Corpus
Modo: Corpus Pro

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO TRANSITORIO QUE SE ADICIONÓ A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONTENIDO EN EL DECRETO 206, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUE ESTABLECE UNA MODIFICACIÓN RESPECTO A LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN ESE ESTADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2000 Y SUS ACUMULADAS 24/2000, 25/2000, 26/2000, 27/2000 Y 28/2000. · Registro digital (IUS): 6982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS: DEL TRABAJO, ALIANZA SOCIAL, ACCIÓN NACIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, , Pág. 1151.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2000 Y SUS ACUMULADAS 24/2000, 25/2000, 26/2000, 27/2000 Y 28/2000. PARTIDOS: DEL TRABAJO, ALIANZA SOCIAL, ACCIÓN NACIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escritos presentados los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de octubre del año dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia y en el domicilio del autorizado por el secretario

general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones a que se refiere el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Abraham López Ramírez, Alejandro Moreno Berry, Arturo Aparicio Barrios, Arturo Velasco Martínez, Alejandro González Yáñez, Marcos Cruz Martínez, Rubén Aguilar Jiménez, Alfonso Primitivo Ríos, Alfonso Mercado Chávez, Arturo López Cándido, Camilo Torres Mejía, Carlos Reveles Delijorge, David Mendoza Arellano, Ezequiel Flores Rodríguez, Félix Castellanos Hernández, Francisco Hernández Neri, Herón Escobar García, Jaime Moreno Berry, Joaquín H. Vela González, José Librado González Castro, José Belmarez Herrera, Juan C. Regis Adame, Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez, Mercedes Maciel Ortiz, Claudia Serapio Francisco, Eugenia Flores Hernández, Ezequiel Reynoso Esparza, Filomeno Pinedo Rojas, Gonzalo Gómez Alarcón, Jaime Cervantes Rivera, Javier Arroyo Cuevas, José Luis López López, José Miguel Martínez Castañeda, Juan Bautista Olivera Guadalupe, Luis Patiño Pozas, Ma. Teresa Gómez Gleason, Miguel Bess-Oberto Díaz, Miguel Flores Valenzuela, Pedro Bernal Rodríguez, Pedro Vázquez González, Rodolfo Solís Parga, Rosalía Peredo Aguilar, Sergio Carrillo Arciniaga, Víctor Morales Acoltzi, Óscar González Yáñez, Pedro A. Matus Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Rosa Luz del Valle González, Rosario del Castillo, Vicente Estrada Vega y Zeferino Juárez Mata; José Antonio Calderón Cardoso, con el carácter de presidente nacional del Partido Alianza Social; Luis Felipe Bravo Mena, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; Jorge González Torres, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro, presidente del Comité Directivo Nacional de Convergencia por la Democracia; y Amalia García Medina, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades que emitieron la norma general impugnada:

"a) H. Congreso del Estado de Chiapas.

"b) C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

"c) Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas."

Norma general cuya invalidez se demanda:

"Decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas por el Ejecutivo del Estado, bajo el Decreto Número 206 del día veintiocho de septiembre del año dos mil."

SEGUNDO. Los Partidos Políticos Alianza Social; del Trabajo; Acción Nacional y Verde Ecologista de México, de manera coincidente señalaron los siguientes antecedentes:

