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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULOS 191, NUMERAL 5; 267, NUMERAL 2, FRACCIÓN I; Y 283, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). II. REGISTRO DE CANDIDATOS. MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTATUTARIOS (ARTÍCULO 187, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. REGISTRO DE SU FÓRMULA PARA CONTENDER POR LOS CARGOS DE PRESIDENTE O SÍNDICO MUNICIPAL (ARTÍCULO 218, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). IV. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPALES EN UNA SOLA BOLETA ELECTORAL (ARTÍCULO 218, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). V. DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LÍMITE A LA SOBRERREPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 283, NUMERALES 1, 3 Y 4; 284 Y 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). VI. DEBATES ENTRE CANDIDATOS. CONVOCATORIA DE ASPIRANTES (ARTÍCULO 173, NUMERAL 3, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). VII. COALICIONES. INCOMPETENCIA DEL LEGISLADOR LOCAL PARA REGULARLAS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 266, NUMERAL 1, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA POR INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO QUE LA EMITIÓ (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 266, NUMERAL 1, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2014 Y SU ACUMULADA 88/2014. · Registro digital (IUS): 25881
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-02
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo I , Pág. 515.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2014 Y SU ACUMULADA 88/2014. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 9 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de junio de dos mil quince.

VISTOS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Acción Nacional, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Partidos políticos. Mediante sendos escritos dirigidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en las fechas, por las personas y en nombre de las organizaciones que a continuación se indican:

Ver acciones de inconstitucionalidad

SEGUNDO.-Lugar de presentación. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas directamente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

TERCERO.-Actos reclamados. De la lectura integral de los escritos iniciales se advierte que los partidos políticos promoventes reclamaron los siguientes ordenamientos legales (a lo largo de la ejecutoria se pormenorizarán los preceptos impugnados en concreto por cada uno):

Ver ordenamientos legales

CUARTO.-Autoridades emisora y promulgadora de las normas. En los dos asuntos fueron señaladas como autoridades emisora y promulgadora de los ordenamientos legales impugnados, respectivamente, la LXVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Durango y el Gobernador Constitucional del Estado de Durango, en unión con el secretario general de Gobierno del Estado de Durango.

QUINTO.-Violaciones constitucionales. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se consideraron violados fueron los siguientes:

Ver preceptos

SEXTO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan en síntesis lo siguiente:

Partido de la Revolución Democrática:

1. Expresa que el artículo 187, numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es inconstitucional, por ser contrario a los principios de legalidad, certeza y objetividad pues se pretende aprobar el registro de candidaturas, sin que se dé cabal cumplimiento a las condiciones y obligaciones de los ciudadanos y de los partidos políticos, para poder registrar candidatos en el ámbito electoral de Durango.

Al establecer un requisito de registro de candidaturas, como lo establece el artículo 187, numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el que se reduce a los partidos políticos, a manifestar, sin acreditar el cumplimiento de sus normas de afiliación y selección de candidatos conforme a sus estatutos, contraviene los requisitos legales que acompañan el cumplimiento de esta obligación, como son los que se establecen para ciudadanos y partidos políticos, los artículos 7 y 29, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.

Por lo que al establecerse la simple manifestación de cumplimiento de requisitos estatutarios para el registro de candidatos conforme al numeral 3 del artículo 187 de la Ley Electoral para el Estado de Durango, no es garante de cumplimiento de los requisitos estatutarios de afiliación y selección, por lo que, ante la falta de revisión de dichos requisitos por parte de la autoridad electoral, pueden permitirle a un partido político o coalición registrar candidatos de un partido político en otro, lo que sin lugar a dudas, altera posteriormente el computo, la entrega de constancias de mayoría, y de asignación y distribución de espacios de representación proporcional, con lo que se pueden vulnerar los topes de representación partidarios.

En ese sentido, se debe determinar la invalidez constitucional del artículo 187, numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, obligando al legislador duranguense a modificar la redacción de la porción normativa señalada, con el objeto de requerir las documentales públicas necesarias para acreditar la afiliación y debida selección de los candidatos a un puesto de representación popular en el Estado de Durango.

2. Que el artículo impugnado (218, numeral 1, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango), establece una sola boleta electoral para la elección de Ayuntamientos, considerando que se elige presidente y síndico por el principio de mayoría relativa, lo cual constituye un atentado constitucional, relacionado con el derecho de los candidatos independientes a ser votados y electos para ocupar un cargo de representación popular, además de que se transgreden en sí, los principios de sufragio directo y mayoría relativa, en el que los ciudadanos deben de elegir de manera directa a sus representantes, además de garantizar el cumplimiento eficaz de diversas obligaciones constitucionales, que tienen que ver con la división de poderes (funciones), la fiscalización, la protección de la hacienda pública municipal y rendición de cuentas.

