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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LOS CONGRESOS LOCALES GOZAN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DISEÑAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE AQUÉLLOS, CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO EN LAS LEYES GENERALES, DE MANERA QUE NO INTRODUZCAN MECANISMOS QUE DISTORSIONEN LA COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN NI QUE RESULTEN CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (ARTÍCULO 134, FRACCIÓN LVII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). V. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS. VI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ QUE SU CONSEJO GENERAL DEBERÁ APROBAR, DENTRO DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO SIGUIENTE AL DE LA ELECCIÓN, LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PARIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, QUE ESTARÁN VIGENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL SIGUIENTE, NO VULNERA SU AUTONOMÍA (ARTÍCULO 134, FRACCIÓN LVII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). VII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ QUE SU CONSEJO GENERAL DEBERÁ APROBAR, DENTRO DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO SIGUIENTE AL DE LA ELECCIÓN, LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PARIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, QUE ESTARÁN VIGENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL SIGUIENTE, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS (ARTÍCULO 134, FRACCIÓN LVII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE ESTABLEZCAN EXPLÍCITAMENTE LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS POR PERIODO ELECTIVO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO SIGNIFICA QUE ESA OBLIGACIÓN NO ESTÉ INMERSA EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XIX, 5, NUMERAL 1, 211 Y 236, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). IX. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO DE REGULAR LA ALTERNANCIA POR PERIODO ELECTIVO EN EL ENCABEZAMIENTO DE LAS LISTAS DE LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XIX, 5, NUMERAL 1, 211 Y 236, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). X. ACCIONES AFIRMATIVAS. SE TRATA DE POLÍTICAS CONCRETAS QUE SIRVEN AL OBJETIVO MÁS AMPLIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SON NECESARIAS PARA VENCER LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO, ASÍ COMO LAS DIFICULTADES, OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES QUE SE OBSERVAN EN EL CAMINO HACIA UNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES VERDADERA. XI. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ ACCIONES AFIRMATIVAS, CONSISTENTES EN EL ENCABEZAMIENTO ALTERNADO DE LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LAS DIPUTACIONES Y LA OBLIGACIÓN DE COMENZAR DICHOS LISTADOS CON CANDIDATAS MUJERES, EN CASO DE QUE EL CONGRESO LOCAL ESTÉ MAYORITARIAMENTE CONFORMADO POR HOMBRES, NO PERMITE UNA INTERPRETACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO (ARTÍCULO 237, NUMERAL 4, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). XII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA FALTA DE DISPOSICIÓN EXPLÍCITA PARA RECHAZAR EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE CUMPLA CON LA PARIDAD TRANSVERSAL O LA ALTERNANCIA DE LOS GÉNEROS POR PERIODO ELECTIVO, NO IMPLICA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NI EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEBAN OBSERVARLAS (ARTÍCULO 237, NUMERAL 5, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). XIII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ, POR UN LADO, EXIGIR A LOS PARTID

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 161/2023 Y SUS ACUMULADAS 166/2023, 167/2023, 169/2023 Y 171/2023. · Registro digital (IUS): 32342
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-12
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES HAGAMOS Y FUTURO; MORENA; COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.245.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 161/2023 Y SUS ACUMULADAS 166/2023, 167/2023, 169/2023 Y 171/2023. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES HAGAMOS Y FUTURO; MORENA; COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 161/2023, promovida por el partido político local Hagamos, y sus acumuladas 166/2023, 167/2023, 169/2023 y 171/2023 promovidas, respectivamente, por el partido político local Futuro; Morena, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Decreto 29217/LXIII/2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el seis de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Electoral de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de los escritos iniciales de demanda. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de julio, y los días cuatro y cinco del mes de agosto, todos de dos mil veintitrés.

