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Modo: Corpus Pro

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLA ESTE PRINCIPIO EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES CONFORME A LAS CUALES DEBERÁ DISTRIBUIRSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. LOS ARTÍCULOS 58 BIS, 59, INCISO J), Y 77, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE LO FACULTAN PARA COLABORAR CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE SUS DIRIGENTES Y CANDIDATOS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2000 Y SUS ACUMULADAS 15/2000, 16/2000, 17/2000, 18/2000, 20/2000 y 21/2000. · Registro digital (IUS): 6881
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO CIVILISTA MORELENSE, PARTIDO ALIANZA SOCIAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA Y PARTIDO DE LA SOCIEDAD N
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 1264.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2000 Y SUS ACUMULADAS 15/2000, 16/2000, 17/2000, 18/2000, 20/2000 y 21/2000. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO CIVILISTA MORELENSE, PARTIDO ALIANZA SOCIAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA Y PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de noviembre de dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escritos presentados el trece de octubre de dos mil, seis de ellos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno en el domicilio particular del Lic. Jesús Díaz García, funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término, Luis Felipe Bravo Mena, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; Immer Sergio Jiménez Alfonzo, Marley Tapia Fernández, Lorenzo Cándido Méndez Cortés, Javier Carranza Martínez y Gustavo Ángeles Montoya, en su carácter de presidente, secretario general, secretario de Organización Región Poniente, secretario de Organización Región Oriente y secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Civilista Morelense; José Antonio Calderón Cardoso, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Alianza Social; Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Abraham López Ramírez, Alejandro Moreno Berry, Arturo Aparicio Barrios, Arturo Velasco Martínez, Carlos Reveles Delijorge, David Mendoza Arellano, Ezequiel Flores Rodríguez, Félix Castellanos Hernández, Alejandro González Yáñez, Marcos Cruz Martínez, Rubén Aguilar Jiménez, Alfonso Primitivo Ríos, Alfonso Mercado Chávez, Arturo López Cándido, Camilo Torres Mejía, Claudia Serapio Francisco, Eugenia Flores Hernández, Ezequiel Reynoso Esparza, Filomeno Pinedo Rojas, Francisco Hernández Neri, Herón Escobar García, Jaime Moreno Berry, Joaquín H. Vela González, José Librado González Castro, José Belmares Herrera, Juan C. Regis Adame, Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez, Mercedes Maciel Ortiz, Miguel Flores Valenzuela, Pedro Bernal Rodríguez, Pedro Vázquez González, Rodolfo Solís Parga, Rosalía Peredo Aguilar, Gonzalo Gómez Alarcón, Jaime Cervantes Rivera, Javier Arroyo Cuevas, José Luis López López, José Miguel Martínez Castañeda, Juan Bautista Olivera Guadalupe, Luis Patiño Pozas, Ma. Teresa Gómez Gleason, Miguel Bess-Oberto Díaz, Óscar González Yáñez, Pedro A. Matus Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Rosa Luz Del Valle González, Rosario del Castillo, Sergio Carrillo Arciniaga, Víctor Morales Acoltzi, Vicente Estrada Vega y Zeferino Juárez Mata; en su carácter de integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo; Jorge González Torres, en su carácter de presidente nacional del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro, en su carácter de presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Político Nacional Convergencia por la Democracia y Gustavo Riojas Santana, en su carácter de representante legal y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Sociedad Nacionalista, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:

"Autoridades que emiten las normas generales impugnadas: a) Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. b) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos."

"Normas generales cuya invalidez se demanda: Decreto Mil Ciento Noventa, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Gobierno del Estado de Morelos, el trece de septiembre de dos mil, por el que se reforman y adicionan los siguientes preceptos del Código Electoral del Estado de Morelos: Artículos 22, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 50 bis, 58 bis, 59, incisos j) y k), 68, inciso a), segundo párrafo, 69, fracción I y último párrafo, 73 bis, 77, fracción IX y 134, párrafo final."

SEGUNDO. A excepción de los partidos políticos Civilista Morelense y Convergencia por la Democracia, los demás partidos no expusieron antecedentes de las normas impugnadas.

