitieron en un sistema de mayoría relativa, por lo que no debe calificarse tal lista como propia del sistema de representación proporcional.

- Así, sostiene que la Lista B introduce parámetros que se alejan de la asignación natural por representación proporcional, creando categorías que dan más peso a aquellas candidaturas que no fueron electas por el pueblo que a la votación mayoritaria, lo que impide asegurar la decisión de quien vota, pues se debe respetar el sentido de cada sufragio y que éste se vea reflejado en la integración del Congreso local.

- En esa línea, indica que la integración de la Lista B viola la voluntad popular y se constituye sobre bases contradictorias que vulneran los principios de certeza y legalidad, ya que queda conformada luego de que se llevó a cabo la elección por voto y que ésta es declarada válida en cada distrito electoral uninominal, intercalándose fórmulas de diputaciones registradas por el principio de mayoría relativa tomando los porcentajes de cada candidato que no obtuvo el triunfo en su distrito, por lo que las demás candidaturas de la lista no tienen su lugar en la lista de representación proporcional, debido al porcentaje obtenido en las urnas de entre las candidaturas perdedoras.

- Aunado a ello, destaca que resulta incongruente que se premie al porcentaje más alto de todas las candidaturas perdedoras para encabezar la lista de los segundos lugares de mayoría relativa y, en seguida, desde el número dos en adelante, esté el determinado por el segundo lugar por el porcentaje de votación, generando disparidades entre porcentajes que no corresponden con el lugar que les corresponde en la lista de representación proporcional.

- Además, refiere que no se modificaron las bases de la integración de la lista de representación proporcional contempladas en el artículo 66 de la Constitución del Estado de Durango, sino que se adiciona un párrafo al sistema establecido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, siendo que de los numerales controvertidos se advierte que el sistema de integración de la lista definitiva de candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional que deberá registrar cada partido político deriva de la integración a través de intercalar dos lista preliminares, denominadas A y B, las cuales tienen un sistema de integración diverso y naturaleza distinta, que no están recogidos en la Constitución local.

- Segundo. Señala que los mencionados artículos 12, numeral 1, y 282, numeral 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, son contradictorios de los principios de representación proporcional y de supremacía constitucional, previstos en los artículos 116, fracción II, y 133 de la Constitución General, toda vez que la implementación de una segunda lista de segundos lugares de mayoría relativa, no se encuentra contemplada por el numeral 66 de la Constitución de la entidad, por lo que dichas reformas se apartan de la libertad de configuración en materia de representación proporcional, al situarse en contravención a la propia norma general local e incorporar una figura ajena al principio acogido por dicha Constitución local, pues se conforman las lista votadas que deberían presentar los partidos políticos para la asignación de diputaciones de representación proporcional.

Partido político Morena

- Primero. Refiere que el artículo 3, numeral 1, fracción XV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, que señala qué se entiende por paridad de género, omite garantizar el principio de igualdad sustantiva en los cargos por designación, como elemento característico de la definición, lo cual se encontraba contemplado en dicha ley antes de la reforma impugnada, por lo que se vulnera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos, así como el derecho de participación política de la ciudadanía de acceder a cargos públicos en condiciones de paridad, discrepando, además, con el artículo 3, numeral 1, inciso d ter), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- De esta forma, indica que la definición legal contemplada en la fracción impugnada, al eliminar la garantía de la asignación del cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres en nombramientos por designación, lesiona el principio de paridad de género, previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal, pues la renuencia del legislador local a reconocerlo cabalmente desde el glosario de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, pone en riesgo su debida aplicación, dado que solamente se refiere a la asignación paritaria de las candidaturas a cargos de elección popular, y ya no a la asignación bajo ese mismo principio en el caso de los nombramientos de cargos por designación, lo que deriva en falta de certeza y seguridad jurídica; máxime que el Congreso local no dio las razones por las cuales arribó a modificar la fracción controvertida.

