I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. III. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ LA SEPARACIÓN DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUANDO MENOS QUINCE DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA PRECAMPAÑA, PARA CONTENDER POR LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS CONGRESOS LOCALES [ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO E), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. IV. DERECHO AL VOTO PASIVO. LOS REQUISITOS DE PRESENTAR LA CARTA DE ANTECEDENTES PENALES Y CERTIFICADO MÉDICO DE LA PRUEBA DE ANTIDOPING, PARA CONTENDER POR LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, CONSTITUYEN RESTRICCIONES INJUSTIFICADAS A ESTE DERECHO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO F), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CARTA DE ANTECEDENTES PENALES Y CERTIFICADO MÉDICO DE LA PRUEBA DE ANTIDOPING", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. V. DERECHO AL VOTO PASIVO. EL REQUISITO DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE NO CONFLICTO DE INTERESES, PARA CONTENDER POR LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL O INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA A ESTE DERECHO [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO 1, INCISO F), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE NO CONFLICTO DE INTERESES", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. VI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. LOS ELECTOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA SU REELECCIÓN, DEBEN POSTULARSE MEDIANTE ESE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN [ARTÍCULO 12, PÁRRAFO 3, INCISO B), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. VII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL PARA EMITIR LOS CRITERIOS DE EQUIVALENCIA PARA LA REELECCIÓN DE DIPUTADOS CUANDO CAMBIE LA DELIMITACIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES O EL NÚMERO DE ÉSTOS [ARTÍCULO 12, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LOS ELECTOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA SU REELECCIÓN, DEBEN POSTULARSE MEDIANTE ESE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN [ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 4, INCISOS B) Y C), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. IX. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. QUIENES HAYAN OCUPADO LOS CARGOS DE SÍNDICO O REGIDOR PODRÁN SER POSTULADOS EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE COMO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN QUE ELLO SUPONGA REELECCIÓN [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 4, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "QUIENES HAYAN OCUPADO LOS CARGOS DE SÍNDICO O REGIDOR PODRÁN SER POSTULADOS EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE COMO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN QUE ELLO SUPONGA REELECCIÓN", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. X. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA DISPOSICIÓN CONSISTENTE EN QUE, QUIENES HAYAN OCUPADO EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, NO PODRÁN POSTULARSE COMO CANDIDATO A SÍNDICO O REGIDOR EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE, SE ALEJA DE LA DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 4, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PERO QUIENES HAYAN OCUPADO EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL NO PODRÁN POSTULARSE COMO CANDIDATO A SÍNDICO O REGIDOR EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. XI. PARIDAD DE GÉNERO. MODALIDADES VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 17, PÁRRAFOS 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS PARA INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE OBSERVARÁN LA PARIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL AL POSTULAR TODOS LOS CARGOS QUE LO CONFORMAN, DEBIENDO PRESENTAR, EN AL MENOS LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS O EN SU CASO EN LA MITAD DE LAS CANDIDATURAS QUE REGISTRE, PLANILLAS ENCABEZADAS POR UN GÉNERO DISTINTO, PARA ELLO LOS PARTIDOS PODRÁN DIVIDIR LAS POSTULACIONES EN LOS MUNICIPIOS EN CUATRO BLOQUES", Y 4, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XII. PARIDAD DE GÉNERO. REGISTRO DE, AL MENOS, CUARENTA POR CIENTO DE UN GÉNERO DISTINTO PARA LAS POSTULACIONES EN LOS MUNICIPIOS EN CADA SEGMENTO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "REGISTRANDO AL MENOS EL CUARENTA POR CIENTO DE LAS POSTULACIONES DE UN GÉNERO DISTINTO EN CADA SEGMENTO", DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA. 27 DE OCTUBRE DE 2016. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escritos recibidos el treinta y treinta y uno de agosto de dos mil quince (sic) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Orlando Israel Puente Carranza, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Joven en el Estado de Coahuila; María Alejandra Barrales Magdaleno, en su calidad de presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de diversas disposiciones del decreto que más adelante se señala, emitido y promulgado por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridad emisora y promulgadora de las disposiciones impugnadas
A. Congreso del Estado de Coahuila
B. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
Disposiciones generales impugnadas
a) Diversas disposiciones del Decreto 518, emitido por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se expide el Código Electoral para el Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el uno de agosto de dos mil dieciséis, las cuales se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO.-Los partidos políticos señalaron como antecedentes del decreto impugnado los siguientes:
1. El diez de febrero dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.
2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor el veinticuatro siguiente.