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

3. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

a. Acción de inconstitucionalidad 161/2023 (Hagamos) y acción de inconstitucionalidad 171/2023 (Partido de la Revolución Democrática).(1)

• Primer concepto de invalidez. Es inconstitucional la adición de la fracción LVII del artículo 134 del Código Electoral, pues resulta contrario a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General que dota de autonomía e independencia al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, al restringir y limitar su facultad reglamentaria.

• El Poder Legislativo local restringe al instituto en el ejercicio de su facultad reglamentaria, pues solamente permite que dentro de los primeros seis meses del año siguiente al de la elección emita lineamientos en materia de paridad, lo que genera una doble afectación: atenta contra la autonomía del órgano al impedirle establecer lineamientos fuera de ese plazo; y no se podrán emitir lineamientos en materia de paridad y no discriminación para el proceso electoral 2023-2024.

• La autonomía de los organismos públicos locales electorales, en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se define como la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a superiores jerárquicos o a otros poderes del Estado. La norma reclamada supone un sometimiento del instituto electoral a las indicaciones del Poder Legislativo, al impedirle, sin justificación alguna que emita lineamientos fuera del plazo que estableció.

• La norma genera una afectación directa al principio de paridad de género para el próximo proceso electoral, pues el instituto no podrá emitir lineamientos al respecto, aunque existen cuestiones de la reforma que son obscuros y requieren de la intervención de la autoridad administrativa electoral para ser implementadas.

• En tales consideraciones, cualquier acto que limite, restrinja o haga imposible la autonomía del Consejo General y que tenga como resultado la violación a la paridad de género debe declararse inconstitucional al ser contrario a lo previsto en los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo primero y 41, Base I, de la Constitución Federal, así como los diversos II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

• Segundo concepto de invalidez. Es inconstitucional la reforma al artículo 237, numeral 4, párrafo segundo, del Código Electoral por ser contraria a los diversos 14 y 41, Base I, de la Constitución al ser regresiva y limitar la protección constitucional del principio de paridad en la postulación de candidaturas en las listas de representación proporcional.

• La reforma tiene como consecuencia que se limite a las mujeres a participar durante dos procesos consecutivos o más para encabezar la lista de candidaturas a diputaciones bajo el principio de representación proporcional, lo que resulta ser contrario a lo establecido en el orden constitucional, convencional y a lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha establecido a través de su jurisprudencia.

• Aun cuando los partidos políticos quisieran que una mujer encabezara durante dos procesos electorales la lista de representación proporcional a diputaciones, esto sería contrario a lo que establece el Código Electoral, que no solo limita la decisión de los partidos políticos, al no dejar esta determinación a su arbitrio, sino que además conforme a la reforma se lo prohíbe.

• Al alternar el género de quienes encabecen las listas de representación proporcional en cada proceso electoral se impone una restricción que atenta contra los derechos de participación política de las mujeres.

• La reforma al artículo 237, numeral 4, del Código Electoral no podría considerarse constitucional ni convencional en razón de que, cualquier cambio en la asignación de cargos de representación proporcional que reduzca el número de mujeres implica que la medida que se implementó para su beneficio ahora sea un límite a su participación y, por tanto, una restricción injustificada al derecho de igualdad y no discriminación en la postulación a cargos de elección popular en perjuicio de los artículos 1, 4, 14, 35, fracción II y 41, párrafo tercero, Base I, de la Constitución del País.

• Tercer concepto de invalidez. Es inconstitucional la adición del artículo 237 Bis del Código Electoral por ser contraria al diverso 41, Base I, de la Constitución Federal, los principios de igualdad en la contienda electoral y el de certeza, al establecer reglas diferenciadas entre los partidos políticos nacionales y locales que participan en una misma elección local para la postulación de candidaturas a la gubernatura.

• La reforma da un trato diferenciado a partidos políticos nacionales frente a locales, porque mientras que a los nacionales los remite a lo que la "autoridad competente" determine, a los locales los sujeta a una regla de alternancia, circunstancia contraria al principio de igualdad en la contienda electoral, porque tanto partidos políticos locales como nacionales deben de sujetarse a la alternancia que propone la reforma del Código Electoral a fin de garantizar la paridad de género.

