ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE LAS NORMAS IMPUGNADAS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, SON DE NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLOS POR ESA VÍA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO). INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, TRANSGREDEN AQUELLA GARANTÍA, EN CUANTO PREVÉN UN SISTEMA QUE NO ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO). TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS. SI ÉSTOS FORMAN PARTE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DEBE DETERMINARSE EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL LA POSIBILIDAD DE LA RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN. TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS. SI SON PARTE DEL PODER JUDICIAL, RIGEN PARA ELLOS LAS REGLAS ESPECÍFICAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2001 Y SU ACUMULADA 31/2001. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de enero de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amalia García Medina, en su carácter de presidenta del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las normas generales que a continuación se indican:
"II. El órgano legislativo emisor de la norma impugnada. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a través de su honorable Congreso, actuando, entre otros dispositivos normativos, con fundamento en los artículos 16 y 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. III. El órgano u órganos que ordenaron la promulgación de la norma impugnada. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento en lo mandado por el artículo 50 de la citada Constitución Local; y el secretario general de Gobierno, al haber ejercido, este último, la atribución de refrendo en relación con los artículos cuya invalidez se reclaman. IV. La norma o normas generales cuya invalidez se reclama. A) El adicionado párrafo segundo del artículo 78, el artículo cuarto transitorio y el primer párrafo del propio artículo 78, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y que son producto de la reforma publicada el diecisiete de julio de dos mil uno, en virtud de que se niega, en forma expresa, el derecho de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicho Estado, a reelegirse después de que hubiese concluido el primer periodo de tiempo para el que hubiesen sido electos, y en razón de que se suprimió la parte del citado primer párrafo, en que se establecía tal derecho de reelección, y que hasta antes de la reforma, era acorde con la Ley Fundamental de nuestro país; y B) Los párrafos quinto y sexto del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, vigente en la actualidad, como consecuencia de la reforma de dieciocho de julio del actual año, toda vez que son producto de la reforma al párrafo cuarto del propio artículo 69, vigente hasta antes del dieciocho de julio del actual año, ya que en el fondo, dichos párrafos quinto y sexto, por supresión, entrañan u ocultan la parte que en el citado párrafo cuarto resultaba acorde con la Constitución Federal, en la materia del derecho de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del mencionado Estado de Jalisco, a ser reelectos en el cargo para el periodo inmediato, después de haber concluido el primero de dichos periodos. Todo lo anterior, con el fin último de que después de la invalidez que se decrete, queden también sin efecto los actos emitidos como consecuencia de la aplicación de dichas normas, por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, emisor de las normas cuestionadas, y por estar, normas y actos, recíprocamente vinculados y provenir del órgano emisor de las normas no conformes con la Constitución Federal."
SEGUNDO. La parte promovente señaló como preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos infringidos el 17, párrafos segundo y tercero, 116, párrafo segundo, fracciones III, párrafos segundo, cuarto y quinto; y IV, inciso c), con base en los siguientes conceptos de invalidez:
"VII. Conceptos de invalidez: Por razón de método, en un primer apartado, y en lo fundamental, se formularán conceptos de invalidez en relación al párrafo segundo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, toda vez que se está en presencia de una adición y disposición expresa, que en su literalidad no es conforme con la Carta Magna; y se expondrán los conceptos de invalidez relacionados con el primer párrafo del artículo 78 mencionado, y en lo concerniente a los párrafos quinto y sexto del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y que antes de la reforma era el párrafo cuarto del propio artículo 69, y en un segundo apartado, se expondrán otros conceptos de invalidez que resultan pertinentes para la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad. Primer apartado: 1. Para los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, establece como una garantía de toda persona, el derecho a que se le administre justicia por tribunales cuyas resoluciones se emitan en forma imparcial; b) el tercer párrafo del propio artículo 17, estatuye como una garantía, el de que las