3. El uno de agosto de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el Decreto 518, por el cual se expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
TERCERO.-Los Partidos Joven de Coahuila, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Morena formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
A. Acción de inconstitucionalidad 76/2016 (Partido Joven de Coahuila)
En sus conceptos de invalidez impugna el artículo 10, fracción 1, inciso f), del Código Electoral para el Estado de Coahuila, porque los requisitos de presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping expedidos por las autoridades respectivas para ser candidato a un puesto de elección popular, transgreden el derecho a votar y ser votado.
Lo anterior, porque dichos requisitos se previeron en una disposición normativa diferente a la electoral y, por tanto, el órgano electoral carece de facultades para solicitar dichos documentos, aunado a que constitucionalmente se estableció el derecho de los ciudadanos mexicanos a votar y ser votados sin más limitación que las estipuladas en la propia Constitución, por lo que se debe declarar inválido el artículo combatido.
Por otro lado, el partido político local impugna el artículo 18 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, pues considera que esa disposición se aparta de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución del Estado, en el cual se consideró que para la asignación de diputados de representación proporcional es necesario que los partidos políticos obtengan, por lo menos, el dos por ciento de la votación total válida emitida.
A su parecer, los diputados pasaron por alto que establecieron constitucionalmente el porcentaje para la asignación de diputados de representación proporcional del dos por ciento sobre la votación total válida.
En otro orden de ideas, se señala que, por omisión legislativa, el artículo 25 del Código Electoral Local carece de la regulación correspondiente para que las agrupaciones políticas estatales puedan celebrar convenios de participación político electoral con los partidos políticos registrados, mientras que en el artículo 39 de dicho código se reguló que los partidos políticos tendrán los mismos derechos previstos en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, entre los que se encuentran celebrar convenios con agrupaciones políticas.
Asimismo, aduce que la Legislatura Local transgrede lo establecido en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, porque previó requisitos adicionales para la constitución de partidos políticos locales, ya que en el artículo 31 del Código Electoral Local se dispuso que para constituir un partido político es necesario un porcentaje de uno punto cinco por ciento del padrón electoral del distrito o Municipio, según sea el caso, y en la Ley General de Partidos Políticos se estableció que es de cero punto veintiséis por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud.
Solicita la expulsión de todo el sistema normativo electoral, ya que existen motivos legales suficientes en los que se justifica una declaratoria de inconstitucionalidad, puesto que las porciones impugnadas, es decir, los artículos 10, inciso f), 18, párrafo 1, inciso a), 25 y 31, inciso a), del Código Electoral Estatal se encuentran en unión jurídica y lógica indisoluble con la totalidad del Código Electoral, pues la expulsión de una sola de las porciones normativas impugnadas termina por desconfigurar de manera terminante a la ley electoral, por lo cual, sería necesario el rediseño de dicha legislación.
Finalmente y dada la premura del proceso electoral, solicita que en los efectos de la sentencia se incluya la posibilidad de establecer el principio de reviviscencia de la norma vigente anterior.
B. Acción de inconstitucionalidad 79/2016 (Partido de la Revolución Democrática)
En su primer concepto de invalidez impugna el artículo 10, párrafo 1, inciso f), del Código Electoral para el Estado de Coahuila, por ser contrario a los artículos 1o., 35, fracción II, 41, fracción VI y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se dispuso como bases de las elecciones populares el acceso y ejercicio efectivo del derecho fundamental a ser votado, así como el principio de certeza electoral.
A su juicio, la disposición impugnada no es conforme con los artículos referidos, porque establece pruebas de confianza como requisito de elegibilidad que son propias de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuando el que aspira a un cargo público no tiene tal característica.