- Aunado a lo anterior, manifiesta que cuando una definición ya se encuentra prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y también en la ley electoral local, ésta es inconstitucional porque carece de competencia el legislador local para regular un mismo principio constitucional, como el de paridad de género, el cual no puede entenderse o aplicarse de una manera distinta o excluyente, aun cuando se diga que es para los efectos de cada ley.

- Así, señala que si bien las entidades federativas cuentan con libertad de configuración para generar su propio marco jurídico, lo cierto es que tal atribución no llega al extremo de contradecir lo previsto por una ley general en términos de lo mandatado por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; máxime que el Alto Tribunal ha reconocido que la validez de las leyes locales sí se encuentra sujeta a lo previsto en una ley general, e incluso si aquéllas no se apegan a lo previsto en ese tipo de leyes, resultan inconstitucionales, como deriva de las tesis P./J. 143/2001, P./J. 145/2001 y P./J. 150/2001, de rubros: "EDUCACIÓN. LAS LEYES QUE EXPIDAN LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN ESTA MATERIA, DEBEN SUJETARSE A LA LEY RESPECTIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO CONTRAVIENE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN." y "EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 135 Y 137 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVADEN LA FACULTAD DE REGULAR EL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS, REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS, QUE CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL."

- Asociado a ello, sostiene que se incumple por deficiente regulación, el mandato previsto en los artículos Tercero Transitorio, párrafo segundo, y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal en materia de paridad de género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve.

- Segundo. Argumenta que el artículo 29, numeral 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, contiene una deficiente regulación del principio de paridad de género o una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatoria, ya que excluye la vertiente de alternancia de género por periodo electivo en la Gubernatura de la entidad, vulnerando los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal en materia de paridad de género, publicado el seis de junio de dos mil diecinueve, así como los principios rectores de certeza, legalidad y objetividad electorales, y las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

- Así, expresa que el Congreso local ejerció su competencia obligatoria, sin embargo la misma la realizó deficientemente y en contravención al artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Norma Fundamental, pues no atendió en su integridad al mandato del Constituyente Permanente previsto en dicho Decreto, al omitir regular el principio de paridad entre géneros para la elección de Gobernador del Estado, teniendo en cuenta la concepción de paridad de género prevista en el artículo 3, fracción XV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad.

- En esa línea, estima que al ser el cargo de Gobernador de carácter unipersonal y sexenal, la forma adecuada de garantizar la paridad de género entre mujeres y hombres, es bajo un enfoque de alternancia de género por período electivo cada seis años; siendo que en el caso de Durango, el proceso electoral siguiente a la entrada en vigor del invocado Decreto, fue 2021-2022, en el que se eligió a un hombre como Gobernador, pero no se ha garantizado dicha alternancia para los sucesivos procesos comiciales en que se renueve dicho cargo, vulnerando así el artículo 41, base I, constitucional.

- Que ello también es infractor del numeral 35, fracción II, de la Constitución Federal, que garantiza a cada ciudadano el poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, incluida la de Gobernatura de cada Estado; en razón de que la expresión "todos los cargos" que emplea el texto constitucional para referirse a aquellos para los que "en condiciones de paridad" puede ser votado un ciudadano, incluye a las candidaturas a Gobernador, pues de no haber sido así, el Constituyente Permanente lo habría exceptuado.

- Por otra parte, dice que dicha omisión se encuentra estrechamente relacionada con la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, recaída al Incidente oficioso de cumplimiento de sentencia, relativo al expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados, en la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el punto 3.2.10., estimó incumplido el principio de paridad de género en la elección de la Gubernatura del Estado de Durango, y en el punto 3.4., relativo a los efectos de tal resolución, así como en su resolutivo cuarto, entre otras cosas, ordenó al Congreso local emitir la regulación atinente a fin de garantizar la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura.

- Tercero. Sostiene que el artículo 184, numeral 6, inciso a), fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, pone en manos de los partidos políticos el decidir en qué municipios con pocas posibilidades de triunfo, optan por el supuesto previsto, favoreciendo en realidad a los hombres en la postulación de las primeras regidurías que contienden y se asignan bajo el principio de representación proporcional con prelación sobre el género mujer, que irán en las segundas candidaturas y en las demás regidurías pares, lo que vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, con posibilidad de alteración del principio de representación proporcional.