"Primero. Para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas para el ejercicio 2000-2006, se inició proceso electoral en el mes de enero del año 2000, según lo establece el Código Electoral del Estado de Chiapas en su artículo 97 y se inició con la primera sesión que celebró el Consejo Estatal Electoral el trece de enero del año dos mil, con fundamento en el artículo 111 del propio Código Electoral y que concluye con la declaración de validez y calificación de la elección que al efecto emitan los Consejos Electorales correspondientes o el Tribunal Electoral del Estado, de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral del Estado de Chiapas. Segundo. Con fecha veinte de agosto del año dos mil se llevó a cabo la jornada electoral para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, resultando triunfador el candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, opositor al Partido Revolucionario Institucional; interponiéndose en consecuencia ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recursos de queja por parte del Partido Revolucionario Institucional en doce de los veinticuatro distritos electorales, los cuales fueron declarados improcedentes por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas el ocho de septiembre del año en curso; como consecuencia de lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional promovió el trece de septiembre del año en curso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio de revisión constitucional contra las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral. Tercero. Con fecha doce de octubre del año dos mil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución derivada del desistimiento del Partido Revolucionario Institucional del juicio de revisión constitucional, por lo que notificó su resolución al Tribunal Estatal Electoral el día dieciséis de octubre del año dos mil y, en consecuencia, se concluyó el proceso electoral con la clausura por parte del Consejo Estatal Electoral el día 18 de octubre del año en curso, de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral del Estado de Chiapas; además es aplicable el criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante de la Sala Superior número SUPO21.3 EL2/2000, del doce de septiembre del año dos mil, Tercera Época, que a la letra señala: '... Pero si con relación a tales actos se promueve alguno de los juicios federales mencionados, es claro que la ejecutoria que se dicte en éstos será la que en realidad ponga fin al proceso electoral local, pues en atención a que esa ejecutoria tiene las características de definitiva e inatacable, en términos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será la que en realidad proporcione la certeza de que la resolución dictada en la parte final de la etapa de resultados de la elección ha adquirido definitividad.'. Cuarto. Con fecha 12 de septiembre del año 2000, la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas dirige al Ejecutivo del Estado el Decreto Número 198, el cual es promulgado y publicado por el gobernador constitucional Roberto Albores Guillén, para convocar al Congreso a su tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y que en términos del artículo 23 de la Constitución Local, sólo podrá ocuparse de los asuntos especificados en la convocatoria respectiva y los términos de la convocatoria son: '... con el único objeto de dar trámite legislativo a dos iniciativas de decreto presentadas por el titular del Poder Ejecutivo y reformas a la Constitución Local en materia electoral y, en consecuencia, a la ley secundaria que en su caso resulten procedentes.' y, en consecuencia, se establece en el punto 3 del orden del día respectivo 'Reformas a la Constitución Política Local en materia electoral' y, en el punto 4 'Reformas a la ley secundaria que resulten procedentes'. El 21 de septiembre de este mismo año, la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas dirige al Ejecutivo del Estado el Decreto Número 203, el cual es publicado por el gobernador Roberto Albores Guillén para convocar al Congreso al cuarto periodo extraordinario de sesiones que deberá iniciar el 23 de septiembre del año en curso, con el único objeto de dar el trámite legislativo a la iniciativa de decreto presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política del Estado, misma que se admitió a discusión por tener el Partido Revolucionario Institucional una sobrerepresentación que hace las dos terceras partes que se requieren, al mismo tiempo se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen y que durante receso del Pleno, la citada comisión se reunió y emitió el dictamen respectivo el mismo día, una vez presentado ante el Pleno, el Partido Revolucionario Institucional acordó aprobar la adición constitucional en los mismos términos propuestos en la iniciativa de cuenta y posterior a este acto se instruyó a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para agotar el trámite ante el Constituyente Permanente, procediéndose de inmediato a remitir a los 118 Municipios de la entidad la minuta proyecto de mérito y acordándose en el mismo acto la publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que se realizó el 25 de septiembre de este mismo año, bajo el Decreto Número 205, promulgado por la Honorable Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas. Quinto. El día 28 de septiembre, la adición constitucional referida es promulgada y publicada por el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial del Estado con número de Decreto 206, que a la letra dice: 'Artículo transitorio. Para los efectos de elegir a la LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de designar Ayuntamientos, cuyo ejercicio municipal constitucional durará del 1o. de enero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2004, el proceso electoral deberá iniciar durante la primera quincena del mes de febrero del año 2001, debiendo operar el Congreso del Estado las modificaciones necesarias en el Código Electoral del Estado.'