Ello implica que la disposición impugnada instruye como requisito de elegibilidad las pruebas de confianza referidas, lo que obliga a los candidatos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping expedidos por las autoridades competentes, sin que en ella se previera el uso, valoración, consecuencias o competencia de la autoridad electoral para conocer de elementos como la declaración fiscal, cuya competencia única corresponde a las autoridades hacendarias.
Asimismo, se estableció que los documentos deben ser expedidos por autoridad competente, cuando en ningún cuerpo normativo se establece el certificado médico de prueba antidoping fuera del ámbito deportivo.
Por ende, el partido demandante sostiene que la disposición impugnada no es congruente con el principio constitucional de certeza en materia electoral y carece de elementos razonables para garantizar el ejercicio transparente, cierto, objetivo, imparcial y efectivo del derecho de acceso a los cargos de elección popular, lo cual, pone en peligro el derecho a votar y el ejercicio del derecho a ser votado.
Añade que realizar pruebas antidoping a los candidatos sería discriminatorio, pues no se señala bajo qué parámetros se realizarán, ni qué consecuencias traerán los resultados que se obtengan, aunado a que la carta de antecedentes penales es el único elemento que se relaciona con el requisito de encontrarse en ejercicio de derechos políticos, sin que implique en sí mismo un requisito de elegibilidad.
En ese orden de ideas, sostiene que los controles de confianza están condicionados al respeto de los derechos humanos de todas las personas, a la razonabilidad constitucional y de conformidad con los tratados internacionales.
Finalmente, refiere como precedente la acción de inconstitucionalidad 36/2011, en la cual este Pleno sostuvo que las pruebas de control de confianza para candidatos a puestos de elección popular son inconstitucionales y atentan contra los derechos humanos, incluso, cuando son optativas.
En su segundo concepto de invalidez el Partido de la Revolución Democrática impugna los artículos 12, párrafos 3, inciso b), y 4, y 14, párrafo 4, incisos b), c) y d), del Código Electoral para el Estado de Coahuila, en tanto que en ellos se establecieron condiciones adicionales para la reelección no previstas en la Constitución Política, lo que limita el acceso efectivo y el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado para los cargos de elección popular.
Lo anterior, porque respecto a la reelección en el cargo de diputados locales, para el caso de diputados electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse con la misma calidad con la que fueron electos, lo que se traduce en una condición de carácter limitativa, pues no se encuentra prevista en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, ni en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal.
Asimismo, señala que la limitación y restricción al derecho de ser votado en la modalidad de reelección se encuentra en que la autoridad administrativa electoral del Estado de Coahuila emitirá los criterios de equivalencia de los distritos electorales uninominales cuando sean modificados por causa de distritación, lo que es contrario a la base constitucional, en la cual se previó que los diputados que pretendan la reelección podrán ser registrados por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional.
Precisa que lo dispuesto en cuanto a que los cargos de síndico o regidor podrán ser postulados en el periodo inmediato siguiente como candidato a presidente municipal, sin que ello suponga reelección, no se trata de reelección en términos de lo ordenado constitucionalmente, ya que cada cargo tiene diferentes funciones y facultades propias, mientras que la reelección sólo opera respecto del mismo cargo.
Por ello, sostiene que las porciones normativas impugnadas son incongruentes con el derecho a ser votado para cargos de elección popular en su modalidad de reelección, conforme a las condiciones y límites previstos en los artículos de la Constitución Política que considera transgredidos.
En su tercer concepto de invalidez alega que el artículo 17, párrafo 3, del Código Electoral Local, transgrede los artículos 1o., 35, fracción II, 41, fracción VI y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se dispone como bases constitucionales para las elecciones populares el acceso y ejercicio efectivo del derecho fundamental a ser votado, en específico, las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
A su juicio, la disposición impugnada no es conforme con los preceptos constitucionales y convencionales señalados, dado que se permite a los partidos políticos registrar el 40 por ciento de las postulaciones de un género distinto, es decir, menor al 50 por ciento, lo que no guarda conformidad con las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas locales.
