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Modo: Corpus Pro

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE DURANGO, AL CONFERIR LA ATRIBUCIÓN RELATIVA A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, NO CONTRAVIENE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚMERO 187, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. NO VULNERA LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO Y LEGALIDAD, NI LOS PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2008 Y SUS ACUMULADAS 127/2008 Y 128/2008. · Registro digital (IUS): 22060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO Y PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2347.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2008 Y SUS ACUMULADAS 127/2008 Y 128/2008. PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO Y PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos recibidos el doce de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Germán Martínez Cázares, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Jáquez Reyes, Noel Flores Reyes, José Luis López Ibáñez, Adán Sáenz Segovia, Alfredo Miguel Herrera Deras, Julio Alberto Castañeda Castañeda, Claudia Ernestina Hernández Espino, Bernardo Ceniceros Núñez, Juan José Cruz Martínez y Mario Miguel Ángel Rosales Melchor, diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Durango, así como por escrito recibido en la misma fecha, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Jesús Ortega Martínez, en su carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática; promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

En la acción presentada por el Partido Acción Nacional:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido o promulgado las normas generales impugnadas. A) Órgano legislativo emisor: La H. Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, con domicilio en calle 5 de febrero, número 900 poniente, colonia Centro, código postal 34000, Durango, Durango. B) Órgano ejecutivo promulgador: El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, con domicilio en calle 5, número 800, entre C. Bruno Martínez y C. Zaragoza, colonia Centro, código postal 34000, Durango, Durango. Se señala al secretario general de Gobierno, en su carácter de autoridad refrendadora de los actos realizados por el C. Gobernador y responsable de la publicación del decreto aquí combatido en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, con igual domicilio que el C. Gobernador del Estado. III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. La invalidez del Decreto Número 187, por el que se reforman los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango."

En la acción ejercida por los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Durango:

"II) Órgano legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas. El órgano legislativo es la honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Durango y el Ejecutivo lo es el C. Gobernador del Estado de Durango, así como el secretario general de Gobierno del mismo Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. III) Norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. La contenida en el Decreto (187) ciento ... y siete que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día miércoles (12) doce de noviembre de (2008) dos mil ocho, porque ilegal e inconstitucionalmente se aprueban los artículos (25) veinticinco y (120) ciento veinte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, referente a la reforma electoral local que, conforme a la reforma electoral federal, debió de darse cumplimiento a los preceptos reformados, conforme a los lineamientos y bases del nuevo sistema electoral mexicano, reforma que no se dio cumplimiento en el sistema electoral para el Estado de Durango."

En la acción promovida por el Partido Revolución Democrática:

"Órganos responsables. Lo es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, como autoridad que emite la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Lo es el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, como autoridad que promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Norma general cuya invalidez se reclama. El contenido de la publicación en el Periódico Oficial de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y que, para el caso que nos ocupa, se consideran (sic) como inconstitucionales (sic) el artículo 25 de dicho ordenamiento. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. Periódico oficial, en el Número 187, publicado en el Gobierno Constitucional del Estado de Durango, tomo CCXIX, número 6, de fecha miércoles 12 de noviembre de 2008, mediante el cual el H. Congreso del Estado de Durango, en su carácter de autoridad emisora y el H. Gobernador Constitucional del Estado de Durango, en su carácter de autoridad promulgadora, reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango."

SEGUNDO. El Partido Acción Nacional señaló, como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes:

