I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFOS PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALIGARSE O", Y TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIONES O", Y 62, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS NUMERALES 58 TER, 59, 60, 61, 62, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 63, 64, 65 Y 65 BIS DE DICHO ORDENAMIENTO). II. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PROHIBICIÓN PARA FORMAR FRENTES, COALICIONES, FUSIONES O POSTULAR CANDIDATURAS COMUNES CUANDO PARTICIPEN POR PRIMERA OCASIÓN EN UNA ELECCIÓN LOCAL (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, INTERPRETADO DE MANERA CONJUNTA CON EL 85, NUMERAL 4, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS). III. CANDIDATURAS COMUNES. LOS CONGRESOS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 58 BIS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). IV. DEBATES PÚBLICOS. OBLIGACIÓN DE INVITAR A TODOS LOS CANDIDATOS Y REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO EN CONDICIONES DE EQUIDAD PARA LOS CANDIDATOS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 224, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). V. OBSERVADORES ELECTORALES. LOS INFORMES, JUICIOS, OPINIONES O CONCLUSIONES QUE PRESENTEN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, NO TENDRÁN EFECTOS JURÍDICOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL Y SUS RESULTADOS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). VI. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL, ASÍ COMO PARA LAS QUE SE ENCUENTREN PRÓFUGAS DE LA JUSTICIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 13, FRACCIONES I Y IV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). VII. PROPAGANDA ELECTORAL ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL. SU DISTRIBUCIÓN NO CONSTITUYE UNA DÁDIVA IRREGULAR, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 226 BIS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. VALIDEZ DE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE EXIGE QUE AQUELLOS QUE BUSQUEN LA REELECCIÓN SEAN POSTULADOS PARA EL MISMO DISTRITO ELECTORAL POR EL QUE OBTUVIERON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 202, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). IX. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA PERMANENCIA DE SU SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES HASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR EL QUE FUE DESIGNADO, AUN CON LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL POR VIRTUD DE LA NUEVA LEGISLACIÓN, VULNERA SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). X. CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA FIJAR LOS PLAZOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES, DE AYUNTAMIENTOS Y DE GOBERNADOR, RESPETANDO LAS BASES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 200 BIS, APARTADO B, FRACCIONES II, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y VI, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). XI. PARTIDOS POLÍTICOS. LA MEDIDA CONSISTENTE EN QUE SUS REPRESENTANTES, POR INASISTENCIA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL O SUS ÓRGANOS SIN CAUSA JUSTIFICADA POR TRES VECES CONSECUTIVAS, DEJEN DE FORMAR PARTE DEL CITADO CONSEJO EN EL PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE, RESULTA DESPROPORCIONAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). XII. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIÓN TEMPORAL PARA LA DESIGNACIÓN DE SUS REPRESENTANTES ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 201 QUINQUIES, APARTADO C, ÚLTIMOS TRES PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). XIII. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD [VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16, APARTADOS A Y C, PÁRRAFO SEGUNDO, 318, PÁRRAFO TERCERO Y FRACCIÓN VII, 320, FRACCIÓN II, Y 321, INCISOS D) Y H), DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2015 Y SUS ACUMULADAS 93/2015 Y 95/2015. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA. 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinticuatro de noviembre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de septiembre de dos mil quince, Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y del gobernador del Estado de Puebla, por la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintidós de agosto de dos mil quince.
Posteriormente, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de septiembre de dos mil quince, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Christian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y María Elena Orantes López, con el carácter de coordinador, integrantes y secretaria general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las mismas autoridades y por el decreto mencionado en el párrafo que antecede.
Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, Martí Batres Guadarrama, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y decreto referidos.
De igual forma, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, Hugo Éric Flores Cervantes, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Encuentro Social, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y decreto antes señalados.
SEGUNDO.-Artículos constitucionales violados. Los promoventes señalaron que las normas, cuya invalidez demandan, son violatorias de los artículos 1o., 2o., 4o., 13, 14, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 20, apartado B, fracción I, 22, párrafo primero, 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, bases I, segundo párrafo y V, apartado A, párrafos primero y noveno, 54, fracción V, 59, 116, fracciones II y IV, incisos a), b), c), d), g), h), i), j) y k), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo transitorio, inciso f), del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.
