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Modo: Corpus Pro

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE DURANGO. AL NO EXISTIR ANTINOMIA ENTRE LAS FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y LAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL, NO SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONCEDE UNA RESERVA DE LEY A LOS ESTADOS PARA SU DISEÑO NORMATIVO BAJO EL MANDATO DE QUE SE EJERZA UN CONTROL DE LA LEGALIDAD DE TODOS LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU DISEÑO NORMATIVO NO EXIGE LA PREVISIÓN DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES ESTATALES, SINO SOLAMENTE QUE SE EJERZA UN CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES, LO QUE PUEDE REALIZARSE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2008. · Registro digital (IUS): 21902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE DURANGO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 1144.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2008. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE DURANGO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Jaquez Reyes, Noel Flores Reyes, José Luis López Ibáñez, Adán Sáenz Segovia, Alfredo Miguel Herrera Deras, Julio Alberto Castañeda Castañeda, Claudia Ernestina Hernández Espino, Bernardo Ceniceros Núñez, Juan José Cruz Martínez y Mario Miguel Ángel Rosales Melchor, nombrando como representante común al diputado Noel Flores Reyes, y en su carácter de diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango y con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1o., 21, 22, 59, 60, 61 y demás relativos aplicables de la ley reglamentaria de dicho precepto, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto impugnado Número 190 aprobado por el Congreso del Estado de Durango relativo a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, en cumplimiento a la reforma constitucional en materia electoral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete.

SEGUNDO. Los preceptos que se estiman infringidos son el 14, 16, 17, 41, 115, 116, fracción IV, inciso h), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En los conceptos de invalidez del libelo inicial se plantea:

"De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 115 y 116 en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81 y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución General de la República, se llega al convencimiento de que las normas constitucionales y generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia.

"Primero. En razón de lo expuesto con antelación, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Durango, a lo dispuesto por los preceptos Constitucionales de los artículos 115 y 116 del Pacto Federal, en cuanto a los procedimientos, formalidades, así como a las funciones y facultades de los Congresos de los Estados en materia electoral en cuanto a la legislación de los Estados se cumpla con la reforma constitucional federal, dotando las bases y lineamientos de la congruencia con la reforma dentro de los principios rectores para otorgar a los órganos electorales de la legislación suficiente y congruente a su marco jurídico con los objetivos y vertientes fundamentales que motivaron la reforma federal en el artículo 41 de Nuestra Máxima ley de la federación, a lo cual se pretende dar cumplimiento, y no el conservar las estructuras operativas reformadas, sin dotar de facultades y funciones a las instituciones que se pretende en la reforma federal fortalecer, observando un precipitado e instantáneo procedimiento de aprobación en el decreto de reforma, sin trabajo legislativo, privando a los diputados inconformes con el anteproyecto de discutir, debatir, construir un trabajo legislativo dentro de los procedimientos internos de trabajo de la comisión y su discusión en el Pleno legislativo, debiendo ser por consecuencia invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En cuanto a la forma, se plantea primeramente que se acredita la invalidación de la reforma aprobada a la legislación electoral estatal, por haberse violentado los procedimientos y formalidades legislativas en su aprobación, en violación a lo dispuesto en los preceptos 29, 30, 31 y 55 en relación con los artículos 121 y 124 todos de la Constitución Política del Estado de Durango. Ya que corresponde al Congreso del Estado de Durango, en términos del 55 en relación con el artículo 121 de la Constitución Política Local ‘... Protesta el guardar y hacer guardar el cumplimiento de la Constitución de la República y la particular del Estado y de las leyes que de ellas emanen ...’, por ser el Congreso Local el depositario y representante de la voluntad del pueblo, por consecuencia, garante del Estado de Derecho en cuanto al marco legal vigente dentro del territorio del Estado, respetando el procedimiento legislativo, en cuanto a que se discuta, debata, construya con el conocimiento pleno de los diputados las reformas constitucionales que se pretenda, sobre todo cuando son consecuencia de la reforma federal al artículo 41 de la Carta Magna en materia electoral, debiéndose tener en pleno conocimiento de los diputados los artículo (sic) a reformar y debatir sus reformas y contenidos, ya que se presentó en forma instantánea se aprueba precipitadamente ejerciendo la mayoría del que cuenta el partido en el poder estatal, ya que cuenta con diecisiete de los treinta diputados que lo conforman.