"Antecedentes. 1. En la sesión ordinaria número 071213, celebrada con fecha 13 de diciembre de 2007, los CC. Diputados Jorge Herrera Delgado, Miguel Ángel Jáquez Reyes, Juan José Cruz Martínez, José Arreola Contreras, Servando Marrufo Fernández y Francisco Villa Maciel, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y representantes de los Partidos Políticos del Trabajo, de la Revolución Democrática, Duranguense y Nueva Alianza, respectivamente, de la LXIV Legislatura, presentaron iniciativa de reforma al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Dicha iniciativa se adjunta como ‘anexo 3’. 2. Asimismo, con fecha 14 de diciembre de 2007, el C. Diputado Servando Marrufo Fernández, representante del Partido Duranguense, presentó, en la misma fecha, iniciativa de reforma a los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Dicha iniciativa se adjunta como ‘anexo 4’. 3. Los días 13 y 15 de diciembre de 2007, respectivamente, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales del H. Congreso del Estado, las iniciativas de referencia. 4. Con fechas 6 y 7 de febrero de 2008, la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso del Estado publicó en los periódicos denominados ‘El Siglo de Durango’ y ‘Contacto Hoy’, respectivamente, las iniciativas mencionadas en el antecedente identificado con el número 2. Se adjuntan en copia simple como ‘anexo 5’. Ante la trascendencia social que implicaban dichas iniciativas, el Poder Legislativo optó por dejar a un lado la opinión de la sociedad civil, toda vez que no se realizaron foros, ni consultas públicas, ni mesas redondas o de análisis de la opinión ciudadana respecto de las iniciativas propuestas. 5. El día 25 de enero de 2008, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado solicitó al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la opinión respecto de las iniciativas, de conformidad con lo que establece el artículo 130, fracción I, de la Constitución Local. Con fecha 16 de abril de 2008, el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió y remitió su opinión a la Comisión de Estudios Constitucionales, respecto de las iniciativas. Se adjunta como ‘anexo 6’, copia del escrito mediante el cual se solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso expidiera copia certificada, misma que, a la fecha de presentación de la presente demanda, no ha sido expedida. En tal virtud, solicito a esa H. Suprema Corte que, al momento de solicitar el informe circunstanciado, ordene que se remita la copia certificada que con la debida oportunidad se solicitó. 6. El día 25 de enero de 2008, la Comisión de Estudios Constitucionales solicitó al H. Poder Ejecutivo del Estado, la opinión respecto de las iniciativas, de conformidad con lo que establece el artículo 130, fracción I, de la Constitución Local. Con fecha 24 de marzo de 2008, el H. Poder Ejecutivo del Estado emitió y remitió su opinión a la Comisión de Estudios Constitucionales, respecto de las iniciativas. Se adjunta, como ‘anexo 7’, copia del escrito mediante el cual se solicitó a la Mesa Directiva del Congreso expidiera copia certificada de la opinión, misma que, a la fecha de presentación de la presente demanda, no ha sido expedida. En tal virtud, solicito a esa H. Suprema Corte que, al momento de solicitar el informe circunstanciado, ordene a la autoridad la remisión de la copia certificada que oportunamente se solicitó. 7. El día 25 de enero de 2008, se solicitó a los treinta y nueve (39) HH. Ayuntamientos del Estado de Durango, la opinión respecto de las iniciativas. Asimismo, con fechas 9 de abril, 29 de mayo, 9 y 26 de junio, 4, 7, 8, 9 y 10 de julio y 8 de agosto, todas de este año, respectivamente, veintitrés (23) HH. Ayuntamientos del Estado de Durango emitieron y remitieron su opinión respecto de las iniciativas. Se adjunta, como ‘anexo 8’, copia del escrito mediante el cual se solicitó a la Mesa Directiva del Congreso expidiera copia certificada de las opiniones, mismas que, a la fecha de presentación de la presente demanda, no han sido expedidas. En tal virtud, solicito a esa H. Suprema Corte que, al momento de solicitar el informe circunstanciado, ordene la remisión de las copias certificadas que se solicitaron. Cabe destacar que el cómputo preliminar que realizó la Comisión de Estudios Constitucionales del H. Congreso del Estado fue respecto de los HH. Ayuntamientos que manifestaron su conformidad con la iniciativa, es decir, manifestaron que era pertinente una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en concordancia con lo establecido por la fracción I del numeral 130 de la Constitución Local, pues la obligación de reformar la Constitución Local, en los aspectos atinentes a la reforma, derivaba, precisamente, de un mandato de la Constitución Federal. En este sentido, es claro que los HH. Ayuntamientos, en esta primera etapa del procedimiento legislativo (fracción I del artículo 130 constitucional) manifestaron simplemente su conformidad con que se discutieran las iniciativas, mas sin embargo, dicha circunstancia no significa que de igual forma votarían a favor del dictamen final que eventualmente aprobarían los diputados, lo cual es propio de otro acto parcial e independiente del proceso legislativo duranguense, como se abundará más adelante. 