leyes locales o de los Estados miembros de la Federación mexicana, deberán establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales que deberán impartir justicia a toda persona; c) el segundo párrafo de la fracción III, del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la independencia, en el ejercicio de sus funciones, de los Magistrados de los tribunales de justicia del Poder Judicial de los Estados, deberá estar garantizada en las Constituciones Locales y leyes orgánicas de los propios Estados; d) el propio segundo párrafo de esta misma fracción III, manda que las Constituciones Locales y las respectivas leyes orgánicas, establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados (Magistrados); e) el párrafo cuarto de la fracción III del citado artículo 116, ordena que los nombramientos de los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados, serán hechos, preferentemente, entre aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia; f) el párrafo quinto de la propia fracción III y citado artículo 116 constitucional, establece que los Magistrados que integren los tribunales de justicia de los Estados, durarán en el cargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales y que podrán ser reelectos, y que si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones Locales y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de las propias entidades federativas; y g) el inciso c) de la fracción IV del multirreferido artículo 116 constitucional, ordena que las autoridades, en las entidades federativas que tengan a su cargo la función jurisdiccional relativa a la solución de las controversias en materia electoral, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. De lo anterior se obtiene las siguientes conclusiones: En relación a los tribunales de justicia de los Estados: a) el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, como garantía de toda persona, establece que los tribunales que administren justicia deberán ser imparciales, al disponer que las resoluciones de los mismos deberán caracterizarse por la imparcialidad; b) las leyes de los Estados garantizarán que los tribunales que administren justicia serán independientes; y c) que las autoridades jurisdiccionales (tribunales) que resuelvan las controversias en materia electoral, deberán gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Respecto de los Magistrados de los tribunales de justicia de los Estados, los citados artículos disponen: a) que los Magistrados integrantes de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, en las Constituciones y leyes orgánicas correspondientes, deberán tener garantizado el contar con independencia en el ejercicio de sus funciones; b) que las Constituciones Locales y las leyes orgánicas respectivas, en relación con los Magistrados de los tribunales de los correspondientes Poderes Judiciales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los citados Magistrados; c) que los nombramientos de los Magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados, preferentemente, serán hechos entre aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia; y d) que los Magistrados de los tribunales de justicia de los Estados, durarán en su cargo un periodo de tiempo que señalarán las Constituciones Locales y que podrán ser reelectos, y que si lo fueren, solamente podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y leyes de responsabilidad de los servidores públicos de dichos Estados. Ahora bien, no obstante que el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma amplia y reiterada, en diversas tesis de jurisprudencia, ha expuesto diversos razonamientos en cuanto a la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados; y en cuanto a la independencia, ingreso, nombramiento, formación, permanencia y reelección de los Magistrados de los tribunales de justicia en cita, cabe decir que el Gran Diccionario de la Lengua Española editado por Larousse Editorial, Barcelona, España, en su primera edición de 1998, entre otros conceptos dice: ‘En relación a la independencia: independencia 1: Falta de dependencia; independencia 2: Situación del estado o el individuo que goza de libertad y autonomía ...’. Por lo que ve a la autonomía: ‘autonomía 1: Independencia, condición de una entidad o una persona que no depende de otra ...’. Respecto a la imparcialidad: ‘imparcialidad: Falta de inclinación a favor o en contra de personas o cosas.’. En cuanto a imparcial: ‘imparcial 2: Que no pertenece a ningún partido o parcialidad ...’. En relación a reelegir: ‘reelegir: Volver a elegir a una persona o una cosa ...’