Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 1, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, AL SEÑALAR LA FACULTAD DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD PARA AMPLIAR LOS PLAZOS FIJADOS EN ESA LEY A LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL CUANDO A SU JUICIO HAYA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA REALIZAR DENTRO DE ELLOS LOS ACTOS PARA LOS CUALES SE ESTABLECEN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 76, PÁRRAFO 1, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE DISPONE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE NO HAYAN PARTICIPADO U OBTENIDO EN LA ELECCIÓN ORDINARIA INMEDIATA ANTERIOR EL 2% DE LA VOTACIÓN EMITIDA, PERDERÁN SU ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE ESTABLECE QUE DURANTE EL AÑO DE LA ELECCIÓN EL CONSEJO ESTATAL OTORGARÁ UN FINANCIAMIENTO IGUAL AL QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 86 DEL CITADO ORDENAMIENTO A AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPEN POR PRIMERA VEZ EN EL PROCESO ELECTORAL, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE ESTABLECE LA DESIGNACIÓN ESCALONADA DEL CONSEJERO PRESIDENTE; LAS REGLAS PARA SUPLIR LA FALTA DEFINITIVA DE UN CONSEJERO PROPIETARIO Y SU SUPLENTE, ASÍ COMO LAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE EN CASO DE RENUNCIA, A LAS AUSENCIAS TEMPORALES DE ÉSTE Y A SU REMOCIÓN, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 211, PÁRRAFO 5, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE ESTABLECE QUE EL INFORME ANUAL DE LABORES O GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LOS MENSAJES QUE PARA DARLOS A CONOCER SE DIFUNDAN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, NO SERÁN CONSIDERADOS COMO PROPAGANDA, SIEMPRE QUE LA DIFUSIÓN CUMPLA CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PROPIO PRECEPTO, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 131 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN I, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE SEÑALA QUE EN LA COLOCACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL, ÉSTA PODRÁ COLGARSE EN ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO, BASTIDORES Y MAMPARAS SIEMPRE QUE NO DAÑE EL EQUIPAMIENTO, SE IMPIDA LA VISIBILIDAD DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, LA CIRCULACIÓN DE PEATONES, NI OBSTACULICE EN FORMA ALGUNA LA VISIBILIDAD DE LOS SEÑALAMIENTOS QUE PERMITEN A LAS PERSONAS TRANSITAR Y ORIENTARSE DENTRO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ES CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 291, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, AL EMPLEAR LA EXPRESIÓN "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO", TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 336, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE PREVÉ QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁ DESECHAR DE PLANO LA QUEJA SOBRE FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CUANDO ÉSTA NO SE HACE ACOMPAÑAR DE ELEMENTO PROBATORIO ALGUNO, QUE RESPALDE LOS HECHOS DENUNCIADOS, ES CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA APROBACIÓN DEL DECRETO 192 QUE CONTIENE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN VI Y 29, PÁRRAFO 1, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE SEÑALAN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN NOMBRAR A DOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y UN SUPLENTE ANTE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, QUIENES NECESARIAMENTE DEBERÁN RESIDIR EN EL MUNICIPIO QUE CORRESPONDA, CONTAR CON CREDENCIAL PARA VOTAR Y ESTAR EN LA LISTA NOMINAL RELATIVA, Y CONDICIONAR ESE DERECHO A QUE DICHOS PARTIDOS POSTULEN CANDIDATOS EN LA ELECCIÓN RESPECTIVA, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 39 A 49 Y 67 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE REGULAN LOS CONVENIOS DE COALICIÓN EN LOS QUE SE ESTABLEZCAN LA MANERA EN QUE SE DISTRIBUIRÁN LOS VOTOS OBTENIDOS Y LA PRELACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL REGISTRO, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 92 A 97 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE SEÑALAN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL SE ENCARGARÁ DE FISCALIZAR EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE RECIBAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS CONFORME A DICHO ORDENAMIENTO, Y QUE ÉSTOS DEBERÁN RENDIR ANTE ESA COMISIÓN LOS INFORMES RESPECTIVOS, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 98 A 101 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUE REGULAN EL MECANISMO PARA DETERMINAR LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA QUE REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LAS COALICIONES Y SUS CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN QUE CORRESPONDA, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 275, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN III; 290, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN I, INCISO D) Y 291, PÁRRAFO 1, FRACCIONES I A III, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, AL DISPONER LA FACULTAD DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD PARA DECLARAR LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y OTORGAR LA CONSTANCIA DE MAYORÍA AL CANDIDATO GANADOR, NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 295 Y 299 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE DURANGO, AL ESTABLECER, RESPECTIVAMENTE, QUE HABRÁ UNA SOLA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL QUE CORRESPONDERÁ A LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DEL ESTADO Y DEFINIR LO QUE SE ENTENDERÁ POR VOTACIÓN EFECTIVA, ASÍ COMO LA ORDEN DE REMITIR LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL PARA EFECTOS DE RESOLVER LAS IMPUGNACIONES QUE SE HUBIERAN PRESENTADO, SON CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2008 Y SU ACUMULADA 131/2008. · Registro digital (IUS): 21960
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 1299.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2008 Y SU ACUMULADA 131/2008. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día cinco de octubre de dos mil nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y normas impugnadas. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Jaquez Reyes, Noel Flores Reyes, José Luis López Ibáñez, Adán Saenz Segovia, Alfredo Miguel Herrera Deras, Julio Alberto Castañeda Castañeda, Claudia Ernestina Hernández Espino, Bernardo Ceniceros Nuñez, Juan José Cruz Martínez y Mario Miguel Ángel Rosales Melchor, ostentándose como diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, por una parte y, por otra, mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil ocho en el domicilio particular de la funcionaria designada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Ortega Martínez, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las siguientes:

Normas generales:

En la acción presentada por diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango:

"Ley Electoral para el Estado de Durango, contenida en el Decreto (192) ciento noventa y dos, que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día domingo (16) dieciséis de noviembre del (2008) dos mil ocho, porque ilegal e inconstitucionalmente se aprueban en general sin un procedimiento legislativo mínimo, sin debate ni participación legislativa de los diputados integrantes de la legislatura uno de tres decretos que en forma simultánea aprobaron la referida Ley Electoral para el Estado de Durango, simultáneamente con la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Participación Ciudadana, así como reforma y derogaciones de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, en general y en particular con aprobación de los artículos: Procedimiento legislativo sumario, sin estudio, discusión, debate ni construcción legislativa de la reforma electoral, al negarse la participación activa de los diputados de oposición, imponiendo un anteproyecto acabado y no discutido ni debatido en el seno de la comisión y no debatido en el Pleno. Aprobación en cuestión de horas y aprobado por mayoría legislativa en contravención a la Ley (sic) Orgánica del Congreso del Estado de Durango, establece en sus artículos 11, 36, 38 al 40, 55, 58 al 70; violando el principio de legalidad en el proceso legislativo y los principios democráticos de las facultades y funciones del Poder Legislativo, en los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Carta Magna. Indebida transferencia de votos que conservan un emblema común entre los partidos coaligados y no en forma individual, en el capítulo V ‘De las coaliciones’, contienen en los artículos 39 a 49 y 67 de la nueva Ley Electoral, en franca violación al artículo 41, párrafo 1, de la Constitución General de la República, siendo ello ya materia de sentencia para este Alto Tribunal; Financiamiento público inequitativo a favor de las mayorías votadas, sobre privilegiando a los que obtienen mayor cantidad de votos en perjuicio del financiamiento de las minorías, dándose un sobre financiamiento en doble ingreso por un solo concepto en el artículo 86 de la nueva Ley Electoral; Omisión en el nuevo órgano técnico de fiscalización a los partidos políticos, vertiente fundamental de la reforma que fue omitida y conservada la antigua fórmula de Comisión de Fiscalización contenida en los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la nueva Ley Electoral, la cual contradice el espíritu y objetivo de fiscalización a los partidos políticos conforme la reforma del artículo 41 de la Constitución Federal; Topes de gastos de campaña, excesivos y superiores a sus ingresos como financiamiento público que reciben los partidos, ya que les autoriza a un gasto de campaña muy superior como financiamiento privado, al ingreso obtenido por financiamiento público, en términos de los artículos 98 al 101 de la Ley Electoral, lo cual contradice el principio constitucional del artículo 41 de nuestra Carta Magna, de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado; Facultades al Consejo Estatal, en contradicción al artículo 97 de la Constitución Local, por las facultades contenidas en el artículo 275, párrafo primero, fracción III, inciso d), artículo 290, párrafo primero, fracción I, inciso d) y el artículo 291, párrafo primero, fracción (sic) I, II, III, de la Ley Electoral; Propaganda electoral; Indebida autorización de utilizar el equipamiento urbano, a efecto de fijar, colgar y colocar propaganda, cuando fue uno de los lineamientos fundamentales de la reforma federal, por lo cual contradice el espíritu del artículo 41 de la Constitución Federal la redacción del artículo 217 de la nueva Ley Electoral; La indebida referencia o cambio de nombre a un ‘Tribunal Electoral’, distinta a su nombre oficial conforme a los artículos 55, fracción XXVIII Bis, 90 y 97 de la Constitución Local para el Estado de Durango, por omisión a un capítulo de transparencia de los partidos políticos que les fue propuesto en términos de la reforma electoral federal y el cual fue omitido sin justificación alguna, cuestionándose que la reforma local no fue conforme a la reforma electoral federal como debió de darse, en cumplimiento a los preceptos reformados conforme a los lineamientos y bases del nuevo sistema electoral mexicano; Reforma electoral que no se dio cabal cumplimiento en el sistema electoral para el Estado de Durango. Condicionamiento inconstitucional de registro y participación de los partidos políticos nacionales, para participar en los procesos locales, si éstos no han obtenido un porcentaje mínimo del dos por ciento de la votación en la última elección o bien no participaron en ésta, dejan de tener derecho a participar en la siguiente elección, según redacción del artículo 76 de la Ley Electoral, cuando esta limitante es contraria a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna, que si (sic) da derecho a participar en las elecciones locales."