Por lo que, en atención a esta circunstancia, desde el punto de vista constitucional, inicialmente, se debe proteger el derecho de los ciudadanos para votar y ser votados para presidente y síndico en boletas electorales diferentes, en defensa del derecho de los candidatos independientes, considerando que son dos puestos de elección popular distintos.

Que resulta un atentado constitucional a los derechos humanos, de carácter político-electoral, que no se le permita a una candidatura independiente (propietario y suplente), poder contender y ser votado en una boleta electoral, por separado, para el puesto de presidente o síndico municipal, ambos de mayoría relativa, toda vez que, la fracción III, numeral 1, del artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establece la existencia de una sola boleta de Ayuntamiento, en la que se vota por presidente y síndico de mayoría relativa, además de regidores de representación proporcional.

Lo que además generaría una disfunción electoral, relacionada con el sufragio de los electores, toda vez que, un candidato independiente registrado ya sea como presidente o síndico obtendría un voto por alguno de estos puestos, sin que los votantes puedan emitir su sufragio para elegir al otro puesto. Aparte de que el permitir que se voten dos puestos de mayoría relativa en una sola boleta, ocasionaría una inequidad dentro de la campaña electoral, al ser dos candidatos contra uno.

Que la fracción III del numeral 1 del artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, debe ser considerada inconstitucional, dado que no se respeta el derecho de los candidatos independientes para ser electos presidente o síndico municipal, atentando contra el derecho de acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas municipales; no se respeta el principio de mayoría relativa en la elección de presidentes y síndicos municipales en el Estado de Durango, ya que se vulnera el derecho a la emisión del sufragio libre, directo e igual, de los electores para elegir presidente y síndico municipal en boletas electorales separadas, que no se respetan las figuras y funciones diferenciadas de presidente y síndico de Ayuntamientos; y que se atenta contra los principios rectores de legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, objetividad y máxima publicidad.

3. Que el artículo 267, numeral 2, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, viola los artículos 1, 39, 40, 41, 122, letra C, fracción III, 115, 116, fracción II y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues dicho artículo establece el proceso de asignación de las regidurías de representación proporcional, sólo en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, mediante el cual, al ganador se le asignan el sesenta por ciento de las regidurías, atentando contra el régimen representativo y de sufragio directo e igual de los electores, procedimiento de asignación diverso del realizado en los restantes 36 Ayuntamientos de la entidad (cuya asignación de regidurías, se realiza conforme al principio de representación proporcional puro).

El proceso de asignación que se lleva a cabo en Durango, Gómez Palacio y Lerdo, donde al ganador de la elección del presidente y síndico por el principio de mayoría relativa (que se eligen en la misma boleta por lo que pertenecen al mismo partido político), se le otorgan, independiente de su porcentaje de votación, el sesenta por ciento de las regidurías, por lo que, un solo partido político accede a una mayoría sobrerrepresentada al interior de dichos Ayuntamientos, al contar con presidente, síndico y el sesenta por ciento de los regidores. Lo que ocasiona severos daños a la función municipal.

Señala que se atenta contra el principio de igualdad del sufragio, al darle valores diferenciados al voto de los electores de los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, no sólo en relación con los demás Municipios de la entidad, ya que el voto de los duranguenses que optan por la opción partidaria (o coaligada) que gana, cuenta más que el voto de los ciudadanos que votaron por otra opción político-partidaria, toda vez que, al otorgársele al partido (o colación) ganador el 60% de las regidurías de representación proporcional, su voto puede llegar a valer el doble de su valor unipersonal, mientras el voto de los duranguenses emitido por otras opciones políticas vale menos de la unidad que debe representar.

Esto es, si un partido político en los Municipios de Durango, Gómez Palacio o Lerdo, gana con el 30% de los votos, al acceder al 60% de las regidurías de representación proporcional de manera automática, hace que el voto de sus electores valga el doble, mientras que el voto a favor de los demás partidos políticos, significa una reducción en el valor de su voto, además de atentar contra los principios de universalidad y libertad del sufragio, considerando la existencia de mayorías y minorías electorales, pues el sufragio de los electores al no contar por igual para todos, no refleja la libertad de decisión de los votantes en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, lo que impide que los ciudadanos de estos Municipios, puedan acceder en igualdad de circunstancias a la función pública municipal.

