MATERIA ELECTORAL. LOS ARTÍCULOS 10 Y NOVENO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NÚMERO 75 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE QUE DISPONEN LA FORMA EN QUE SE INTEGRARÁ EL CONGRESO DE ESE ESTADO Y LA MANERA EN QUE PARA FINES POLÍTICOS ELECTORALES, SE DIVIDE EL TERRITORIO DE LA ENTIDAD, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2000. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de enero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre del año dos mil en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Luis Felipe Bravo Mena, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las normas generales y autoridades que a continuación se precisan:
"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron las normas generales impugnadas: A) Órgano legislativo: La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz-Llave, ubicado en la Avenida Encanto esquina Avenida Lázaro, colonia Miradores, C.P. 24000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a quien se señala como órgano legislativo emisor de la ley que se impugna. B) Órgano ejecutivo: El C. Gobernador Constitucional del Estrado Libre y Soberano del Estado de Veracruz-Llave, Lic. Miguel Alemán Velasco, quien sancionó, promulgó y ordenó la publicación de la ley que se combate, con domicilio en el Palacio de Gobierno, sito en calle Juan de la Luz Enríquez, sin número, Col. Centro, C.P. 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. III. Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que fueron publicadas: El artículo 10 y noveno transitorio del Código Número 75 de Elecciones para el Estado de Veracruz, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, alcance número 209, tomo CLXIII, de fecha 19 de octubre del año en curso."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hizo valer el promovente señalan:
"V. Conceptos de invalidez: 1. El artículo 10, párrafo segundo y sexto transitorio del código de elecciones del Estado de Veracruz-Llave, es contradictorio con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos aludidos se refieren a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como la integración del Congreso del Estado. Antes de la reforma del código en comento, se señalaba que para la elección de diputados se dividiría al Estado en veinticuatro distritos electorales y una circunscripción plurinominal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, en su fracción II, establece con respecto a la integración de las Legislaturas de los Estados lo siguiente: ‘II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de 9 en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra ...’. Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En este mismo tenor el artículo 41 en su primer párrafo refiere: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. Con fecha 3 de febrero fue publicada la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz-Llave, plasmando en su artículo 21, párrafo segundo: ‘... La ley establecerá la fórmula de asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional. Para la modificación del número de distritos electorales uninominales, se atenderá lo establecido por esta Constitución y la ley.’. Por su parte, la fracción XXXIX del artículo 33, señala que es atribución del Congreso: ‘Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la división del Estado en distritos electorales, de acuerdo con el último censo general de población, y fijar la circunscripción y cabecera de ellos, tomando en consideración los estudios realizados por el instituto electoral veracruzano.’. Fue con motivo de la publicación de la nueva Constitución Local, que el Congreso se obliga a realizar una redistritación electoral del Estado, con base en lo establecido en el artículo sexto transitorio de la norma referida, al establecer que: ‘Se llevará a cabo la redistritación electoral del Estado, en el lapso de los tres meses posteriores a la entrega de los estudios técnicos realizados por la autoridad electoral, que tendrán como base los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda.’. En este mismo orden, el artículo séptimo transitorio de la citada norma constitucional, dispuso que: ‘Dentro del plazo de 4 meses se expedirá el código electoral, que atenderá a los principios generales que en materia de representación política establecen la Constitución General de la República y esta Constitución.’. Es así que fue publicado el decreto con fecha 19 de octubre de 2000: ‘10. El Congreso del Estado se renovará cada tres años, debiendo celebrarse la elección el primer domingo de septiembre del año en que concluya el periodo constitucional respectivo. El Congreso del Estado se integra por treinta diputados electos por el principio de mayoría relativa, en los distritos electorales uninominales; y por veinte diputados electos por el principio de representación proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del Estado. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, mayor al número total de distritos electorales uninominales.’. Y dentro de los artículos transitorios refiere: ‘Artículo noveno. Conforme a lo establecido por este código en materia de división del territorio del Estado para fines político electorales en treinta distritos uninominales, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado y el artículo sexto transitorio de la ley que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, el Congreso del Estado aprobará la ley que fije la demarcación territorial de los treinta distritos electorales y sus respectivas cabeceras con base en los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda y los estudios técnicos que realice el Instituto Electoral Veracruzano.’