En la acción presentada por el Partido de la Revolución Democrática:

"El contenido de la publicación en el Periódico Oficiad (sic) de la Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Durango (sic) y que para el caso que nos ocupa se consideran como inconstitucionales los artículos 24, 28, 29, 39, 41, fracciones VII y XI, 43, 86, 87, 117, 119, 336 y transitorio tercero de dicho ordenamiento."

Los promoventes señalaron como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango.

b) Gobernador del Estado de Durango.

En la acción presentada por diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango se señaló, además, a:

c) Secretario general de Gobierno.

SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los promoventes señalaron como violados los artículos 1o., 14, 16, 17, 41, 115, 116, fracción IV, inciso h) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Instrucción de la acción. Mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil ocho, la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de vacaciones de dos mil ocho, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 129/2008 y turnó el expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento; admitió la demanda relativa a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango para que rindieran sus respectivos informes; ordenó correr traslado al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; requirió al presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Durango para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión con relación al asunto.

Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la Comisión de Receso ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 131/2008; admitió la demanda relativa a la acción de inconstitucionalidad que hace valer el Partido de la Revolución Democrática; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango para que rindieran sus respectivos informes; ordenó correr traslado al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; requirió al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral para que exhibiera copia certificada de los estatutos vigentes del partido promovente y certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión con relación al asunto.

En el referido proveído de dieciocho de diciembre de dos mil ocho la Comisión de Receso de esta Suprema Corte, en virtud de que la acción de inconstitucionalidad 129/2008 tiene conexidad con la acción de inconstitucionalidad 131/2008, al impugnarse en ambas acciones el Decreto Número 192, mediante el cual se crea la Ley Electoral para el Estado de Durango, se decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 131/2008 a la número 129/2008 y, por consiguiente, se determinó que le corresponden, por razón de turno, al mismo Ministro instructor José Fernando Franco González Salas.

CUARTO. Conceptos de invalidez.

Los conceptos de invalidez que hicieron valer los promoventes se sintetizan, en la parte considerativa de la presente resolución, al hacer el estudio de los conceptos de invalidez.

Las demandas respectivas se adjuntan como anexos formando parte de la presente resolución.

QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas.

Mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil ocho, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron por presentados al Gobernador Constitucional y al presidente de la Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso, ambos del Estado de Durango, con la personalidad que ostentan, en términos de las documentales que exhiben al efecto, y por rendido el informe solicitado a las autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas respectivamente.

Los informes respectivos se adjuntan como anexos formando parte de la presente resolución.

SEXTO. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil ocho, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron por presentada a la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la opinión que formulan los Magistrados integrantes de la Sala Superior de dicho tribunal con relación a las presentes acciones de inconstitucionalidad.

La opinión respectiva se adjunta como anexo formando parte de la presente resolución.

SÉPTIMO. Opinión del procurador general de la República.

Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por formulado el pedimento del procurador general de la República en las presentes acciones de inconstitucionalidad.

El pedimento respectivo se adjunta como anexo formando parte de la presente resolución.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, los alegatos del procurador general de la República y, encontrándose debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos d) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el decreto que contiene la Ley Electoral para el Estado de Durango y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad de la presentación de las demandas respectivas.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

(Adicionado, D.O.F. 22 de noviembre de 1996)

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme con el artículo transcrito, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada, en el entendido de que en materia electoral todos los días son hábiles.