Que al declararse inconstitucional dicha cláusula de gobernabilidad en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, debe aplicarse el principio de representación proporcional pura que se aplica en la mayoría de los Municipios del Estado de Durango, más cuando no existe razón alguna para diferenciar a los distintos Municipios que conforman a nuestra entidad federativa, toda vez que, a partir de la revisión del artículo 115 de la Constitución Federal, no existe distinción o clasificación alguna de los Municipios de México, que nos obliguen a darles trato diferenciado en nuestras leyes electorales, donde los ciudadanos deben ser considerados en la misma medida que tiene su voto en las elecciones federales y estatales, para que, a nivel municipal su voto cuente igual, esto es, un voto, un ciudadano.

Por lo que, debe ser determinada inconstitucional la fracción I numeral 2 del artículo 267 de la Ley Electoral para el Estado de Durango, pues se vulnera el principio de representación proporcional con la aplicación de una cláusula de gobernabilidad inconstitucional, que transgrede las bases generales que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es independiente y adicional al principio de mayoría relativa, no se establece un tope de sub y sobrerrepresentación, no se asignan regidurías conforme a los resultados de la votación.

Asimismo, indica que se atenta contra los principios de igualdad del sufragio y equidad electoral, pues no se garantiza el acceso de los ciudadanos en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas municipales, se atenta contra los principios rectores del derecho electoral de certeza y objetividad, no se garantiza la celebración de elecciones libres y auténticas, se atenta contra el pluralismo electoral y la conformación de un régimen democrático, representativo y popular, basado en la gobernabilidad multilateral de los órganos de representación populares.

Así, se atenta contra el marco constitucional, que no establece diferencia alguna entre cada uno de los Municipios, no se respeta el marco constitucional y legal de los Ayuntamientos, por lo que, no existe una real división de funciones, transgrediendo la integración de los Ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad en materia de administración y transparencia, con la conformación indebida de sus Ayuntamientos; asimismo se atenta contra el buen desarrollo de la administración pública municipal, al permitirle a una sola opción política, contar con una falsa representatividad para acceder a la mayoría calificada para decidir los principales asuntos municipales.

4. Que los artículos 283, 284 y 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al establecer la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, violentan los artículos 1o., 40, 41, 116, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el legislador de Durango de manera indebida pretende aplicar la nueva disposición constitucional, que establece el tope de sub y sobrerrepresentación legislativo del ocho por ciento, que establece el tercer párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que indebidamente en el artículo 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el que se establecen los elementos de la fórmula para la asignación de las diputaciones de representación proporcional, se atiende a uno solo de los topes o límites, en este caso, de sub-representación (fracción II), dejando de lado el límite de sobrerrepresentación, lo cual, debe ser objeto de subsanación en cumplimiento del contenido del párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aduce, que se debe ampliar el número de elementos a considerar en la fórmula que establecen las tres fracciones del numeral 1 del artículo 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, o incluir en su fracción II, no sólo el ajuste para evitar subrepresentación, sino que, sea el ajuste para evitar la sobrerrepresentación y subrepresentación, que debe formar parte de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional.

Toda vez que, para aplicar las fórmulas y dinámica de distribución de espacios de representación proporcional de los artículos 284 y 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se deben ajustar a los dos topes o límites que establece el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal.

5. El partido accionante reclama, que el artículo 195, numeral 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, no guarda congruencia con lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce, al establecer una excepción a la citada base constitucional que de manera categórica, determina que en ningún caso la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Es así que, la norma cuya invalidez se reclama, al establecer que una propaganda de entes públicos, se despoja de su naturaleza y propiedades de propaganda por mera declaratoria de la norma secundaria, bajo determinadas circunstancias, permitiendo sustraerse de las características, fines y prohibición de promoción personal, establecida expresamente en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, contrario a la norma secundaria, la disposición constitucional de manera categórica y enfática determina cualquier modalidad de comunicación social, y en específico por lo que hace a la promoción personal, determina que en ningún caso, con lo que, no da lugar al supuesto previsto en la norma legal impugnada, que de manera directa confronta la base constitucional, al señalar "para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución".

