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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN EL QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLICITÓ LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN XVI, SEGUNDO PÁRRAFO, 67 BIS, 75, 77, FRACCIÓN XIV, 79 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOS, POR NO HABERSE ALCANZADO LA VOTACIÓN CALIFICADA REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2002. · Registro digital (IUS): 17392
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 1147.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2002. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de octubre del año dos mil dos.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones legales y autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas. 1. Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con domicilio en las calles de Donceles y Allende, colonia Centro, Distrito Federal. 2. Autoridad promulgadora: jefe de Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 2, esquina 5 de Febrero, oficina 103, colonia Centro, Distrito Federal. II. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fue publicada. Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 9o., fracción XVI, segundo párrafo (publicada como fracción XIV) y, en lo que se refiere a instituciones de banca múltiple, los numerales 67 bis, 75, 77, fracción XIV y 79, así como tercero transitorio, todos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, reformada por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 14 de mayo de 2002, de la que se anexa un ejemplar."

SEGUNDO. El promovente de la acción de inconstitucionalidad señaló como infringidos los artículos 16 y 122, apartado A, fracción V, en relación con el 73, fracción X, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el siguiente concepto de invalidez:

"Único. Violación a lo dispuesto por los artículos 16 y 122, apartado A, fracción V, en relación con el diverso 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente, es menester señalar que, como lo sostuvo esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/98, la constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada en la presente vía, tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal. En este sentido, conviene hacer alusión a las consideraciones vertidas por ese Máximo Tribunal al resolver el citado juicio constitucional -del que emanó la tesis jurisprudencial bajo el rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.’- y que en lo que aquí interesa se transcriben a continuación: ‘... debe decirse que la constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal. Esto es, la inconstitucionalidad de una ley puede derivar, por un lado, de que su contenido en general, o de alguno de sus preceptos en particular, contravengan lo dispuesto por la Constitución General de la República y, por otro, de la incompetencia del órgano que la expide o de algún vicio en el proceso legislativo que le dio origen. En el primer caso, se estaría ante una inconstitucionalidad material y, en el segundo, ante una inconstitucionalidad formal. La inconstitucionalidad material de una ley necesariamente implicaría la violación directa a la Constitución; mientras que la inconstitucionalidad formal, si bien también puede constituir una violación directa, por regla general implicaría una violación indirecta, pero no por ello menos trascendente. ... atendiendo a la diferencia entre constitucionalidad material y formal de una ley y a la finalidad perseguida por el Constituyente Permanente al instituir las acciones de inconstitucionalidad, la fracción II del artículo 105 constitucional, en cuanto dispone que éstas tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, debe ser interpretada en el sentido de que a través de este procedimiento puede plantearse tanto la inconstitucionalidad material, como la formal de una ley. Esto es, de interpretarse el precepto constitucional en cita ... en el sentido de que en esta acción sólo puede plantearse la inconstitucionalidad material de una ley, se estaría soslayando la intención del Constituyente Permanente de someter a la decisión judicial el examen integral de la constitucionalidad de las leyes, pues se estaría cerrando la posibilidad de plantearse la inconstitucionalidad formal de éstas.’. Como se desprende de lo anterior, puede afirmarse válidamente que: *En la presente vía, puede plantearse la inconstitucionalidad de una norma general desde el punto de vista formal, la cual, aunque generalmente constituya una violación indirecta a la Constitución, puede constituir también una violación directa a la Constitución. *La inconstitucionalidad de una ley puede derivar, entre otros vicios de formalidad, de la incompetencia del órgano que la expide. Ahora bien, si como se demostrará más adelante, las disposiciones que en esta vía se impugnan por las que se sujeta a las instituciones de banca múltiple, esto es, a las instituciones de intermediación y servicios financieros, a la adopción de diversas medidas de seguridad, fueron emitidas por un órgano legislativo incompetente, es inconcuso que tales disposiciones padecen de un vicio de tal naturaleza que trasciende de manera fundamental su contenido y que, consecuentemente, afecta su validez. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal, interpretada a contrario sensu y aplicable en el presente caso por analogía, cuyo rubro dice: ‘VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, tesis P./J. 94/2001, página 438). Establecido lo anterior, a continuación se exponen las consideraciones jurídicas que demuestran la incompetencia del órgano emisor de las disposiciones impugnadas. Con fundamento en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 28 de febrero de 2002. Los artículos 1o. y 2o. de la citada ley disponen, entre otras cuestiones, lo siguiente: ‘Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto regular al funcionamiento de los establecimientos mercantiles del Distrito Federal. La autoridad promoverá y fomentará las actividades de los establecimientos mercantiles en los términos de las leyes aplicables, siempre que se ajusten a derecho, cumplan con sus obligaciones legales y reglamentarias y no comprometan el desarrollo armónico y sustentable de la ciudad. ...’. ‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ... Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, con fines de lucro. ...’. Ahora bien, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 14 de mayo de 2002, la Asamblea Legislativa reformó y adicionó, entre otros, los artículos 9o., fracción XVI, segundo párrafo, 67 bis, 75, 77, fracción XIV, 79 y tercero transitorio de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que en la parte que aquí interesa, disponen: ‘Artículo 9o. Los titulares, tienen las siguientes obligaciones: ... XIV. ... (sic) En los casos de establecimientos mercantiles que operen como sucursales de instituciones de banca múltiple, además deberán cumplir con las medidas de seguridad establecidas por esta ley, su reglamento y la autoridad competente.’ (Nota: De acuerdo con el dictamen aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y como se advierte en los artículos 75, 77 y tercero transitorio, adelante transcritos, el párrafo anterior fue adicionado a la fracción XVI y no a la XIV). ‘Capítulo VIII. De los establecimientos mercantiles que prestan el servicio de banca múltiple. Artículo 67 bis. El funcionamiento de los establecimientos mercantiles que operen servicios como sucursales de instituciones de banca múltiple se sujetará a las siguientes disposiciones: I. Contar con sistemas de grabación de imágenes en el interior, exterior del establecimiento mercantil y en cajeros automáticos; debiendo encontrarse en operación y disponer de bitácoras de mantenimiento, manuales de operación y controles establecidos para el acceso, guarda y custodia de las imágenes obtenidas y su destrucción de acuerdo a lo establecido por las autoridades competentes; II. Contar con personal de vigilancia; III. Contar con un seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona o bienes en el interior del establecimiento, y IV. Las demás que señalen las autoridades competentes. En el interior de los establecimientos mercantiles señalados en este capítulo queda prohibido el uso de telefonía celular, radios, aparatos de transmisión de mensajes y de cualquier otro aparato de comunicación móvil o inalámbrica.’. ‘Artículo 75. Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9o., fracciones ... XVI segundo párrafo ... 67 bis fracciones I, II y III de la ley.’. ‘Artículo 77. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente capítulo, la delegación deberá clausurar los eventos o los establecimientos mercantiles, en los siguientes casos: ... XIV. Cuando no se cumplan las disposiciones a que hacen referencia los artículos 9o. fracción XVI párrafo segundo y 67 bis fracciones I, II y III.’. ‘Artículo 79. El estado de clausura impuesto con motivo de alguna de las causales señaladas en las fracciones ... XIV del artículo 77 ... será temporal y en su caso parcial y sólo podrá ser levantado cuando haya cesado la falta o violación que hubiera dado lugar a su imposición. ...’. ‘Transitorios. ... Tercero. Los establecimientos mercantiles a los que se refieren los artículos 9o. fracción XVI párrafo segundo y 67 bis, deberán ajustarse a las disposiciones que el mismo artículo establece dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.’. De las disposiciones transcritas se desprenden diversas prohibiciones y obligaciones para las instituciones de banca múltiple en materia de seguridad que en caso de incumplimiento darán lugar a la imposición de diversas sanciones, que pueden ser de carácter pecuniario y llegar hasta la clausura de las instituciones bancarias referidas por parte de las autoridades del Distrito Federal. Específicamente, en las reformas que nos ocupan, son de destacarse: *Las medidas adicionales de seguridad que deberán cumplir las sucursales de instituciones de banca múltiple; *La obligación de las instituciones de banca múltiple de contar con personal de vigilancia, con sistemas de grabación de imágenes, así como los requisitos que, con respecto a estos sistemas, deben observar; *La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona o bienes en el interior del establecimiento, y *La prohibición de uso de telefonía celular, radios, aparatos de transmisión de mensajes y de cualquier otro aparato de comunicación móvil o inalámbrica, en el interior de las sucursales bancarias de que se trata. Como se puede observar, mediante las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regula aspectos relativos a la seguridad en instituciones de banca múltiple, a pesar de que ello es facultad del Congreso de la Unión, de conformidad con lo siguiente: El apartado A del artículo 122 de la Constitución General de la República señala las facultades del Congreso de la Unión respecto al Distrito Federal, en los siguientes términos: ‘Artículo 122. ... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: A. Corresponde al Congreso de la Unión: I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal; IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.’. Como se desprende de lo anterior, aunque en las fracciones I a IV del precepto constitucional arriba reproducido no se señala expresamente la facultad a favor del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad de las instituciones de banca múltiple, puede afirmarse que cuando la fracción V remite a: ‘Las demás atribuciones que le señala esta Constitución’, permite acudir, entre otras disposiciones constitucionales que contemplan atribuciones del Congreso Federal, al artículo 73, fracción X, de la propia Ley Fundamental, misma que le faculta para legislar, entre otras materias, sobre la intermediación y servicios financieros, en los términos siguientes: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. Consecuentemente, puede afirmarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción V, en relación con el precepto 73, fracción X, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la distribución de competencias entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinada por los preceptos en cita, significa que compete al primero de los citados órganos legislativos la facultad para legislar sobre intermediación y servicios financieros, y no así al segundo. Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, de la Constitución Federal, en el que se señalan las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre las que no se encuentra la de legislar en la materia de intermediación y servicios financieros, por lo que resulta evidente que tal facultad se encuentra reservada al Congreso de la Unión. En efecto, el citado precepto establece: ‘Artículo 122. ... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución; c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea; d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la Contaduría Mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución; m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el DistritoFederal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos; n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal; ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.’. De los preceptos antes transcritos se desprende que la Constitución Federal no otorga facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de intermediación y servicios financieros y, por tanto, la misma corresponde al Congreso de la Unión. La afirmación anterior se robustece con la tesis de jurisprudencia P./J. 49/99, emitida por el Pleno de ese Alto Tribunal, visible en el Tomo X, de agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 546, que dice: ‘DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende, por una parte, que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local y, por otra, que el ejercicio de la función legislativa está encomendada tanto al Congreso de la Unión como a la Asamblea Legislativa de la propia entidad, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias: a) Un régimen expreso y cerrado de facultades para la citada Asamblea Legislativa, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, además de las que expresamente le otorgue la propia Constitución; y b) La reserva a favor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa, como lo señala el propio dispositivo en su apartado A, fracción I; lo que significa que las facultades de la Asamblea son aquellas que la Carta Magna le confiere expresamente y, las del Congreso de la Unión, las no conferidas de manera expresa a la Asamblea. Acción de inconstitucionalidad 5/99. Partido Revolucionario Institucional. 11 de marzo de 1999. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco, Ramiro Rodríguez Pérez y Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de julio del año en curso, aprobó, con el número 49/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de julio de mil novecientos noventa y nueve.’