• El artículo 41, Base I, de la Constitución no establece mayor distinción entre partidos políticos nacionales como locales que la posibilidad de los primeros de participar en las elecciones donde se renueve el legislativo y el ejecutivo federal, por tanto, las reglas deberían de ser las mismas para los dos tipos de partidos.

• Aunado, la norma vulnera el principio de certeza, ya que no establece cuál es la "autoridad competente", la cual bien pudiera ser el Instituto Nacional Electoral o el instituto local o incluso los tribunales en la materia.

• Cuarto concepto de invalidez. Es inconstitucional la adición del artículo 237 Ter al Código Electoral toda vez que se trata de una acción que produce una mayor desigualdad de la que pretende eliminar, en perjuicio del derecho de igualdad y no discriminación y el principio de paridad de género contenido en los artículos 1o., 4o., 41 y 115 constitucionales, en relación con los diversos 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, y 4, inciso j), y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

• Si bien la Constitución Federal otorga libertad configurativa a las Legislaturas Estatales de regular el proceso electoral local y la paridad de género, ello no debe entenderse ilimitado para dejar de garantizar e implementar las medidas que la hagan efectiva, al haber quedado demostrado que no basta el cumplimiento de una formalidad cuando las candidaturas no son efectivas.

• Se advierte que el artículo 237 Ter, numeral 1, del Código Electoral tiene como finalidad evitar que a algún género le sean asignados distritos o municipios "perdedores" o poco competitivos, no obstante, la medida no cumple con la paridad en la formulación de candidaturas, toda vez que no se traduce en candidaturas efectivas que sean acordes con el derecho que tutela la paridad y lo sostenido por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, la Sala Regional Guadalajara y la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Esto es así porque deja de atender que la dimensión cualitativa de la paridad tiene dos fines: que las mujeres sean postuladas en municipios competitivos, y que los mismos posean igual proyección, importancia, influencia política y económica, con el propósito de que los espacios de decisión e incidencia estén ocupados paritariamente entre hombres y mujeres, tal y como fue sostenido por la Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1172/2017.

• Destaca que en la legislación en el bloque por criterio poblacional aumentó de 10 a 20 municipios. En cada bloque, entre los primeros cinco lugares serán asignados dos planillas encabezadas por un mismo género indistintamente. Este criterio se considera inconstitucional en la medida que no garantiza el principio de paridad cualitativa toda vez que su finalidad en la postulación de munícipes es asegurar la verdadera posibilidad de ganar tanto para las mujeres como para los hombres.

• Los datos históricos demuestran que quienes han sido alcaldes de los tres municipios más poblados, ocuparon el cargo de gobernador de la entidad. Sin embargo, en la reforma esta constante no se contempla y reduce las posibilidades de la mujer de acceder a los municipios de gran incidencia política, económica y poblacional que impulsen su carrera política.

• Esto porque hay diferencias significativas en población e incluso, en competitividad, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá y el resto de los municipios de la entidad. Brecha que se amplía aún más cuando el bloque es de 20, porque por un lado, Zapopan se encuentra en el primer lugar con 1,476,491 personas, mientras que Ameca cuenta con tan solo 60,386, es decir, Ameca es veinticuatro veces más chico que Zapopan.

• Quinto concepto de invalidez. Además de lo expuesto en el concepto de invalidez cuarto, en torno al artículo 237 Ter respecto a los bloques de competitividad y mayor población, se argumenta que el legislador estatal simuló introducir la paridad en la postulación de candidaturas a munícipes en la fracción I, numeral 1, del citado precepto; sin embargo, dicha regla no garantiza la postulación de ambos géneros en los municipios más competitivos y de mayor población, lo que es contrario a lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base I y 115, fracción I, de la Constitución Federal.

