EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, QUE ESTABLECE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO TENGAN ANTECEDENTES ELECTORALES EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, NO TENDRÁN DERECHO A FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES GENERALES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2001 Y SUS ACUMULADAS 23/2001 Y 24/2001. PARTIDOS CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA Y ALIANZA SOCIAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de agosto de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escritos presentados los días ocho y nueve de junio del año dos mil uno, uno de ellos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y los otros dos en el domicilio particular del licenciado Jesús Díaz García, persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término; Dante Delgado Rannauro, en su carácter de presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Político Nacional Convergencia por la Democracia; Gustavo Riojas Santana, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal del Partido de la Sociedad Nacionalista; y Guillermo Calderón Domínguez, en su carácter de presidente del Partido Alianza Social, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
"Autoridades que emitieron la norma general impugnada:
"a) La Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
"b) El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
"Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publicó:
"Decreto Número 216 por el que se reforma, entre otros, el artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el diez de mayo de dos mil uno."
SEGUNDO.-Los Partidos Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social expusieron los siguientes antecedentes.
El Partido Convergencia por la Democracia señaló:
"1. El 21 de febrero de 1999, se realizaron elecciones en el Estado de Hidalgo para renovar el H. Congreso del Estado, es decir, fueron elecciones para elegir diputados en la entidad.-2. El 30 de junio de 1999, Convergencia por la Democracia obtuvo su registro como partido político nacional, ante el Instituto Federal Electoral.-3. El día 12 de julio de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo relativo del Instituto Federal Electoral, por el cual se le otorga su registro a Convergencia por la Democracia, como partido político nacional.-4. El día 27 de abril de 2000, Convergencia por la Democracia fue inscrito en sesión ordinaria ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para efecto de hacerse acreedor tanto los derechos y obligaciones que le confiere la ley.-5. El día 10 de mayo del año en curso se publicó en el Periódico Oficial del Estado, en el tomo CXXXIV, número 20, el Decreto Número 216, por el que se reforma la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, contando previamente con la promulgación del Gobernador Constitucional del Estado, Manuel Ángel Núñez Soto, del decreto por el H. Congreso del Estado."
Por su parte, el Partido de la Sociedad Nacionalista manifestó lo siguiente:
"1. Es el caso que mediante el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, tomo CXXXIV, número 20, de la fecha 10 de mayo de 2001, se publicó el Decreto Número 216 de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en el que se reforma la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación (11 de mayo de 2001), de conformidad con el artículo primero transitorio del mismo decreto.-2. Por lo que, en específico, con la reforma del mencionado artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, se agregan el inciso h) en la fracción I y el e) de la fracción II el que establece lo siguiente: ‘Artículo 38. Las partidas en el erario público del financiamiento público, se dividen por: I. Actividades generales: ... h) Los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, no tendrán derecho a financiamiento por actividad general. II. Por actividad electoral: ... e) En el supuesto de que algún partido político con registro vigente no cuente con antecedentes de participación de acuerdo a lo que establece el enciso (sic) h) de la fracción anterior, tendrá acceso únicamente a la prerrogativa por actividad electoral en un monto que no podrá exceder de 625 salarios mínimos vigentes en el Estado. ... h) Los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, no tendrán derecho a financiamiento ...’.-Que como se puede observar, en forma obvia ataca los derechos constitucionales otorgados a mi representada por el artículo 41 constitucional, dejándolo en evidentes condiciones de inequidad ante el resto de los partidos políticos que cuentan con antecedentes electorales, mismos que incluso tienen representación en el órgano emisor del decreto, colocando a los partidos que no contamos con tales antecedentes en un absoluto estado de indefensión.-3. Asimismo, el artículo primero transitorio del Decreto 216 que se repele, establece: ‘Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’.-Manifestamos nuestra inconformidad con lo establecido en el artículo transitorio primero, que permite la publicación y entrada en vigor de dicha forma.-4. La aplicación de los referidos incisos h) de la fracción I y e) de la fracción II del artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, recién publicada, se da una clara violación a los preceptos constitucionales federales, son en forma heteroaplicativa, en el sentido de que el legislador pretende nulificar posibilidades de participación en la vida democrática de esa entidad, al conculcar el derecho que tiene todo partido político a recibir financiamiento público para sus actividades electorales y de campaña de acuerdo al contenido del artículo 41 de la Constitución General de la República, colocando a los partidos políticos que cuentan con dichos antecedentes en una situación privilegiada y que de hecho tienen representación en ese órgano que hoy pretende conculcar los derechos de mi representada.-Es decir, lejos de facilitar a los partidos políticos con menor fuerza electoral, el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, lo limita e impide. Afectando con ello las posibilidades de participación y crecimiento del Partido de la Sociedad Nacionalista en esa entidad desde el momento de su aplicación al negarle las posibilidades de contar con financiamiento público para la operación de sus actividades generales, como se acredita con los siguientes ..."