. De lo anteriormente citado, podemos darnos cuenta que la propia Constitución Local ordena que la redistritación electoral del Estado, debía llevarse a cabo dentro del término de tres meses posteriores a la entrega de los estudios técnicos; que el referido estudio era competencia del Instituto Electoral Veracruzano, acto que no ocurrió. Sin embargo, en la reforma impugnada al artículo 10, párrafo segundo se señala que el Congreso del Estado se integrará por treinta diputados de mayoría relativa, uno por cada uno de los distritos electorales uninominales; consecuentemente el territorio del Estado de Veracruz se dividirá en treinta distritos uninominales, sin tomar en cuenta el criterio poblacional para la división de un territorio en circunscripciones o distritos electorales. Se hace de lado el requisito constitucional, tanto federal como local, de que cada uno de los distritos electorales en los cuales se divide el territorio, tenga un número similar de electores, pues la división territorial del Estado se debe hacer con base a la población existente en el mismo, pues se busca una representación equitativa de los electores. No pasa desapercibido para el suscrito el que la presente vía es para combatir las posibles contradicciones entre la Constitución Federal y normas de carácter general, sin embargo, quisiera mencionar que el criterio poblacional para la división del territorio en demarcaciones electorales, no sólo está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en la Constitución Política del Estado de Veracruz. Por lo que la reforma hecha al artículo 10 y noveno transitorio del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave vulnera no sólo normas de la Constitución Federal, sino de la Constitución Local también, ya que ambas Constituciones establecen un criterio poblacional para la distritación electoral. También se debe señalar que para realizar una redistritación se necesita el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso para dar pie a la reforma de la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz y no una mayoría simple con la que se aprobó el código electoral en cita, mismo que contiene el número de distritos en que se dividirá el Estado. Aunado a lo anterior, ambas Constituciones hablan de población con relación a los distritos o representantes, de ahí que el número de diputados en las Legislaturas de los Estados debe ser proporcional al número de habitantes de la entidad federativa, y si los representantes son los diputados, debe concluirse que el número de diputados es proporcional al número de habitantes, garantizando que cada voto valga lo mismo en el Congreso. Ahora bien, los diputados son electos en distritos electorales, y si a cada diputado corresponde un distrito, debemos decir que los distritos electorales deben ser proporcionales al número de habitantes en las entidades federativas. Los silogismos anteriores demuestran claramente que cada diputado debe representar un número similar de electores, a fin de que la población se encuentre equitativa, proporcional y debidamente representada, evitando tanto una sobrepresentación como una sobre-representación en el Congreso. Para contar con una adecuada representación es necesario contar con los estudios de población y distribución de la misma para fijar el número de distritos electorales en que se dividirá el Estado, este paso previo es obligatorio según la ley, sin embargo, al momento de la aprobación del código en cita no estaban en poder del instituto los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda y por lo tanto no existe el estudio a que hace referencia la Constitución Local y como resultado no puede hablarse en ley alguna del número de distritos en que deba estar dividido el Estado, tal y como lo hace el código electoral en comento. En este mismo tenor podemos decir que es evidente que en la reforma realizada al multicitado código se realizó una redistritación sin tomar en cuenta el criterio poblacional que ordena el artículo sexto transitorio y violando la formalidad a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX de nuestra Constitución Local; con lo anterior se demuestra que el criterio poblacional, no fue seguido cuando se elaboró el nuevo código electoral al plasmar el número de distritos electorales, adicionalmente podemos señalar que no existió la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 2. El artículo 10 y noveno transitorio del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave no se hizo tomando en cuenta un criterio demográfico. El artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la manera de llevar a cabo la distritación federal, que es plenamente aplicable a la distritación local por ser una norma de mayor jerarquía y porque siguiendo el principio de que donde hay la misma razón debe haber la misma disposición, debemos concluir que es plenamente aplicable al ámbito local. El artículo 53 establece que: ‘La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría. ...’. Resulta claro que el precepto anteriormente invocado exige que la distritación dentro de las entidades federativas se haga con base al último censo general de población y no como en el artículo 10 reformado y noveno transitorio que se combaten y que es en virtud de la preconcepción del número de distritos electorales en que debe dividirse al Estado. De la simple lectura de la norma impugnada, se da uno cuenta de que no hay ninguna justificación ni alusión a un criterio poblacional como lo obliga la Constitución General, por lo que se violenta el artículo 116 del precitado ordenamiento. 