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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. CUANDO SE PLANTEEN EN LA DEMANDA CONCEPTOS DE FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA Y VIOLACIONES DE FONDO, DEBE PRIVILEGIARSE EL ANÁLISIS DE ÉSTAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2001 Y SUS ACUMULADAS 19/2001 Y 20/2001. · Registro digital (IUS): 7076
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 638.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2001 Y SUS ACUMULADAS 19/2001 Y 20/2001. PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de abril de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados los días catorce y diecinueve de marzo del año dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; Amalia Dolores García Medina, en su carácter de presidenta del Partido de la Revolución Democrática y Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Abraham López Ramírez, Alejandro Moreno Berry, Arturo Aparicio Barrios, Arturo Velasco Martínez, Carlos Reveles Delijorge, David Mendoza Arellano, Ezequiel Flores Rodríguez, Félix Castellanos Hernández, Alejandro González Yáñez, Marcos Cruz Martínez, Rubén Aguilar Jiménez, Alfonso Primitivo Ríos, Alfonso Mercado Chávez, Arturo López Cándido, Camilo Torres Mejía, Claudia Serapio Francisco, Eugenia Flores Hernández, Ezequiel Reynoso Esparza, Filomeno Pinedo Rojas, Francisco Hernández Neri, Herón Escobar García, Jaime Moreno Berry, Joaquín H. Vela González, José Librado González Castro, José Belmares Herrera, Juan C. Regis Adame, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Mercedes Maciel Ortiz, Miguel Flores Valenzuela, Pedro Bernal Rodríguez, Pedro Vázquez González, Rodolfo Solís Parga, Gonzalo Gómez Alarcón, Jaime Cervantes Rivera, Javier Arroyo Cuevas, José Luis López López, José Miguel Martínez Castañeda, Juan Bautista Olivera Guadalupe, Luis Patiño Pozas, María Teresa Gómez Gleason, Miguel Bess-Oberto Díaz, Óscar González Yáñez, Pedro A. Matus Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Rosa Luz del Valle González, Rosalía Peredo Aguilar, Sergio Carrillo Arciniaga, Víctor Morales Acoltzi, Rosario del Castillo, Vicente Estrada Vega y Zeferino Juárez Mata, integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad, en contra de las normas y autoridades que a continuación se indican:

Autoridades que emitieron las normas generales impugnadas:

"A) Órgano legislativo: La Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

"B) Órgano ejecutivo: El gobernador del Estado de Yucatán."

Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publicaron:

"Decreto Número 412 por el que se reforman los artículos 85, fracción I y 86, fracciones III y IV, del Código Electoral del Estado de Yucatán, así como los artículos transitorios de dicho decreto publicados en el Diario Oficial de la entidad el doce de marzo de dos mil uno."

SEGUNDO. A excepción del Partido Acción Nacional, los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo expusieron los siguientes antecedentes:

"I. El treinta y uno de agosto del año dos mil, el H. Congreso del Estado de Yucatán emitió el Decreto Número 278 por el cual se ratificó para un periodo electoral más a los consejeros ciudadanos y al secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, decreto que fue publicado el primero de septiembre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. En dicho decreto se establece a la letra lo siguiente: ‘El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, Decreta: Artículo único. De conformidad con el artículo 86, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Yucatán, se ratifica para un periodo ordinario electoral más en el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán a las siguientes personas: Propietarios: Abog. Elena del Rosario Castillo Castillo, Lic. Ariel Avilés Marín, L.A.E. Eduardo Seijo Gutiérrez, Prof. Francisco Javier Villarreal González, Lic. José Ignacio Puerto Gutiérrez, Ing. Carlos Fernando Pavón Gamboa y Prof. William Gilberto Barrera Vera. Suplentes: Jorge Carlos Gómez Palma, C.P. José Abel Peniche Rodríguez, Ing. Russell Almicar Santos Morales, C.P. Luis Felipe Cervantes González, Miguel Ángel Alcocer Selem y Lic. Luis Alberto Martín Iut Granados. Asimismo, se ratifica para un periodo ordinario electoral más, al secretario técnico del Consejo Electoral del Estado licenciado en derecho Ariel Aldecua Kuk. Transitorio: Único. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil.’. Inconforme con el acto señalado en el punto anterior, el siete de septiembre del mismo año dos mil, el Partido de la Revolución Democrática que en este acto represento, interpuso juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual le fue asignado el número de expediente SUP-JRC-391/2000. Sustanciado el recurso de mérito en todas sus etapas procedimentales, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el día doce del mes de octubre del ya mencionado año dos mil, emitió sentencia definitiva e inatacable, en la cual declaró fundados los agravios hechos valer por mi representado, revocando el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán, relativo a la ratificación de los entonces consejeros ciudadanos y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Los resolutivos de la sentencia señalan textualmente lo siguiente: ‘PRIMERO. Se revoca el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación para un periodo ordinario electoral más, en el cargo de consejeros ciudadanos y el secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de treinta y uno de agosto del presente año (2000), publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia. TERCERO. Una vez integrado el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, éste deberá proceder a designar a su secretario técnico, o en su caso, ratificar al ciudadano que actualmente desempeña tal encargo. CUARTO. Una vez que el Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando cuarto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esta sentencia, en un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, apercibido de que en caso de no proceder en esos términos, se aplicarán los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades de que pueda ser objeto.’. El considerando cuarto de la sentencia que se señala en el presente apartado, sustancialmente ordena al H. Congreso del Estado de Yucatán, reponer el procedimiento para la designación de los consejeros ciudadanos, con una nueva lista integrada con las personas que cumplieron con los requisitos de ley. Asimismo, se ordena a la legislatura de dicha entidad, para que dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que fuera notificada la resolución, realizara una sesión plenaria en la que eligiera a los siete consejeros ciudadanos propietarios y a los siete consejeros suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los diputados presentes. El día catorce de octubre de dos mil, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Yucatán, realizó una sesión de trabajo a efecto de atender el mandato contenido en la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil, elaborando la lista de personas que, a su entender, cumplían con los requisitos previstos por los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, para ser candidatos a consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. La mencionada lista fue la siguiente: a) Brígida del Pilar Medina Klaussell. b) Armando Iván Escobedo Burgos. c) Alfredo Cámara Zi. d) Ruth Aurora Urrutia Ceballos. e) Alba Flor de la Cruz Sobrino Alcocer. f) Raúl Eduardo Tzab Campo. g) Carlos Alberto Sosa Guillén. h) Roger Alberto Medina Chacón. i) Jesús Efrén Santana Fraga. j) Luis Humberto Baeza Burgos. k) Miriam Ivette Mijangos Orozco. l) Ricardo César Romero Álvarez. m) Héctor Humberto Herrera Heredia. n) José Manuel Álvarez Araujo. A su vez, el Congreso del Estado de Yucatán elaboró una lista por separado de las personas que, en su opinión, no reunieron los requisitos establecidos en los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán para ser consejeros ciudadanos. El día dieciséis de octubre de dos mil, en sesión extraordinaria, el Pleno de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, a partir del dictamen precisado en el punto anterior e incumpliendo diversas formalidades esenciales del procedimiento, eligió a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, designación que se contiene en el Decreto Número 286, publicado el diecisiete del mismo mes y año, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Del mencionado acto, resultaron electos los siguientes ciudadanos. Propietarios: Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, Roger Alberto Medina Chacón, Luis Humberto Baeza Burgos, Miriam Ivette Mijangos Orozco, Héctor Humberto Herrera Heredia y José Manuel Álvarez Araujo. Suplentes: Ruth Aurora Urrutia Ceballos, Alba Flor de la Cruz Sobrino Alcocer, Raúl Eduardo Tzab Campo, Carlos Alberto Sosa Guillén, Jesús Efrén Santana Fraga, Ricardo César Romero Álvarez y Armando Iván Escobedo Burgos. El dieciocho de octubre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibió un ocurso signado por el presidente del Congreso de Yucatán, por el cual informaba que, a juicio de la Legislatura Estatal, se había dado cumplimiento a lo ordenado por sentencia de doce de octubre del mismo año. Es importante mencionar, que con los actos antes mencionados, los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán reconocieron la jurisdicción y competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de los actos derivados de la legislatura de dicha entidad federativa, por los que se realizaba la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. II. El día diecinueve de octubre de dos mil, el Partido de la Revolución Democrática presentó un juicio de revisión constitucional electoral, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se inconformó con el contenido del Decreto 286 emitido por el Congreso del Estado de Yucatán, relativo a la nueva designación de consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, realizada el dieciséis de octubre de dos mil y publicada al día siguiente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, quedando radicado el mencionado juicio con el número de expediente SUP-JRC-445/2000 y siendo acumulado en su momento a un juicio diverso interpuesto por el Partido Acción Nacional y radicado bajo el número de expediente SUP-JRC-440/2000. Sustanciado el medio impugnativo de mérito, con fecha quince de noviembre de dos mil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia definitiva e inatacable, en la cual concluyó que la designación de los consejeros ciudadanos realizada por el Congreso del Estado de Yucatán, contravenía diversas disposiciones constitucionales y legales. En los puntos resolutivos de su sentencia, el tribunal federal medularmente ordena lo siguiente: ‘... SEGUNDO. Se revoca el Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de dieciséis de octubre de dos mil, publicado el diecisiete de octubre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Se dejan sin efecto todos aquellos actos o resoluciones emanados por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia en términos de lo dispuesto en el considerando quinto de este fallo. CUARTO. Una vez que el H. Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando quinto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esa sentencia, en un término de cuarenta y ocho horas a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, enviando copia certificada de toda la documentación que se hubiese generado con tal motivo, por el medio que considere idóneo y más expedito, apercibido que en caso de no proceder en esos términos, se aplicarán los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades de que pueda ser objeto. QUINTO. Notifíquese. ...’. No obstante lo anterior, los integrantes de la citada legislatura determinaron desacatar la resolución de marras, omitiendo realizar los actos mandatados por el tribunal federal en su resolución y manifestando públicamente su rechazo a la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional federal en el ejercicio de sus atribuciones. III. Cabe resaltar que, la sentencia mencionada en el numeral anterior, recaída en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y su acumulado, además de revocar el Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán, relativo a la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de dieciséis de octubre de dos mil; había dejado sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia. Tal resolución fue notificada vía estrados por el Tribunal Electoral a todos los interesados en los términos de lo dispuesto por los artículos 26, 28 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que había surtido todos sus efectos legales al día siguiente de su fijación en estrados. Sin embargo, no obstante que el tribunal federal ha dejado sin efectos su nombramiento como consejeros del Consejo Electoral del Estado de Yucatán y todos aquellos actos por ellos realizados, los ciudadanos Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo y Luis Humberto Baeza Burgos, en un franco y abierto desacato a dicha resolución, han continuado hasta antes de la reforma objetada, desempeñando la función de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Los hechos antes narrados se encuentran debidamente acreditados en los autos del expediente del juicio de revisión constitucional que ha quedado plenamente identificado. El conocimiento pleno de la sentencia por parte de dichos ciudadanos se encuentra perfectamente acreditado en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral que ha quedado debidamente identificado, pues por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó la ratificación de la notificación correspondiente; ordenando al efecto se notificara personalmente a los terceros interesados en el mencionado juicio, que a saber, eran los consejeros ciudadanos nombrados por el Congreso del Estado de Yucatán mediante el Decreto Número 286, Roger Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco. Dichas personas a la fecha, además de usurpar la función de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, han celebrado diversas sesiones públicas, dictando acuerdos y resoluciones, atribuyéndose el carácter de consejeros y ejerciendo indebidamente el servicio público, no obstante que les ha sido revocado su nombramiento. IV. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil, ante el reiterado incumplimiento de la sentencia precisada, el Partido de la Revolución Democrática interpuso incidente de inejecución de sentencia, por virtud del cual se denunciaba que los plazos ordenados en la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil, habían transcurrido en exceso, sin que el H. Congreso del Estado de Yucatán hubiera dado cabal cumplimiento a lo ordenado en los resolutivos segundo al cuarto, en relación al considerando quinto del mismo fallo, denunciando en consecuencia la rebeldía en que dicho poder estatal se había constituido. V. Con fecha once de diciembre de dos mil, la multicitada Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el incidente de inejecución de sentencia identificado en el punto que antecede, declarándolo fundado. En dicha resolución incidental, la Sala Superior acredita y deja constancia del desacato en que incurren los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán, respecto a la resolución dictada por dicho órgano jurisdiccional en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral que ha sido previamente identificado, destacando el criterio siguiente: ‘Derivado de la omisión del ejercicio de las atribuciones y facultades que la ley les irroga para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la misma normatividad o de un mandamiento judicial, el ciudadano presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán y los demás integrantes del Congreso en actitud de desacato, han producido una afectación y daño al desarrollo del proceso electoral en dicha entidad federativa. Por tanto, y al no haberse realizado los actos que llevaran a la plena ejecución de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil, toda vez que a dichos funcionarios públicos correspondía velar por el cumplimiento del mandato judicial -la debida instalación del Consejo Electoral del Estado de Yucatán-, se afecta gravemente el desarrollo del proceso electoral, pues la instalación de dicho órgano se encontraba prevista en términos legales para los primeros días del mes de noviembre del año dos mil.’