En el cuarto concepto de invalidez alega que los artículos 18, párrafo 1, incisos a) y b), 19, párrafos 3, inciso b y 4, inciso a), del Código Electoral Local, transgreden lo previsto en los artículos 1o., 35, fracción II, 41, fracción VI y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues esas disposiciones tergiversan y desvirtúan el principio de representación proporcional, de manera especial, al principio de pluralidad, así como el derecho a ser votado, sufragio efectivo y elecciones auténticas.
Manifiesta que el principio de libre configuración con que cuentan las Legislaturas Locales no puede desnaturalizarse o contravenir las bases generales establecidas en la Constitución que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto, aspecto que en cada caso concreto puede ser sometido a un juicio de razonabilidad.
Señala que en el artículo 18 del Código Electoral Local se definió el concepto de votación válida emitida, como la que resulte de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados; sin embargo, se omitió deducir la votación de las candidaturas independientes y de los partidos políticos que no obtengan el porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados, con lo cual se alteraron las bases de las fórmulas de asignación por el principio de representación proporcional, por lo que tal definición es contraria a las bases generales del principio de representación proporcional.
Por otra parte, sostiene que, como consecuencia de la disposición combatida, el número de partidos políticos que obtenga al menos el tres por ciento de la votación válida emitida puede ser superior al de curules por repartir, como de hecho potencialmente lo es, porque existen en el Estado de Coahuila quince partidos políticos con registro, lo cual, no garantiza la asignación conforme a las bases del principio de representación proporcional, como sí sucede con la fórmula de cociente mayor y resto mayor.
En otras palabras, señala que el porcentaje específico no es acorde con el principio de certeza, ni con el de proporcionalidad conforme a la votación válida emitida, lo que necesariamente obliga a una rectificación mayor, en razón de la asignación conforme al principio de subrepresentación no mayor al ocho por ciento previsto en las bases constitucionales.
En ese sentido, considera que la definición del concepto votación válida emitida para la asignación de diputados o regidores electos por el principio de representación proporcional y la fórmula porcentaje específico no garantizan de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos colegiados, lo cual, tergiversa las bases generales y el principio de pluralidad.
Considera que dicha situación también ocurre con el artículo 19 del Código Electoral Local, en relación con la asignación de regidores electos por el principio de representación proporcional, con el concepto impreciso de votación válida emitida y la fórmula o procedimiento denominado porcentaje específico.
En su quinto concepto de invalidez impugna los artículos 55, párrafo 1, 189, párrafo 1 y 190 párrafo 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, dado que, desde su perspectiva, no son conformes con los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal y diversos tratados internacionales en materia de libertad de difusión por cualquier medio de ideas, opiniones e información.
Lo anterior, porque en los artículos impugnados se condicionan y sujetan a contenidos determinados el uso y ejercicio de acceso a los tiempos de la radio y la televisión, tales como la difusión de sus principios ideológicos, programas de acción, plataformas electorales, actividades permanentes y candidaturas a puestos de elección popular.
Señala que en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal se estableció que la manifestación de las ideas no será objeto de alguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; además, se dispuso que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
Con base en lo anterior, considera que no se puede restringir tal derecho por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones, por lo que ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos constitucionalmente.
Por otra parte, señala que el artículo 41, párrafo primero, fracciones I y III, apartado B, constitucional establece que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y que el Instituto Nacional Electoral será la única autoridad para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, por lo que, para fines electorales en las entidades federativas, la única limitante en el uso, goce y disfrute de dicha prerrogativa es abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Así, argumenta que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales, por restringir el derecho de difusión libre por cualquier medio de ideas, opiniones e información, pues permiten la inquisición de contenidos bajo parámetros restrictivos y pone en riesgo el ejercicio de derechos.
Señala que también son contrarias a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual regula el ejercicio del acceso a la radio y televisión a través de los tiempos del Estado, al señalar que los partidos en el ámbito nacional y local tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social en tiempos ordinarios y en procesos electorales federales, locales y municipales, así como reconocer que el contenido de las pautas que entreguen dichos partidos para su difusión son responsabilidades de ellos, por lo que es obligación de la autoridad electoral de pautarlos y difundirlos en los tiempos que le corresponden a cada partido político, sin posibilidad de restringirlos sin causa fundada y motivada o negarse a difundirlos.
