FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE RECONOCERSE LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 102, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24906/LX/14, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 8 DE JULIO DE 2014, QUE PREVÉ QUE AQUELLAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SE RIGEN POR LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, CUANDO LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PROPUESTOS NO ESTÁN DIRIGIDOS A CUESTIONAR SU CONSTITUCIONALIDAD, SINO LA DE UN NUMERAL DIVERSO. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos -con precisiones sobre cuál es la normativa aplicable-, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -con reservas en cuanto a las coaliciones-, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas -con reservas en cuanto a las coaliciones- y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de lo referente a las coaliciones, frentes y fusiones. El Ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) JORNADA ELECTORAL. DEBE RECONOCERSE LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 304, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24906/LX/14, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 8 DE JULIO DE 2014, QUE ESTABLECE QUE LOS ACTOS RELATIVOS A AQUÉLLA SE RIGEN POR LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, CUANDO LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PROPUESTOS NO ESTÁN DIRIGIDOS A DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, SINO LA DE OTRAS DISPOSICIONES. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) JORNADA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 304, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24906/LX/14, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 8 DE JULIO DE 2014, AL NO PREVER EXPRESAMENTE CUÁL ES LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS ACTOS RELATIVOS A AQUÉLLA, ASÍ COMO AL CÓMPUTO DE LOS VOTOS DE LOS PARTIDOS COALIGADOS, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2014 Y SU ACUMULADA 94/2014. PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y ACCIÓN NACIONAL. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Guerrero Rubio y Jorge Legorreta Ordorica, en su carácter de secretario técnico y secretario ejecutivo, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez del artículo 102, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que se publicó en el Diario Oficial del Estado de Jalisco el ocho de julio de dos mil catorce, en relación con el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, publicado el veintitrés de mayo del citado año.
Asimismo, por diverso oficio presentado el siete de agosto de dos mil catorce, Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad federativa mencionada.
Las disposiciones combatidas del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco son del contenido siguiente:
"Título tercero
"De los frentes, coaliciones y fusiones
"Artículo 102
"1. Los frentes, coaliciones y fusiones de los partidos políticos se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos."
"Título sexto
"De la jornada electoral
"Capítulo primero
"Disposiciones generales
"Artículo 304
"1. Los actos relativos a la jornada electoral se rigen por lo dispuesto en la ley general, así como en este título."
SEGUNDO. El Partido Verde Ecologista de México señaló que la disposición impugnada viola lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, 41, 54, 56, 116, fracción II, 124 y segundo transitorio de la reforma político-electoral de la Constitución Federal, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, así como lo dispuesto en los artículos 2o., 6o., fracción II, incisos a) y b), 18 y 20 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Por su parte, el Partido Acción Nacional estimó que el artículo combatido viola lo previsto en los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, párrafo primero, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo, y fracción IV, y 133 de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
TERCERO. Mediante proveído de treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Verde Ecologista y ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 63/2014.
Posteriormente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil catorce, turnó la presente acción de inconstitucionalidad al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
Por diverso acuerdo de once de agosto del año en curso, el Ministro presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la acción promovida por el Partido Acción Nacional y ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 94/2014. En el mismo acto decretó su acumulación a la acción de inconstitucionalidad 63/2014.
De igual forma, mediante acuerdos de treinta de julio y doce de agosto de dos mil catorce, se ordenó dar vista al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, para que rindieran informe, y a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
Asimismo, se solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que formulara opinión en el presente asunto, y se requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que informara la fecha en la que iniciaría el próximo proceso electoral de la entidad.
CUARTO. Mediante autos de quince y veinte de agosto, y dos de septiembre de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en los que señalaron lo siguiente:
Poder Ejecutivo
• La norma general impugnada es válida, porque en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado, se establece que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, que tiene entre sus facultades las de promulgar y ejecutar las leyes. Así, en atención a ello, el gobernador del Estado dio autenticidad al decreto impugnado y lo publicó por conducto de la Secretaría General de Gobierno.