• Así tampoco establece las reglas que han de seguir aquellos partidos políticos que no hayan postulado en dichos municipios en el proceso electoral pasado dentro del primer bloque de los 20 municipios más poblados, mismo que en su segunda regla especifica que debe de ser organizado conforme a los resultados electorales pasados.

• La legislatura deja de advertir que para lograr el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, en términos de los artículos 1o. y 35, fracción II, de la Constitución Federal, la paridad no solo debe ser transversal, sino que además, debe incluir la alternancia de género en la integración de las planillas y la postulación de géneros distintos para evitar simular una paridad que en la realidad de las cosas no existe.

• También existe una omisión legislativa del Congreso del Estado de Jalisco de regular la paridad en el resto de lugares dentro de ambos bloques, es decir, de los municipios enlistados del 6-10 y del 16-20, por lo que los partidos podrán distribuir libremente las candidaturas en paridad aun cuando de la propia lectura del artículo y de la exposición de motivos, la intención de la Legislatura es garantizar el acceso de la mujer en condiciones de paridad dentro de los municipios más poblados y de mayor competitividad.

b. Acción de inconstitucionalidad 166/2023 (Futuro).

• Primer concepto de invalidez.(2) El artículo 237 Ter viola el principio de paridad ya que plantea un nuevo sistema de bloques de competitividad para el registro de candidaturas a munícipes que no garantiza el acceso efectivo de las mujeres a cargos de elección popular, por lo que, en adición, también se viola el principio de progresividad, al dejar de observar los alcances y logros obtenidos por la autoridad jurisdiccional y las personas organizadas en el proceso 2020-2021.

• A partir de los precedentes judiciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular la sentencia SG-JDC-175/2020, la creación de mayores sub-bloques de paridad que sean más específicos en cuanto a qué lugares deben ser ocupados equitativamente, brinda una protección mayor al mandato de paridad.

• Conforme a las reglas de bloques y sub-bloques contenidas en las normas, los partidos políticos podrán evitar colocar a candidatas en los tres municipios de mayor competitividad y población de Jalisco.

• En contraste con las medidas aplicadas en el último proceso electoral se aprecia la regresión en el esquema paritario.

• Si bien se pretende un avance en la regulación electoral para cumplir con el principio de paridad al tener 50 % de candidaturas de cada género, en términos cualitativos no se alcanza a proyectar un avance significativo en cuanto a los cargos públicos a los que pueden llegar las mujeres, sobre todo en aquellos municipios de mayor competitividad.

• Puesto que con el pretexto de cumplir con la paridad al 50 %, al género femenino se le podrían asignar los municipios más bajos del grupo de votación mediana y de los 4 subgrupos, ya que no se estableció ninguna cuota o indicador que garantice la postulación de mujeres en los principales municipios de cada grupo, así como también se dejó fuera de la misma garantía en los 20 municipios de mayor población y votación.

• Adicionalmente, el artículo 237, en lo referente a las candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional, dispone que los partidos tendrán que presentar una lista de 18 personas, 9 de cada género, ordenadas de manera alternada entre géneros, estableciendo que si el Congreso está compuesto en su mayoría por hombres, la lista de candidaturas será encabezada por el género femenino. A la vez, se obliga a los partidos a alternar el género de la primera posición cada proceso electoral, lo cual se queda corto a la luz del principio de paridad, ya que se podrían tomar acciones en pro del género femenino, como permitir que las listas sean encabezadas por ellas en los procesos electorales siguientes.

• Lo anterior es una acción regresiva, ya que no hay incentivos para establecer que el primer puesto de la lista de candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional sea alternado en cada proceso electoral.

• Segundo concepto de invalidez.(3) La modificación al esquema de postulación para la gubernatura es inconstitucional, dado que no atiende a lo establecido en la reforma constitucional conocida como "Paridad en Todo", así como lo ordenado por la Sala Superior en el incidente oficioso de cumplimiento SUP-RAP-116/2020 y acumulados, y la sentencia SUP-JDC-91/2022, pues incumple con los principios de paridad de género sustantiva y competitividad.