A su vez, el Partido Alianza Social expuso los siguientes antecedentes:
"1. El día diez de mayo del año dos mil uno, fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Número 216 que la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo ha presentado y por el cual se señala en el artículo 38, fracción I, inciso h), fracción II, inciso e), lo siguiente: ‘Artículo 38. Las partidas en el erario público del financiamiento público, se dividen por: I. Actividades generales: ... h) Los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, no tendrán derecho a financiamiento por actividad general. ... II. Por actividad electoral: ... e) En el supuesto de que algún partido político con registro vigente no cuente con antecedentes de participación de acuerdo a lo que establece el inciso h) de la fracción anterior, tendrá acceso únicamente a la prerrogativa por actividad electoral en un monto que no podrá exceder de 625 salarios mínimos vigentes en el Estado. ... Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’.-El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece ...’, señalándose que con la acepción individuo se incluye a las personas jurídicas o morales, es decir a aquellos entes que por su naturaleza no pueden tener condiciones de individuos particulares o personas, como lo son los ciudadanos, ello de conformidad a nuestra organización que como partido político tiene, ya que le reconoce personalidad jurídica propia, además de ser entidad de interés público, por así reconocerlo la propia Constitución Federal, en su artículo 41, fracción I, párrafo segundo; por tanto, se hace acreedor de las garantías a que se refiere el artículo 1o. y no le pueden ser restringidas ni suspendidas, salvo en los casos que establece el artículo 29 de la Constitución General de la República, refiriéndose a hechos totalmente diferentes a la promulgación de leyes, en concreto las leyes electorales, son las que deben tener como finalidad, según prescribe la fracción I, párrafo segundo, del artículo 41, garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo las funciones, es decir promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder de acuerdo a los principios e ideales que postula el Partido Alianza Social."
TERCERO.-Los partidos políticos promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez.
Partido Convergencia por la Democracia.
"La reforma del artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo es inconstitucional por las consideraciones siguientes: Antes de la publicación del decreto combatido en el presente ocurso, la Ley Electoral del Estado de Hidalgo señalaba en su artículo 38, fracción I, numeral 6, lo siguiente: ‘Artículo 38. ... 6. Los partidos políticos con registro nacional que no obtengan a nivel estatal el 2% de la votación de la última elección ordinaria de diputados se les otorgarán un mil doscientos cincuenta salarios mínimos generales vigentes en el Estado.’.-En este orden de ideas, al no haber participado el partido que represento en la elección de diputados el día 21 de febrero de 1999, por no existir aún como partido nuestro instituto político, es evidente, que era imposible cumplir con dicho requisito; en razón de lo anterior, al ser Convergencia por la Democracia un partido de nueva creación, se le otorgó financiamiento público por concepto de 1250 salarios mínimos generales vigentes en el Estado a partir del mes de mayo de 2000, momento en que fue reconocido nuestro partido para que se le otorgara la prerrogativa de financiamiento público. Dicho criterio fue tomado correctamente, pues, los partidos políticos de nueva creación tienen derecho a que se les otorgue financiamiento público, tanto ordinario como de campaña, pues el primero es por concepto de sus actividades ordinarias permanentes y el segundo para la campaña de sus postulados, plataformas y difusión de las propuestas de sus candidatos, con el objeto de la consecución del voto en los electores.-Sin embargo, la reforma de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, publicada mediante Decreto 216 en el Periódico Oficial del Estado, el día 10 de mayo del presente año, señala en su artículo 38, fracción I, incisos f), h) y artículo 38, fracción II, inciso e), que a la letra señala lo siguiente: ‘Artículo 38. Las partidas en el erario público del financiamiento público, se dividen por: I. Actividades generales: ... f) Los partidos políticos con registro nacional que obtengan a nivel estatal del 1% al 1.9% de la votación en la última elección ordinaria de diputados y que hubiesen participado con fórmulas de candidatos, en cuando menos doce distritos electorales, se les otorgarán seiscientos cincuenta salarios mínimos generales vigentes en el Estado ... h) Los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, no tendrán derecho a financiamiento por actividad general; II. Por actividad electoral: ... e) En el supuesto de que algún partido político con registro vigente no cuente con antecedentes de participación de acuerdo a lo que establece el inciso h) de la fracción anterior, tendrá acceso únicamente a la prerrogativa por actividad electoral en un monto que no podrá exceder de 625 salarios mínimos vigentes en el Estado.’.