Por ello, considera que la autoridad está constreñida a respetar el contenido de las promocionales que se le solicite se difunda; ello en apego a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, que expresamente señala que los contenidos de los mensajes que difunden los partidos políticos se harán con pleno ejercicio de su libertad de expresión, quienes determinarán el contenido de los promocionales que les correspondan, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del instituto, ni de autoridad alguna.
Finalmente, alega que el artículo 190, párrafo 1, del código local, en el que se dispuso que en la colocación de propaganda electoral los partidos políticos y candidatos observarán el reglamento que para tal efecto emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y las disposiciones federales, estatales y municipales aplicables, es contrario al principio de certeza y libertad de difusión por cualquier medio, pues además de las reglas específicas previstas para la colocación de propaganda en el mismo Código Electoral, se abre la puerta para que se establezcan reglas adicionales en un reglamento, lo que genera incertidumbre para el ejercicio del derecho de realizar propaganda y difundir por ese medio libremente ideas, opiniones e información que resultan básicas para la realización de las campañas electorales y el debate libre e informado.
En el sexto concepto de invalidez combate el artículo 58, párrafo 1, inciso a), fracción II, apartados i y ii, y párrafo 2, del Código Electoral Local, dado que no es conforme con lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal y el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos, debido a que se estableció una condicionante adicional relativa a que para tener acceso al financiamiento público en condiciones de equidad se debe tener representación en el Congreso del Estado.
Considera que exigir a un partido político que para acceder al financiamiento en forma equitativa demuestre, además del porcentaje de votación que le permitió conservar su registro, tener representación en el Congreso, es una medida que no persigue un fin legítimo, en tanto no busca garantizar que sólo aquellos partidos que cuenten con una fuerza política significativa gocen de financiamiento, sino que desarrolla una fórmula no prevista constitucionalmente.
Señala que en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos se estableció que para la distribución del financiamiento público los partidos políticos tendrán un trato igualitario entre aquellos que participaron en el proceso electoral anterior inmediato y los de nueva creación; además, se estipuló que los institutos políticos que hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que, habiendo conservado su registro legal, no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o del Congreso Local tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público.
Por lo que, a su juicio, la libertad configurativa de legislador debe constreñirse al mandato constitucional y no debe establecer condicionantes que contravienen la equidad en el otorgamiento del financiamiento, pues la representación alcanzada por un partido mediante una diputación en el Congreso Local o en el Congreso Federal no constituye un componente a considerar en la asignación de las economías.
En su séptimo concepto de invalidez, impugna el artículo 61, párrafo 2, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, dado que lo considera contrario a los artículos 41, base II y 116, base IV, inciso h), de la Constitución Federal, ya que establece como prohibición las aportaciones anónimas y de forma contradictoria dispone que cuando un partido político las reciba queda obligado a entregarlas a la beneficencia pública, cuando la violación a la prohibición significa una infracción electoral que debe sancionarse conforme al catálogo de faltas y sanciones de la ley, la cual, no puede ser menor al beneficio obtenido.
En el octavo concepto de invalidez impugna los artículos 62 y 69 del Código Electoral Local, por contravenir el artículo 41, fracción V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, en el cual se dispuso que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Señala que las disposiciones impugnadas inobservan las reglas de distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales, al establecer reglas contrarias y distintas a dicha división constitucional de competencias.
A su juicio, el artículo 62 del código local invade las competencias del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral, al regular las reglas de financiamiento de los partidos políticos y otorgar competencia al órgano público local electoral respecto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, al margen de la posible delegación de la facultad de fiscalización a cargo del Instituto Nacional Electoral.
Además, señala que en la legislación local se estableció que las cuentas, fondos y fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancarios o fiduciario para el Consejo General del instituto, por lo que éste podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones.
Asimismo, sostiene que también se pasa por alto la división de competencias dispuesta en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el que se regula el prorrateo de gasto genérico, a grado tal de arrogarse la determinación de las reglas aplicables del prorrateo por las elecciones locales sin participación de candidatos a cargos de elección federal, es decir, asumiendo de manera unilateral y al margen de las reglas de competencias establecidas en la Constitución.