• El artículo 237 Bis del Código Electoral deja abierta la posibilidad para que los partidos nacionales, de forma exclusiva, resuelvan, en ejercicio de su autodeterminación, que se garantice la observancia al principio de paridad en la postulación de sus candidaturas.

• Esta autodeterminación está supeditada a lo que establezca la "autoridad competente" la cual no queda clara cuál es, generando falta de certeza, además de que el Código Electoral delega la facultad legislativa a una autoridad para que decida la paridad en la postulación de la gubernatura.

• Aunado, hace una distinción injustificada entre los partidos locales y nacionales, omitiendo homologar el principio de alternancia de género para la gubernatura en todos los partidos en Jalisco. Con base en el criterio sostenido por la Sala Superior en la sentencia SUP-JDC-9914/2020, estima que los partidos políticos nacionales deben estar obligados legislativamente a cumplir con el principio de paridad mediante medidas cualitativas, como lo es la alternancia de género en la postulación de candidaturas a la gubernatura.

c. Acción de inconstitucionalidad 167/2023 (Morena).

• Primer concepto de invalidez. Los artículos 2o., fracción XIX; 5o., numeral 1; 211; 236, numerales 3 y 4 y 237 Bis del Código Electoral son inconstitucionales por deficiente regulación del principio de paridad de género u omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, porque dejó de desarrollar de manera óptima ese principio fundamental en la medida en que excluye la vertiente de alternancia de género por período electivo, lo que se traduce en vulneración al derecho humano previsto en los artículos tercero y cuarto transitorios del "Decreto por el que se reforman los artículos 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros". Aunado, vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

• En el decreto impugnado se debió garantizar, sin renuencia, todas las vertientes en que es dable desarrollar el principio de paridad, por tanto, era menester incluir la vertiente de paridad con alternancia por período electivo.

• El contenido del artículo 2o., fracción XIX, del Código Electoral es, en sí mismo, incongruente y antinómico, debido a que, bajo un criterio de racionalidad legislativa lógico-formal, no se puede garantizar la igualdad política entre mujeres y hombres con la asignación del 50 % a cada género, si la paridad en candidaturas respecto a los cargos de elección popular no se desarrolla en su vertiente de alternancia de género por período electivo, particularmente en el caso de la gubernatura.

• Las vertientes horizontal, transversal y vertical (que no aplican al caso de la gubernatura) resultan insuficientes dado que no puede cumplirse la garantía de que la mitad de esas asignaciones y cargos sean para cada uno de los géneros, en función de que, esto solo puede ser cumplido alternando en los cuatro períodos sucesivos el género de las personas que sean postuladas a dicho cargo.

• No hay forma de que mediante un desarrollo horizontal se cumpla el principio de paridad, puesto que el Estado no puede depender de cómo se cumple o no en otras entidades federativas. Más aún puesto que la Sala Superior, en la sentencia del recurso SUP-RAP-116/2020 y acumulado, declaró que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral carece de competencia para determinar los alcances del principio de paridad de género en el caso de las personas gobernadoras, ya que son las legislaturas las competentes, conforme a la reforma constitucional de "Paridad en Todo", precisando que únicamente en el caso de omisión de los congresos, el Instituto Nacional Electoral podría válidamente emitir lineamientos al respecto. • Tampoco en lo transversal hay solución para garantizar la paridad de género en las candidaturas a la gubernatura, pues no es posible obtener un factor de competitividad en cada caso para determinar el género de esa postulación. Ni su vertiente vertical, pues no se postulan gubernaturas en lista, al ser un cargo unipersonal.