-De lo anteriormente transcrito podemos hacer las siguientes consideraciones: 1. Por lo que hace a la reforma a que se refiere la fracción I, inciso f), la misma no afecta, pues dicha disposición entrará en vigor hasta el año 2002. De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo transitorio, que a la letra señala lo siguiente: ‘Séptimo. La disposición prevista en la fracción I, inciso f) del artículo 38 de esta ley, se aplicará a partir de los resultados que se obtengan en la elección ordinaria de diputados del año 2002.’.-En razón de lo anterior, esta disposición no es combatida en el presente ocurso.-2. Lo que sí afecta al partido que represento es lo establecido en el artículo 38, fracción I, inciso h), al señalar que no tendrán derecho al financiamiento público por actividad general los partidos políticos que no tengan antecedentes electorales en la elección de diputados.-Dicha reforma se contrapone con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, base primera, pues no se permite al partido que represento participar en las elecciones que se celebrarán el próximo año, con los suficientes medios para poder contender dignamente en la elección que se celebrará el próximo año, aunado a lo anterior, también incumple con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente: 'Artículo 116. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.’.-De acuerdo con lo anterior, se infiere que los partidos políticos deben de recibir financiamiento público por dos conceptos, como es el financiamiento público por actividades ordinarias y para gastos de campaña, sin importar que como el caso que nos ocupa Convergencia por la Democracia sea un partido político de nueva creación, es decir, no es óbice para no recibir el financiamiento público por no tener antecedentes electorales de diputados, puesto que como ya ha quedado asentado anteriormente, era imposible para nuestro partido haber participado en las elecciones de diputados del día 21 de febrero de 1999, pues en ese entonces nuestro instituto político aún no surgía como partido político nacional, es por lo que considero que se incumple con lo dispuesto tanto en el artículo 41, base primera, y el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a Convergencia por la Democracia sólo se le otorgará, con el sentido de esta reforma, financiamiento público por concepto de actividad electoral, de conformidad con lo que establece el artículo 38, fracción II, inciso e), de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.-Como podemos observar la Constitución Federal obliga a los Estados otorgar financiamiento público de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la propia entidad, por lo que podemos decir que aun existiendo armonía entre las normas locales que regulan el financiamiento público, también es cierto que la combatida reforma electoral no establece el financiamiento público que se le debe de otorgar a los partidos políticos de reciente creación por actividad general, y por el contrario, se les excluye del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, fracción I, inciso h), de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, señalando que sólo se le otorgará la prerrogativa por concepto de actividad electoral, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Cabe señalar que al tener el partido que represento su registro vigente ante el propio Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, desde el mes de septiembre de 1999, consideramos que no existe ningún impedimento para recibir dicha prerrogativa, pues esto implicaría que no se cumpla con los principios de legalidad y de equidad, principios a los que está sujeto el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso b), de nuestra Carta Magna.-No se puede marginar al partido que represento de la partida de financiamiento público por actividades generales, por el simple hecho de que no cuenta con antecedentes electorales en la elección de diputados, puesto que el partido que represento obtuvo su registro como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral a partir del 30 de junio de 1999, por así derivarse del acuerdo del Instituto Federal Electoral, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio del mismo año, en consecuencia, el instituto político que represento no participó en las elecciones para diputados del Estado de Hidalgo del día 21 de febrero de 1999, por tratarse de una circunstancia de imposible realización.-De lo anterior, podemos observar, que el artículo 38 reformado de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo es inconstitucional, puesto que está limitando a recibir el financiamiento público exclusivamente a los partidos que hubieran contendido en las elecciones anteriores para diputados, en consecuencia, se excluye a los partidos de nueva creación o que hubieren obtenido su registro con posterioridad a la elección inmediata anterior, por lo tanto, resulta materialmente imposible cumplir con estas condiciones y bajo el principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible, tal situación resulta inadmisible, al contravenir lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, por no garantizar el derecho de los partidos políticos de recibir financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades generales, además de que ello deberá hacerse en forma equitativa.