6. Reclama el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, por falta de conformidad con los artículos 1o., 9o., 6o., 7o., 35, 40, 41, fracciones II y VI, inciso b), 116, fracción IV, inciso a) y b), y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Que el artículo cuya invalidez se reclama, es inconstitucional, derivado de que no da la garantía de equidad entre los candidatos, puesto que de manera específica determina que bastará con que participen dos candidatos, es decir, sin que se determinen garantías de que todos sean invitados y tengan la oportunidad de participar en el debate, es por ello, que la disposición legal cuya invalidez se solicita, atenta además, en contra del principio de pluralidad política que rige el sistema político y electoral mexicano, pues el contenido del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, perjudica la pluralidad del debate y la equidad en la contienda constitucional, pues de manera arbitraria permite y deja al arbitrio de que los medios de comunicación puedan realizar debates con tan sólo dos candidatos, excluyendo a contendientes al mismo cargo de elección popular, por lo que, se deben establecer reglas precisas y claras en las que se especifique que todos los candidatos a un mismo cargo de elección popular pueden participar en el debate que organice cualquier medio de comunicación, siendo éstas precisamente, y que se dé intervención a todos los candidatos.

Que de la redacción integral del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se desprende, que bastará con que estén de acuerdo únicamente dos candidatos, situación que no es proporcional y más aún es contrario a la equidad que debe prevalecer en cualquier contienda electoral, pues, en nuestro sistema político existe la posibilidad de que existan más de dos candidaturas, siendo que cada partido político tiene la posibilidad de postular candidaturas por sí mismos, además de las candidaturas independientes, por lo que, de prevalecer la regulación que, por esta vía y forma se demanda su invalidez, se generan severos perjuicios en contra de partidos políticos y/o candidatos que no tengan simpatía con medios de comunicación que organicen debates.

Asimismo, lo preceptuado en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, contrario a toda norma jurídica, genera un privilegio de oportunidad, para que cualquier medio de comunicación, beneficie a determinado candidato, organizando debates con solo uno de sus oponentes, que pudiera ser el más débil de la contienda para debilitarlo aún más, y también, para enaltecer y poner en una posición de privilegio al candidato con el que tenga más simpatía dicho medio de comunicación.

Que no debe pasar desapercibido, que si bien es cierto, que en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que se demanda su invalidez, se instaura que "se establezcan condiciones de equidad en el formato", también lo es que, dicha disposición refiere únicamente a condiciones de equidad en relación exclusivamente al formato en que se llevará a cabo el debate que organicen medios de comunicación, pero nunca y en ningún momento, establece que a dicho debate deben ser invitados todos los candidatos contendientes en el proceso electoral y más aún, no se establece que respecto de dicho formato del debate, en el que se incluye la fijación de día y hora de celebración, puedan opinar todos los candidatos a determinado cargo de elección popular, para poder fijar su postura sobre los horarios en que puedan asistir a la celebración del debate, así como los demás parámetros y formatos que se observarán en el desarrollo del mismo.

Partido Acción Nacional:

1. El artículo 266, numeral 1, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es violatorio a los principios universales del sufragio, toda vez que las leyes generales, tal y como se advierte de los artículos 87, numerales 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos; 12, numeral 2 y 311, inciso c), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, existe una constante en la normatividad de prohibir la "partición" o "transferencia".

En ese orden de ideas, sostiene que el artículo 266, numeral 1, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es contrario a la mayoría de la normatividad federal, que regula el supuesto del cómputo de votos, y en ese mismo sentido, es contrario al espíritu de la reforma político-electoral federal, toda vez que, tal y como se puede apreciar de la redacción de los precitados artículos, éstos contemplan exactamente lo contrario a lo establecido por la mayoría de las demás normas federales.

Que el sistema de "transferencia" o "distribución" de votos entre partidos coaligados es inconstitucional, que en estos casos (las coaliciones, sobre todo en "coaliciones parciales"), los ciudadanos no manifiestan su preferencia por un partido político en particular, cuya votación deba ser transparentada, sino por un proyecto político común, y que los mecanismos de transferencia de un determinado porcentaje de votos vulnera la voluntad expresa del elector, ya que permitir que la votación de los electores, se pueda distribuir o traspasar a otro instituto político sin que ésta haya sido la voluntad del elector, atentando contra las características que deben regir el sufragio, el cual debe ser libre, secreto, directo e intransferible y, por tanto, del interés público, en ese sentido, se pueden establecer en qué consisten cada una de esas características del voto.

De esta última característica, es de donde deriva el criterio que prescribe que el voto no puede ser objeto de transferencia, ya que debe estimarse que el efecto del sufragio debe ser tal que solamente cuente para la opción que el elector de manera expresa consignó en la boleta respectiva, no así para una diversa, de ahí la ratio legis de las prohibiciones que consignan los artículos 87, numerales 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos y 12, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De las leyes precitadas, se advierte que la coalición electoral es una forma de participación política con fines electorales que se constituye por dos o más partidos políticos, para postular conjuntamente los mismos candidatos y así, representar una forma de ofrecer alternativas políticas al electorado, entendiendo por lo anterior, que una colación no debe tener como propósito el beneficio de los partidos políticos coaligados, sino el de ofrecer mayores ventajas y opciones a los ciudadanos que ejercen su derecho al sufragio, y para su conformación la ley establece que será a través de un convenio de coalición que puede celebrarse por dos o más partidos políticos.

