ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE UN COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2000. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de octubre de dos mil, José Manuel León Bernal, en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México del Estado de Durango, presentó acción de inconstitucionalidad, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:
"Órgano legislativo emisor. La honorable LX (Sexagésima) Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango con domicilio muy conocido en calle 5 de febrero, esquina con calle Zaragoza de esta ciudad capital, C.P. 34000.-Órgano ejecutivo emisor. El Gobernador Constitucional y secretario general del Gobierno del Estado de Durango, domicilio muy conocido en calle 5 de febrero, esquina con Bruno Martínez de esta ciudad capital, C.P. 34000 (por el periodo 1998-2004).-Medio de comunicación. Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, tomo CCIII, No. 26, con fecha del día jueves 28 de septiembre del 2000, Decreto No. 303 por el que (sic) contiene reformas y adiciones al Código Estatal Electoral."
SEGUNDO.-Los antecedentes expuestos en la demanda son los siguientes:
"Antecedentes legislativos. Decreto No. 406. Que contiene el Código Estatal Electoral.-Decreto No. 335 de la H. LX Legislatura del Estado, en virtud del cual se reforma y adiciona el Código Estatal Electoral.-Decreto No. 294. Que contiene reformas a varios artículos de la Constitución Política del Estado de Durango.-Antecedentes. 1. Que el día 26 de agosto de 1996, por escrito del C. Lic. Jorge González Torres, presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México acredita ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Durango al suscrito C. José Manuel León Bernal, como presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Durango del Partido Verde Ecologista de México."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la actora en su demanda son los siguientes:
"‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ...’.-Efectivamente, desde el punto de vista de la técnica jurídica y considerando el criterio intrínseco estatuido en la elaboración material de la ley, resulta racional sostener que la sustancia intrínseca de lo prescrito de la norma general cuya invalidez se reclama, no es compatible correlativamente con la sustancia intrínseca de lo prescrito con el precepto constitucional que se estimó violado en este escrito, ya que si bien es cierto que cabe afirmar que desde el punto de vista del criterio formal de validez, la norma general cuya invalidez se reclama debe ser acatada como ley vigente que es, tampoco es menos cierto que su aplicación conduce a los partidos políticos ubicados en dicho supuesto normativo al deficiente cumplimiento de las exigencias y disposiciones de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y demás relativos del Código Estatal Electoral, dado que la fracción segunda del artículo 86 no corresponde como norma jurídica a una verdadera dinámica reglamentaria constitucional por no reflejar la íntima relación que debe existir entre la norma, la realidad y valores propios de la esencia constitucional federal, especialmente en los preceptos constitucionales estimados como violados en este escrito de inconstitucionalidad, habida cuenta que no garantiza la sana competencia de los partidos políticos en nuestro sistema electoral local, ya que es lógico y jurídico entender que los partidos políticos minoritarios que no tenemos representación en el Congreso del Estado en todo momento nos ubica en una situación que difícilmente hará posible sostener nuestra independencia partidista, respecto de presiones ilegales que podrán derivarse de grupos de poder económico, social e institucional, ya que es innegable que las tareas partidistas genéricas: (1) de promover la participación en la vida democrática; (2) la de contribuir a la integración de la representación popular; (3) la de promover la formación ideológica y política de sus militantes; (4) la de nombrar representantes ante las mesas de casillas; (5) la de participar en la vigilancia del proceso electoral; (6) la de formar parte de los órganos electorales; (7) la de cumplir con los programas y estatutos; (8) la de realizar tareas de educación y capacitación política; (9) la de efectuar tareas de investigación socioeconómicas; (10) la de realizar tareas editoriales de prensa y propaganda; (11) la de estructurar comités municipales; y (12) la de fomentar mediante foros, discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana, es un cometido prácticamente imposible de realizar a base de un financiamiento público totalmente miserable, degradante, inequitativo, antisocial y antidemocrático, ya que precisamente dichas funciones de democracia estatal se llevan a cabo en una entidad federativa de gran extensión territorial, con una división de 15 distritos uninominales, 32 Municipios, infinidad de poblaciones, colonias, fraccionamientos y barrios, así como un padrón electoral de más de 800 mil electores, aunado a que el Instituto Federal Electoral tiene catalogado al distrito 01 electoral (mismo que se ubica en la entidad federativa citada), como el más grande de la República y el segundo de más alto riesgo a nivel nacional.