- En ese contexto, señala que en el supuesto de postular para la sindicatura a una mujer en la planilla encabezada por otra mujer candidata a la presidencia municipal, será para un hombre la primera regiduría asignable en esa planilla en la elección por el principio de representación proporcional, lo cual incumple el principio de paridad vertical, siendo que el texto anterior sí lo respetaba, dado que la postulación para la sindicatura debía ser para un hombre, y la primera regiduría para una mujer, alternando sucesivamente el orden de las demás candidaturas a regidurías.

- En contraste, indica que si bien el texto vigente permite a los partidos políticos duplicar el género femenino en el binomio de las candidaturas a la presidencia municipal y a la sindicatura que participan en la elección por el principio de mayoría relativa, lo cierto es que no es lo más favorable para las mujeres, a quienes se les priva del derecho a contender por la primera regiduría que contiende por el principio de representación proporcional; siendo que eso no sucede a la inversa, como rige la fracción II (no modificada) del mismo inciso, esto es, prevé que si por la presidencia municipal contiende un hombre, la candidatura para la sindicatura deberá ser para una mujer, la primera regiduría para un hombre, la segunda para una mujer, y así sucesivamente; de lo que se advierte que tampoco permite la posibilidad de que una mujer sea candidata a la primera regiduría.

- Así, estima que en ninguno de los supuestos contemplados se da la posibilidad para que alguna mujer pueda acceder al cargo de primera regiduría; máxime que cuando una mujer contiende por la presidencia municipal, si bien se contempla la posibilidad de que otra mujer acceda a la sindicatura, lo cierto es que esto únicamente resulta de carácter potestativo, por lo que se corre el riesgo de que tanto la sindicatura como la primera regiduría sean para un hombre, sin que en el caso contrario de que un hombre contienda por la presidencia municipal, se pueda dar el supuesto en que una mujer pueda contender tanto para la sindicatura como a la primera regiduría, lo que perpetúa un estado de desigualdad de la mujer frente al hombre.

- También, señala que ello puede beneficiar más al género hombre, si los partidos políticos, por estrategia, optan por postular sólo a hombres en las candidaturas a la primera regiduría en municipios eventualmente perdedores, excluyendo de esa posibilidad a las mujeres, a cambio de que éstas puedan ser candidatas a sindicaturas cuando haya pocas posibilidades de acceso a dicho cargo de elección mayoritaria; lo cual altera el principio paritario cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres en el acceso por el principio de representación proporcional en primeras regidurías.

- De ahí, colige que sólo debería admitirse el mismo género mujer en candidaturas a sindicaturas de planillas, en las que también contienda una mujer para presidenta municipal, en los municipios estadísticamente con mayores posibilidades de triunfo de cada partido político.

- Aunado, expresa que del contenido de los artículos 115, bases I y VIII, de la Constitución Federal, 147, párrafo primero, de la Constitución de Durango, 19, numeral 1, 109, numeral 1, fracción VIII, y 267, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se constata que la postulación de un mayor número de hombres en las regidurías partiendo de la primera y continuando en la tercera, la quinta y las demás que correspondan, revela que, en caso de asignarse a un partido político un número impar de regidores será siempre mayor el número de hombres que accedan al Cabildo, vía regidurías, lo que vulnera los preceptos 35, fracción II, y 41, base I, de la Norma Fundamental, e incluso se incurre en vulneración a la prohibición de discriminación por motivos de género, conculcando el mandato del artículo 1, último párrafo, de la Constitución General.