. Cabe tener en cuenta que lo que es aplicable a los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, también, por inclusión, debe ser propio de los Magistrados que los integren; y en el mismo sentido, lo que deba caracterizar a los Magistrados de los tribunales de justicia de los cuales formen parte. Es decir, no podrá haber tribunales de justicia independientes, autónomos e imparciales, si no existe la posibilidad cierta de que sus Magistrados también tengan dichos atributos, y en el mismo sentido, los tribunales de justicia son independientes, autónomos e imparciales, si sus Magistrados también lo son. Dicho de otra manera, sería un contrasentido y contrario a toda lógica, que pudiésemos sostener que hay tribunales independientes, autónomos e imparciales, con Magistrados carentes de independencia, de autonomía y de imparcialidad en su actuación, o bien, que hay Magistrados que tienen garantizado el derecho de ingreso, permanencia, independencia, reelección y estabilidad si los tribunales que ellos integren no son independientes y autónomos, toda vez que sus atribuciones, libremente, puedan ser otorgadas o suprimidas por el legislador y en el mismo sentido, los citados derechos de los Magistrados, discrecionalmente, pueden ser violentados o suprimidos por el legislador ordinario. 2. El artículo 78, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformado, por un lado, establece que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco no podrán ser reelectos para el periodo inmediato; y por el otro lado, dispone que dichos Magistrados electorales serán elegibles después del periodo inmediato (segundo periodo), es decir, hasta el tercer periodo. Lo anterior, en forma expresa y literal contradice el mandato textual del artículo 116, párrafo segundo, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Federal; y es contrario a la interpretación sistemática y armónica de los artículos 17, párrafos segundo y tercero; 116, párrafo segundo, fracción III, párrafos segundo, cuarto y quinto; y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c) de la propia Carta Magna, en relación a la imparcialidad, independencia y autonomía de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, y respecto de la independencia, ingreso, formación, permanencia, reelección y a la preferencia de que gozan dichos Magistrados para ser nombrados para tal cargo, aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, respecto de aquellos que solamente lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Lo anterior resulta verdad, toda vez que dicho párrafo quinto de la fracción III del mencionado artículo 116 de la Carta Magna, dispone que los Magistrados de justicia de los tribunales de los Poderes Judiciales de los Estados, durarán en el ejercicio del cargo, el tiempo que señalen las Constituciones Locales y que podrán ser reelectos. Es decir, la Constitución Federal deja a las Constituciones de los Estados que establezcan el tiempo de duración del primer periodo en el cargo de Magistrado, y que podrán ser reelectos, o sea, que podrán nuevamente elegirse para un segundo periodo. Esto último no se otorga para que sea ejercido por la soberanía de los Estados en forma discrecional y sin control, ya que el mandato del derecho a la reelección es expreso, de lo cual puede concluirse que lo que es atribución de la soberanía de los Estados, es establecer los mecanismos, sistemas y normatividad que servirán como marco normativo para que opere o no la reelección, es decir, los instrumentos de evaluación de la labor desarrollada por los Magistrados en el ejercicio de su función, pero de ninguna manera se les faculta por la Norma Fundamental, para que decidan libremente si se reelige a una persona o no. Luego, por el contrario, en el texto del párrafo segundo del artículo 78, cuya invalidez se reclama expresamente, se dispone lo contrario a lo mandado por el antes enunciado párrafo quinto, ya que la reelección debe entenderse, como la posibilidad de ser electo para el segundo inmediato periodo, y no para un tercero o cuarto periodo, respecto del primero. Dicho de otra manera, la reelección opera y existe en la medida en que entre el periodo de elección y el de reelección haya una vinculación inmediata y estrecha de tal suerte que no podrá haber periodos intermedios entre la elección y la reelección. Lo anterior se ilustra de la siguiente manera: hay reelección si a una persona se le elige como Magistrado para un primer periodo, e inmediatamente se le vuelve a elegir para un segundo periodo inmediato; y por el contrario, no hay reelección si a una persona electa para un primer periodo, se le elige para el mismo cargo pero para un tercero o ulterior periodo. Por lo anterior, la prohibición expresa de que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, puedan ser reelectos para el periodo inmediato, contenida en el párrafo segundo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, es contraria a la literalidad del artículo 116, párrafo segundo, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Federal, y a la interpretación sistemática y armónica de lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo 17; párrafos segundo, cuarto y quinto de la fracción III del citado artículo 116; e inciso c) de la fracción IV del propio numeral 116. Y en consecuencia, la disposición del mismo párrafo segundo del artículo 78 de que una vez pasado el segundo periodo, o sea, el inmediato, los Magistrados electorales podrán ser nuevamente elegibles, sujetándose al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, también es contrario al citado párrafo quinto de la fracción