. La responsabilidad de los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán se agrava, si se atiende al hecho de que en primer término habían emitido dos decretos inconstitucionales con los cuales pretendían designar a los consejeros ciudadanos del órgano superior de dirección en materia electoral en dicha entidad federativa, lo cual dio lugar a la revocación de los mismos por parte de la máxima autoridad electoral. En un segundo momento, han decidido desacatar la resolución definitiva, firme e inatacable, dictada por un tribunal jurisdiccional federal con lo cual han propiciado la demora en el cumplimiento de la sentencia y han dado lugar a un grave retraso en el inicio del proceso electoral. Como se desprende asimismo de la sentencia interlocutoria de marras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió nuevamente al Congreso del Estado de Yucatán para que, a través de su Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como del Pleno del propio Congreso Local, cumpliera cabalmente con lo ordenado en la sentencia dictada por dicha autoridad electoral con fecha quince de noviembre de 2000, realizando cada una de las obligaciones de hacer precisadas en el considerando quinto de dicha sentencia, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la resolución incidental en comento, debiéndose informar del inicio de dichas actividades. VI. Mediante auto de fecha trece de diciembre de dos mil, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, certificó que en el periodo comprendido entre las veinte horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil, a las veinte horas con veinte minutos del trece de diciembre del mismo año, no se recibió comunicación alguna del Congreso de Yucatán respecto de lo ordenado en la resolución del incidente de inejecución de sentencia de fecha once de diciembre de dos mil. Ante el persistente incumplimiento del Congreso de Yucatán, a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dio inició a la ejecución de la sentencia de mérito, con el objeto de lograr la debida y urgente integración del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional en materia electoral mencionada, procedió a realizar el requerimiento de documentación faltante a los partidos políticos y organizaciones sociales que presentaron propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, señalando como domicilio para la recepción de documentos en la ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán. El acuerdo en mención, ordena se haga del conocimiento del Congreso del Estado de Yucatán, que la Sala Superior del Tribunal Electoral había iniciado la ejecución de la sentencia, dando oportunidad al órgano legislativo a que, en el caso de renunciar a su actitud contumaz, podría dar cumplimiento a lo ordenado en cualquiera de los subsecuentes actos de ejecución de la sentencia, haciéndose cargo del procedimiento de designación respectivo, a partir del estado en que se encontrara. Mediante proveído de fecha veintidós de diciembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo del conocimiento general, la lista de personas que serían consideradas como candidatos a ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Estado de Yucatán. La lista en cuestión comprendía a cuarenta y seis ciudadanos seleccionados de las propuestas presentadas por organizaciones sociales y partidos políticos registrados en el Estado de Yucatán. De dicha determinación se ordena dar vista al Congreso de Yucatán, a efecto de que dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación, en sesión plenaria, eligiera de entre los ciudadanos nominados en dicha lista, a los siete consejeros ciudadanos propietarios y siete consejeros suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los diputados presentes. Asimismo, se impuso el plazo de veinticuatro horas para que el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, informara al Tribunal Electoral Federal de la designación o, en su caso, insaculación de los ciudadanos que debían integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Se apercibió además a dicho órgano, que en caso de continuar con la franca rebeldía mostrada, se consideraría que continuaba vigente el desacato a los mandamientos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también, se apercibe al Congreso de Yucatán que, en caso de no realizar la designación de consejeros como se encontraba ordenado, el día veintinueve de diciembre de dos mil, a las trece horas en sesión pública a celebrarse en su Sala de Plenos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaría directamente la insaculación de los consejeros propietarios y suplentes, que deberían integrar definitivamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán. VII. Tal requerimiento tampoco fue atendido, por lo que, derivado de la constante, sistemática y habitual actitud de desafío desplegada por el Congreso del Estado de Yucatán, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de garantizar la plena ejecución de su sentencia, en