8. Así, el día 3 de noviembre de 2008, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales convocó a reunión de la comisión, a llevarse a cabo el día 4 del mismo mes y año. Cabe destacar que, en el citatorio que emitió la presidenta de la comisión, señaló que la reunión de trabajo era, expresa y textualmente, con el objeto de desahogar las iniciativas turnadas a la comisión. Se adjunta, como ‘anexo 9’, copia simple del citatorio. 9. No obstante lo anterior y para sorpresa de todos los integrantes de la comisión, dichas iniciativas no fueron analizadas, estudiadas, ni puestas a consideración de los integrantes de la comisión, sino que, en ese mismo acto, los CC. Diputados Maribel Aguilera Chaírez, Rosauro Meza Sifuentes y Juan Moreno Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un proyecto de dictamen donde pretendían reformar los artículos 25, 31, 64, 94, 97 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, a efecto de que se estudiara y analizara a las 18:00 horas del día 4 de noviembre de 2008. El día 4 de noviembre de 2008, continuó la sesión de la Comisión de Estudios Constitucionales, con el objeto de analizar las iniciativas presentadas con fechas 13 y 15 de diciembre de 2007, así como el proyecto de dictamen presentado por los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Durante el desarrollo de la sesión de la comisión, la C. Diputada Claudia E. Hernández Espino realizó observaciones a las opiniones formuladas por el H. Tribunal Supremo (sic) de Justicia del Estado, por el Poder Ejecutivo Estatal y por los Ayuntamientos, respecto de las iniciativas presentadas con fechas 13 y 15 de diciembre de 2007. Asimismo, objetó el proyecto de dictamen presentado por los diputados del Partido Revolucionario Institucional un día antes, argumentando que no era jurídicamente procedente la reforma a los artículos 31, 64, 94 y 97 de la Constitución Local, pues no había mediado iniciativa para reformar dichos artículos, sino simplemente un dictamen, con lo cual, de aprobarse en el seno de dicha comisión, se vulneraría el contenido del artículo 130 de la Constitución Local, mismo que establece el procedimiento de reforma a la Constitución Local, el cual es un método o sistema rígido. Acto seguido, el presidente de la comisión decretó un receso, que se prolongó casi dos horas. 11. Una vez reanudada la sesión, el mismo día 4 de noviembre de 2008, los CC. Diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron al seno de la comisión, un nuevo anteproyecto de dictamen de reforma a los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Dicha circunstancia se acreditará con el acta que deberá remitir el H. Congreso, misma que fue solicitada formalmente. En virtud de lo anterior, es importante destacar que fue a partir de las 19:00 (sic) a las 19:30 horas del día 4 de noviembre de 2008, el momento en que dio inicio el proceso legislativo del cual surgió el Decreto Número 187, que reforma la Constitución Estatal, norma de carácter general aquí reclamada, ello, pues fue éste el momento en el que se comenzó el análisis del dictamen presentado un día antes en el seno de la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso del Estado, soslayando por completo las iniciativas presentadas en diciembre del año 2007. 12. Así las cosas, el día 6 de noviembre de 2008, en el seno de la Comisión de Estudios Constitucionales, se aprobó, por mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el anteproyecto de dictamen que propuso el Partido Revolucionario Institucional el día 4 de noviembre. Dicho dictamen fue observado en sus términos por la C. Diputada Claudia Ernestina Hernández Espino, del Partido Acción Nacional. Se adjunta copia simple del dictamen aprobado y firmado por la comisión. Este mismo día, por la noche, se sometió al Pleno del Congreso el dictamen, aprobado en comisión y fue votado por los diputados, siendo 20 votos a favor y 6 en contra. Copia certificada del acta de las sesiones de 4 y 6 de noviembre de 2008, se solicitó a la Mesa Directiva del Congreso, misma que, a la fecha, no ha sido expedida, por lo que se solicita a esa H. Corte las requiera en el momento procesal oportuno. Se adjunta, como ‘anexo 10’, original de dicho escrito. 13. Con fecha 12 de noviembre de 2008 e incumpliendo el contenido del artículo 130, fracción II, de la Constitución Local, pues no se cumplimentó el derecho de los Ayuntamientos a votar la reforma constitucional, el C. Gobernador ordenó que se publicara el Decreto Número 187 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."