-De ahí que en obvio de repeticiones, resulta que la disposición legal vigente de la fracción II del artículo 86, cuya invalidez se reclama, es un texto de ley que constriñe por regla general a los partidos políticos que no hayan obtenido representación en el Congreso del Estado o aquellos que dejaron de obtenerla, o bien a los partidos políticos de nuevo ingreso a una imposibilidad material económica de poder cumplir con sus funciones, obligaciones y aspiraciones democráticas que le marcan en forma precisa sus documentos básicos y el propio Código Estatal Electoral, ya que efectivamente el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos citados es la asignación de una cantidad anual que no tiene otro objeto más que el de minar el régimen económico de los partidos señalados para disminuir la captación de voto y, por ende, su llegada al poder público y a obtener una mayor cobertura de financiamiento público, es decir, que dicho otorgamiento de recursos atenta contra la libertad, con que debe erigirse el actuar los (sic) partidos políticos, tanto nacionales como locales, precisamente porque reduce de manera injustificada sus posibilidades de participar en el contexto político con base a una expectativa razonable, de ahí que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se invalide dicha norma jurídica que se impugna para que se pronuncie a favor de un nuevo impulso de reforma que propicie verdaderamente la equidad constitucional en materia de financiamiento público, o bien amplíe la zona de lo posible para lograr una reforma que mantenga condiciones de equidad en la contienda electoral en que permita la formación del fortalecimiento de un sistema de partidos políticos que refleje la pluralidad de opciones políticas en el Estado de Durango y, por ende, en el país sin desigualdades de orden económico de los factores políticos, máxime que el sistema mexicano se decanta abiertamente por partidos preponderantemente financiados por el Estado, lo que implica una provisión de recursos necesarios a los contendientes políticos, que asegure una competencia política, vigorosa y equilibrada.-Cuadro de complementación. Explicación de calificativos. Miserable. Considerando el alto costo de la vida, la crisis económica general y sus efectos inflacionarios, en la actualidad un partido político requiere para el sostenimiento de sus actividades permanentes un monto mínimo equivalente a $100,000 pesos mexicanos como cantidad mensual al año que corresponda (duplicando dicho monto para gastos de campaña), por lo que al asignarle por regla general sólo 100 salarios mínimos, lo imposibilita por inercia propia de la ley llevar a cabo sus funciones tanto permanentes como electorales.-Degradante. El determinismo económico es el peor de los males modernos porque ahoga el espíritu de iniciativa a base de la ansiedad, el desgaste económico personal y de la insatisfacción de las necesidades materiales, situación lamentable que pretende corroer la cimentación ideológica de los partidos políticos que no hayan obtenido representación en el Congreso del Estado o que dejaron de tenerla, ya que por sí misma toca las cuerdas más sensibles del espíritu humano tanto la de sus integrantes como la de sus candidatos postulados.-Inequitativo. Porque el criterio material para la asignación del financiamiento público que establece el artículo 86 en comento, propicia a todas luces la desigualdad de condiciones económicas en la lucha electoral violando la esencia intrínseca del artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal de la República y en correlación con los artículos 14 y 16, el artículo 41, porque dicha asignación de recursos públicos contraviene las estipulaciones del Pacto Federal, además que imposibilita más que hacer posible el acceso de los partidos políticos afectados su arribo al ejercicio del poder público y todo sobre bases anticonstitucionales, parciales y subjetivas, porque no se acogen al principio de equidad por pasar por alto los límites intrínsecos del artículo 116, párrafo II, fracción IV, inciso f), ya que no existe un criterio paritario que permita el acceso a esta prerrogativa conforme a los mismos parámetros de asignación, tan es así que la fracción II del artículo 86 del Código Estatal Electoral, donde se señala que se les asignará por concepto de financiamiento público una cantidad mensual equivalente a 400 salarios mínimos durante el año que corresponda, prevé una cantidad específica, sin relación con el monto total a distribuir o referencia alguna de los elementos que pudiera justificar dicha suma, como si se hace respecto de aquellos partidos políticos que tienen representación en el referido Congreso, ya que se aprecia que su financiamiento público se fija considerando los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral, el número de diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en el Congreso y la duración de las campañas electorales, por así establecerlo en forma precisa en el artículo 25, párrafo 8, inciso a), de la Constitución Local, de lo que se advierte que el financiamiento público para actividades ordinarias se determina conforme a los criterios antes señalados, lo que no sucede al determinar el financiamiento basándose en salarios mínimos.