sesión pública de fecha veintinueve de diciembre de dos mil, realizó la insaculación de los consejeros propietarios y suplentes, que deben integrar definitivamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán. El acuerdo en cita, ordena hacer del conocimiento del Congreso de Yucatán, el resultado del procedimiento de insaculación de los consejeros ciudadanos que deben actuar de manera definitiva como integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Asimismo, el acuerdo ordena al Congreso de Yucatán, tomar protesta constitucional a los ciudadanos insaculados de manera definitiva como consejeros ciudadanos que integrarán el Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Por otro lado, se ordenó que, en el supuesto de que el Congreso del Estado de Yucatán no convocara a los consejeros insaculados a más tardar el día ocho de enero de dos mil uno a efecto de tomarles la protesta correspondiente, dichos funcionarios electorales podrían rendir la protesta legal por escrito ante dicho órgano legislativo en el plazo comprendido del nueve al catorce de enero del mismo año, acompañados de un fedatario público. El multicitado tribunal federal señala, asimismo, que en el caso de que se actualizara el supuesto precisado en el párrafo anterior, debería realizarse la sesión de instalación del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el quince de enero de dos mil uno, a las doce horas, en el local del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, a efecto de iniciar la etapa de preparación de la elección correspondiente al proceso electoral. Se ordena, por tanto, a los integrantes del Consejo Electoral y del Congreso, ambos del Estado de Yucatán, informar a la Sala Superior del cumplimiento que se otorgara a lo ordenado, en un plazo no mayor al día dieciséis de enero de dos mil uno. Se manda además, en dicho proveído, se comunique al gobernador del Estado de Yucatán el resultado del procedimiento de insaculación realizado por el tribunal, para designar a los consejeros ciudadanos que deben integrar el Consejo Electoral de dicha entidad federativa. VIII. Con fecha tres de enero de dos mil uno, mediante escrito recibido por el Congreso del Estado de Yucatán, los ciudadanos Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco (quienes integraban el Consejo Electoral del Estado de Yucatán revocado por el Tribunal Electoral), comparecen ante la Legislatura Estatal reconociendo el contenido de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ésta les había sido debidamente notificada. No obstante lo anterior, solicitan al Poder Legislativo de la entidad textualmente lo siguiente: ‘... Ahora bien, según nos hemos enterado por medio de la prensa y radio, esta H. Legislatura no ha dado curso a la citada resolución en virtud de que es contraria a nuestras leyes y atenta contra la soberanía del Estado de Yucatán, y como de acuerdo a nuestras leyes este H. Congreso es la única autoridad facultada para designar consejeros del Consejo Electoral del Estado y se ha manifestado en el sentido de que estamos en funciones, por medio del presente acudimos a esa instancia para que, por escrito, nos dé indicaciones precisas al respecto, y si en su caso, contamos con la autorización para ejercer el presupuesto asignado para el proceso electoral de dos mil uno.’. En respuesta a tal solicitud, el día cinco de enero del año en curso, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, fue publicado el Decreto Número Cuatrocientos (400), emitido con fecha cuatro de enero de dos mil uno, por el Congreso del Estado de Yucatán y promulgado por el gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, que textualmente dice: ‘Ciudadano Víctor Manuel Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a sus habitantes hago saber: El H. Congreso Libre y Soberano de Yucatán, Decreta: Artículo único. Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco, consejeros ciudadanos propietarios del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, remitan su actuación a lo dispuesto en el Decreto 286 de fecha 16 de octubre del año 2000, aprobado por esta soberanía y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 17 de ese propio mes y año y a la protesta de ley que rindieron para desempeñar el cargo de consejeros ciudadanos propietarios del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el día 17 de octubre del año 2000, con todas las consecuencias legales que conllevan los mismos. Transitorio. Único. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil uno. Presidente Dip. Dr. José Limber Sosa Lara. Secretario Dip. Prof. Josué Aroel Chuc y Moo. Secretario Dip. L.A.E. José Orlando Pérez Moguel. Rúbricas.’. Como puede apreciarse, la Legislatura del Estado de Yucatán, no solamente omitió cumplir con las obligaciones de hacer que le fueron impuestas por el Tribunal Electoral Federal sino que además, emitió un nuevo acto (Decreto 400), mediante el cual pretende revertir la revocación del Decreto 286 de fecha dieciséis de octubre de dos mil, y a la protesta que habían rendido como funcionarios, no obstante que la multicitada Sala Superior del Tribunal Electoral ha dejado sin efectos dicho decreto mediante resolución de fecha quince de noviembre del mismo añ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7076-d10af5fb/accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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