- Cuarto. Enuncia que el artículo 184, numeral 6, inciso b), párrafos primero y segundo, fracción I, y el inciso f), párrafos primero y segundo, fracción I, en las porciones normativas que señalan, respectivamente, "I. Al menos un bloque deberá ser encabezado por fórmula de mujeres", de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, carece de un enfoque de alternancia de género por período electivo y, por ello, deviene incongruente, porque si la finalidad de que el Instituto determine, en cada caso, tres bloques de competitividad, consiste en evitar que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios o distritos en los que los partidos políticos hayan obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, esto no queda garantizado si sólo sujeta a dichos partidos a que una fórmula de mujeres encabece al menos un bloque de competitividad, pues bajo un principio de autodeterminación y autoorganización, los partidos podrán cumplir esa regla postulando a una fórmula de mujeres como cabeza del tercer bloque, a la vez que el primer y el segundo bloques son encabezados por fórmulas de hombres. - De esta forma, refiere que las porciones normativas "I. Al menos un bloque deberá ser encabezado por fórmula de mujeres", vulneran el principio de paridad de género en su enfoque transversal, al carecer tal regulación de un enfoque de alternancia de género por período electivo, siendo procedente hacer una interpretación conforme de manera que se entienda que, al menos un bloque deba ser encabezado por fórmula de género distinto y de manera alternada en cada proceso electoral, de manera que, incluso, los otros dos bloques alternen también el género de las fórmulas que los encabecen, según corresponda a cada proceso comicial; solución que es posible extraerla del contenido de los artículos 53, párrafo segundo, y 56, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

- Concluye que si no es posible dicha interpretación, debe declararse su invalidez, ya que si bien se advierte que las mujeres pueden encabezar más de un bloque de competitividad, lo cierto es que por la manera en que se redactan las porciones normativas impugnadas, el legislador implícitamente admite que los partidos políticos releguen a solo una fórmula de mujeres como cabeza de bloque de competitividad, sin importar que, eventualmente, sea el tercero de ellos donde existan menos posibilidades de triunfo para el partido postulante, habida cuenta que tal regulación permite que el género masculino encabece dos bloques, que pueden ser los de mayores posibilidades de triunfo, pues no hay restricción en ese sentido.

- Quinto. Sostiene que el artículo 10, numeral 4, primer párrafo, en la porción normativa que indica "hasta un día antes del inicio de las campañas electorales y hasta la entrega, en su caso, de la constancia de mayoría", y numeral 5, en la porción normativa que señala "además de cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior", de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, son inconstitucionales.

- Respecto del artículo 10, numeral 4, primer párrafo, en la porción normativa que indica "hasta un día antes del inicio de las campañas electorales y hasta la entrega, en su caso, de la constancia de mayoría", expone que viola el principio de igualdad y no discriminación, frente al derecho de no separarse del cargo que, en contraste, tiene los diputados cuando aspiren a su reelección, en términos de dicho artículo, numeral 3.

- En esa línea, indica que si la Constitución y la ley electoral estatal establecen la elección consecutiva para el mismo cargo de ediles, ello implica el deber de respetar la continuidad de su ejercicio, teniendo en cuenta que tanto en la elección como en la reelección de los integrantes de los ayuntamientos son votados para ejercer el cargo por períodos completos de tres años cada uno.

- Que si bien ese criterio se respeta en el caso de las diputaciones que se reelijan, no se garantiza en el caso de los integrantes de los ayuntamientos, a quienes solo les da opción de separarse hasta un día antes del inicio de las campañas electorales, configurando tal regla un acto discriminatorio prohibido por el artículo 1 constitucional; sin perjuicio de que se pueda realizar una interpretación conforme en el sentido de que "podrán" separarse de tal cargo, sin que pueda ser obligatorio hacerlo para cumplir un requisito de elegibilidad que, de incumplirse, traería la negativa o cancelación del registro de la candidatura de quien intenta su reelección.

- Así, afirma que la sola circunstancia de que se vean impedidos a separarse del cargo en cualquier segmento de ese período de tiempo, implica interrumpir el mandato popular que a tales ediles les fue conferido mediante el voto popular, atentando contra los derechos del electorado, ya que se puede entender el enunciado normativo controvertido en el sentido de que los presidentes municipales, síndicos o regidores que aspiren a su elección consecutiva sólo pueden separarse del cargo hasta el día anterior al inicio de las campañas, con la posibilidad de negativa de registro en caso de no hacerlo.