Poder Legislativo
• Las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes, porque lo que se reclama es la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas el veintitrés de mayo de dos mil catorce, y ya no se está dentro del término para impugnar esos preceptos.
• Son infundados los conceptos de invalidez formulados, toda vez que las normas generales impugnadas se emitieron con fundamento en una facultad expresamente conferida al Poder Legislativo Local.
• En otra parte, son inoperantes los conceptos de invalidez planteados, porque el artículo 102, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado establece que los frentes, coaliciones y fusiones de partidos políticos se rigen por la Ley General de Partidos Políticos, la cual es acorde con la Constitución Federal.
• Dicho precepto no viola lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, y 6o., fracción II, incisos a) y b), de la Constitución Federal, toda vez que ésta no establece que los votos emitidos por partidos en coalición, frente o fusión puedan contarse en favor de todos los partidos que participen en ellos, ni tampoco que pueda considerarse para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.
• Es inoperante el concepto de invalidez relativo a la inconstitucionalidad del artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que no resulta ambiguo o confuso si se lee conjuntamente con el artículo 2o. de dicho ordenamiento, que establece que por ley general se entenderá la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es una legislación acorde con el marco constitucional aplicable.
• Además, la remisión que hace dicho artículo no viola lo dispuesto en ningún artículo constitucional, ni tampoco contraviene el derecho a votar y ser votado.
• De igual forma, es inoperante el sexto concepto de invalidez formulado, en el que se reclama la invalidez del artículo 311, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que no existe señalamiento al respecto, además de que está fuera de término para su impugnación.
QUINTO. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil catorce, se ordenó glosar al expediente el oficio y el anexo del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante los cuales remitió la información que le fue requerida, así como la opinión solicitada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual es del contenido siguiente:
• El artículo 102, párrafo primero, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es constitucional, porque en la reforma político-electoral se determinó que sería facultad del Congreso de la Unión regular un sistema de coaliciones para los procesos electorales federales y locales que incluyera las modalidades de escrutinio y cómputo de votos. En este sentido, la norma general impugnada no viola lo dispuesto en la Constitución Federal, porque atiende a dicha reforma, al establecer que los frentes, coaliciones y fusiones de partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.
• El artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es constitucional, porque la remisión que esa disposición hace a la ley general debe entenderse, en correlación con el artículo 2o. de dicho ordenamiento, referida a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• En segundo término, se advierte que los conceptos de invalidez están encaminados a combatir el régimen jurídico aplicable para regular el cómputo de la votación en favor de una coalición. Ahora bien, dicha etapa corresponde a los resultados electorales, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 102, numeral 1, del ordenamiento combatido, es posible concluir que la legislación aplicable en ese caso, es la Ley General de Partidos Políticos, que es la que regula las modalidades sobre el escrutinio y cómputo de los votos tratándose de coaliciones.
Sin que pase inadvertido lo dispuesto en el artículo 311, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto al cómputo distrital de la votación; sin embargo, este ordenamiento no resulta aplicable, ya que en la reforma político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reservó a la Ley General de Partidos Políticos lo relativo al sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la coalición.
Por último, ordenó poner los autos a la vista de las partes para que formularan alegatos.
SEXTO. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil catorce, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción en el presente asunto; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en el presente caso se trata de acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos nacionales en contra de disposiciones electorales del Estado de Jalisco. Ver votación 1
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. En primer lugar, se analizará si las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas oportunamente. Ver votación 2
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
Ahora bien, en las acciones de inconstitucionalidad se impugnan disposiciones del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, publicado el ocho de julio de dos mil catorce en el Diario Oficial del Estado de Jalisco.
De esta manera, el plazo de treinta días para presentar las referidas acciones de inconstitucionalidad inició el nueve de julio de dos mil catorce y concluyó el siete de agosto siguiente.
Por tanto, si las acciones de inconstitucionalidad fueron recibidas los días veintinueve de julio y siete de agosto, ambos de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que fueron presentadas en tiempo.