"Por lo que al aprobarse sin debate y en forma simultánea tanto en comisión legislativa, como en el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Durango, tres decretos que simultáneamente fueron ‘tramitados’ para su aprobación, como lo acreditamos con los documentos que aportamos y ofrecemos como prueba, fueron legislados tres ordenamientos legales en cuestión de horas, y fueron:

"1. El Decreto No. 190 que contiene la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, conjuntamente con:

"2. El Decreto No. 191 que contiene las reformas y derogaciones de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango; y

"3. El Decreto No. 192 que contiene la nueva Ley Electoral para el Estado de Durango, derogatoria del hasta entonces vigente Código Estatal Electoral para el Estado de Durango.

"Esta aprobación sumaria e instantánea de la legislación local con relación a la reforma electoral federal, no solo no cumplió con los lineamientos y bases que ésta señaló en materia electoral, sino que por su procedimiento atropellado e improvisado, invalida la naturaleza y principio del Congreso Local, al no cumplirse con la función fundamental de los diputados que la integran en participar activamente en su construcción, ya que ni los diputados que la aprobaron, conocieron el contenido ni el alcance de la reforma y sus contradicciones en cuanto por ejemplo a: facultades de los órganos e instituciones del Estado para declarar la invalidez de la elección de gobernador, entregar la constancia de mayoría al ciudadano que fuere electo y que se omite fortalecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, antinomia del artículo 25 recién reformado con el artículo 97, ambos de la Constitución Local; lo cual trascendió al redactar y aprobar al artículo 38, párrafo primero, fracción II, inciso d), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral objeto de esta acción de inconstitucionalidad, en donde establece requisitos para la procedencia del ‘juicio electoral’ contra la resolución de la declaratoria de invalidez de la elección de gobernador, declarativa de validez reservada al Tribunal Estatal Electoral, conforme el artículo 97 de la Constitución Local. Cuando es uno de los motivos fundamentales de la reforma electoral nacional, el fortalecer a los órganos electorales dotándolos de facultades y mayor legalidad en sus actuaciones y no propiciando conflictos de competencia entre estos, o cambiarles el nombre por otra denominación discrepante a la designación que la Constitución Local establece.

"Efectivamente, los preceptos de la Constitución Política del Estado de Durango, sustentan la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, al disponer respectivamente lo que sigue:

"‘Artículo 25.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo 97.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo 55.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, establece en sus artículos 11, 36, 38 al 40, 55, 58 al 70; que para el oportuno despacho de los asuntos legislativos que le corresponde conocer al Congreso así como para analizar, discutir y dictaminar las materias de su competencia, se nombrarán comisiones legislativas, las cuales serán: Dictaminadoras, las que se encargarán de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de leyes y decretos que les hayan sido turnadas por el presidente del Congreso, así como de participar en las deliberaciones y discusiones de la asamblea en la forma prevista por esta ley; ordinarias, las que por su propia naturaleza tienen una función distinta a las que se refiere el inciso anterior; y Especiales, las que sean designadas por el presidente del Congreso para agilizar el desahogo de asuntos diversos que se sometan a la consideración del Congreso.

"Expresamente se establece que las comisiones legislativas deberán integrarse de manera tal que reflejen la pluralidad política del Congreso, atendiendo la forma de gobierno democrático que debe imperar en nuestro sistema republicano de concurrencia de tres poderes, donde se reconoce la conformación democrática de la sociedad y su conformación representativa y popular del Congreso del Estado de Durango, por lo cual deben estudiarse, analizarse y dictaminar como órgano colegiado y no por imposición de las mayorías que dominan autoritariamente a la conformación del Congreso del Estado.