. Y concluyendo este mismo día con la clausura del cuarto periodo extraordinario de sesiones y que derivado del Decreto 207 que manifiesta que después de agotar los asuntos que motivaron la convocatoria al cuarto periodo extraordinario de sesiones, se clausuró dicho periodo, continuando en funciones la Comisión Permanente en la forma especificada en el acta de instalación de fecha 18 de agosto del año en curso. Sexto. Derivado de lo anterior, es claro que hasta el día de la promulgación y publicación de la norma general por el Ejecutivo y por la Sexagésima Legislatura, que fue el 28 de septiembre del año en curso, aún no se concluía el proceso electoral y que la clausura por parte del Consejo Estatal Electoral fue el día 18 de octubre del año en curso, de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral del Estado de Chiapas y por la resolución impugnada en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se encontraba sub júdice, pues la autoridad federal aún no se pronunciaba sobre el particular, lo que se colige en resumen que el proceso electoral aún no terminaba y que por lo mismo había impedimento constitucional consagrado en la fracción II, inciso f), del artículo 105 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales a las leyes de la materia, cualesquiera que sean, pero que tengan el carácter de leyes electorales y toda vez que la legislatura mencionada pasó por alto esta máxima constitucional (sic) y aun en contra de la voluntad de los partidos políticos del Trabajo, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Frente Cívico, emitió con el voto de 26 diputados priístas que le da la sobrerepresentación de la Cámara y con el voto de un diputado plurinominal declarado independiente, un artículo transitorio adicionado a la Constitución Local, en los siguientes términos: 'Artículo transitorio. Para los efectos de elegir a la LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de designar Ayuntamientos, cuyo ejercicio municipal constitucional durará del 1o. de enero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2004, el proceso electoral deberá iniciar durante la primera quincena del mes de febrero del año 2001, debiendo operar el Congreso del Estado las modificaciones necesarias en el Código Electoral del Estado.'. Como resultado de lo anterior, el Ejecutivo del Estado mediante el Periódico Oficial número 046 de fecha 28 de septiembre, bajo el Decreto Número 206, promulgó y publicó el aludido artículo transitorio, conteniendo efectos de una ley de orden público al haberse publicado y por lo mismo obliga a los sujetos destinatarios de la norma, partícipes de los procesos electorales. Séptimo. Por lo anterior, la promulgación y publicación de la citada norma conlleva entre otras finalidades la de ampliar ilegalmente el término que prevé el Código Electoral del Estado, adicionando un artículo transitorio a la Constitución Local y violentando flagrantemente lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con lo mandatado por el artículo 116, fracción I, párrafo segundo, que establece que: '... La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.', 19 de la Constitución Local, que prevé que 'La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral y un Tribunal Electoral, de cuya integración son corresponsables, el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la legislación electoral. ...', el 1o. del citado código que establece: '... tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que se refieren a la organización cívica, las formas de participación política de los ciudadanos, la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios que se celebren para elegir gobernador, diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos. ...', ya que es claro que es la ley secundaria la que establece la fecha para el inicio del proceso electoral, en su etapa previa a la preparación, tal como lo establece el artículo 97 y se inicia con la primera sesión que celebre el Consejo Estatal Electoral durante la primera quincena de enero del año de la elección, con fundamento en el artículo 111 del propio Código Electoral y que concluye con la declaración de validez y calificación de la elección que al efecto emitan los Consejos Electorales correspondientes o el Tribunal Electoral del Estado, de conformidad con el artículo 101 del Código Electoral del Estado de Chiapas. Octavo. Aunado a lo anterior y para dar forma a la pretensión del Partido Revolucionario Institucional de seguir convocando y legislando con su mayoría, con fecha 13 de octubre de este mismo año, la Comisión Permanente convocó por Decreto Número 213, con el objeto de dar trámite legislativo a la 'iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas', así como sucede en cada sesión extraordinaria, se designó mesa directiva para presidir los trabajos del sexto periodo el mismo día. Por Decreto 214 se abre el sexto periodo extraordinario de sesiones el 16 de octubre del año en curso, acordando la legislatura en comento por el voto mayoritario del Partido Revolucionario Institucional, a publicar el acuerdo de la 'Minuta Proyecto de Reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas', mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 052, con Decreto Número 215, del 16 de octubre del presente año, aunado a que las elecciones de las mesas directivas han ocurrido en el mismo día en que se vota la iniciativa, no observándose tampoco que debe ser con la junta preparatoria la votación de los miembros de la mesa directiva. Noveno. Por lo anterior, se violentaron por los diputados del Partido Revolucionario Institucional y amparados en su mayoría legislativa, de manera flagrante, los elementales principios de seguridad y certeza jurídica, al actuar en forma por demás arbitraria y de manera dolosa para modificar la ley a su antojo y conveniencia, atendiendo a intereses particulares y no así el bienestar de la comunidad que los postuló y eligió, con el objeto de obtener el control de los órganos electorales para los próximos comicios en que habrán de renovarse el Congreso del Estado de Chiapas y 118 Ayuntamientos, en relación con los hechos antes expuestos y que a nuestro juicio pudieran constituir la comisión de ilícitos en los que se incurrió en violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Local y al Código Electoral del Estado de Chiapas, durante el proceso electoral celebrado en el Estado de Chiapas para renovar al Poder Ejecutivo, ya que como se menciona en el cuerpo de la presente, el proceso electoral no había concluido a la fecha de la promulgación de la norma en comento y con vista al próximo proceso electoral para renovar a los titulares de los Poderes Legislativo y Ayuntamientos del Estado."