-De lo anterior se advierte que no obstante que todos los partidos políticos tienen una misma naturaleza, y gozan de las prerrogativas para cumplir con las funciones que tienen establecidas a nivel constitucional, como lo son promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen mediante el sufragio universal, libre y secreto, tal discriminación o el favor en el trato no es en virtud de fundamentos o circunstancias relevantes, pues en tanto que para unas establece una cantidad predeterminada en salarios mínimos, basada en un factor sin relación alguna con el monto total a distribuir como financiamiento público, para otros apunta criterio diverso. En esta forma, la legislación electoral de Durango establece un doble sistema para el cálculo y asignación del financiamiento público entre los diversos partidos políticos con derecho a participar del mismo, circunstancia que en sí misma es inequitativa y suficiente para determinar que el financiamiento público otorgado a los partidos políticos que no obtuvieron representación en el Congreso Estatal y los que no han participado aún en el proceso electoral local, no satisface la garantía constitucional de equidad.-Antisocial. Un partido político que no cuenta con un financiamiento público, digno y suficiente, expone a sus directivos o candidatos postulados a recurrir a financiamientos oscuros que comprometan con anticipación el ejercicio del poder público, ya sea que provengan de funcionarios corruptos, narcotraficantes, empresarios o extranjeros a cambio de ampliar la zona de lo posible a la impunidad.-Antidemocrático. Un financiamiento público miserable debilita la fuerza opositora de los partidos políticos que no ejercen el poder público, por lo que en dichas condiciones se pierde prácticamente la esperanza de generar en el Estado de Durango un verdadero cambio democrático sobre bases sanas. Es por eso, que la legislación electoral de la entidad federativa que nos ocupa debe cumplir con el principio de equidad previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, para que en el Código Estatal Electoral se precise el establecimiento de un financiamiento público idóneo que permita satisfacer las necesidades y objetivos del proceso electoral, a fin de garantizar una democracia efectiva, pues la independencia financiera de los partidos políticos adquiere particular relevancia al garantizar su funcionamiento y participación en los procesos electorales, en condiciones de igualdad, sin distorsiones de ninguna especie. Lo anterior no se podría llevar a cabo si no cuentan los partidos políticos con elementos económicos necesarios, y menos aún evitando la obtención de recursos que pudiesen implicar prácticas deshonestas o ilegales.-En conclusión, es totalmente una mentira que el Código Estatal Electoral del Estado de Durango responda a una realidad social, económica y política, ni mucho menos que contenga reformas impregnadas de un alto espíritu democrático que promueva la competencia y la participación política electoral, equitativa, justa y apegada a derecho, ya que al momento de aplicar la norma concreta combatida se reflejará sin duda alguna la nugatoriedad de las disposiciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos en comento, toda vez que se pretenderá colocar a mi representado Partido Verde Ecologista de México en desventaja electoral frente a las existentes que sí cuentan con representantes ante el Congreso del Estado, lo que es inaceptable para la consolidación de un régimen democrático regido, respecto al financiamiento, por el principio de equidad, de donde se deduce que tal medida sólo conducirá a fortalecer a los partidos políticos en el poder estatal, que son el PRI, PAN, PRD y PT, y a la inversa tratar de debilitar la fuerza política del PVEM, que sin duda alguna en virtud de la doctrina ecológica que profesa, es la nueva opción electoral que pudiera contrarrestarlos.-En estos términos, aun cuando la legislación de Durango reconoce las circunstancias propias de cada instituto político en tanto lo distingue por su trayectoria y representatividad, lo que a primera vista satisface el principio de equidad establece cómo se ha considerado con atención a lo expuesto, sistemas diversos para la determinación del financiamiento público. Así tenemos que por una parte, los partidos políticos con registro vigente y que hayan participado en la elección estatal inmediata anterior y no hayan obtenido representación en el Congreso, así como los que participarán por vez primera en el proceso electoral, ven tasada la asignación que les ha de corresponder en 400 veces el salario mínimo vigente para la capital del Estado, en tanto que para los restantes dispone un sistema diverso fundado en los porcentajes que se habrán de distribuir, tomando como base los costos mínimos de campaña, de lo que resulta claro que se contemplan dos sistemas para la determinación del financiamiento.-En síntesis, la fracción II del artículo 86 del Código Estatal Electoral de Durango, no satisface el principio de equidad que debe imperar en el otorgamiento del financiamiento público a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes, puesto que los factores que sirven de base para determinar este tipo de recursos a los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso Local no guarda relación alguna con el monto a distribuir por este concepto y es diverso respecto de aquellos que sí tienen tal representatividad, lo que se traduce en un trato diferenciado, que no se justifica en tanto que constitucionalmente todos los partidos políticos tienen igual naturaleza y fines."
