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Modo: Corpus Pro

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. AL PERMITIR SU ARTÍCULO 208 QUE UN SOLO PARTIDO PUEDA OBTENER UN NÚMERO DE DIPUTACIONES MAYOR AL DE DISTRITOS ELECTORALES, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD QUE FACULTA A AQUÉLLA PARA DICTAMINAR EN FORMA DEFINITIVA LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 33, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE FORMAR COALICIONES TOTALES POR TIPO DE ELECCIÓN, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE ESTABLECE EL MONTO MÁXIMO PARA SU AUTOFINANCIAMIENTO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2000 Y SUS ACUMULADAS 1/2001, 3/2001 Y 4/2001. · Registro digital (IUS): 6989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, ALIANZA SOCIAL Y DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, , Pág. 695.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2000 Y SUS ACUMULADAS 1/2001, 3/2001 Y 4/2001. PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, ALIANZA SOCIAL Y DEL TRABAJO.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de enero de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados los días veintiuno y veintinueve de noviembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge González Torres, presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro, en su carácter de presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Convergencia por la Democracia; José Antonio Calderón Cardoso, presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Alianza Social y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Abraham López Ramírez, Alejandro Moreno Berry, Arturo Aparicio Barrios, Arturo Velasco Martínez, Carlos Reveles Delijorge, David Mendoza Arellano, Ezequiel Flores Rodríguez, Félix Castellanos Hernández, Alejandro González Yáñez, Marcos Cruz Martínez, Rubén Aguilar Jiménez, Alfonso Primitivo Ríos, Alfonso Mercado Chávez, Arturo López Cándido, Camilo Torres Mejía, Claudia Serapio Francisco, Eugenia Flores Hernández, Ezequiel Reynoso Esparza, Filomeno Pinedo Rojas, Francisco Hernández Neri, Herón Escobar García, Jaime Moreno Berry, Joaquín H. Vela González, José Librado González Castro, José Belmares Herrera, Juan C. Regis Adame, Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez, Mercedes Maciel Ortiz, Miguel Flores Valenzuela, Pedro Bernal Rodríguez, Pedro Vázquez González, Rodolfo Solís Parga, Gonzalo Gómez Alarcón, Jaime Cervantes Rivera, Javier Arroyo Cuevas, José Luis López López, José Miguel Martínez Castañeda, Juan Bautista Olivera Guadalupe, Luis Patiño Pozas, Ma. Teresa Gómez Gleason, Miguel Bess-Oberto Díaz, Óscar González Yáñez, Pedro A. Matus Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Rosa Luz del Valle González, Rosalía Peredo Aguilar, Sergio Carrillo Arciniaga, Víctor Morales Acoltzi, Rosario del Castillo, Vicente Estrada Vega y Zeferino Juárez Mata; esta última demanda presentada en el domicilio particular del autorizado por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal el veintinueve de noviembre de dos mil, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las normas y de las autoridades que a continuación se indican:

Autoridades que emitieron la norma general impugnada:

1. Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes.

2. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

Norma general cuya invalidez se reclama:

Código Electoral del Estado de Aguascalientes, concretamente por lo que se refiere a los artículos 33, primer párrafo, 43, 44, 45, 46, 47, 51, tercer párrafo, 65, 69, 114, 115, 206, 207, 208 y 209, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de octubre de dos mil.