• En el artículo 237 Bis, el legislativo solo introduce el principio de paridad sin precisar cómo se deberá materializar el mismo, pues únicamente refiere que los partidos políticos nacionales deben observar los términos que establezca la autoridad competente, sin siquiera precisar quién es esa autoridad competente o qué parámetros deben contener tales términos, asimismo, respecto de los partidos locales, únicamente refiere que deberán observar la postulación alternada.

• Al regir de manera diferente cómo los partidos locales y nacionales aseguran el principio de paridad, es evidente que pueden llegar a postulaciones diversas en los géneros, si no, no habría razón por la cual se rigiera de manera distinta.

• Por otra parte, las vertientes definidas en la fracción XIX del artículo 2o. impugnado no garantizan el principio de paridad de género, de alternancia por período electivo en la renovación de los cargos de diputaciones y presidencias municipales, en tanto, que la modalidad horizontal de ese principio es insuficiente para colmarlo. Se debió definir en la norma lo que se debe entender por paridad en su vertiente de período electivo, mediante la adición de un inciso d) a la fracción XIX, del señalado precepto.

• En ese orden de ideas, el numeral 1 del artículo 5o. lesiona el derecho de la ciudadanía y vacía de contenido el deber de los partidos políticos a la igualdad de oportunidades conforme al principio de paridad, al excluir la paridad en su vertiente de alternancia por período electivo, lo cual es así al haber enunciado solo tres vertientes del principio (vertical, horizontal y transversal).

• También es inconstitucional el numeral 1 del artículo 211 del Código Electoral al disponer que en la elección de los ayuntamientos y diputaciones se garantizará la paridad de género vertical, horizontal y transversal, pues ello excluye la alternancia por período electivo.

• Asimismo, deviene inconstitucional el artículo 236 numerales 3 y 4, pues obliga a los partidos a promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de todas las candidaturas a cargos de elección popular y hacer público y transparente el procedimiento o método que estatutariamente aprueben para la selección de dichas candidaturas. Sin embargo, difícilmente cumplirán ese principio, sí prescinden de aplicar la vertiente de alternancia periódica de géneros en su regulación.

• En las candidaturas de mayoría relativa a diputaciones y presidencias municipales se debe postular por los partidos políticos personas de un género en un proceso comicial y personas del otro en el siguiente. Solo así se cumple la alternancia de género por período electivo.

• La vertiente transversal de la paridad de género es compatible con la alternancia por período electivo, dado que pueden postularse en los distritos y municipios de alta y media competitividad a hombres y a mujeres con dicha alternancia, incluso en los de más baja votación.

• Segundo concepto de invalidez. Se impugnan los artículos 237 numerales 4, párrafo segundo y 5 del Código Electoral, pues aunque aparentemente acoge la vertiente de paridad con alternancia de género por período electivo lo cierto es que en el caso de quienes encabecen las listas de los partidos políticos de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional su regulación se acota por las condicionantes que disponen que si el Congreso está compuesto mayoritariamente por hombres, la lista deberá iniciar con género femenino; y el Instituto Electoral tendrá la facultad de rechazar el registro del número de candidaturas y un género que exceda la paridad vertical y horizontal. La regulación es deficiente, pues se advierte que no se cancelarán registros en el supuesto de que se incumpla la paridad en sus vertientes transversal o de alternancia de género por período electivo.

• La norma permite que el operador jurídico interprete en el sentido de que, si el Congreso está compuesto mayoritariamente por mujeres, la lista deberá iniciar con género masculino, lo cual podría vaciar de contenido la vertiente de alternancia por período electivo. Aparentemente la disposición es en beneficio de las mujeres, pero a la postre puede resultar lo contrario dado que en realidad es una puerta para que el género masculino encabece la lista plurinominal de candidaturas a diputaciones aunque no le corresponde encabezarla por alternancia en determinado proceso comicial.