En el caso, el Decreto Número 192 que contiene la Ley Electoral para el Estado de Durango impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el domingo dieciséis de noviembre de dos mil ocho.(2)

Tomando en cuenta esa fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el lunes diecisiete de noviembre de dos mil ocho, de donde resulta que el plazo de treinta días naturales vencería el dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

En el caso, la demanda promovida por el Partido de la Revolución Democrática se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y la presentada por los diputados locales promoventes ante la funcionaria autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, esto es, dentro del plazo legal correspondiente, razón por la cual se presentaron en forma oportuna.(3)

Ver calendario

TERCERO. Legitimación. Acto continuo se procede a analizar la legitimación de los promoventes, por tratarse de un presupuesto procesal para el ejercicio de la presente acción de inconstitucionalidad en materia electoral.

I. Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango.

La demanda respectiva es suscrita por Miguel Ángel Jaquez Reyes, Noel Flores Reyes, José Luis López Ibáñez, Adán Saenz Segovia, Alfredo Miguel Herrera Deras, Julio Alberto Castañeda Castañeda, Claudia Ernestina Hernández Espino, Bernardo Ceniceros Nuñez, Juan José Cruz Martínez y Mario Miguel Ángel Rosales Melchor, ostentándose como diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango.

Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62,(4) primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, disponen que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se promueva por integrantes de algún órgano legislativo estatal, en contra de leyes expedidas por ese órgano, la demanda correspondiente deberá estar firmada por cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes lo integren, es decir, deben satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal;

b) Que dichos promoventes representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo correspondiente; y,

c) Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes los promoventes.

En lo concerniente al primer requisito, se desprende que los promoventes acreditan su carácter de diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango con la copia certificada del Periódico Oficial de la entidad de treinta de agosto de dos mil siete,(5) que contiene la relación de candidatos electos para integrar la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, para el periodo 2007-2010.

No pasa desapercibido para este Alto Tribunal que, en la documental referida en el párrafo precedente, Adán Saenz Segovia figura como diputado suplente; sin embargo, no sólo en el informe rendido por el Congreso del Estado se le reconoce la calidad de diputado integrante de la mencionada legislatura,(6) sino que también de las copias certificadas de las sesiones ordinarias del Pleno legislativo se aprecia que dicha persona, en efecto, se desempeña como diputado propietario.(7)

Los nombres y cargos de los diputados promoventes son también coincidentes con los datos que aporta el sitio oficial de Internet del Congreso del Estado de Durango.(8)

Por cuanto al segundo requisito, el artículo 31, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece que el Congreso del Estado se integrará con treinta diputados,(9) razón por la cual los diez (10) diputados que firmaron la demanda equivalen al treinta y tres por ciento (33%) de los integrantes de dicho órgano legislativo.

Por tanto, los diputados promoventes satisfacen el porcentaje mínimo requerido para promover esta acción.

En lo tocante al tercer requisito señalado, es preciso señalar que los diputados promoventes impugnan el Decreto Número 192 que contiene la Ley Electoral para el Estado de Durango, expedido por el Congreso de esa entidad.

II. Partido de la Revolución Democrática.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."

"Artículo 62. ... En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,

d) Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral.

El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según se advierte de la copia certificada emitida por el secretario ejecutivo de dicho instituto.(10)

Por otra parte, obra copia certificada expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de la que se advierte que Jesús Ortega Martínez, quien suscribe la acción de inconstitucionalidad a nombre y representación del partido político, es presidente nacional de la Comisión Ejecutiva Nacional del citado partido.(11)

Asimismo, el artículo 19, párrafo 5, inciso e), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática establece que la presidencia nacional de ese partido tiene la facultad de: "Representar legalmente al partido y designar apoderados de tal representación".

Igualmente, el partido político promovente controvierte diversos artículos de la Ley Electoral para el Estado de Durango que, sin duda, es de naturaleza electoral.

De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática fue hecha valer por un partido político nacional con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, en contra de disposiciones legales de naturaleza electoral y la demanda presentada en su nombre fue suscrita por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien cuenta con facultades para tal efecto en términos de los Estatutos que rigen a dicho partido político.

Por las razones apuntadas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción de inconstitucionalidad en cuanto a la impugnación de diversos artículos de la Ley Electoral para el Estado de Durango, contenida en el Decreto Número 192, publicado en el Periódico Oficial del esa entidad federativa el dieciséis de noviembre de dos mil ocho.