-Podemos concluir que a Convergencia por la Democracia se le está privando de una prerrogativa a que tiene derecho por mandato en nuestra Carta Magna en su artículo 116, fracción IV, inciso f).-Refuerzo lo anterior con el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ‘FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN TIENEN DERECHO A RECIBIRLO (LEGISLACIÓN DE COLIMA).’ (se transcribe).-Cabe aclarar, que lo que reclama Convergencia por la Democracia, es precisamente el financiamiento público por actividades generales, puesto que el financiamiento público por actividad electoral está plenamente reconocido en el artículo 38, fracción II, inciso e), de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, pero en esta disposición debe suprimirse la exclusión en cuanto a que si los partidos políticos no tuvieran antecedentes electorales en la elección de diputados sólo tendrán derecho a financiamiento por actividades electorales, puesto que como ya lo señalamos, el financiamiento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de nuestra Carta Magna establece dos especies del mismo como es por actividades ordinarias y gastos de campaña, como lo ha considerado el siguiente criterio emitido por el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ‘FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. INTERPRETACIÓN DEL INCISO I) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA.’ (se transcribe).-Debemos señalar que el financiamiento público de los partidos políticos, tiene como finalidad proveer el fortalecimiento de sus propias actividades, así como para la difusión de sus postulados y candidatos, es decir, para permitir un enlace entre la sociedad y el propio partido, a lo cual está obligado a velar, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, es decir, al fortalecimiento del sistema de partidos políticos; y el hecho de que se niegue al financiamiento público en cuanto a actividades generales al instituto político que represento, lo condena prácticamente a su extinción en el Estado, puesto que sin estas percepciones no sería posible el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.-Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 41 establece el derecho de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones federales, estatales y municipales, pero para poder ejercer el derecho antes mencionado es obvio que se requiere de contar con los mínimos recursos para poder realizar sus actividades y a la vez intervenir de una manera digna en los procesos electorales, lo cual se cumple solamente con el otorgamiento del financiamiento público en sus dos especies.-De esta manera podemos observar que el artículo 38, fracción I, inciso h), en relación con la fracción I, inciso e), de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo no cumple cabalmente con su objetivo de otorgar financiamiento público a los partidos políticos para contribuir subsidiariamente al desarrollo y promoción de sus actividades políticas, puesto que no se otorga el financiamiento público por actividades generales, contraviniéndose de esta manera lo dispuesto por el artículo 41, base primera y el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-En razón de lo anterior, es que a nombre del partido que represento, solicito que al no prever la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el financiamiento público por actividades generales a los partidos políticos que hubieran obtenido su registro o acreditación con posterioridad a la última elección, y en virtud de que el inciso f) del artículo 38, fracción I, se aplicará a partir de los resultados que se obtengan en la elección ordinaria de diputados del año 2002, se le otorgue a Convergencia por la Democracia el financiamiento público señalado en el propio artículo 38, fracción I, inciso a), que a la letra establece lo siguiente: ‘Artículo 38. Las partidas en el erario público del financiamiento público, se dividen por: I. Actividades generales: a) Los partidos que hubieren obtenido del 2% hasta el 5% de la votación en la última elección ordinaria de diputados locales, percibirán una cantidad igual a la suma de dos mil quinientos salarios mínimos generales vigentes en el Estado.’.-Debemos aclarar que el partido que represento ya tiene antecedentes en un caso similar al que nos ocupa en el presente ocurso y que precisamente fue resuelto por el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es el caso de la resolución con número de expediente SUP-JRC-015/2001, referente al financiamiento público en el Estado de Baja California, en el cual se le da la razón a Convergencia por la Democracia, puesto que no se establece en la Ley Electoral del Estado de Baja California, el financiamiento público que deben percibir los partidos políticos de reciente creación que no han participado en elecciones anteriores, por lo que era inoperante el requisito de tener representación en el Congreso, al igual que en el caso que nos ocupa en el presente asunto, no se puede decir que sólo tendrán derecho al financiamiento público los partidos políticos que tengan antecedentes electorales en la elección de diputados, más aún si nuestro partido no tuvo la posibilidad de participar en la elección de diputados del día 21 de febrero de 1999 de Hidalgo, ya que nuestro partido surgió hasta el mes de junio del mismo año, es decir, es un requisito que es imposible para el instituto político que