SEGUNDO. El Partido Verde Ecologista de México señaló los siguientes antecedentes:

"1. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que: 'Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Cuando en la ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla.'. 2. Es el caso que mediante el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, tomo LXIII, número 44, de fecha 30 de octubre de 2000, se publicó el Decreto Número 130 de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, que contiene el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación (31 de octubre de 2000), de conformidad con el artículo primero transitorio del mismo decreto. 3. El inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que: 'De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.'. Asimismo, el antepenúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que: 'Los partidos políticos nacionales con registro tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, y deberán contar, en forma equitativa con un mínimo de elementos para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.'. Sin embargo, los artículos 44, 45 y 46 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, previenen lo siguiente: 'Artículo 44. El financiamiento público estatal se dividirá en dos porciones: la primera del 30% destinada al fortalecimiento del sistema de partidos y distribuida conforme a la fracción I del presente artículo; y la segunda del 70% a distribuirse según el criterio de estricta proporcionalidad a las votaciones obtenidas por cada partido político conforme a la fracción II de este artículo: I. La primera porción del 30%, se destinará al fortalecimiento del sistema de partidos acreditados en el Estado, y se distribuirá en forma igualitaria a los partidos políticos que hubieran alcanzado el 2% de la votación total en el Estado, quienes lo destinarán a su operación normal; II. A los partidos políticos con registro nacional que no hubieran alcanzado el 2% de la votación total en el Estado, se les otorgará con motivo de su financiamiento únicamente el 5% calculado de acuerdo a la primera porción que señala la fracción anterior; III. En el caso de que se registren nuevos partidos políticos nacionales, de la primera porción se destinará el 5% el cual será distribuido entre dichos partidos de manera igualitaria, siempre y cuando el porcentaje no rebase el 0.5% de dicho presupuesto por cada partido político; IV. En caso de que no existieran nuevos partidos políticos, la parte proporcional se repartirá de manera igualitaria entre los partidos políticos a que hace alusión la fracción I, del presente artículo; V. La segunda porción, también del 70% del financiamiento, será entregada a los partidos políticos acreditados, de manera proporcional, de acuerdo a los resultados electorales de las elecciones inmediatas anteriores de gobernador, diputados de mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos, correspondiendo a cada una el 36%, 32% y 32% respectivamente.'. 'Artículo 45. La asignación que corresponda a cada partido por estricta proporcionalidad, a que se refiere la fracción V del artículo anterior, se calculará obteniendo el porcentaje que corresponda de votos recibidos por cada partido con derecho al financiamiento, en las elecciones inmediatas anteriores respectivas; y el financiamiento público que corresponda a cada partido político, para su operación normal, será entregado prorrateado en ministraciones mensuales, al representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.'. 'Artículo 46. En año electoral, para el financiamiento de los gastos de campaña se otorgará adicionalmente una cantidad equivalente al 50% de los recursos destinados como financiamiento para la operación normal de los partidos, aplicando para su distribución el mismo criterio de proporcionalidad definido anteriormente.'. Adicionalmente, el artículo 53 del referido código, establece que: 'Cada partido político tendrá un órgano interno, encargado de recibir las aportaciones, donaciones y cuotas que ingresen como financiamiento público o privado.'. De donde se desprende, en primer lugar, que no existen condiciones de equidad en la distribución del financiamiento público; que la distribución se realiza a partir de los resultados obtenidos por cada uno de los partidos políticos en las elecciones inmediatas anteriores, mismas que obedecen, en primer lugar, a la de gobernador del Estado, siendo que la misma se realiza cada seis años lo que obliga a que por este concepto se redistribuya hasta vencido ese lapso de tiempo; que es obligación legal contar con un órgano interno, encargado de recibir las aportaciones, donaciones y cuotas que ingresen como financiamiento público o privado, con la consecuente erogación por manejo administrativo y contable de dicho órgano al interior de cada partido político (los cálculos efectuados sobre las participaciones que el Partido Verde Ecologista de México tendrá como financiamiento público estatal para su operación normal en el año de 2001, en el Estado de