Adicionalmente, como antecedentes, los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Durango manifestaron:

"Antecedentes. 1. Con fecha del día (12) doce del mes de noviembre del año (2008) dos mil ocho, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango Número (6) seis extraordinario, el Decreto Número 187 (ciento ochenta y siete), por medio del cual la LXIV Legislatura del Estado de Durango, el Ejecutivo y el secretario general de Gobierno del Estado de Durango, proceden a la promulgación de la reforma constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, en sus artículos 25 y 120. 2. Con fecha (5) cinco de noviembre de 2008, los CC. Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Maribel Aguilera Chaírez, Rosauro Meza Sifuentes y Juan Moreno Espinoza, presentaron un anteproyecto de dictamen de decreto a la Comisión de Estudios Constitucionales, en el cual proponen: ‘... Se reforman los artículos 25, 31, 64, 96, 97 y 120, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar en los siguientes términos: ...’. 3. Asimismo, con fecha 6 de noviembre de (2008) dos mil ocho, la C. Diputada Claudia Ernestina Hernández Espino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó objeciones al anteproyecto de dictamen de decreto, que contiene reforma a los artículos 31, 64, 96 y 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 4. Con fecha (6) seis de noviembre de (2008) dos mil ocho, en sesión ordinaria celebrada por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Durango, se presentó y aprobó el dictamen de las Comisiones de Gobernación y de Legislación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa de reforma a la Constitución Local, constituyendo el Decreto Número 187, que contiene reformas a los artículos 25 y 129 del ordenamiento señalado, lo que acreditamos con la documentación anexa. 5. La mencionada reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, fue promulgada por el C. Ismael Hernández Deras, Gobernador Constitucional del Estado de Durango y publicada en el Periódico Oficial del Estado Número (6) seis extraordinario, con fecha (12) doce de noviembre de (2008) dos mil ocho, circunstancia que demostramos con el documento que se agrega a este ocurso."

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática señaló, como antecedentes, los siguientes:

"Antecedentes. Único: El día 12 de noviembre de 2008, el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Dicha publicación fue realizada a pesar de que algunas de las disposiciones reformadas resultan ser inconstitucionales y que, al no resultar conformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este escrito se combaten."

TERCERO. El Partido Acción Nacional formuló, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:

El Decreto Número 187, que reforma los artículos 25 y 120 de la Constitución Estatal, debe ser declarado inconstitucional, al no haberse cumplido con las formalidades establecidas en la Constitución Política del Estado de Durango, para llevar a cabo el procedimiento de reforma constitucional local, contraviniendo así el principio de legalidad consagrado en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, en virtud de que, al llevarlo a cabo, el Congreso del Estado se apartó de los principios democráticos y de rigidez constitucional que derivan de las premisas básicas contenidas en los artículos 39, 40, 41, 115, 116 y 135 de la Constitución Federal.

De acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que las propias normas determinan. En este sentido, resulta claro que las autoridades legislativas están sujetas al principio de legalidad, a efecto de adecuar o ajustar sus actuaciones al procedimiento que los textos normativos y la Constitución les imponen para emitir actos generadores de situaciones jurídicas válidas.