En relación con la oportunidad de las acciones de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, toda vez que la pretensión principal de los partidos actores es que se declare la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, por lo cual, ya no se está en el término establecido para impugnar ese ordenamiento. Lo anterior, a juicio del Poder Legislativo, adquiere mayor sustento, si se toma en cuenta que en ambos casos los conceptos de invalidez formulados están dirigidos a combatir esa legislación y no los artículos 102 y 304 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Es infundada la causa de improcedencia que hace valer el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, toda vez que, si bien los partidos políticos promoventes atribuyen vicios de inconstitucionalidad a diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicha impugnación la hacen derivar de las disposiciones del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del cual, las acciones de inconstitucionalidad se presentaron oportunamente.
Es decir, en el presente caso, las acciones de inconstitucionalidad se presentaron en contra de diversas disposiciones del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, las cuales fueron oportunas, siendo que el análisis de los argumentos que se hacen valer en contra de disposiciones legales distintas de las impugnadas, tendrá que ser materia de análisis al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los ordenamientos impugnados.
En ese sentido, los planteamientos que los partidos políticos accionantes formulan en contra de las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una cuestión que atañe al fondo del asunto, por lo que, al resultar oportuna la presentación de las acciones de inconstitucionalidad, por lo que se refiere al Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dichos argumentos deben ser analizados en cuanto a su eficacia, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas contenidas en el referido código.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 36/2004, sustentada por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."(2)
En ese sentido, deben estimarse oportunas las acciones de inconstitucionalidad, sin perjuicio de pronunciarse, en su caso, sobre los aspectos propuestos al resolver el fondo del asunto.
TERCERO. Legitimación. A continuación se procede a analizar la legitimación de los promoventes, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción. Ver votación 3
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo último, de su ley reglamentaria establecen que los partidos políticos podrán promover acciones de inconstitucionalidad cuando cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente, lo hagan por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso) y que quien suscriba en su representación tenga facultades para ello.
Es un hecho notorio que los promoventes son partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral, y consta en autos que las personas que acudieron en su nombre cuentan con las atribuciones necesarias.
Por cuenta del Partido Verde Ecologista de México acudieron a esta instancia Diego Guerrero Rubio y Jorge Legorreta Ordorica, en su carácter de secretario técnico y secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional de dicha organización, respectivamente. Asimismo, por cuenta del Partido Acción Nacional acudió a esta instancia Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de presidente del comité ejecutivo nacional de dicho partido político. Al respecto, de autos se advierte que dichas personas cuentan con las atribuciones(3) con las que se ostentan, y que las organizaciones en nombre de las cuales promovieron acción de inconstitucionalidad se encuentran registradas como partidos políticos nacionales.(4)
Por tanto, este Tribunal Pleno concluye que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte con legitimación para ello.
CUARTO. Conceptos de invalidez. El Partido Verde Ecologista de México sostiene que el artículo 102, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es inconstitucional, por los siguientes motivos: Ver votación 4
• El precepto impugnado, en relación con el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, restringe los derechos fundamentales a votar y ser votado, porque al prohibir que los votos en los que se haya marcado más de una opción de los partidos coaligados sean tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas, le resta eficacia al voto emitido por los ciudadanos, ya que impide que sea contabilizado para efectos de la asignación de partidos por el principio de representación proporcional.
• La disposición impugnada viola el principio de representación proporcional, ya que éste tiene como objetivo que cada partido político tenga representación en el órgano colegiado correspondiente, lo más aproximado posible a su porcentaje de votación respecto de la votación total válida. No obstante, la prohibición de que a los partidos coaligados se les puedan contabilizar los votos que obtuvieron válidamente en una elección impide que se contabilice la votación efectivamente emitida a favor de los partidos políticos en coalición.