Aguascalientes, arrojan la cantidad de $180.00 -ciento ochenta pesos- mensuales); que atenta contra la existencia y participación de los institutos políticos nacionales en el Estado de Aguascalientes, contraviniendo tanto lo dispuesto en los referidos artículos mencionados de las Constituciones Políticas tanto Federal como Local; además de que, con tales medidas, contrae la participación de los partidos políticos en una de sus principales funciones: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional (y, por lo tanto, local) y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Adicionalmente, dichos artículos del mencionado código, establecen implícitamente la existencia de partidos políticos de primera, de segunda y hasta de tercera clase, al diferenciar los porcentajes de financiamiento público a que tendrán derecho cada uno de ellos, desconociendo que son entidades de interés público con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, tal como lo consagra el artículo 41 de nuestra Carta Magna. 4. El artículo 65 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, previene que: 'Los consejeros ciudadanos se elegirán por mayoría calificada de los miembros del Congreso del Estado, previa convocatoria pública, por parte de la Comisión de Asuntos Electorales de la Legislatura, y con aquellas propuestas que le presenten sus integrantes, así como los organismos sociales, científicos, culturales, empresariales y académicos. Si en una primera votación no se obtiene esta mayoría, el Congreso del Estado podrá ratificar por mayoría absoluta a los consejeros ciudadanos que fungieron con ese carácter en los comicios locales próximos pasados, si tampoco se obtiene esta mayoría absoluta se procederá a designarlos mediante insaculación. Asimismo, por cada consejero propietario se nombrará el respectivo suplente. Los consejeros representantes de cada uno de los partidos políticos serán designados por los propios partidos y podrán ser sustituidos libremente en cualquier momento, previo aviso al presidente del consejo general del instituto. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral elegirá al secretario técnico, de una terna que le presente el presidente.'. Sin embargo, el artículo tercero transitorio del decreto de que se trata, señala lo siguiente: 'Los actuales consejeros ciudadanos que fueron ratificados mediante el Decreto Número 95 del H. Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha seis de marzo de 2000, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta concluir el periodo para el que fueron ratificados, por lo que hasta esa fecha entrará en vigor lo establecido por los artículos 77 y 79 de este código.'. Y es el caso, de que el mencionado Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 6 de marzo de 2000, no contiene publicación alguna sobre la ratificación de dichos consejeros ciudadanos; y de que los referidos artículos 77 y 79 del código en comento, establecen lo siguiente: 'Artículo 77. Los Consejos Distritales Electorales se integrarán por ...'. 'Artículo 79. Los Consejos Distritales Electorales tendrán las atribuciones siguientes: ...'. Como se puede apreciar, los referidos artículos 77 y 79 del código de que se trata, nada tienen que ver con los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; el honorable Congreso del Estado no ha elegido o ratificado a los consejeros ciudadanos del consejo general del propio instituto; y además, los actuales consejeros ciudadanos no reúnen los requisitos que ordena la fracción IX del artículo 66 del mismo código, y que a la letra dice: 'No desempeñar durante su encargo, ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del instituto y los que ejerzan en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.'. En particular, el actual consejero presidente no cumple con la fracción IV del mismo artículo, que establece lo siguiente: 'Poseer título a nivel licenciatura legalmente expedido por institución educativa del país, con antigüedad mínima de cinco años y tener conocimientos en la materia político-electoral.'. Por tales motivos, los actuales consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se desempeñan al margen de la ley; y consecuentemente, todos los actos que realicen en ejercicio de funciones como tales, son y serán nulos de pleno derecho. Adicionalmente, cabe señalar que el artículo 69 del mismo código, señala que: 'El secretario técnico del Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá contar con título de licenciado en derecho legalmente expedido por institución educativa del país, con antigüedad mínima de cinco años; además, deberá cumplir los requisitos de elegibilidad de los consejeros ciudadanos, previstos en este código.'. Lo cual contraviene las disposiciones de los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente se señala que el actual secretario técnico del Consejo General del Instituto Estatal Electoral no ha sido nombrado ni ratificado por el pleno del consejo general del mismo instituto; y que al respecto, el código de la materia no señala que dicho funcionario continuará en el puesto. 