El Partido Civilista Morelense, señaló los siguientes antecedentes:

"1. Desde el año de 1993 en los marcos de la legislación electoral del Estado de Morelos constituimos el Partido Civilista Morelense (PCM), como una organización política estatal o regional, habiendo logrado nuestro registro y reconocimiento por dicha autoridad.

"2. Con fechas 21 de febrero y 11 de marzo de este año 2000 el Instituto Estatal Electoral tomó nota del cambio de la dirigencia del PCM, dando el reconocimiento a los suscritos como miembros del Comité Ejecutivo Estatal del mismo.

"3. Con el registro mencionado, participamos en el último proceso electoral que se inició en el mes de enero próximo pasado y que culminó el pasado día 28 de septiembre de esta anualidad, habiendo tenido una votación importante lo que nos permitió refrendar nuestro registro como partido político estatal y tener además de varios regidores, el Ayuntamiento del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos.

"4. A mediados del mes de agosto de este año, pudimos saber que la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos estaba preparando un paquete de reformas al Código Electoral de esta entidad federativa, mismas que no fueron debatidas en forma pública, sino que se discutieron por un grupo de diputados en forma cerrada y a espaldas de los demás actores políticos.

"A pesar de que ellos llevaban las cosas en forma sigilosa, se les hizo ver por los suscritos en una reunión informal, que las reformas que pretendían hacerle al Código Electoral además de ser un retroceso en la materia, eran un asalto en despoblado ya que se pretendía recuperar vía esas reformas, lo que habían perdido en la votación del 2 de julio pasado.

"Asimismo les hicimos ver que la reforma de marras era anticonstitucional ya que violentaba las normas jurídicas contenidas en la Constitución Federal y hacía imposible el que se pudiera desarrollar un clima de tolerancia, democracia y libertad entre la ciudadanía, pero aun y con ello, faltando apenas dos días para que concluyera su gestión e integración como 47 Legislatura del Congreso Estatal, los diputados aprobaron el decreto que ahora se impugna.

"5. Así vemos como el día 28 de agosto de 2000 aprueban el decreto de marras y lo remiten al gobernador que estaba en funciones -y que concluyó su gestión el día 30 de septiembre también de este año- mismo que lo aprobó o sancionó y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que se hizo con fecha 13 de septiembre de esta anualidad.

"Lo anterior y a pesar de que había comprometido su palabra con los dirigentes de los partidos políticos: Civilista Morelense, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista, de que iba a evitar que pasaran esas reformas, oponiendo para ello el recurso legal que su investidura le permitía.

"6. Como consideramos que con la aprobación de este decreto y su publicación se violenta el orden constitucional que nos rige, y además se nos causa violaciones o agravios, es por lo que promovemos la presente acción de inconstitucionalidad."

Por su parte, el Partido Convergencia por la Democracia expuso los antecedentes que a continuación se transcriben:

"Con fecha 13 de septiembre del año dos mil, se publicó en el Periódico Oficial en el Estado de Morelos, el Decreto Número Mil Ciento Noventa, expedido por la Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral de la entidad, que considero contrarias a la Constitución General de la República por las razones que se expresan en los conceptos de invalidez.

"De conformidad con lo establecido en su artículo segundo transitorio, el decreto en cuestión entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil uno."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujeron los partidos políticos promoventes son los siguientes.

Partido Acción Nacional.

"V. Conceptos de invalidez:

"A) Una ley electoral no puede ser modificada durante el proceso electoral. Las normas jurídicas cuya invalidez se reclaman, fueron modificadas durante el proceso electoral. Es de declararse la inconstitucionalidad de las normas objeto de la presente litis.

"Las normas jurídicas cuya invalidez se reclama, (sic) fracciones I, II y III del artículo 22; el inciso J) del artículo 59; fracción I del artículo 69; fracciones IV, V y VI del artículo 22; el artículo 50 bis; el artículo 58 bis; el inciso K) del artículo 59; el inciso A) del artículo 69; el artículo 73 bis; fracción IX del artículo 77 y el artículo 134; todos del Código Electoral del Estado de Morelos, todas fueron publicadas en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el día 13 de septiembre del 2000.