3. Los artículos 10 y noveno transitorio del Código Estatal Electoral del Estado de Veracruz es contrario a la fracción I, inciso b), del artículo 67 y 33, fracción XXXIX, de la Constitución Local, consecuentemente se viola la jerarquía de leyes, lo cual está garantizado por la Constitución General de la República. En la especie, la Constitución del Estado de Veracruz en su artículo 67, establece en su fracción I, inciso b): ‘I. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscito y referendos la realizará el Instituto Electoral Veracruzano, conforme a las siguientes bases: ... b) El instituto tendrá las siguientes atribuciones: las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, la geográfica electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos ...’. La fracción XXXIX del artículo 33 de la Constitución Local, señala que es atribución del Congreso: ‘Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la división del Estado en distritos electorales, de acuerdo con el último censo general de población, y fijar la circunscripción y cabecera de ellos, tomando en consideración los estudios realizados por el Instituto Electoral Veracruzano.’. En la citada fracción I, inciso b), se otorgan atribuciones al Instituto Electoral del Estado, entre las que se encuentran: ‘... Las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, la geográfica electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos ...’, siendo la redistritación un acto de eminente geografía electoral, esta atribución de modificar la geografía electoral corresponde exclusivamente al Instituto Electoral del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. Existe una norma clara en la Constitución Local que expresamente atribuye al Instituto Electoral del Estado realizar los estudios en materia de geografía electoral, que obviamente incluyan la de dividir geográficamente el territorio del Estado en demarcaciones electorales bajo el principio poblacional, y presentarlos para su aceptación al Congreso, sin embargo, los artículos 10 y noveno transitorio del Código Estatal Electoral, que es una norma general originada por el Congreso del Estado que actuando al margen de la Constitución Federal y de la Constitución Local, decreta una norma de carácter general de eminente geografía electoral, sin estar facultado para ello por no contar con el voto de las dos terceras partes del mismo. Hay además una contradicción entre la norma electoral y la norma constitucional, ya que la primera es hecha al margen de la segunda, y siguiendo el principio de la pirámide de Kelsen, la norma inferior, la ley electoral, debe dejarse sin efectos y ser declarada inconstitucional, ya que transgrede la norma superior, de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Por ello es que si el Congreso, sin contar con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, hace una nueva distritación, se denota un vicio de inconstitucionalidad de origen y deben dejarse sin efectos, pues esta redistritación está contenida en una norma que es inconstitucional. 4. El artículo 10 es una norma que el Congreso del Estado no está facultado para emitir. Por lo cual violenta el artículo 16 del Pacto Federal. En el presente caso, el acto del Legislativo no está fundado en ninguna ley, toda vez que sólo así puede ser, pues no existe ninguna norma jurídica que le atribuya al Congreso la facultad de redistritar electoralmente al Estado de Veracruz sin contar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Congreso previa presentación del estudio por parte del Instituto Electoral Veracruzano. Derivado de lo anterior, al no tener atribuciones expresas para realizar la redistritación por medio de una ley votada por mayoría simple, el Congreso del Estado de Veracruz emitió una norma fuera del marco legal y constitucional. Incorrecto es que el Congreso veracruzano legisle sobre una materia sin cumplir con lo estipulado en las propias leyes que expide, pero es peor cuando se establecen expresamente requisitos, como lo es el voto aprobatorio de las dos terceras partes, y se aprueban con una mayoría simple, violándose de esta manera la ley de forma dolosa. Al redistritar electoralmente el Congreso del Estado de Veracruz el territorio del Estado, la norma de carácter general no se ajusta al artículo 16 constitucional federal que exige que todo acto de autoridad, que en la especie es el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, esté fundado y motivado, razón por la cual dicha norma general debe ser considerada como inconstitucional. Es claro que el Congreso Estatal se está arrogando facultades que sin lugar a dudas corresponden a una mayoría calificada y no a una simple como en el caso sucedió. Declarar la inconstitucionalidad de las reformas en materia de la presente acción es un reforzamiento del Estado de derecho que aspiramos a vivir, ya que la redistritación es una atribución exclusiva de las dos terceras partes del Congreso y no un acto del Legislativo con mayoría simple que contraviene la Constitución Local y la Constitución Federal."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el artículo 116, fracción II, en relación con el artículo 14, segundo párrafo, 16, 41, primer párrafo y 53.