CUARTO. Causas de improcedencia. En el presente considerando se procederá a analizar las causales de improcedencia invocadas por las partes en la presente acción de inconstitucionalidad, o bien, las que este Alto Tribunal advierta de oficio.

La autoridad emisora hizo valer los siguientes argumentos a manera de causas de improcedencia:

I. En primer término, la autoridad emisora partiendo de la idea de que en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral no cabe la suplencia de la queja, sostiene que los conceptos de invalidez hechos valer por los diputados locales promoventes son vagos e imprecisos, no tienen concordancia alguna ni ilación real o material con el fondo del asunto de manera directa y los preceptos constitucionales que estima violados no guardan relación alguna con la reforma impugnada, por lo que es evidente la ausencia de razonamientos lógico-jurídicos.

Asimismo, afirma que los conceptos de invalidez aducidos por el Partido de la Revolución Democrática son vagos e imprecisos y los preceptos constitucionales que estima violados ninguna relación guardan con la reforma que se califica de inconstitucional, de forma que los argumentos esgrimidos no configuran un verdadero concepto de validez, por no reunir la estructura lógico-jurídica que esta Suprema Corte ha exigido en reiterados criterios jurisprudenciales.

Igualmente, la autoridad emisora sostiene que el medio impugnativo que promueve el partido político es evidentemente frívolo, en razón de que presenta la demanda de invalidez en un formato preestablecido ("machote") carente de cualquier argumento lógico-jurídico formalmente estructurado que dé soporte a la acción de inconstitucionalidad intentada.

Deben desestimarse las causas de improcedencia expuestas, por lo siguiente:

Primero, la autoridad emisora parte de una premisa inexacta, toda vez que en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral la Suprema Corte sí está en aptitud jurídica de suplir los conceptos de invalidez, siempre que exista un principio de impugnación o una elemental causa de pedir, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.(12)

Sirve de sustento, la jurisprudencia P./J. 97/2009 sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, PERO NO PUEDE FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL)".(13)

Segundo, de la lectura integral de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se deriva que exija como requisito esencial e imprescindible para mostrar la inconstitucionalidad de la norma general reclamada que la expresión de los conceptos de invalidez se haga bajo una determinada forma o estructura lógica, deductiva o no, cuando, de la lectura de los escritos iniciales de demanda respectivos se advierte la pretensión de mostrar la inconstitucionalidad del decreto impugnado, mediante argumentos encaminados a mostrar la supuesta contradicción existente entre dicho decreto y lo dispuesto en la Constitución Federal, lo que es suficiente para analizar tales planteamientos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis plenaria de jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SE ESTUDIEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA CON CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".(14)

En todo caso, es preciso señalar que será hasta el estudio de fondo en donde este Tribunal Pleno estará en condiciones de determinar si los promoventes adujeron o no conceptos de invalidez, o bien, si los mismos resultan ineficaces o fundados. En particular, sólo será posible apreciar la corrección o incorrección de los argumentos planteados hasta el estudio de fondo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004, consultable en la página 865 del Tomo XIX, correspondiente al mes junio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."

II. En segundo término, la autoridad emisora estima que la presente acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse, en relación con el artículo tercero transitorio, fracción V, de la Ley Electoral para el Estado de Durango.

Asiste la razón a la autoridad emisora.

En efecto, este Alto Tribunal estima que en lo concerniente al artículo tercero transitorio, fracción V, de la Ley Electoral para el Estado de Durango, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia consistente en que cesaron los efectos de la norma impugnada y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los diversos numerales 59 y 65 del invocado ordenamiento legal.(15)

Los artículos citados prevén que en las acciones de inconstitucionalidad se podrán aplicar las causas de improcedencia a que alude el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, referidas a las controversias constitucionales, con excepción del supuesto contenido en la fracción II del artículo 19 y que, por tanto, estos juicios devendrán improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general materia de la acción por lo que en tales casos deberá decretarse el sobreseimiento en el asunto.

En el caso, el partido político promovente impugna el artículo tercero transitorio, fracción V, de la Ley Electoral para el Estado de Durango, contenido en el Decreto Número 192, por considerarlo violatorio de los artículos 1o, 14, 16, 41, fracción V, 116, fracción IV, incisos b) y c), y 133 de la Constitución Federal, pues estima que no es competencia del Consejo General [(sic), por Consejo Estatal] el nombrar a un presidente y, mucho menos, que el citado órgano superior de dirección en ningún momento y de ninguna manera deberá perder su naturalez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21960-88446ec5/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-24-parrafo-1 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.