Dado que, en la presente acción, lo que se reclama son vicios en el procedimiento legislativo, debe tenerse en cuenta el contenido de los artículos 39, 40, 41, 49, 115, párrafo primero, 116 y 124 de la Constitución Federal, de los que derivan los principios y valores democráticos.

Así, toda vez que uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno es la representación pública, en un Estado democrático, como el mexicano, la Constitución Federal impone a los procedimientos legislativos ciertos formalismos que se traducen en ciertos requisitos, como los principios de publicidad y participación en la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, de modo tal que, para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes, sino, además, la forma en que son creadas o reformadas.

Si bien el artículo 124 constitucional establece, por exclusión, las facultades que corresponden a los Estados, ello no significa que éstos, dentro de sus textos normativos, puedan modificar o anular los principios o bases del modelo federal, ni mucho menos, los del Estado constitucional.

El artículo 116 de la Constitución Federal, únicamente establece las bases para la integración y elección de los miembros de los Poderes Legislativos de los Estados, esto es, el número de integrantes, el principio de no reelección inmediata de los diputados y la elección de diputados mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; sin embargo, tal dispositivo no prevé las reglas específicas que los Poderes Legislativos deben aplicar en el desarrollo del procedimiento legislativo.

Por tanto, de conformidad con los artículos 116 y 124 constitucionales, es facultad de las Legislaturas Estatales regular estos aspectos, aunque sin vulnerar lo dispuesto en la Constitución Federal.

Los argumentos antes expuestos han sido desarrollados por la Suprema Corte de Justicia, en las diversas acciones de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, y 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008, y se vinculan estrechamente con el criterio que ese mismo Alto Tribunal sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2005, en el sentido de que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo puede abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que siempre prevalece el voto, como medio de perfeccionamiento jurídico de los actos legislativos.

Como antes se apuntó, la validez de las normas jurídicas no depende únicamente de su contenido, sino también de ciertos elementos relativos a la forma de creación de cada precepto. En este sentido, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Durango, establecen un procedimiento rígido y estricto respecto de las reglas y procedimientos que debe cumplir el legislador ordinario cuando legisla sobre tal o cual materia. Es así que cuando dichas exigencias quedan debidamente cumplimentadas, el precepto legal reformado es válido, pues su validez deriva, precisamente, del cumplimiento de tales exigencias.

El Constituyente Permanente Estatal se integra por las dos terceras partes de los diputados y por el voto de la mayoría de los Ayuntamientos; luego entonces, si faltare alguno de ellos, no se podría jurídicamente concebir una reforma o adición válida a la Constitución Política del Estado, pues el Constituyente Local así lo ha dispuesto.

Ahora bien, así como la exteriorización de la voluntad de las dos terceras partes de los diputados del Congreso se da precisamente a través del voto en el Pleno de la legislatura, los Ayuntamientos deben emitir sus actos jurídicos mediante un acta en la que se asiente la sesión del Cabildo en que se apruebe o rechace la norma y dicho acto debe constar por escrito en atención al principio de legalidad y debido proceso, de ahí que, en la especie, exista una violación de origen del procedimiento legislativo, que redunda en violación a los principios de legalidad y debido proceso, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y que, por tanto, provocan la invalidez del Decreto Número 187, al carecer de la votación por parte de uno de los órganos que componen el Constituyente Permanente Local.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE."

El procedimiento que establece la Constitución Política del Estado de Durango, para la reforma o adición a la misma, en su artículo 130, se ve complementado por las disposiciones legales que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en sus artículos 55, 68, 129, fracción II y 132.

En el caso, resulta material y jurídicamente imposible que los treinta y nueve Ayuntamientos o, al menos, como lo ordena el artículo 130 de la Constitución Local, que la mayoría de ellos hubieren celebrado la sesión de Cabildo respectiva, para expresar su voto respecto del Decreto Número 187, pues tan sólo mediaron seis días entre la aprobación de las reformas por el Congreso y la publicación de la reforma por parte del gobernador en el Periódico Oficial del Estado, ello sin tomar en consideración que dentro de esos seis días se cuentan sábado y domingo, fechas en las que regularmente no sesionan los Cabildos en el Estado.