CUARTO. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.
SEXTO. Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, rindió su informe en los siguientes términos:
"Causales de improcedencia. 1. La acción de inconstitucionalidad ejercitada por el Partido Acción Nacional deviene improcedente y por tanto procede sobreseer el procedimiento en que se actúa, con fundamento en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con los numerales 20, fracción II y 65, primer párrafo del propio ordenamiento apenas invocado; en atención a que existe un medio ordinario por virtud del cual la norma general impugnada pudo ser modificada, revocada o nulificada. Dicho medio de defensa consiste en la acción de inconstitucionalidad prevista en la fracción II, del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. En efecto, el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establece textualmente que: ‘Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.’. Por su parte, los numerales 20, fracción II y 65, primer párrafo de la ley referida mencionan que: ‘Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ... II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.’. ‘Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19, de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.’. En este orden de ideas, el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establece el principio de definitividad en tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, principio que se traduce en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley y en virtud de los cuales pueden combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia o acción de inconstitucionalidad y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación. En efecto, el principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que las leyes establecen para atacar el acto impugnado, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio de impugnación, sin su agotamiento previo, la acción de inconstitucionalidad deviene improcedente; lo anterior, desde luego, atendiendo a la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, la norma general impugnada en el procedimiento en que se actúa, y que se hizo consistir por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional en los artículos diez y noveno transitorio del Código Número 75 Electoral para el Estado de Veracruz, pudo ser atacada en la vía de acción de inconstitucionalidad prevista en la fracción II del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y cuyo conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para mayor claridad, se transcribe la fracción II del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Veracruz: ‘Artículo 65. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en los términos que establezca la ley, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos que se consideren contrarios a esta Constitución, y que se ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y publicación por: a) El gobernador del Estado; o b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso. Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por las dos terceras partes de los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y surtirán efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder aplicarse retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos del orden penal y en beneficio del inculpado.’. Como se puede observar, al existir un medio de defensa como lo es la acción de inconstitucionalidad local prevista en la fracción transcrita, y en virtud del cual puede combatirse la norma general materia de impugnación en la acción de inconstitucionalidad en que se actúa, y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, procede sobreseer el procedimiento en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 12/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, tesis P./J. 12/99, página 275. La tesis en cita refiere textualmente: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio. Controversia constitucional 32/97. Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México. 22 de febrero de 1999. Mayoría de nueve votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 12/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.’. 2. La acción de inconstitucionalidad ejercitada por el Partido Acción Nacional deviene improcedente y por tanto procede sobreseer el procedimiento en que se actúa, con fundamento en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción II del artículo 105 constitucional, en virtud de que la materia de la presente acción se fundamenta en la supuesta contradicción de la norma general impugnada (artículos diez y noveno transitorio del Código 75 Electoral del Estado de Veracruz) con el contenido de la Constitución Local del Estado y no así de la Constitución Federal. En efecto, el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establece textualmente que: ‘Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.’. Por su parte, el primer párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional establece: ‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.’. Como se puede observar, la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad se limitan al planteamiento de posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la propia Constitución Federal. Ahora bien, en el caso concreto a estudio la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional plantea, en esencia, una supuesta contradicción entre los artículos diez y noveno transitorio del Código 75 Electoral del Estado de Veracruz, con la fracción XXXIX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sin que se proponga violación alguna a la Constitución Federal, motivo por el cual procede se sobresea el procedimiento en que se actúa. Lo anterior incluso es admitido por la propia accionante al referir al principio del último párrafo de la hoja seis de su escrito inicial que: ‘No pasa desapercibido para el suscrito el que la presente vía es para combatir las posibles contradicciones entre la Constitución Federal y normas de carácter general ...’. Lo aquí expuesto encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 30/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, tesis P./J. 30/2000, página 812. La tesis en cita establece textualmente lo siguiente: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que sólo se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a las leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6993-3b01dd16/materia-electoral-los-articulos-10-y-noveno-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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