5. El artículo 206, fracción I del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, incrementa del 2 al 2.5, el porcentaje de votación para acceder a diputaciones por el principio de representación proporcional, ordenando lo siguiente: 'Para que un partido político tenga derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, es preciso que obtenga por lo menos el 2.5% de la votación total emitida ...'. Por lo cual contraviene las bases generales para la asignación de diputados previstas en el artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que previene: 'Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.'. Ya que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 17, tercer párrafo, inciso b), hasta antes de la reciente reforma, ordenaba lo siguiente: 'Las diputaciones por el principio de representación proporcional se otorgarán a todo partido político que obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida.'. Y el artículo 162, segundo párrafo de la anterior Ley Electoral del Estado de Aguascalientes, prevenía que: 'Para que un partido político tenga derecho a participar en la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, es preciso que obtenga por lo menos el 2% de la votación total emitida.'. La ciencia política, como fuente del derecho, identifica múltiples principios electivos; algunos de los que se utilizan o se han utilizado en tiempos recientes en el sistema electoral mexicano son los siguientes: Mayoría relativa. Consiste en elegir a los integrantes de las legislaturas en circunscripciones electorales (distritos, en nuestro país) en razón de un representante por circunscripción, resultando electo aquel candidato que obtiene la mayoría relativa de los votos (Castellanos Hernández, Eduardo, 'Sistemas Electorales de México', en Zertuche Muñoz, Fernando, 1997, 'Enciclopedia Parlamentaria de México', serie IV, volumen III, tomo I). Éste fue el único principio de elección de diputados en México hasta 1963. Diputados de partido. Éste fue el segundo principio electivo en establecerse para la elección de las distintas legislaturas: fue el de asignación partidista, también conocido como de 'diputados de minoría'. Este principio electivo se estableció en 1963 para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y tiene como característica fundamental el establecer la asignación de diputados a partir de cuotas porcentuales fijas de los votos obtenidos por cada partido (Medina Peña, Luis, 1994, 'Hacia el Nuevo Estado, México, 1920-1993'). Así, se estableció el 2.5% como porcentaje mínimo de acceso a los diputados de partido. Con este porcentaje, el partido político correspondiente obtenía, en una asignación, cinco diputados, más un diputado adicional por cada 0.5% de la votación y hasta un máximo de 20 diputados. Se estableció, adicionalmente, que para acceder a los diputados de partido era requisito no obtener más de diecinueve diputados por el principio de mayoría relativa (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1963), con lo que, en la práctica, el acceso a los diputados de partido se limitó a los partidos minoritarios, de donde deriva la denominación 'diputados de minoría'. Representación proporcional. Este principio, utilizado ampliamente en muchos países, se establece en la Constitución de 1917, manteniéndose hasta la fecha con distintas modalidades. Consiste en asignar un determinado número de integrantes de la legislatura a los partidos políticos contendientes, en proporción al número de votos obtenido por cada uno de ellos (Sartori, Giovanni, 1995, 'Ingeniería Constitucional Comparada'; Nohlen, Dieter, 1994, 'Sistemas Electorales y Partidos Políticos'; Patiño Camarena, Javier, 1996, 'Derecho Electoral Mexicano'). Este principio reconoce múltiples variables, algunas de las cuales han tenido o tienen vigencia en las Legislaturas Federal y Locales de nuestro país. Premio a la mayoría. También conocido como cláusula de gobernabilidad. Este principio establece la asignación automática de diputados al partido político que obtiene la mayoría de los diputados por el principio de mayoría relativa, cierto porcentaje de votos o determinada composición de ambos criterios, con independencia de la proporción de su votación en relación con el resto de los partidos políticos en competencia (Sartori, op. cit.; Patiño Camarena, op. cit.). Este principio se establece en la Constitución en diciembre de 1986 y se mantiene en ella, en distintas modalidades, hasta agosto de 1996. Primera minoría. Consiste en asignar, con ciertas modalidades, una posición en la legislatura a quienes hubieran obtenido la segunda mayor votación en una elección de mayoría relativa. En nuestro país se ha utilizado exclusivamente en la integración del Senado de la República, en donde está en vigor desde 1993. Merecen particular atención las características y modalidades del principio de representación proporcional. Las principales variables en la aplicación de este principio son: a) la proporción de