"El proceso electoral concluye, según el primer párrafo del artículo 128 del Código Electoral para el Estado de Morelos, cuando el Tribunal Estatal Electoral, en el ámbito local, emita en última instancia sus resoluciones. A continuación me permito transcribir la parte conducente del citado artículo. Artículo 128 del Código Electoral para el Estado de Morelos: ‘El proceso electoral ordinario se inicia seis meses antes del mes que corresponda al día de la elección y concluye con los cómputos y las declaraciones que realicen los consejos electorales o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Estatal Electoral, en el ámbito local.’.

"A manera de ejemplo, citaremos que el Tribunal Estatal Electoral resolvió el día 28 de septiembre de 2000 el toca número TEE/029/00-2 relativo al recurso de inconformidad interpuesto ante el Consejo Municipal de Jojutla, Morelos, prueba más que fehaciente de que el proceso electoral todavía no terminaba cuando las modificaciones legales fueron publicadas. Con lo que queda palmariamente demostrado que la promulgación y publicación de las normas cuya validez se reclama fueron hechas antes de que concluyera el proceso electoral.

"Una vez establecido y demostrado que la promulgación y publicación de las normas cuya invalidez se reclama fueron hechas durante el proceso electoral, debemos señalar que dichos actos jurídicos contravienen la disposición contenida en el artículo 105 de nuestra Carta Magna que proscribe la no (sic) modificación fundamental de leyes electorales durante el proceso electoral.

"A continuación transcribo el Pacto Federal en su artículo 105, fracción II, inciso f), tercer párrafo, establece claramente que: ‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’.

"El artículo 105 de la Constitución Federal establece que no puede haber modificaciones fundamentales a las leyes electorales durante el proceso electoral. En el presente caso sí hubo modificaciones fundamentales a la ley electoral morelense. Por lo cual, existe una contradicción entre los precitados artículos del Código Electoral para el Estado de Morelos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como consecuencia lógica, deben declararse inconstitucionales las normas generales cuya invalidez se reclama.

"B) Las normas jurídicas electorales modificadas son fundamentales.

"Si los órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos pretendieran negar que son modificaciones fundamentales, y con ello justificar la constitucionalidad de las modificaciones legales, estarían faltando a la verdad, pues del texto mismo impugnado se desprende que son normas que atienden a la asignación de diputados, postulación común de candidatos, procesos de selección interna de los partidos y los principios rectores de la función electoral así como cuestiones financieras, todo lo anterior, es lo que se pretende modificar y es evidentemente una modificación fundamental.

"A continuación me permito citar una jurisprudencia emitida por el Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con miras a reforzar las argumentaciones que se expresan en el presente escrito.

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: II, diciembre de 1995

"‘Tesis: P. CXXVII/95

"‘Página: 238

"‘MATERIA ELECTORAL. PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO MÉTODO INTERPRETATIVO EL DERIVADO DE UNA APRECIACIÓN JURÍDICA SISTEMÁTICA. Para establecer una definición de dicha materia se requiere adoptar un procedimiento y seguir un método interpretativo: El procedimiento adecuado más apegado a la índole judicial que es característica de la Suprema Corte, es acudir al derecho positivo, para inducir, de los aspectos básicos que puedan localizarse, el concepto que se busca, debiendo precisarse que cuando se alude al derecho positivo se hace referencia al vigente, pues si bien es cierto que en el pasado mediato y remoto es posible encontrar elementos históricos relevantes, igualmente cierto resulta que lo determinante es investigar qué se entendía por materia electoral en mil novecientos noventa y cuatro, que fue cuando el Poder Reformador de la Constitución introdujo en el artículo 105 constitucional, la prohibición de que la Suprema Corte de Justicia conociera de aspectos relacionados con la materia electoral. El método interpretativo no puede ser otro que el derivado de una apreciación jurídica armónica y sistemática; de ningún modo la interpretación literal; ésta queda descartada de antemano, ya que se parte de la hipótesis de que no hay definición establecida en la Constitución, en la legislación, ni en la doctrina; el empeño en encontrar disposiciones gramaticalmente configurativas del mismo equivale, por tanto y desde luego, a un resultado erróneo.

"‘Acción de inconstitucionalidad 1/95. Fauzi Hamdam Amad y otros, como minoría de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 31 de octubre de 1995. Mayoría de seis votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Encargado del engrose: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.’