III constitucional, toda vez que esto último es una consecuencia de la prohibición expresa que tiene como finalidad darle mayor firmeza, contundencia y certidumbre a la prohibición de que los Magistrados electorales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Esto último cobra mayor eficacia, si tenemos en cuenta que la parte final del párrafo segundo cuya invalidez se reclama, habla de la posibilidad de ser elegible, ni siquiera dice reelegible, de ahí que la prohibición de la reelección expresa de los Magistrados a que tantas veces nos hemos referido, por sí misma, debe ser invalidada, toda vez que literalmente contradice la Constitución Federal. Para ilustrar lo anterior, se hace necesario mencionar lo que establecía el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, antes y después de la reforma publicada el diecisiete de julio anterior, para lo cual, en el siguiente cuadro, en la columna izquierda se anota el texto anterior a la reforma y, en la derecha, se lee el texto posterior a la misma:
Ver tabla 1
"La invalidez que se reclama del párrafo segundo del vigente artículo 78, se clarifica de la siguiente manera: la adición, dentro de la reforma del mismo artículo, de lo relativo a que los Magistrados del Tribunal Electoral en cita, después de cumplir el primer periodo para el cual hubiesen sido electos, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, y que sí podrán ser electos pero pasado el periodo inmediato, es decir, hasta el tercer periodo, cuando dice: ‘Al término de su gestión los Magistrados electorales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado éste serán elegibles sujetándose al procedimiento previsto en esta ley.’. 3. En relación con la supresión de la parte que establecía el mandato de que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cumplido el primer periodo para el cual habían sido electos o designados, tenían la posibilidad de ser reelectos para un periodo de cuatro años más, que se contenía en el primer párrafo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y en el párrafo cuarto, ahora quinto y sexto, del artículo 69 de la Constitución Política de Jalisco. Los argumentos expuestos a título de conceptos de invalidez, anteriormente, en lo general y sustancial, resultan plenamente aplicables a la reforma del primer párrafo del artículo 78 a que se viene haciendo alusión y a la reforma del cuarto párrafo, ahora quinto y sexto del artículo 69 de la Constitución Política de Jalisco, toda vez que en estos dos casos se suprimió el derecho que en el segundo párrafo, actual del propio artículo 78, en forma expresa se niega lo relativo a la reelección de Magistrados tantas veces mencionado. Es decir, en relación con la supresión que se comenta, en efecto, se trata del derecho de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco, a ser reelectos para el inmediato periodo en que hubieren ejercido la función de Magistrados, mientras que en el segundo párrafo del vigente artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en forma expresa se niega tal derecho. Entonces, en un caso, simple y llanamente se niega por supresión textual de una norma general, un derecho constitucional, mientras que en el otro caso, por adición, en forma expresa y literalmente se niega el mismo derecho. Por tanto, los conceptos de invalidez de las normas generales cuya invalidez se reclama, están ampliamente vinculados, al no poder existir unos sin la concurrencia de los otros, lo que implica aceptar que la no conformidad con la Constitución Federal, se actualiza en el segundo párrafo del artículo 78 tantas veces mencionado, por mandato expreso, pero también se actualiza por supresión u omisión, como en los casos de los párrafos quinto y sexto, actuales del artículo 69 de la Constitución Política de Jalisco, y en el primer párrafo del vigente artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, por ser concomitantes y tener correspondencia e interdependencia recíproca. 4. Asimismo, en relación con la reforma del entonces párrafo cuarto del artículo 69 de la Constitución Política de Jalisco, que subsiste en los actuales párrafos quinto y sexto del propio artículo, cabe decir, que la misma reforma es contraria al más elemental principio de las reglas de interpretación, ya que dicha reforma rompe con la teleología en el punto que se discute, misma que puede encontrarse desde la Ley Electoral del Estado de Jalisco publicada el martes treinta de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, en su artículo 352. Del texto de dicho numeral 352, se desprende que desde tal fecha se estableció la posibilidad de reelección de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral del Estado de Jalisco, al establecerse que la designación de los Magistrados de dicho organismo, se haría para el proceso electoral ordinario respectivo, o en su caso, para el extraordinario, pudiendo ser confirmada su designación para los procesos electorales posteriores, previa resolución que en ese sentido se emitiese por el Congreso del Estado. Como puede verse, en esencia, ya desde mil novecientos noventa y cuatro el legislador