CUARTO.-El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la actora estima violado es el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso f).
QUINTO.-Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
SEXTO.-Por auto de tres de noviembre de dos mil, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.
SÉPTIMO.-El gobernador del Estado de Durango, al presentar su informe, manifestó:
"Es cierto que con fecha 28 de septiembre del corriente año el Ejecutivo a mi cargo ordenó la impresión, publicación, circulación y comunicación a quienes corresponda para su exacta observancia, del Decreto No. 303 que contiene reformas y adiciones al Código Estatal Electoral, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de la misma fecha, cuya fotocopia certificada me permito acompañar al presente y que por consiguiente contiene al artículo 86 cuya inconstitucionalidad se reclama."
OCTAVO.-El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango al rendir su informe adujo lo siguiente:
"En relación a los actos reclamados por el promovente en cuanto a esta autoridad se refiere, manifestó que efectivamente la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó mediante Decreto No. 303, publicado en el Periódico Oficial No. 26, de fecha 28 de septiembre de 2000, reformas y adiciones al Código Estatal Electoral; negando desde este momento que el Decreto No. 303 por el que se reformó el Código Estatal Electoral y en el cual se contiene el artículo 86 a que alude el promovente, sea inconstitucional, tal como lo pretende hacer valer, ya que éste fue aprobado por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, de conformidad con lo que establecen los artículos 50, 51 y 52 de la Constitución Política Local; es decir, les precedió una iniciativa, misma que fue turnada a la comisión de dictamen correspondiente, para posteriormente presentar el proyecto de decreto al Pleno del Congreso del Estado, quien en su oportunidad aprobó el decreto de referencia, habiéndose enviado posteriormente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación correspondiente.-Además de lo anterior, cabe señalar que el artículo 55 de nuestra Constitución Política Local, establece lo siguiente: ‘Artículo 55. El Congreso tiene facultades para legislar en todo aquello que no está expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus Cámaras y además para: ... II. Legislar en lo relativo a la administración interior del Estado. ... VI. Derogar, adicionar y reformar las leyes del Estado. ...’.-En consecuencia de lo anterior, se observa claramente que el acto sobre el que se legisló constituye en sí una materia de la cual es competente el Poder Legislativo del Estado, y por lo tanto, cumple los supuestos de legalidad, objetividad y generalidad de la que deben estar investidos los actos provenientes de la autoridad.-Ahora bien, y en relación directa con lo que manifiesta el promovente en su acción de inconstitucionalidad, en el sentido de que ha sido violado lo dispuesto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable anotar que el promovente no especifica el porqué se violan las garantías contenidas en tal precepto, pues si bien es cierto, el mismo trata de dar una razón, también lo es que hace una apreciación muy subjetiva de los mismos, puesto que la Constitución Política del Estado de Durango, establece claramente que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgarán conforme a lo que establece la propia Constitución y la ley de la materia, la cual establece las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.-En esa virtud, se destaca claramente que no ha sido violentado el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque precisamente en las mismas disposiciones legales se fijan las bases de participación real y objetiva de cada uno de los partidos políticos bajo los principios de objetividad, certeza, imparcialidad, equidad y justicia, por lo que se sostiene que lo contenido en el artículo 86 del Código Estatal Electoral y en el mismo código, responde a la realidad social, económica y política de nuestro Estado, sosteniendo de igual manera que contiene un alto espíritu democrático que promueve la competencia y la participación política electoral, equitativa, justa y apegada a derecho."