. Ahora bien, la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre intermediación y servicios financieros no debe entenderse referida solamente como la regulación de la actividad financiera, en estricto sentido, sino que comprende la de legislar sobre medidas de seguridad para salvaguardar los recursos del público usuario, así como aquellos necesarios para prestar los servicios en condiciones de absoluta seguridad, en la medida en que estos aspectos son parte de la organización y funcionamiento de las instituciones financieras. Lo anterior fue establecido categóricamente en el criterio adoptado por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 56/96, que fue promovida por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, por haber expedido éste el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria para el Municipio de Guadalajara, Jalisco. En la sentencia respectiva, en la que se declaró por unanimidad la invalidez de dicho reglamento, se adoptó la tesis de jurisprudencia P./J. 71/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 545, que a la letra dice: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYE LO RELATIVO A SU SEGURIDAD. Conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión, en forma exclusiva, legislar sobre intermediación y servicios financieros, y si bien es cierto que dicha disposición no hace referencia en forma expresa a las instituciones de crédito, del análisis de la evolución histórica del citado dispositivo constitucional deriva que originalmente, en dicha fracción, el Constituyente incluía expresamente a dichas instituciones y que mediante diversas reformas se fue modificando tal expresión, primero, por la de «servicios de banca y crédito» y, posteriormente, por la de «intermediación y servicios financieros»; ello, con el fin de adecuar dicho precepto a las diversas reformas que sufrió el artículo 28 de la propia Carta Magna; por tanto, debe estimarse que la potestad genérica del Congreso de la Unión para expedir normas reguladoras sobre intermediación y servicios financieros incluye, además de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a la organización de las instituciones de crédito, dentro de las que queda comprendido el aspecto de su seguridad y protección. Controversia constitucional 56/96. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco. 16 de junio de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de septiembre en curso, aprobó, con el número 71/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete.’. A mayor abundamiento, de conformidad con la facultad conferida por la Carta Magna al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, este órgano legislativo expidió la Ley de Instituciones de Crédito, la cual tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, su organización y funcionamiento, sus actividades y operaciones, así como la protección de los intereses del público. Dicho ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 1990, y en sus artículos 1o. y 96 establece: ‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano.’. ‘Artículo 96. Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad especializada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito. La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.’. Del artículo 1o. de la Ley de Instituciones de Crédito se desprende que el Congreso de la Unión, de conformidad con el texto constitucional que le otorga la facultad para expedir leyes que regulen la intermediación y servicios financieros, estableció no sólo normas que regulan el servicio de banca y crédito, sino que también dispuso las reglas para precisar las instituciones que habrán de ser autorizadas para prestar ese servicio, así como las normas a que las mismas deberán sujetar su organización y funcionamiento, a efecto de que queden perfectamente protegidos los intereses del público usuario. Derivado del hecho de que el Congreso de la Unión es el facultado para regular la intermediación y servicios financieros, se hace necesario, en consecuencia, que la ley de la materia establezca no sólo quiénes habrán de prestar esos servicios y la forma en que tendrán que hacerlo, sino también el otorgamiento de un conjunto de facultades a autoridades específicamente señaladas con la finalidad de que verifiquen que las instituciones correspondientes presten tales servicios con estricto apego a la ley, así como un conjunto de obligaciones para las instituciones prestadoras del servicio, inherentes a éste y a su funcionamiento y organización, independientemente de sanciones y penas aplicables a aquellas instituciones que incumplan con sus obligaciones. Como parte de las obligaciones de las instituciones de crédito inherentes a su organización y funcionamiento se encuentran las relativas al establecimiento de medidas de seguridad en las sucursales de instituciones bancarias. En atención a lo anterior, del artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, transcrito con antelación, se desprende que: *Es obligación de las instituciones de crédito establecer medidas básicas de seguridad, las cuales deben incluir la instalación y funcionamiento de dispositivos, mecanismos y equipo indispensable; *Tales medidas tienen por objeto prestar la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio; *Las instituciones de crédito contarán con una unidad especializada, para dar cumplimiento a las obligaciones indicadas; *Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictar, mediante reglas de carácter general, lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17392-906211d5/accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-el-procedimiento-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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