• No es óbice a lo anterior el hecho de que en el artículo segundo transitorio del decreto se haya dispuesto que para el proceso electoral 2023-2024 la integración de las listas de diputaciones de representación proporcional deberán ser encabezadas por el género femenino, pues solo se dispone tal cosa para un único proceso comicial, pero no solo eso, el legislador evitó darle mayor alcance a la norma del segundo transitorio, en tanto que no incluyó al menos el mismo criterio para las postulaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes a la gubernatura que se elijan en las elecciones de 2024 o de quienes encabecen las planillas en los ayuntamientos más poblados. Esto demuestra que no fue su intención establecer el principio de paridad de género en alternancia por período electivo, quizás porque el partido mayoritario en el congreso está pensando en postular hombres para la gubernatura y los municipios de mayor población, según se aduce en otro de los conceptos de invalidez.

• En los numerales 4 y 5 del artículo 237, no se desarrolla el mandato de paridad en todo. El legislador no reguló adecuadamente el multi mencionado principio en su vertiente de alternancia de género por período electivo en el caso del género que en cada proceso electoral debe encabezar la lista de candidaturas de cada partido político a las diputaciones por el principio de representación proporcional.

• Tercer concepto de invalidez. El artículo 237 Bis del Código Electoral comporta una deficiente regulación, pues si bien exige a los partidos locales la alternancia de género por período electivo en la postulación a la gubernatura, a los partidos nacionales solo se les condiciona a que realicen las postulaciones supuestamente en ejercicio de su autodeterminación, pero en los términos que establezca la autoridad competente.

• No debe perderse de vista que el objetivo esencial del desarrollo normativo del principio de paridad es garantizar la igualdad política entre mujeres y hombres mediante la asignación del 50 % de mujeres y el 50 % de hombres en candidaturas a cargos de elección popular, incluida, sin duda, la gubernatura. El desarrollo regulativo no sirve para garantizar que la mitad de las candidaturas sean para un género y la mitad para otro, en condiciones de igualdad sustantiva y no meramente ornamental.

• En el caso de la gubernatura, únicamente puede cumplirse el mandato constitucional de paridad de género mediante la regulación de la vertiente de alternancia por período electivo, por ser un cargo de elección popular unipersonal y sexenal.

• El Poder Legislativo delega en una difusa "autoridad competente" la potestad de definir los términos en que los partidos políticos deben cumplir con la paridad al postular candidaturas a la gubernatura, lo cual infringe los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías constitucionales de seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación.

• Se estima que la autoridad legislativa abdica de su facultad y deber ineludible de regular el principio de paridad en la vertiente referida, no obstante saber que la única autoridad competente es el Poder Legislativo local, con lo cual incumple el mandato del constituyente dispuesto en el Decreto publicado el seis de junio de dos mil diecinueve, específicamente lo contenido en los artículos 35, fracción II; 41, Base I, y tercero y cuarto transitorios.

• De determinarse que la autoridad competente es la autoridad administrativa electoral local, queda claro que, para cuando deba ejercer la facultad prevista en el artículo 134, fracción LVII, del Código Electoral ya habrá pasado el proceso electoral 2023-2024.

• Debe ordenarse al Congreso local que subsane su déficit legislativo y, mientras tanto, hacer una interpretación conforme de la norma, en el sentido de que se debe alternar el género en las candidaturas a la gubernatura del estado en cada proceso electoral ordinario.

• Cuarto concepto de invalidez. El artículo 237 Ter, numeral 1, fracción I, del Código Electoral omite garantizar que a ninguno de los géneros le sean asignados los municipios más poblados de la entidad. Con ello se violan los artículos 1o.; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 26, Apartado B, párrafos primero y segundo; 35, fracción II; 41, Base I; 116, fracción IV, inciso b), 124 y 133 de la Constitución General.

• Conforme a las reglas establecidas, se admite que los partidos registren candidaturas de género distinto en cada uno de los primeros cinco lugares de cada bloque, con tal que haya al menos dos candidaturas de mujeres que encabecen las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32342-87bf878f/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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