Por su parte, el Partido Convergencia por la Democracia expuso los antecedentes que a continuación se transcriben:

"Primero. Para elegir Gobernador Constitucional de Chiapas para el periodo 2000-2006, se abrió el periodo electoral en el mes de enero, en específico, con la sesión que celebró el Consejo Estatal Electoral el 13 de enero del año 2000. Segundo. El día 20 de agosto del año 2000 se llevó a cabo la jornada electoral para elegir al gobernador constitucional, y a consecuencia del resultado de la misma se interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercero. Una vez sustanciados los recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, el día 18 de octubre del año en curso clausuró el proceso electoral en el Estado. Cuarto. Con fecha 12 de septiembre del año 2000, la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas dirige al Ejecutivo del Estado el Decreto Número 198, el cual es publicado por el gobernador Roberto Albores Guillén para convocar al Congreso a su tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y que en términos del artículo 23 de la Constitución Local sólo podrá ocuparse de los asuntos especificados en la convocatoria respectiva y los términos de la convocatoria son: '... con el único objeto de dar trámite legislativo a dos iniciativas de decreto presentadas por el titular del Poder Ejecutivo y reformas a la Constitución Local en materia electoral y, en consecuencia, a la ley secundaria que en su caso resulten procedentes.' y, en consecuencia, se establece en el punto 3 del día respectivo 'Reformas a la ley secundaria que resulten procedentes'. Quinto. El día 21 de septiembre de este mismo año, la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, dirige al Ejecutivo del Estado el Decreto Número 203, el cual es publicado por el gobernador Roberto Albores Guillén para convocar al Congreso al cuarto periodo extraordinario de sesiones que deberá iniciar el 23 de septiembre del año en curso, con el único objeto de dar el trámite legislativo a la iniciativa de decreto presentada por el Partido Revolucionario Institucional por el que se adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política del Estado, el cual fue admitido. Sexto. Con fecha 28 de septiembre del año dos mil, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el Decreto Número 206, expedido por la Sexagésima Legislatura del Estado, por el que se adiciona un artículo transitorio de la Constitución Política del Estado de Chiapas que consideró contrarias a la Constitución General de la República por las razones que se expresan en los conceptos de invalidez. De conformidad con lo establecido en dicho (sic) el decreto en cuestión entrará en vigor el día de su publicación, esto es, el veintiocho de septiembre del dos mil."

Cabe señalar que el Partido de la Revolución Democrática no señaló capítulo de antecedentes en su demanda.

TERCERO. Los partidos políticos del Trabajo, Alianza Social y Verde Ecologista de México, hicieron valer sustancialmente los siguientes conceptos de invalidez:

"Conceptos de invalidez. En virtud de lo anterior, se violenta en forma burda y evidente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la autonomía de las autoridades electorales, como organismos que tienen la responsabilidad de preparar el proceso electoral de conformidad con su ley secundaria y que para el debido cumplimiento de sus fines establece la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, y que adicionando un artículo transitorio a la Constitución Local, contraviene lo dispuesto por la Constitución Federal por el artículo 116, párrafo segundo, que establece que: '... La elección de gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.', derivado de esta forma a nuestro juicio debe ser declarada inválida, así como toda aquella que contravenga las disposiciones constitucionales federales, ya que la Constitución es la más importante de las leyes, es la autoridad impersonal de un precepto, garantía suprema de la libertad humana, fuera de ello no hay más que lo arbitrario, el despotismo personal, y en una palabra, el dominio de una voluntad sobre las demás voluntades; por ello las reformas que se pretendan hacer a la Constitución Local deberán recoger las disposiciones federales, los cambios que reclamen la realidad, pero siempre en todo momento con el debido respeto a su carácter de Ley Suprema. Se debe observar siempre la supremacía de la ley federal por los órganos encargados de su interpretación y aplicación con la responsabilidad debida. La doctrina constitucional conviene en considerar que la Constitución es un instrumento al servicio de la vida, razón por la cual su espíritu debe ser siempre el espíritu de la época, los órganos encargados de su interpretación deben cumplir con la responsabilidad, de forma tal que las disposiciones constitucionales den respuesta no sólo a los problemas tradicionales, sino también a los nuevos que la vida plantea. Derivado de que la Constitución Federal no se limita a señalar 'cómo son las cosas, sino cómo deben ser', convirtiéndose así en meta ideal hasta la cual ha de levantarse el país. La naturaleza de la norma que hoy se impugna para los efectos del procedimiento relativo y que se contiene en un artículo transitorio de la Constitución Local, reviste el carácter de ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que dispone que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes o decretos y una vez firmadas por el diputado presidente del Congreso y por un diputado secretario se comunicarán al Ejecutivo para su promulgación; así mismo, el artículo 28 de la Constitución Local establece que los proyectos de leyes o decretos votados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo; empero, al tratarse de una reforma constitucional, se cumplirán las formalidades contenidas en el artículo 83 y sus correlativos; los diputados del Partido Revolucionario Institucional amparados en su mayoría, admitieron a discusión el proyecto y emitieron su voto para la debida publicación, tal como lo dispone el artículo 83 de la Constitución Local, corriendo el trámite legal de enviar a los 118 Municipios del Estado la minuta proyecto de decreto el 23 de septiembre del año en curso, y teniendo respuesta de 72 Ayuntamientos con sus respectivas actas de Cabildo y Concejos Municipales al día 28 de septiembre y el mismo día fue enviado al Ejecutivo del Estado, quien dispuso su publicación en ese mismo día, por lo que se presume que en tan breve tiempo no se observó el procedimiento establecido en los artículos 33, 36, 37 y 38, fracción XXIV, de la Ley Orgánica Municipal, que implica la expedición de la convocatoria respectiva del Cabildo, su discusión, análisis y acta de dictamen; además se deja sin oportunidad a los demás Ayuntamientos de presentar observaciones a la adición en comento, por la premura con que el Congreso del Estado aprobó a discusión una iniciativa de decreto, publicó la minuta, dictaminó, remitió al Ejecutivo y el Ejecutivo publicó dicha norma. Con ello se dejó sin la participación establecida en el artículo 83 de la Constitución Local a los restantes Ayuntamientos, ya que de ninguna forma se trataba de una abstención para emitir opinión a las reformas de la Constitución Política del Estado, toda vez que estaban en tiempo de emitirlas, lo cual es dentro de los quince días de recibida la comunicación, además de considerar las condiciones geográficas del Estado, privándolos de las participaciones en materia legislativa estatal, por ser de naturaleza pública la norma general adicionada a la Constitución Local derivada de un acto de poder soberano. De la interpretación armónica, sistemática así como teleológica de los artículos 105, fracción II y 116, fracción IV, en correlación a los artículos 35, 36 y 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento que las normas generales electorales no son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que aun contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra. Por lo tanto, estas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y por regla general debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferencias por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y específicas para otras. Es por ello que es necesario tomar en consideración que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales; la ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo en cambio crea situaciones jurídicas particulares y concretas y no posee los elementos de generalidad y abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. En el caso particular, la decisión adoptada por el Legislativo del Estado, reviste pues las características de ley, dado el contenido material del acto impugnado que determina la naturaleza jurídica de norma de carácter general, pues sin duda alguna al disponerse en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal y el 19 de la Local, que la preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales es una función estatal que se realiza a través de los organismos públicos electorales, como lo mencionamos en el capítulo respectivo, se infiere que los elementos de generalidad del acto impugnado se dan en toda su magnitud por la pluralidad de los sujetos que se ven afectados con motivo de la expedición de la norma, llámese ciudadanos, partidos políticos o inclusive legisladores de distintas fracciones parlamentarias contrarias a la mayoría que aprobó el artículo transitorio que hoy se combate, aunado a que el artículo 97 del Código Electoral del Estado, distribuye cargas de corresponsabilidad a las autoridades estatales y municipales en la integración de los órganos de elección popular. Es pues indudable que la norma que se impugna tiene el carácter de general, por lo que es procedente su análisis y constitucionalidad mediante la acción que se ejercita, ya que la intención del Constituyente Permanente al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No es óbice de lo anterior, el hecho de que la norma impugnada tenga el carácter de temporal por su transitoriedad, puesto que los efectos de esta norma redundan en actos de tracto sucesivo, ya que al aprobarse este transitorio perturba de manera directa el contenido del artículo 111 en relación con el 97 del Código Electoral del Estado de Chiapas, pues al ejecutarse los efectos del artículo transitorio, aun cuando la situación concreta se extingue con el simple transcurso del tiempo, los efectos colaterales redundan en afectación directa a las leyes reglamentarias en su conjunto, que sufren un cambio de estructura y aplicación al variarse las fechas establecidas en la ley vigente para llevar a cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral en su conjunto. Ahora bien, en relación a la inconstitucionalidad del acto recurrido, encontramos de manera insoslayable que se viola lo establecido por el artículo 16, que establece el principio de seguridad jurídica, en relación al 105, fracción II, inciso f)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6982-1024c8c2/materia-electoral-el-articulo-transitorio-que-se-adiciono · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.