"Siendo responsabilidad del presidente de cada comisión de cumplir con las formalidades y procedimientos del funcionamiento de la comisión, así como la elaboración y de los documentos (sic) y expedientes de los asuntos que se les turnen para su estudio; por tanto, deberá firmar en el libro de registro, que para el efecto llevará la oficialía mayor, el recibo de ellos, y devolver los que en su poder se encuentran sin despachar, al finalizar el periodo de sesiones.

"Consecuentemente fue su responsabilidad de que los diputados integrantes de la comisión procedieran a dictaminar por mayoría y en forma instantánea el dictamen sin haberse discutido, analizado ni admitido las propuestas de los demás integrantes de la comisión, se niega atender los puntos de propuesta de adición o corrección a los tres anteproyectos de dictámenes que en forma simultánea se tramitaron, en los términos en que se sustanció el procedimiento legislativo que materialmente y formalmente anuló la participación legislativa de debate de los diputados, sin celebrar reuniones de trabajo, de información y audiencia, ni se formuló invitación con representantes de grupos de interés, peritos en auditoría fiscalizadora, ni a universidades, foros, colegio de abogados o a los organismos electorales del Estado, y otras personas que puedan informar sobre el proyecto a discutir y con objeto de conocer directamente criterios u opiniones para la mejor elaboración de los dictámenes. Simplemente se impuso por mayoría y sin tiempo de discusión el anteproyecto que la fracción parlamentaria del partido mayoritario impuso, consumando una imposición legislativa con los errores y deficiencias de fondo que se precisan más adelante, todo por la falta de análisis y básica lectura sistemática y funcional de la reforma impuesta.

"Siendo que el representante de nuestro partido como integrantes de la comisión de referencia, al firmar los dictámenes que se presentaron, manifestó el desacuerdo con el atropellado procedimiento y como integrantes de la comisión que no estuvimos de acuerdo, expresó su voto en contra por escrito y solicitó se agregue al expediente que corresponda, lo cual ocurrió con el dictamen el cual fue firmado en contra, lo cual se acredita con los documentos aportados y ofrecidos como pruebas.

"Debe tenerse en cuenta, que sólo por causas graves y mediante acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, podrá dispensarse temporal o definitivamente, o removerse del desempeño a alguno de los miembros de las comisiones, esto es que no puede hacerse a un lado a los diputados integrantes, ya que su función es activa y participativa en los trabajos de la misma, y sólo en caso de necesidad y por causa grave se sustituirá al diputado para que la propia asamblea elija el diputado o diputados sustitutos, con carácter temporal o definitivo, en el presente caso fue tan instantáneo el procedimiento y trámite en la comisión, como su aprobación por el Pleno, que material y formalmente fueron anulados a los diputados imponiendo la fracción parlamentaria de mayoría una reforma sin análisis, discusión, estudio ni socialización a la sociedad y entidades interesadas de un tema trascendente como lo es el fortalecimiento de las instituciones electorales y su integración con un órgano técnico fiscalizador del financiamiento a los partidos políticos así como sus gastos en campañas, temas fundamentales en la reforma que fueron omitidos y simulados su cumplimiento conforme a los lineamientos y bases que en la reforma electoral federal se aprobó, y que la Legislatura Estatal estaba obligada a cumplir, con la consecuente inconstitucionalidad del decreto donde se promulga la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

"El trabajo legislativo inicia con una propuesta de reforma, la cual al ser turnada a las comisiones y cualquier miembro del Congreso puede asistir, sin derecho a voto, a las reuniones de trabajo de las comisiones y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio, ya que la naturaleza de la labor legislativa así lo amerita, por lo cual es un trabajo abierto a todos los diputados, donde pueden participar activamente con sus observaciones y discusiones, en el presente caso no sólo fueron anulados los diputados de la comisión, sino que fueron sorprendidos, ya que contrarreloj, el presidente instauró un procedimiento sumario sin análisis ni debate ya que contaba con la mayoría de la misma para aprobar el dictamen y en su oportunidad la garantía de contar su fracción parlamentaria con una mayoría aplastante para aprobar la reforma electoral estatal donde se aprueba el ordenamiento impugnado conjuntamente con otros dos dictámenes de reforma. En violación a las formalidades establecidas en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, establece en sus artículos 11, 36, 38 al 40, 55, 58 al 70.