ordinario de Jalisco plasmó en el artículo en cita, la idea fundamental de darle a los juzgadores electorales permanencia y continuidad en la función, propósito que guarda plena congruencia con lo establecido en la Constitución Federal, con motivo de la reforma del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis. Luego entonces, en el mismo orden de ideas, el Constituyente del Estado de Jalisco, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, aprobó diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de dicho Estado, según Decreto Número 16541, publicado el veintiocho de abril del mismo año en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, habiéndose razonado en la exposición de motivos en la conveniencia de la profesionalización de la función electoral, cuando se dice que la función electoral sea desempeñada por servidores públicos profesionales, por lo cual se creaba el servicio profesional electoral; y en congruencia con ello, el artículo transitorio cuarto estableció la posibilidad de que los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral pudiesen ser reelectos para integrar el Tribunal Electoral creado con la reforma de mil novecientos noventa y siete. Es decir, el Constituyente de Jalisco de mil novecientos noventa y siete, de forma clara estableció la necesidad de la profesionalización de la justicia electoral, al posibilitar que los Magistrados electos con motivo de la Ley Electoral de mil novecientos noventa y cuatro, pudiesen ser reelectos en los términos y para la estructura electoral que fue aprobada en la Ley Electoral de Jalisco de mil novecientos noventa y siete; luego entonces, resulta inverosímil y contrario a toda lógica que el propio Poder Revisor de la Constitución en Jalisco, por virtud de las reformas que de la Constitución Política de Jalisco, en su artículo 69, se combaten a través de esta acción, hubiere suprimido de la multicitada Constitución de Jalisco, la posibilidad de reelección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco. Es decir, si en mil novecientos noventa y cuatro, en la norma electoral de Jalisco, se estableció la posibilidad cierta de reelegir a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y si en mil novecientos noventa y siete, en la propia norma electoral de Jalisco, en el enunciado artículo cuarto transitorio, se dijo que los Magistrados del entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral podrían ser reelectos, hemos de concluir que no existe ninguna razón ni motivo suficiente para suprimir del artículo 69 de la Constitución Política de Jalisco, el derecho de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicho Estado, a ser reelectos para un periodo de cuatro años más. En todo caso, la supresión del derecho de reelección cuya no conformidad con la Constitución Federal se combate a través de esta acción de inconstitucionalidad, debiera tener una amplia justificación en la realidad política del Estado de Jalisco, pero sobre todo, en torno a la actuación general y particular de los Magistrados electorales, debidamente anotada en la exposición de motivos de la reforma que se combate. Pero aun así, en el peor de los casos, en el supuesto de que estuviese demostrada una conducta desviada de todos y cada uno de los Magistrados electorales, ello, por sí mismo, no es suficiente para trastocar el mandato constitucional de la reelección de los Magistrados electorales, toda vez que de ser cierto el incorrecto actuar de los juzgadores electorales, ello, obedecería a factores de índole diversa, pero de ninguna manera atribuibles a la figura de la reelección establecida en la Constitución General de la República. Por tanto, ante la ausencia de una amplia exposición de razones y motivos en la iniciativa de reforma a la Constitución de Jalisco que ahora se combate, lo procedente es concluir que la supresión de la figura de la ratificación o reelección de los Magistrados electorales de Jalisco, obedeció a errores en la técnica legislativa y descuidos propios del hacer humano, pero de ninguna manera podría pensarse que tengan una sustentación dolosa y de mala fe de los legisladores jalisciences, exclusivamente, destinada a excluir de la función jurisdiccional electoral a las personas contrarias a sus simpatías. En relación con la génesis y teleología de una disposición normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 113/2000, que se transcribirá posteriormente, en relación con el tema que se debate, estableció que el Poder Revisor de la Constitución pretendió fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados, estableciendo la inamovilidad de los Magistrados, motivo por el cual consideró que al interpretar un precepto relacionado con los Poderes Judiciales de los Estados, debe buscarse salvaguardar los valores de la seguridad jurídica e independencia judicial. Así, en cuanto al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la finalidad de ilustrar, en el siguiente cuadro, se anota en la columna izquierda el texto literal vigente antes de la reforma, y en la columna derecha, el contenido textual vigente después de la reforma.