NOVENO.-Por oficio TEPJF/P/649/2000 presentado el diez de noviembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó su opinión con motivo de la presente acción de inconstitucionalidad, en los términos siguientes:
"De la lectura de los motivos de inconformidad se desprende que, el partido político accionante pretende demostrar que la disposición electoral local impugnada es inconstitucional, porque: a) Determina el otorgamiento de un financiamiento insuficiente para que los partidos políticos que carecen de representación en el Congreso del Estado puedan cumplir con las finalidades que constitucional y legalmente tienen encomendadas.-b) Establece reglas inequitativas para el otorgamiento de financiamiento público estatal a dichos partidos políticos.-Para emitir una opinión concreta respecto a estos argumentos, conviene recurrir primero al sistema jurídico rector del financiamiento a los partidos políticos.-En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte, y en la legislación electoral federal al reglamentar a la ley superior, se contemplan diversos tipos de financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, entre los que destacan conceptos como el de financiamiento público, privado, por militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimiento financiero, fondos y fideicomisos. Asimismo, se establece en la Carta Magna que el financiamiento público puede ser de dos clases, una proveniente de la Federación y otra de las entidades federativas, conteniendo cada uno de estos tipos sus propios lineamientos constitucionales.-Conforme al artículo 41, fracción II, de la Carta Magna, las bases para su aplicación son: I. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. II. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. III. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. IV. El financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña y diputados a elegir, número de partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión y duración de las campañas electorales.-De la cantidad total que resulte, el treinta por ciento se distribuirá en forma igualitaria y el setenta por ciento restante, se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido los partidos en la elección de diputados inmediata anterior. V. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año. VI. Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a educación, capacitación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales.-Por otra parte, el financiamiento público que deben proporcionar las entidades federativas se encuentra regulado, fundamentalmente, por los artículos 41, fracción I y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se obtienen las siguientes bases.-a) Los partidos políticos nacionales tienen derecho de participar en las elecciones estatales y municipales.-b) Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.-Así las cosas, es indiscutible que se abre la posibilidad de que dichas instituciones se vinculen a las actividades político-electorales de las entidades federativas, en los términos en que se fije en la legislación de cada una de éstas, siempre que no se opongan a la Ley Fundamental, de manera que, de este modo, se pueden encontrar inmersos en cualquiera de las etapas del proceso electoral, así como en la participación del funcionamiento y desarrollo de las actividades de los órganos electorales fuera del proceso electoral, o en cualquier actividad regida por la legislación electoral local.-El financiamiento público se establece bajo dos rubros fundamentales, el referente a las actividades ordinarias permanentes y el relativo a la obtención del voto en procesos electorales. De acuerdo con la norma constitucional referida, de manera clara se advierte que no se hace ningún distingo en cuanto a la prerrogativa general de acceder al financiamiento público para su sostenimiento y para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.-Ahora bien, de acuerdo con las bases constitucionales señaladas, es fácil advertir que la finalidad del financiamiento público radica en que se destinen recursos económicos públicos para el sostenimiento de los partidos políticos y para las actividades encaminadas a la obtención del voto, lo que debe entenderse referido a los gastos del sostenimiento que los partidos nacionales realicen en las entidades federativas y a los actos de proselitismo relacionados con las elecciones locales, en año electoral.-Las bases constitucionales anteriores se encuentran acogidas por la Constitución Política del Estado de Durango y por el Código Electoral de dicha entidad.-Así, el artículo 25, párrafo segundo, bases cuarta y quinta, de la Constitución Política del Estado de Durango, dispone: ‘Los partidos políticos nacionales y estatales registrados, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Así mismo tendrán derecho, a conservar su registro y a las prerrogativas que establezca la ley, todo aquel partido que alcance cuando menos el 1.5% de la votación emitida.-La ley de la materia establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como los límites a las erogaciones y los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos, estableciendo las sanciones correspondientes al incumplimiento. Igualmente fijará las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.-El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgarán conforme a lo siguiente y a lo que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6895-7d593245/accion-de-inconstitucionalidad-el-presidente-de-un-comite · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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