"En efecto, y para mejor ilustración con fecha 5 de noviembre del presente año, fueron presentadas por los diputados del PRI ante la oficialía mayor del H. Congreso del Estado de Durango, las iniciativas de decreto que contienen Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Electoral para el Estado de Durango, y reformas a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

"El día 6 del mismo mes y año a las 18 horas se reunió la Comisión de Gobernación con el objeto de dar a conocer las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRI y que fueron turnadas a esa comisión para su análisis y discusión, acordando declararse en sesión permanente los trabajos de la comisión.

"El día 10 de ese mismo mes a las 18 horas, la diputada Claudia E. Hernández Espino, secretaria de la Comisión de Gobernación,4 presentó a consideración de los integrantes de la comisión un documento de trabajo, en el cual se contenía el análisis de 83 artículos del Código Estatal Electoral de Durango, acordando los integrantes de dicha comisión el análisis al citado documento, citando de nueva cuenta el día 11 a las 18 horas, en esta fecha reunida la comisión, la diputada Claudia E. Hernández Espino sometió a consideración de los integrantes de la comisión que se aceptara como documento de trabajo la iniciativa presentada el 11 de noviembre a las 11:25 horas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que contenía Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, negándose los diputados del PRI Ernesto Alanís Herrera, Fernando Ulises Adame de León y René Carreón Gómez a integrarlo a los trabajos de análisis y discusión, argumentando que dicha iniciativa aún no había sido turnada a la Comisión de Gobernación, siendo que únicamente la propuesta de la diputada era para enriquecer de manera complementaria los trabajos de la comisión decretándose un receso, ese mismo día 11 por la noche el diputado Fernando Ulises Adame de León solicitó al presidente de la comisión se leyeran los dictámenes que contenían la Ley Electoral para el Estado de Durango, Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, aclarando que en ningún momento la Comisión de Gobernación acordó instruir al Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos y Asesoría Jurídica de que fueran elaborados los dictámenes que de manera unipersonal presentó el diputado Ulises Adame de León, procediéndose enseguida a su lectura de aprobación.

"De lo anterior puede concluirse con singular claridad que de las cuatro reuniones celebradas en la comisión en ninguna de ellas se realizó y menos aún hubo análisis y discusión de las multicitadas iniciativas presentadas por los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

"Es así que con fecha 12 de noviembre del presente año, se le dio primera lectura en sesión plenaria a los dictámenes de la Comisión de Gobernación conteniendo la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Electoral para el Estado de Durango y de Participación Ciudadana y reformas y derogaciones a la Ley de Participación Ciudadana, y antes de someterse a su discusión a solicitud de los integrantes de la Comisión de Gobernación se sometió a consideración del Pleno, que los dictámenes referidos regresaran a la citada comisión para el efecto de que fueran modificados.

"Con fecha 13 de noviembre la Comisión de Gobernación con el voto de los diputados del PRI Ernesto Alanís Herrera, Fernando Ulises Adame León y René Carreón Gómez, acordaron declarar que no ha lugar a modificar los dictámenes relativos a las iniciativas en mención, ratificando el contenido de los proyectos comprendidos en los citados dictámenes, lo anterior fue comunicado a la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado ese mismo día, siendo aprobados por el Pleno la madrugada del día 14 de ese mismo mes y año.

"De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, inciso f) y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución General de la República, se establece, que nuestro sistema democrático, republicano y popular, implica la conformación de un Poder Legislativo que en sus funciones, se debata y discutan las reformas a la ley, por lo cual la anulación de la participación de los diputados en el proceso legislativo, que material y formalmente no existió participación de los diputados de oposición, ni existió análisis, estudio, discusión ni debate del tema, sino que éste fue impuesto y aprobado sumariamente, se anuló el procedimiento legislativo y, por tanto, esas normas irregularmente reformadas, pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia.