"También me permito transcribir las modificaciones impugnadas, resaltando lo fundamental y trascendental de dichas normas:

"‘Artículo 22. La asignación de diputados de representación proporcional se sujetará a las bases siguientes:

"‘I. Para los efectos del cálculo de los diputados electos por el principio de representación proporcional, se entiende por votación total emitida la suma de los votos depositados en las urnas, y por votación estatal efectiva la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación, los votos nulos y los de candidatos no registrados;

"‘II. Ningún partido político podrá contar con más de 18 diputados electos por ambos principios;

"‘III. Para la designación de diputados de representación proporcional, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, bajo el principio de cociente natural y resto mayor;

"‘IV. El cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal efectiva entre el total de diputados integrantes del Congreso;

"‘V. De la votación estatal efectiva que obtenga cada partido político, se deducirán los votos que resulten de multiplicar el cociente natural por el número de distritos de mayoría obtenidos por cada partido político, con el remanente de votos que resulte a cada partido político, se procederá a la distribución de diputados por representación proporcional, asignando tantas diputaciones como números de cociente naturales obtenga cada partido; y

"‘VI. Si después de la asignación dispuesta en el párrafo anterior hubiese diputaciones por repartir, éstas se asignarán en función al resto mayor de votos, entendiéndose por éste (sic) el remanente más entre los restos de las votaciones de cada partido político.’

"‘Artículo 50 bis. Para presentar candidatos a gobernador del Estado, a presidentes municipales y diputados por el principio de mayoría relativa, dos o más partidos políticos, sin mediar coalición pueden postular al mismo candidato, para ello es indispensable el consentimiento del propio candidato y de los partidos políticos, que lo postulen.

"‘Los votos se computarán a favor de cada partido político que los haya obtenido y se sumarán a favor del candidato común.’

"‘Artículo 58 bis. Los partidos políticos con registro en el Estado, podrán solicitar el auxilio y colaboración del Instituto Estatal Electoral, para instrumentar sus procesos de selección interna, tanto para candidatos de elección popular, como para cargos de dirigencia partidista.

"‘El convenio que se celebre entre el Instituto Estatal Electoral y el partido o partidos solicitantes determinará el modo, tiempo y recursos materiales y humanos y financieros que en su caso se requieran, sin considerar la infraestructura del propio instituto que en ningún momento percibirá lucro alguno. Para el cumplimiento de esta función, el Instituto Estatal Electoral considerará en su presupuesto una partida específica.

"‘Durante el año de la elección, el Instituto Estatal Electoral coadyuvará a esta función, hasta 15 días antes del inicio del registro de candidatos, y después de 60 días posteriores al día de la jornada electoral.’

"‘Artículo 59. ... (Se refiere a los derechos de los partidos políticos)

"‘A) a la I).

"‘J) Solicitar el auxilio y colaboración del Instituto Estatal Electoral para llevar a cabo sus procesos de selección interna.

"‘K) Los demás que deriven de este código.’

"‘Artículo 68. ... (Se refiere al régimen de financiamiento de los partidos políticos)

"‘a) ...

"‘Los partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral recibirán durante su actuación y durante la actividad electoral, el financiamiento público en efectivo o en especie. El monto total del financiamiento público será el que resulte de multiplicar el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el equivalente a un día de salario mínimo vigente de la zona económica a la que corresponda el Estado, de conformidad con la disponibilidad presupuestal del Gobierno Estatal en el ejercicio fiscal de que se trate para ese año.’

"‘Artículo 69. ... (Se refiere al modo de repartir el financiamiento público a los partidos políticos).

"‘I. El 10% de la cantidad total se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos políticos registrados. El 40% de cantidad total se distribuirá para aquellos partidos que hayan obtenido más del 3% de la votación de diputados de mayoría relativa, el cual se distribuirá en forma igualitaria, y el 50% restante de la cantidad total se distribuirá en proporción a los votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior, de la cual quedarán excluidos aquellos partidos que no hayan obtenido más del 3%.

"‘II. ...

"‘III. ...

"‘IV. ...

"‘V. ...

"‘VI. ...