integrantes de la legislatura a elegirse por este principio; b) el número de circunscripciones en el que éstos se eligen; c) el número de integrantes de la legislatura a elegirse en cada circunscripción; d) la fórmula matemática a través de la cual se convierten votos en escaños, y e) el tipo de vinculación entre este principio y el principio de mayoría relativa en la integración del conjunto de la legislatura (Sartori, op. cit.; Nohlen, op. cit.; Patiño Camarena, op. cit.; Castellanos Hernández, op. cit.). Estas variables inciden, fundamental, aunque no exclusivamente, en la exactitud de la proporcionalidad con que las legislaturas se integran (Sartori, op. cit.). Las modalidades particulares de un sistema electoral pueden favorecer, por ejemplo, cierto nivel de sobre-representación de los partidos con los mayores volúmenes de votación, de los partidos minoritarios o de los partidos con ciertas características de distribución geográfica, por citar sólo algunos ejemplos (ibídem). Los legisladores de representación proporcional son diputados electos de forma directa, tanto de acuerdo con la Constitución de la República, como de acuerdo con la ciencia política. La diferencia de su elección respecto a los legisladores de mayoría relativa, estriba en que mientras éstos son votados individualmente, aquéllos son votados por listas (Nohlen, op. cit.). Ha existido, sin embargo, cierto grado de confusión en este concepto, que incluso ha alcanzado rango jurídico en al menos un Estado de la República (el de Campeche, como se puede constatar en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche), y que pretende diferenciar entre diputados electos y diputados asignados, confundiendo el origen de la representación con el mecanismo de designación. El principio de representación proporcional y el de diputados de partido no son indentificables. Su diferencia fundamental estriba en que la asignación de diputados por partido en el principio de representación proporcional varía en proporción matemática, según la fórmula aplicada, al volumen de votos obtenido por los distintos partidos y a la proporción que los diputados electos por este principio representen del total de los integrantes de la legislatura; en tanto que la asignación de diputados de partido obedece a cuotas porcentuales de votos preestablecidas, sin relación proporcional ni con los porcentajes obtenidos por los demás partidos políticos, ni principalmente, con el porcentaje del total de diputados del Congreso que los diputados asignados representan. Tampoco son identificables los principios de representación proporcional y de premio a la mayoría, debido a que este último principio establece una asignación de diputados en sentido inverso al que resultaría de la asignación proporcional, teniendo precisamente como objeto modificar la distribución proporcional en favor de la mayoría, generando un efecto de sobre-representación ya sea para crear una mayoría absoluta, o para consolidar una mayoría existente, sin que el resultado final corresponda a la proporción de votos obtenidos por los distintos partidos políticos. No tratándose aquí de calificar la legitimidad de este tipo de cláusulas; debe sí, quedar perfectamente establecida su diferencia como principio electivo de la legislatura del principio de representación proporcional. La lista de candidatos plurinominales no es sinónima de representación proporcional. La asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional se ha realizado en nuestro país, fundamentalmente, a partir de dos modalidades. La más usual es la lista ordenada de candidatos por circunscripción, conocida comúnmente como lista plurinominal. Este mecanismo se usa en la elección de diputados federales y en la mayoría de los Estados. La otra, poco utilizada, es la que asigna las curules de representación proporcional a los candidatos de mayoría relativa que, no habiendo sido electos por este principio, hayan obtenido la más alta votación en cada partido. Este mecanismo se ha utilizado, por ejemplo, en el Estado de México hasta la fecha (Código Electoral del Estado de México, artículo 267). Asimismo, las listas plurinominales pueden utilizarse para la asignación de diputados por principios distintos al de representación proporcional, como por ejemplo, aunque, no exclusivamente, para la asignación de diputados de partido. Así, la utilización de listas plurinominales para la asignación de diputados no puede identificarse con el principio de representación proporcional, el cual podría tanto prescindir de listas como estar ausente al utilizarse dichas listas para la asignación de diputados por otros principios. La existencia de listas plurinominales no demuestra que en un sistema electoral se encuentre en vigor el principio de representación proporcional. La Constitución limita a dos los principios electivos aplicables en la integración de las Legislaturas Locales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 116, entre otros conceptos pertinentes para el asunto que nos ocupa, el de que los diputados