Ver tabla 2
"Por ello, en el mismo orden de ideas, esencialmente, en cuanto a la invalidez de la reforma al artículo 69 de la citada Constitución Política de Jalisco, tiene justificación, toda vez que guarda relación con la supresión, en el entonces párrafo cuarto, ahora quinto y sexto, en la parte que se refería a la posibilidad de que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, al término del periodo para el cual habían sido electos, pudiesen ser reelectos, y si lo fueren, continuaren en el cargo por cuatro años más. Como puede apreciarse, en el texto reformado, el contenido de los dos últimos párrafos, en el mismo del último párrafo del artículo antes de la reforma, pero sin incluir la parte que en la transcripción del texto (anterior a la reforma) y que anteriormente se destacó con negritas, dice: ‘... al término de los cuales podrán ser reelectos y, si lo fueren, continuarán en esa función por cuatro años más ...’. Y en relación a esa temática de las supresiones, en el primer párrafo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con la reforma se suprimió la parte del artículo que decía como sigue: ‘... al término de los cuales, podrán ser reelectos, continuando en su función cuatro años más ...’. Por tanto, la reforma al artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por omisión, no es conforme con las disposiciones constitucionales citadas de la Constitución Política, toda vez que se omite y, por ende, se suprimió la parte conducente que contenía dicho numeral, en lo relativo al derecho de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el sentido de que una vez cumplido el primer periodo en el cargo de Magistrados para el cual hubieren sido designados, podrían ser reelectos y continuar en su función por un periodo más de cuatro años. 5. Las normas cuya invalidez se reclama, no son conformes con el principio de la división de poderes que debe existir en el Estado de Jalisco, en términos del artículo 116, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido éste, como el hecho de que entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia recíproca, de tal suerte que se logre la armonización en el actuar de cada uno de los citados poderes atendiendo al marco normativo que les impone la Constitución Federal en el citado artículo 116, además de que implica reconocer que ni en forma expresa ni tácita, un poder en forma clara o aparente podrá invadir los campos competenciales y de independencia de otro poder. En el caso concreto del actual párrafo segundo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como de su párrafo primero, antes párrafo cuarto, ahora quinto y sexto del artículo 69 de la Constitución Política del Estado en cita, se evidencia que la misma tuvo como finalidad vulnerar la independencia del Poder Judicial de Jalisco, a través del Tribunal Electoral del Estado en cita, en la medida en que por el hecho de suprimir la parte conducente del artículo 78 mencionado, respecto a la posibilidad de que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco, después de concluido el primer periodo de su encargo, puedan ser reelectos para un siguiente periodo, o bien, de disponerlo expresamente, ya que en forma clara, se puede percibir que al concluir cada periodo de cuatro años en que deben ejercer el cargo los Magistrados del citado Tribunal Electoral, existe l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16919-da58a24b/accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los-plazos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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