• Existe una antinomia entre la Ley General de Partidos Políticos y el sistema de asignación de votos para legisladores electos por el principio de representación proporcional que vulnera el principio de certeza en materia electoral establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal y el artículo 2o. de la Constitución Local. Lo anterior, porque el sistema constitucional y el legal determinan que los votos emitidos en favor de dos o más partidos coaligados sean considerados en los cómputos distritales para efectos de la votación nacional, la cual será utilizada para llevar a cabo la asignación de curules de conformidad con dicho principio; sin embargo, el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos establece que los votos en los que se haya marcado más de una opción de partidos coaligados contarán como un solo voto, sin posibilidad de ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.
Por ende, mientras el diseño constitucional y legal establece que la suma distrital de los votos obtenidos por la coalición se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran una coalición, la Ley General de Partidos Políticos establece que los votos no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional.
• El numeral 4, inciso f), de la fracción I, del segundo transitorio, de la reforma político-electoral, no establece contenido alguno que deba ser incorporado a la Ley General de Partidos Políticos en materia de representación proporcional e integración de las Legislaturas Locales. En este sentido, la facultad del Congreso de la Unión, de establecer el mecanismo de cómputo de los votos tratándose de coaliciones, se circunscribe exclusivamente a la forma en la que habrán de contabilizarse los votos para efectos de la suma total, sin que ello abarque la posibilidad de que dichos votos no sean tomados en cuenta para efectos de la representación proporcional, ya que ello, en todo caso, corresponde determinarlo a las Legislaturas Locales.
Por su parte, el Partido Acción Nacional señala que el artículo 304, numeral I, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es inconstitucional, por lo siguiente:
• El precepto impugnado viola los principios de supremacía constitucional, legalidad y certeza, al hacer una remisión imprecisa a la ley general, con lo cual se viola lo dispuesto en los artículos 41, 116 y 133 de la Constitución Federal, toda vez que no señala con exactitud cuál es la norma aplicable en las elecciones de la entidad, lo que resulta violatorio del principio de legalidad en materia constitucional, al regular de forma incompleta e insuficiente los mecanismos que deben ser tomados en cuenta en las votaciones.
• El precepto cuestionado permite que la autoridad esté en aptitud de definir en su momento qué norma es aplicable para el cómputo de los votos que obtengan los partidos coaligados, esto es, si los artículos 311, párrafo 1, inciso c), y 12, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o el artículo 87, párrafos 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos.
• El artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al referir que los actos relativos a la jornada electoral se rigen por lo dispuesto en la ley general, pareciera referirse a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, dicha legislación no puede considerarse aplicable, toda vez que su artículo 311, párrafo 1, inciso c), que regula el cómputo de votos que los partidos coaligados obtengan, es exclusivo para el cómputo distrital de la votación para diputados y, por la naturaleza federal del ordenamiento, es inconcuso que se refiere a los diputados federales.
• El artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, remite a las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión para suplir las lagunas legales que provoca dicha legislación. Si bien en un inicio podría aparentar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es aplicable al caso, en realidad la disposición aplicable es el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, en específico, las normas generales para el cómputo de votos, aplicable atendiendo a un criterio de especialidad.
• En caso de que se considere que el artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, no vulnera el principio de certeza, se deben establecer los criterios de interpretación, a efecto de brindar unidad al sistema constitucional y evitar criterios interpretativos que sean contrarios al espíritu del Texto Constitucional.
• El artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco vulnera los principios universales del sufragio. Esto se debe a que la normatividad federal de la materia prohíbe la transferencia o fracción de votos; sin embargo, el artículo combatido hace una remisión que permite la figura de la distribución y la partición de votos, lo cual resulta contrario a los principios rectores del sufragio.
• Se debe inaplicar el artículo 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, toda vez que en caso de que se considere que remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se daría lugar a una falsa representación a través de la figura de la transferencia de votos, lo cual es contrario al objetivo fijado por el Constituyente, consistente en elevar el porcentaje de votación necesario para que los partidos mantengan su registro y para que adquieran derecho a la primera asignación de una curul por el principio de representación proporcional.