"Segundo. Ahora bien en cuanto al fondo de la promulgación de la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, se combate el que con el anterior decreto de reforma constitucional local que en materia electoral se dice pretende dar cumplimiento a la reforma electoral federal que fue publicada en el Diario Oficial de fecha martes (13) trece de noviembre de (2007) dos mil siete, visible a página (2) dos en la (primera sección), en el cual se publica el decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cual señala los siguientes artículos transitorios:

"Transitorios

"‘Artículo primero.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo segundo.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo tercero.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo cuarto.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo quinto.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo sexto.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo séptimo.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"En los transitorios del decreto de reforma, especialmente en el artículo sexto transitorio, se fijan el plazo para cumplir con los lineamientos a seguir en el nuevo sistema electoral nacional, dándose la obligación a las Legislaturas de los Estados para que se produjeran las adecuaciones a esa reforma federal, en donde se plasman nuevas reglas, formalidades y procedimientos en materia electoral, que es materia de la presente acción de inconstitucionalidad que no son satisfechos y fueron simuladas las modificaciones realizadas y en una apariencia revestida de legalidad, ocultan el que se conservan los anteriores modelos, reglas y procedimientos dejando la estructura, organismos y procedimientos en los mismos órganos administrativos que operan con antelación a la reforma, así como no se incluye la transparencia de los partidos políticos ni se cumplen los parámetros para el respeto del voto en cuanto a que éste no sea transferido a discreción y conveniencia de los actores políticos.

"Simulación del fortalecimiento a las autoridades electorales administrativas locales para dotarlas de facultades, no fueron cumplidas creando conflicto en cuanto a los medios de defensa al mezclar recursos administrativos como es la revisión, con jurisdiccionales como es la apelación, instituciones que cuentan con tradición, doctrina y técnica jurídica, por un híbrido, sacado de la imaginación sin tradición jurídica ni naturaleza procesal que garantice legalidad en el procedimiento objetivo y no discrecional al no tener parámetros doctrinarios ni de jurisprudencia para su aplicación, por lo cual las autoridades se verán aplicando a discreción un procedimiento que no cuenta ni en el sistema federal, ni referencia doctrinal, jurisdiccional ni técnica jurídica aplicable. Partiendo la reforma electoral de la Constitución Local en el artículo 25 de la Constitución Local, fue consecuencia de la reforma electoral federal en el artículo 41 de la Constitución Federal, donde se vertieron ejes o directrices sobre los puntos mínimos que la reforma electoral debía de contener, en cumplimiento de los principios rectores de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, independencia y equidad.

"En el artículo 41 de la Constitución Federal se establece en sus párrafos últimos de la fracción V, la cual establece:

"En el ‘artículo 41.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Señalándose en primer término con esta reforma: El fortalecimiento de las atribuciones de la autoridad electoral, sin embargo la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, contiene errores y contradicciones en los siguientes puntos:

"A) En el artículo 4, párrafo dos, fracción I, de la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, que deroga al anterior Código Estatal Electoral; al privarlas de los procedimientos previstos para la depuración y rectificación de los procedimientos, actos, acuerdos y resoluciones que administrativamente podrían ser corregidos por un recurso administrativo de revisión, previsto en la legislación derogada, que al igual de la legislación electoral federal, está previsto para que los Consejos Electorales superiores, reciban y resuelvan administrativamente los recursos que se interpongan contra los consejos delegados, con objeto de (sic) en forma rápida sea corregido y depurado el procedimiento administrativo, lo cual sin justificación y contrario a los motivos de exposición de la reforma impugnada simplemente son suprimidos los recursos de revisión y apelación, substituidos por un medio de impugnación único denominado juicio electoral, el cual los absorbe y dilata el procedimiento, mezclando sin contar con una debida fundamentación y motivación que justifique el atropello procesal el cual es contrario al espíritu de la reforma electoral federal que se dice es en su cumplimiento, ya que no sigue los ejes rectores ni los lineamientos de fortalecer al instituto y dotarlo de facultades administrativas, en este caso de que internamente y previo al recurso jurisdiccional, contar con el recurso de revisión con el cual depurar y corregir una irregularidad; considerando que estos recursos reconocidos y precisados con la tradición jurídica, la jurisprudencia y la tenca (sic) de la ciencia jurídica, tiene naturaleza, alcances y objetivos claros y precisos, así como referencia a la experiencia electoral federal, y no como el nuevo modelo que carece de ello y dejara en la discrecionalidad de las autoridades su aplicación y límites;