La violación y el ocultamiento de esta circunstancia, se tornan aún más claro, si se considera que, en la publicación del citado decreto de reformas a la Constitución Local, ni siquiera se hace referencia a la votación por parte de los Ayuntamientos, de lo que se infiere que no se llevó a cabo dicha votación y, por tanto, debe declararse inconstitucional dicho decreto.

Cabe indicar que la Constitución Local, en su artículo 130, establece dos fases en las que intervienen los Ayuntamientos durante el procedimiento de reformas que nos ocupa: la primera, con base en la fracción I del citado artículo 130, al solicitarse su opinión, junto con la del Ejecutivo y la del Tribunal Superior de Justicia, respecto de la iniciativa de reforma constitucional presentada, para el efecto de aprobar, por mayoría, la pertinencia de la iniciativa y sus alcances; la segunda, una vez discutida y aprobada la reforma constitucional por parte de las dos terceras partes de los diputados, de conformidad con la fracción II del propio artículo 130, a efecto de que sesionen y efectúen la votación respecto de las reformas votadas por el Congreso.

Como se señaló, en el presente caso, no se cumplió con la segunda fase, toda vez que los Ayuntamientos no votaron la reforma constitucional, incluso, el diputado Noel Flores Reyes solicitó a la Mesa Directiva del Congreso copia certificada de las actas en las que consta la votación emitida por los Ayuntamientos del Estado, como parte integrante del Constituyente Permanente Local, no habiéndose atendido a la fecha dicha solicitud.

CUARTO. Adicionalmente, los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Durango hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:

a) Al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Durango a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, en cuanto a los procedimientos, formalidades, funciones y facultades de los Congresos de los Estados que, en las reformas a las Constituciones Locales, deben respetar, se solicita la declaración de invalidez de la reforma a la Constitución Política del Estado en materia electoral.

Lo anterior, toda vez que, en contravención a lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31, 55, 121 y 124 de la Constitución Política del Estado de Durango, se aprobó sin debate y en forma instantánea, el Decreto Número 187, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el doce de noviembre de dos mil ocho.

Cabe manifestar que ni siquiera aquellos diputados que aprobaron la reforma conocieron su contenido y alcance, por lo que no fueron percibidas diversas cuestiones, tales como las contradicciones existentes en la parte correspondiente a las facultades de los órganos e instituciones del Estado para declarar la validez de la elección de gobernador y la entrega de la constancia de mayoría al ciudadano que fuere electo, además de que se omite fortalecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Estatal.

Lo anterior se refleja en la antinomia existente entre los artículos 25 y 97 de la propia Constitución Local, así como en la ausencia de un órgano técnico profesional para la fiscalización de recursos a los partidos políticos en el Estado, aun cuando es uno de los principales motivos de la reforma electoral nacional.

Es posible decir que, con base en lo dispuesto en los artículos 11, 36, 38, 39, 40, 55 y 58 a 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, fue responsabilidad del presidente de la comisión encargada de las reformas materia de la presente acción, permitir que sus integrantes votaran instantáneamente, sin haber llevado a cabo la discusión y análisis de las propuestas planteadas por algunos de ellos respecto del anteproyecto de dictamen puesto a su consideración. Cabe indicar que no se celebraron reuniones de trabajo, ni se formuló invitación alguna a representantes de grupos de interés o universidades, para conocer directamente criterios u opiniones para la mejor elaboración de los dictámenes.

En términos de lo expuesto, la diputada Claudia Ernestina Hernández Espino, miembro de la comisión encargada de las reformas expuestas, se manifestó en co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22060-4a37a8a9/fiscalizacion-de-los-recursos-publicos-de-los-partidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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