represento haberlo podido cumplir, pero al contar el mismo con acreditación vigente en el Estado, se le debe otorgar dicha prerrogativa, pues en caso contrario se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Aunado a lo anterior, vale la pena transcribir los fragmentos que consideramos relevantes de la resolución antes invocada en el párrafo anterior, al respecto en las páginas 58 y 59 de dicha resolución se señala lo siguiente: ‘... En concepto de esta Sala, al señalarse que el referido porcentaje del financiamiento público permanente, se otorgará en partes iguales a los partidos políticos que tengan representación en el Congreso del Estado, limita el derecho a recibir el financiamiento a los partidos políticos que cumplan con esa condición, con exclusión, en consecuencia, de aquellos que aún no han participado en elección alguna del Estado de Baja California, por haber obtenido su registro o acreditación con posterioridad a la elección inmediata anterior, y que, por tanto, no podrían tener representación en el Congreso, como es el caso del partido accionante Convergencia por la Democracia, partido político nacional, situación que resulta inadmisible, al contravenir lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, que garantiza el derecho de los partidos políticos de recibir financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades, además de que ello deberá de hacerse en forma equitativa.’.-En efecto, los partidos políticos que han obtenido su registro como tales en épocas recientes, y que por lo mismo, no han tenido la oportunidad de participar en contiendas electorales locales, requieren que las autoridades competentes les otorguen financiamiento público para su sostenimiento, pues sólo así tales entidades estarán en aptitud de lograr paulatinamente su consolidación en la conciencia ciudadana, y cumplir para el beneficio de la sociedad, con los fines precisados en el artículo 41 constitucional ya invocado, por lo que si no cuentan con este financiamiento, prácticamente se les está impidiendo ejercer su derecho que tienen a participar como partidos políticos nacionales que son, en las elecciones locales, en los términos que se establece en el propio artículo 41, base primera, de la Constitución Federal.-La misma resolución establece en sus páginas 61 y 62 lo siguiente: ‘... Por otro lado, al negar financiamiento público permanente a los partidos políticos que no han tenido oportunidad de participar en ninguno de los procesos electorales locales, por ser de creación posterior al último de ellos, los coloca en la misma situación que aquellos que sí participaron en la elección anterior, pero que no obtuvieron representación en el Congreso, por no reunir los requisitos legales para ello, generando un trato igual a entes que se encuentran en circunstancias diversas, lo que también deviene inaceptable por contravenir el principio de equidad, rector en la distribución del financiamiento público, que consagra el artículo 116 de la Constitución General de la República.-En efecto, los partidos políticos que ya participaron en la elección anterior de diputados locales por el principio de mayoría relativa y no cubrieron los requisitos legalmente establecidos para contar con representación en el Congreso Local, se encuentran en una situación diversa respecto de los partidos que aún no han participado en proceso comicial alguno, y por tanto uno y otros merecen un trato diferenciado entre sí, pues existe plena justificación de no otorgar financiamiento a partidos, que no obstante haberlo recibido para una elección anterior, no demostraron tener la presencia suficiente para seguir gozando de tal prerrogativa, cuestión diversa a la situación de los partidos de nueva creación, que por razones obvias no han tenido la oportunidad de probar su grado de penetración en la sociedad.’.-Por todas las consideraciones anteriormente señaladas, es que consideramos que tanto el Congreso del Estado, al reformar indebidamente la Ley Electoral en cuanto al financiamiento público, como el gobernador constitucional de la entidad, al promulgar y ordenar publicar la misma, no solamente ignoran lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso f), sino que también ignoran que existe un principio de supremacía constitucional que se establece en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que establece a la letra lo siguiente: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’.-Con base en lo anterior, podemos señalar que ni el H. Congreso del Estado ni el Gobernador Constitucional del Estado, se sujetaron a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no fundamentar su actuación principalmente en lo que dispone el artículo 116, fracción IV, de dicho ordenamiento, en cuanto a la distribución del financiamiento público a los partidos políticos en sus dos especies, que para el caso que nos ocupa, no se le otorgaría a Convergencia por la Democracia, el financiamiento público por actividades generales. Lo que implica una violación más a nuestra Carta Magna además de lo anteriormente señalado.-A mayor abundamiento, diremos qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7366-e5840ffa/equidad-en-el-financiamiento-publico-en-materia-electoral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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