Con base a lo antes expuesto, se puede advertir la inconstitucionalidad del citado precepto contenido en el artículo 266, en su porción denunciada, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, ya que aun y cuando existe la figura del convenio de coalición, la distribución y partición de votos son violatorios de los principios rectores del voto, puesto que comparten las mismas notas violatorias del convenio de transferencia de votos, en razón de que en ambas figuras se realiza la misma distribución indebida de votos que sancionan los tribunales, con la única diferencia, que en un caso, se realiza en virtud de un convenio y, en el otro, por ministerio de ley, y en ese mismo sentido se puede establecer la inconstitucionalidad de la norma electoral del Estado de Durango.

2. Solicita la inaplicación del artículo 266, numeral 1, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, por representar un fraude a la ley que distorsiona el sistema de partidos políticos, que como se aprecia de la tesis número XX/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el espíritu de las normas electorales, recogido por la autoridad electoral, es la de respetar la voluntad de la ciudadanía y, consecuentemente, evitar una pulverización de la misma a través de la división nociva del Poder Legislativo, pulverización que produce el peligro de generar minorías que pudieran obstaculizar el ejercicio legislativo de la mayoría, desconociendo con ello el espíritu del que quiso dotar a la norma el legislador, mismo que consideró que la voluntad de la mayoría, así sea relativa, no debe estar sujeta a la eventualidad de alianzas partidistas minoritarias, con las que se pueda distorsionar la voluntad de las mayorías expresada a través del voto, y en congruencia con el espíritu de las normas electorales, omite otorgar la cláusula de gobernabilidad a un partido político para salvaguardar los principios antes citados.

En relación con lo antes expuesto, se está ante el mismo efecto, en el supuesto normativo establecido por el artículo 266, en su porción denunciada, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, toda vez que, a través de este artículo se pretende realizar un fraude a la ley que desemboque en una falsa representatividad, ello en razón de que, si bien es cierto, que para que se actualice la norma precitada, el elector debe marcar la boleta electoral por dos o más logotipos de los partidos coaligados, la praxis nos anticipa que a través del llamado "voto duro" se buscará darle la vuelta a la ley y actualizar de nueva cuenta la "transferencia de votos", misma que en razón de haber sido tan nociva en nuestro sistema político mexicano, ésta ya ha sido prohibida en la nueva reforma político electoral del presente año.

En relación con ello, es importante reconocer que a través de esta permisividad establecida en el artículo 266, en su porción denunciada, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, sólo deriva en una ficción al fraccionar el sufragio ante partidos políticos coaligados, mismos que tal y como bien señala la tesis precitada, no cuentan entre sus objetivos, el de conformar una unidad de gobierno después de los resultados de la elección, pues incluso, cabe la posibilidad de que se integre con partidos que obedezcan a principios y postulados ideológicos diferentes, sin existir una garantía de que conformaran un gobierno homogéneo, es por ello, que es contradictorio considerarlos una unidad para la postulación de candidatos, pero entes diferentes para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, mismo que sólo produciría una conformación artificial del Congreso de la entidad, repartiendo, o pulverizando, las curules entre partidos coaligados que, a través de esta nueva modalidad de transferencia de votos, quedarían sobrerrepresentados, pero especialmente y a la par, los partidos que no contiendan en coalición se verán forzosamente subrepresentados, incluso, en la mayoría de los casos, por debajo del límite del 8% de subrepresentación que establece el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la conformación de los Congresos Locales, según el porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos.

Es por lo antes expuesto, que se advierte que el artículo 266, en su porción denunciada, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios democráticos, toda vez que, busca hacer un fraude a la ley, al espíritu de la reforma político-electoral federal, en virtud de que la mencionada reforma, precisamente en búsqueda de una auténtica conformación de los Congresos, tanto Estatales como Federales, procurando que sea acorde y el reflejo de la voluntad del electorado, elevó el porcentaje de votación necesario al 3%, no sólo para que los partidos políticos mantengan el registro, sino también a ese mismo 3% de votación que fijó el Constituyente sea el mínimo establecido para la adquisición de la primera asignación de una curul, por el principio de representación proporcional.

3. Solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 266, numeral 1, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25881-7880757e/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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