"‘Del financiamiento público, los partidos políticos destinarán el 25% para actividades de capacitación y desarrollo democrático, el 25% para actividades de información y difusión política y el 50% restante para actividad de fortalecimiento de su organización política, mismas que seránsujetas de comprobación ante el Instituto Electoral; de no cumplirse esta disposición el partido político será sancionado en el ejercicio de gasto siguiente descontándole porcentaje de prerrogativa que no destinó a estas actividades sustantivas.’

"‘Artículo 73 bis. Durante el año en que se efectúen las elecciones en la entidad, los Gobiernos Estatal y Municipales, no podrán durante la elección publicitar las obras que realice o haya realizado, así como los programas implementados, con excepción de los programas y acciones de protección civil, y de prevención y atención de desastres naturales.

"‘La contravención a las disposiciones arriba señaladas, por parte de las autoridades estatales o municipales, será considerada como ataque a las libertades electorales y se estará a lo dispuesto en los artículos 134, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que diere lugar.’

"‘Artículo 77. ...

"‘IX. Coadyuvar con los partidos políticos en sus procesos de selección interna para cargos directivos o de elección popular.

"‘Artículo 134. ... (Se refiere a la solicitud de registro de candidaturas)

"‘I. a VI. ...

"‘Durante el mismo proceso electoral, no podrán ser registrados como candidatos a un cargo de elección popular, quienes en los procesos de selección interna de otro partido político hubieren perdido su nominación, en ese mismo proceso electoral.’

"Una vez transcritos los artículos que se modificaron y señalado su importancia, es claro que son modificaciones fundamentales las que inconstitucionalmente aprobó el Congreso de Morelos y publicó el gobernador, lo cual no es compatible con el artículo 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Federal.

"C) El Instituto Electoral de Morelos no puede coadyuvar en la tarea partidista de selección de candidatos a puestos de elección popular sin contrariar los principios básicos del derecho electoral como lo es la imparcialidad, objetividad, independencia en sus decisiones y autonomía. En aspectos tanto de decisión como financieros.

"Si esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación no considerara suficientemente fundados los conceptos de invalidez vertidos en el inciso A) relativo a que el proceso electoral todavía no concluía cuando fueron hechas las modificaciones; ni los contenidos en el B) referente a lo fundamental de las modificaciones, me permito señalar las inconsistencias intrínsecas constitucionales que presentan algunas de las normas jurídicas impugnadas.

"I) El artículo 58 bis, que en obvio de repeticiones, solicito se tenga reproducido como si a la letra se insertase, se refiere a la nueva facultad del Instituto Electoral del Estado para auxiliar y colaborar con los partidos políticos para instrumentar sus procesos de selección interna. Esta colaboración incluye recursos materiales, humanos y financieros. Lo cual no es compatible con la función pública del organismo electoral que es el de organizar las elecciones. El proceso de selección interna (partidista) corresponde a los particulares agrupados en partidos políticos y no al gobierno.

"II) Un segundo argumento es el referente al financiamiento, ya que el financiamiento que se le otorga al Instituto Electoral del Estado de Morelos es para llevar al cabo sus funciones como lo es el organizar las elecciones constitucionales y no para llevar procesos partidistas de selección interna. De manera semejante, el financiamiento que se da a los partidos políticos se otorga, entre otras cosas, para postular candidatos a cargos de elección popular y de manera lógica, los actos precedentes a dicha postulación, como lo es la elección interna. Utilizar el financiamiento del instituto o no ejercer el de los partidos para dicho fin constituye un desvío de recursos, que bien puede ser sancionado por la legislación de responsabilidad de servidores públicos o bien por la ley penal.