- Luego, por lo que hace al artículo 10, numeral 5, en la porción normativa que señala "además de cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior", manifiesta que no tiene razonabilidad, dado que los ministros religiosos no son ediles que aspiren a una reelección y, por lo tanto, no manejan recursos públicos del ayuntamiento, de los que habla el párrafo anterior, que es el segundo del numeral 4.

- Además, sostiene que dicha porción normativa es inconstitucional por falta de competencia del legislador local para regular requisitos de elegibilidad tasados en una ley de desarrollo constitucional, en tanto que los artículos 130, párrafo segundo, inciso d), de la Constitución Federal, y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ya lo prevén, incluso de forma más completa; lo que implica que también deviene inconstitucional por deficiente regulación, ya que ni siquiera remite a lo establecido en los preceptos constitucionales y de su ley reglamentaria que regulan el tema.

- De ahí, considera que la porción controvertida, redunda en lo que ya dispone el artículo 14, primer párrafo, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en cuanto al tiempo de antelación en que el ministro debe separarse de su ministerio religioso, omitiendo referir "la forma" para que tal renuncia o separación surta efectos y, en su caso, para que se compute el plazo de antelación a la fecha de una jornada comicial, a partir de fecha cierta.

- Expresa que de mantenerse el texto impugnado se podría inducir a los operadores jurídicos a considerar su aplicación pro persona en el sentido de que si lo prevé una norma local igual que la federal, el impedimento es superable, con independencia de que el legislador estatal no sea competente.

- Sexto. Considera que los artículos 32 BIS, numeral 3, fracción III, en la porción normativa "CURP" y 187, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, el legislador añade un requisito innecesario y desproporcionado, que eventualmente puede incidir en el derecho humano de la ciudadanía a ser votada; ello, porque no sólo la clave única de registro de población (CURP) aparece en la base de datos de la credencial para votar y es información que consta, asimismo, en el acta de nacimiento, sino porque la nacionalidad mexicana, como requisito de elegibilidad para el acceso a cargos de elección popular, queda probada con los documentos antes dichos, cuyas copias se acompañan a toda solicitud de registro, y que, además, acreditan la identidad de los ciudadanos en relación con lo previsto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución.

- De esta forma, refiere que se impone un requisito no previsto en los artículos 69, 91 y 148 de la Constitución de Durango para ser diputado, gobernador o integrante de algún ayuntamiento, siendo que el numeral 116, párrafo segundo, constitucional, dispone que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos y con sujeción a las normas que el propio precepto constitucional dispone, aunado con lo establecido en el artículo 115 constitucional.

- Que en el artículo 36, fracción I, de la Norma Fundamental, se incluye entre otras cuestiones, la obligación de la ciudadanía de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes, siendo claro que actualmente la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral es un documento aceptado oficialmente como identificación de los ciudadanos mexicanos, en el cual consta la CURP, y de la cual la autoridad electoral local puede tomar el dato, sin obligar a los partidos políticos y a las candidaturas independientes, coaliciones o candidaturas comunes al requisito engorroso de proporcionarlo doblemente, si ya se acompaña además el acta de nacimiento.

- Por tanto, dice que la solicitud de la CURP resulta innecesaria y excesiva, lo cual puede llegar a obstaculizar el proceso de registro y aprobación de las candidaturas, trayendo como consecuencia la negativa de las personas que quieran contender a una candidatura, lo que genera una restricción al derecho humano a ser votado, dado que tal exigencia no es susceptible de asociarse en forma indefectible, directa, indiscutible o inmediata a un requisito de inelegibilidad de conformidad con la tesis P./J. 13/2012 (10a.), de rubro: "DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD."

- Finalmente, concluye que es necesario contar con un efectivo derecho a ser votado con una actitud del legislador y de la autoridad electoral que facilite de manera óptima, sencilla y que no limite, con redundancias, su ejercicio, careciendo así de fundamentación y motivación legislativas, con infracción a lo previsto en los artículos 14

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32418-f8fa919b/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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