"B) Que la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, en su artículo 38, párrafo uno, fracción I, inciso e), establezca facultades a el (sic) Tribunal Estatal Electoral, que no son propias, ni por su naturaleza, ni por su propio fin, esto es porque le otorga facultades para ser la instancia que resuelva las impugnaciones que se formulen en contra de ‘... los actos o resoluciones sobre la designación, reelección, prórroga, ratificación y remoción de consejeros y Magistrados electorales ...’; como también en el inciso e), fracción II, del párrafo uno, del artículo 38, en el cual se establece: ‘... Los actos o resoluciones sobre la designación de consejeros y Magistrados electorales ...’, considerando que estos actos de la designación de consejeros electorales y Magistrados electorales son actos propios del H. Congreso del Estado en términos de los artículos 25 y 55 en sus fracciones XVII y XXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por lo cual es una contradicción de la ley reglamentaria de nueva creación con preceptos constitucionales locales y los recursos que se establecen para impugnar los actos del H. Congreso del Estado de Durango, no estando facultado el Tribunal Estatal Electoral, -nombre oficial según artículo 55 en la fracción XXVIII, 90 y 97 de la Constitución Local- por lo cual no es sólo equivocada su designación sino también sus facultades y funciones que conforme a la Constitución Federal y Local tienen consagradas sin contemplar jurisdicción sobre el Congreso Local para iniciar procedimiento en su contra. Y en la antinomia contenida en el inciso d), fracción II, del párrafo uno, del artículo 38, donde se refleja la antinomia de las facultades de la declaración de validez de la elección de gobernador, entre las facultades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana artículo 25 en antinomia -con el artículo 97, ambos de la Constitución Local- con las facultades del Tribunal Estatal Electoral de hacer la misma declaratoria de validez en la elección de gobernador; y

"C) Inadecuada identificación del Tribunal Estatal Electoral, ya que a consecuencia del procedimiento sumario observado sin acatar los procedimientos y las formalidades para la reforma legal en materia electoral, sin sustanciar procedimiento legislativo básico o mínimo, para la intervención de los diputados en una construcción legislativa de estudio, discusión, debate y propuestas que antecedan a una votación lo cual es la más elemental esencia democrática y participativa de los representantes sociales, y no como aconteció en una imposición mayoritaria legislativa, donde desde la comisión respectiva, como se acredita con las pruebas aportadas y ofrecidas, se realizó un sorpresivo procedimiento sin discusión ni debate, sin admitir propuestas alternas y sólo se fijó como premisa la aprobación sumaria de su proyecto ya elaborado, sin importar las imprecisiones de nombre del órgano jurisdiccional electoral, local al llamarlo reiteradamente como ‘Tribunal Electoral’, que como órgano electoral jurisdiccional tiene una designación propia y no distinta como lo contiene la reforma aprobada, además de crear conflicto al dotarlo de supuestas facultades que no le son propias.

"Ello en contradicción a los lineamientos fundamentales que ordena la reforma en cuanto a contar con medios de impugnación que sean contenidos en una norma, simple, coherente, integral para distinguir uno de otros

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21902-29ba410b/declaracion-de-validez-de-la-eleccion-de-gobernador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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