integrantes de las Legislaturas Locales podrán ser elegidos por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. El texto constitucional vigente, resultado de la reforma decretada el 21 de agosto de 1996, significa un cambio sustancial en la previsión constitucional respecto a la conformación de las Legislaturas Estatales. El texto constitucional derogado se limitaba a establecer, en el mismo artículo, la 'introducción del sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales' sin fijar más condiciones, cualidades o limitaciones, dejando en consecuencia al ámbito de las normas locales la posibilidad de establecer otros principios en la integración de las legislaturas, como en efecto sucedió. Por el contrario, el texto en vigor es exhaustivo, limitando los principios por los que se puede ser elegido un integrante de Legislatura Local a los de mayoría relativa y representación proporcional, excluyendo, al no establecerlo, cualquier otro principio de elección, dejando sólo al ámbito de las leyes locales las modalidades que estos principios específicos podrán adoptar y que son las ya descritas en la enumeración de las características y modalidades del principio de representación proporcional (número de circunscripciones, tamaño de éstas, fórmula de asignación, etc.). Al comentar la reforma de 1996 al texto constitucional, Carlos Axel Morales Paulín (1997, 'Reforma al Sistema Electoral Constitucional', p. 179) señala: 'Mediante la reforma del 22 de agosto de 1996 se fija en el párrafo tercero de la fracción II del numeral en cita, el sistema para la integración de las Legislaturas Locales, es decir, prevé la existencia de diputados elegidos tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, dejando a las Legislaturas Locales el establecimiento de los porcentajes y procedimientos para la asignación de estos últimos.'. Por su parte, Castellanos Hernández (op. cit., p. 494) afirma: 'En el primer caso (contribuir al perfeccionamiento de la democracia local), originalmente se disponía (en la Constitución) que debería introducirse en la legislación electoral respectiva, el sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales.'. Esta disposición estaría cubierta, por ejemplo, con la figura de los diputados de partido. Por eso es que a partir de 1996 las Legislaturas de los Estados deberán integrarse necesariamente con diputados electos según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen las leyes locales respectivas. El objetivo de todo sistema electoral es afinar la relación votos-posiciones políticas; en otros términos, el de mayor o menor grado de proporcionalidad entre las preferencias políticas del electorado, y la composición del gobierno. Lo que se discute es la representación política en su conjunto: que todas las fuerzas vivas del país sean representadas. En este marco de actuación, la función representativa de los Congresos adquiere toda su dimensión y el que todas las corrientes políticas y de opinión de toda la sociedad tengan injerencia, a través de sus representantes en las cuestiones públicas, se vuelve un elemento legitimador de la acción del gobierno y de la actuación del Estado. En este orden de ideas, el objetivo principal de las reformas realizadas a la Constitución Federal, consiste en dar una mejor representación a las preferencias políticas del electorado y la participación de las diversas corrientes políticas en la composición de los Congresos Locales, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. En el anterior marco constitucional, las leyes locales podían establecer, a criterio del legislador local, el principio de premio a la mayoría, siendo concordantes con la Constitución de la República en tanto cumplieran con establecer, simultáneamente, diputados de minoría. En ese mismo marco, concordante con lo dispuesto para las Legislaturas Estatales, el artículo 54, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 20 de agosto de 1996, establecía el principio de premio a la mayoría en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el ordenamiento constitucional vigente, concordante con la exclusión del principio de premio a la mayoría en la integración de las Legislaturas Locales, dicha cláusula desaparece también de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para cuya integración se utilizan, exclusivamente, los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de manera independiente y estableciendo, adicionalmente, una limitación de 8 puntos porcentuales a la proporción en que, por la independencia de la aplicación de estos dos principios, un partido pueda sobre-representarse en dicha Cámara. Estos principios se establecen en los artículos 52 y 54 del texto constitucional vigente; y particularmente en la fracción II de este último, señala el 2% como porcentaje míni

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6989-d5e042c3/codigo-electoral-del-estado-de-aguascalientes-al-permitir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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