• La norma combatida es inconstitucional, al violar el principio de certeza en cuanto a la voluntad del elector, en virtud de que no existen elementos suficientes para determinar con precisión el sentido del voto del ciudadano, en cuanto a su intención de dividirlo o distribuirlo, sino únicamente de emitir el sufragio por el candidato en cuestión.
• Además, en caso de que se pretenda optar por la aplicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, existe un vicio de inconstitucionalidad del cual adolece el artículo 311, inciso c), de dicho ordenamiento, ya que si un ciudadano, al momento de emitir su voto por dos o más partidos políticos en coalición que pueden ser ideológicamente opuestos, sería contradictorio suponer que la voluntad del elector es la de distribuir igualitariamente su voto.
• En caso de que se considere que la disposición combatida remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se daría lugar a un abuso de derecho, porque la figura de la distribución de votos es una forma de postular candidatos que únicamente constituyen una sobrerrepresentación de la conformación del Congreso Local.
QUINTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Al no existir causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, distinto del analizado en el considerando segundo de este fallo, que se advierta de oficio o que hagan valer las partes, se procede al estudio de los conceptos de invalidez formulados. Ver votación 5
SEXTO. Análisis de los conceptos de invalidez. A continuación se procederá al estudio de los argumentos formulados por los partidos políticos promoventes, en contra de los artículos 102, numeral 1 y 304, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para llevar a cabo dicho estudio, éste se dividirá en dos apartados:
1) Artículo 102, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de julio de dos mil catorce.
El Partido Verde Ecologista de México señala que el artículo 102, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es inconstitucional, por las siguientes razones: Ver votación 6
• El precepto impugnado, en relación con el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, restringe los derechos fundamentales a votar y ser votado, porque al prohibir que los votos en los que se haya marcado más de una opción de los partidos coaligados sean tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas, le resta eficacia al voto emitido por los ciudadanos, ya que impide que sea contabilizado para efectos de la asignación de partidos por el principio de representación proporcional.
• La disposición impugnada viola el principio de representación proporcional, ya que éste tiene como objetivo que cada partido político tenga representación en el órgano colegiado correspondiente, lo más aproximado posible a su porcentaje de votación respecto de la votación total válida. No obstante, la prohibición de que a los partidos coaligados se les puedan contabilizar los votos que obtuvieron válidamente en una elección impide que se contabilice la votación efectivamente emitida a favor de los partidos políticos en coalición.
• Existe una antinomia entre la Ley General de Partidos Políticos y el sistema de asignación de votos para legisladores electos por el principio de representación proporcional, que vulnera el principio de certeza en materia electoral establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal y el artículo 2o. de la Constitución Local. Lo anterior, porque el sistema constitucional y legal determinan que los votos emitidos en favor de dos o más partidos coaligados sean considerados en los cómputos distritales para efectos de la votación nacional, la cual será utilizada para llevar a cabo la asignación de curules de conformidad con dicho principio; sin embargo, el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos establece que los votos en los que se haya marcado más de una opción de partidos coaligados contarán como un solo voto, sin posibilidad de ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.
Por ende, mientras el diseño constitucional y legal establece que la suma distrital de los votos obtenidos por la coalición se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran una coalición, la Ley General de Partidos Políticos establece que los votos no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional.
• El numeral 4, inciso f), de la fracción I del segundo transitorio de la reforma político-electoral, no establece contenido alguno que deba ser incorporado a la Ley General de Partidos Políticos en materia de representación proporcional e integración de las Legislaturas Locales. En este sentido, la facultad del Congreso de la Unión de establecer el mecanismo de cómputo de los votos tratándose de coaliciones, se circunscribe exclusivamente a la forma en la que habrán de contabilizarse los votos para efectos de la suma total, sin que ello aba
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25537-05a8ef11/frentes-coaliciones-y-fusiones-de-partidos-politicos-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, SON DE NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE (51)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO PROCEDE CONTRA UN DECRETO QUE ABROGA UN PROYECTO DE LEY QUE, AUNQUE FUE APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL, NO SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL (LE (59)
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