En el noveno concepto de invalidez impugna la inconstitucionalidad de los artículos 70, párrafo 3, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del Código Electoral, por invadir las competencias del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral, al regular el sistema de partición electoral de los partidos políticos mediante la figura de coaliciones, reservado para la Ley General de Partidos Políticos, por decreto de diez de febrero de dos mil catorce.
Alude a que en la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas se validó la constitucionalidad del artículo 85, apartado 4, de la Ley General de Partidos Políticos, al declarar, por unanimidad, la invalidez del artículo 117, apartado 1, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, ya que las entidades federativas no pueden regular cuestiones relativas a las coaliciones entre partidos políticos nacionales o locales, dado que dicha regulación se reservó de forma exclusiva al orden federal, sin que sea posible que las entidades federativas puedan regular aspectos de esta materia.
Además, señala que en las disposiciones que impugna se establecen condiciones contrarias a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, pues en el artículo 70, párrafo 3, del Código Electoral Local se dispuso que los partidos políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de la elección correspondiente no podrán coaligarse ni fusionarse entre sí o con otros partidos políticos.
En su décimo concepto de invalidez impugna la inconstitucionalidad del artículo 88 del Código Electoral Local, dado que, a su juicio, es discriminatorio por relegar a los ciudadanos independientes por cuestión de género y de participación política a ser registrados o registradas como suplente de la fórmula de candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular; por ende, dicha disposición no es igualitaria ni proporcional, lo que impide sus derechos a ser votados como candidatos independientes.
Añade que el diseño legislativo, respecto de las candidaturas independientes, obliga a integrar fórmulas con personas del mismo género, lo que transgrede los principios de paridad y equidad de género, pues los candidatos independientes no pueden ser equiparados con un partido político, además, indica que admitir las candidaturas integradas por personas de distintos géneros es acorde con la paridad de género, previsto en el 41 constitucional.
En su décimo primer concepto de invalidez impugna la inconstitucionalidad de los artículos 164 y 165 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, en los que se establece el valor al catálogo de electores, el padrón electoral, las listas nominales de electores y las credenciales para votar que para el Estado haya integrado y expedido el Instituto Nacional por medio del Registro Federal de Electores, sin que el Congreso Local tenga competencia para ello.
Desde su perspectiva, la validez de los elementos del Registro Federal de Electores no está sujeta a las disposiciones de las entidades federativas, pues su regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Unión y su implementación para los procesos locales y federales corresponde al Instituto Nacional Electoral, sin que se trate de una materia susceptible de ser delegada o sujeta al acuerdo de voluntades entre los órganos electorales federal y los locales, como lo establecen las disposiciones impugnadas.
En su décimo segundo concepto de invalidez impugna el artículo 73, párrafo 3, del Código Electoral Local, dado que lo considera violatorio de los artículos 1o., 14, 16, 41, fracción V, 22 y 35, fracción II, de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que establece una sanción inusitada de pérdida del derecho a ser postulado para cargos de elección popular, ante una falta formal de presentar fuera de plazo el informe de ingresos y gastos de precampaña, sin dar oportunidad de valorar las circunstancias particulares que pueden rodear dicha falta.
Sostiene que el artículo 73 es contrario del principio de legalidad electoral, al no establecer la posibilidad de graduación de la sanción y valoración de las circunstancias particulares de la falta formal, por lo que aquélla es desproporcionada y carente de razonabilidad, ya que no da lugar a las reglas de individualización de la sanción, conforme al principio de legalidad previsto en el propio Código Electoral Local.
En el décimo tercer concepto de invalidez impugna la inconstitucionalidad de los artículos 195, párrafos 2 y 3, 196, 344, 359, párrafo 1, inciso d), 371, párrafo 1, inciso c), 377, párrafo 1, incisos d) e i), 383, párrafo 1, inciso d), 385, párrafos 1 y 2, 388, 389 y 390 del Código Electoral para el Estado de Coahuila.
Sostiene que en esos artículos se invadieron las competencias del Congreso de la Unión y del I
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27064-993ef381/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-la-ausencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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