"III) Existe también un problema de inequidad y falta de igualdad que se podría presentar en la práctica. Supongamos que el PRI hace un proceso de selección abierto a toda la ciudadanía con credencial para votar para elegir a sus candidatos, lo cual implica un número similar de urnas a las usadas en una contienda constitucional, y la consecuente erogación de recursos materiales y humanos. Continuando con el ejemplo, en el mismo proceso electoral, el PVEM hace su selección de candidatos con base a una convención estatal a la cual asisten menos de 500 personas en un solo lugar, en el cual votan sólo los miembros del partido con derechos a salvo, lo cual tiene obviamente un costo mucho menos que la realizada por el otro partido, violando los principios de imparcialidad, objetividad e independencia consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b) que dice del Pacto Federal: ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I. ... II. ... III. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: ... b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.’. Deja de ser imparcial desde el momento en el cual se destinan más recursos al proceso de selección interna de un partido, que al de otro. También se pierde objetividad toda vez que ésta se refiere al conocimiento que debe tener la autoridad electoral del partido en sí y de sus candidatos, no así de sus actividades, lo cual se pierde obviamente al participar en actividades esencialmente partidistas (Vid. Objetividad, en Enciclopedia del Idioma, Martín Alonso, Aguilar, México, 1998, Tomo III, N-Z, pág. 3008). La independencia en sus decisiones está dada en cuanto no dependen de otro, pero cuando la autoridad depende del partido político para realizar o no una acción, pues en el convenio el partido político decide qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas, el Instituto Electoral de Morelos no puede sino ser dependiente del partido político (Vid. Independencia, en Enciclopedia del Idioma, Martín Alonso, Aguilar, México, 1998, Tomo II, D-M, pág. 2368). No dejaremos de mencionar que la misma Constitución Local en su artículo 23, al igual que el Código Electoral Local en sus artículos 78 y 89, ordenan que la función electoral, se realice bajo los mismos principios, lo cual es una contradicción más a las señaladas hasta el momento.

"IV) También se transgrede el mismo artículo 116 constitucional en su fracción IV, inciso c) que a la letra dice: ‘Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.’. Lo anterior es contradictorio con las normas impugnadas, ya que éstas permiten la colaboración entre partido e instituto electoral, con lo cual existe una dependencia en la toma de decisiones, y su funcionamiento deja de ser autónomo, pues depende de un tercero el modo en el cual se realicen los procesos. Tan es así que la misma Ley Electoral de Morelos señala en su artículo 58 bis tercer párrafo que el Instituto Electoral coadyuvará a esta función. Coadyuvar significa que la primera responsabilidad corresponde al partido político, así como la toma de decisiones. Lo cual hace que se supedite una autoridad a un partido político, contrariando principios básicos de división y jerarquía entre sociedad y gobierno.

"D) Si el hecho de que la autoridad participe en el proceso partidista de selección de candidatos de elección popular es inconstitucional y contradictorio, como quedó demostrado en el inciso precedente, es igualmente inconstitucional y contradictorio el que participe un instituto electoral para organizar los procesos de selección de cargos de dirigencia partidista.

"I) Las modificaciones legales rompen el principio de separación existente entre sociedad y gobierno, pues la Constitución Federal otorga facultades a los institutos electorales de los Estados para organizar las elecciones, no así para intervenir en la vida privada de los partidos políticos como es el hecho de designar o elegir a sus dirigencias. Ya que si pudiese haber alguna atenuación en el hecho de que los candidatos serán de elección popular y por ello se presta ayuda, para el caso de las dirigencias partidistas no hay tal pretexto. Independientemente de lo anterior, está el hecho de que en el mismo artículo 116 constitucional, en la misma fracción IV y en el mismo inciso c), se establece que las autoridades electorales tienen a su cargo la organización de las elecciones, y todas sus atribuciones derivan en función de este mandamiento constitucional. Pretender que auxilien a los partidos políticos para elegir a sus dirigencias no está relacionado directa ni indirectamente con esta función, razón por la cual no tiene atribución constitucional para tales efectos.

"II) Por otro lado, en el aspecto de financiamiento público, el financiamiento que se les otorga a los partidos políticos es para su sostenimiento y para realizar actividades tendientes a la obtención del voto, según el artículo 116, fracción IV, inciso f) de nuestra Carta Magna, si la ley electoral de Morelos permite que parte de los recursos materiales humanos y financieros que en su caso se requieran (art. 58 bis segundo párrafo) del Instituto Electoral estatal se destinen a las actividades propias de los partidos políticos, se da una doble asignación de recursos para una misma actividad. La Constitución Federal es muy clara en otorgar financiamiento a los partidos políticos para su sostenimiento, dentro de los cuales se encuentra el actuar normal de los mismos, y dentro de sus actividades normales se encuentra el organizar procesos internos de selección de candidatos al igual que la elección de funcionarios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6881-4bbfe697/equidad-en-materia-electoral-no-viola-este-principio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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