CUARTO.-Registro del expediente y turno de la demanda del Partido Revolucionario Institucional. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, con el número 88/2015 y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Registro del expediente, turno de la demanda de Movimiento Ciudadano y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, con el número 93/2015, así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 88/2015, en razón de la identidad en la impugnación de la legislación electoral del Estado de Puebla, y ordenó turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán, al haber sido designado como Ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad referida.
Por diverso acuerdo de la misma fecha, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con el número 95/2015, y decretó la acumulación de ésta a las acciones de inconstitucionalidad 88/2015 y 93/2015, en razón de la identidad en la impugnación de la legislación electoral del Estado de Puebla, así como ordenó turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán, al haber sido designado instructor en las acciones citadas.
SEXTO.-Admisión de la demanda promovida por el Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil quince, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria; asimismo, requirió al Poder Ejecutivo de dicha entidad, para que enviara un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, segunda sección extraordinaria, tomo CDLXXXIV, de veintidós de agosto de dos mil quince; además, requirió al Poder Legislativo del Estado, para que, al rendir su informe, remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado; así como dio vista a la procuradora general de la República para que, antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, dicha Sala expresara su opinión en relación con el presente asunto; requirió al presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días naturales, informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa; al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que, en el plazo de tres días naturales, enviara copia certificada de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político.
SÉPTIMO.-Admisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano y Morena. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 93/2015 y 95/2015, promovidas por Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, para que rindieran sus informes, así como a la procuradora general de la República para que, antes del cierre de la instrucción, formulara el pedimento correspondiente, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la opinión de esa Sala en relación con esas acciones.
También requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que enviara copia certificada de los Estatutos de Movimiento Ciudadano y de Morena, así como las certificaciones de sus registros vigentes, precisando quiénes son los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente.
OCTAVO.-Registro del expediente, turno de la demanda de Encuentro Social y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por Encuentro Social con el número 97/2015, y decretó la acumulación de ésta a las acciones de inconstitucionalidad 88/2015, 93/2015 y 95/2015, en razón de la identidad en la impugnación de la legislación electoral del Estado de Puebla; así como ordenó turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán, al haber sido designado instructor en las acciones de inconstitucionalidad antes mencionadas.
NOVENO.-Desechamiento de la acción de inconstitucionalidad 97/2015. Posteriormente, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Ministro instructor desechó de plano la acción de inconstitucionalidad 97/2015, promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Encuentro Social, por resultar extemporánea.
Cabe agregar que dicho proveído causó estado el cuatro de octubre de dos mil quince, de acuerdo con la certificación del secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte, en la que se da cuenta del cómputo del plazo que tenía el promovente de la acción para, en su caso, interponer recurso de reclamación en contra del acuerdo por el que se desechó ésta.
DÉCIMO.-Auto que tiene por desahogado el requerimiento a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla y al secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por agregados los oficios y anexos de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla y del secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio de los cuales desahogaron los requerimientos formulados, así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos de los partidos políticos actores, las certificaciones de sus registros vigentes y de sus dirigentes.
De igual forma, la primera de esas autoridades informó que el próximo proceso electoral en el Estado de Puebla se iniciará en la cuarta semana de noviembre de dos mil quince, es decir, del veintitrés al veintinueve de ese mes y año.
DÉCIMO PRIMERO.-Acuerdo que tiene por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas y por presentada la opinión del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, así como exhibidas las documentales que acompañaron; por desahogados los requerimientos formulados al Poder Legislativo del Estado de Puebla, así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y por rendida la opinión formulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
DÉCIMO SEGUNDO.-Informes del Gobernador Constitucional y del Poder Legislativo del Estado de Puebla. En los referidos informes se adujo, en síntesis, lo siguiente:
I. Demanda del Partido Revolucionario Institucional
1. Indican que los conceptos de invalidez relacionados con el artículo 58 Bis del decreto impugnado son inoperantes, porque en éstos no se precisan las razones por las cuales se considera que es contrario a la Carta Magna, sino que sólo se menciona que el precepto es confuso, lo que no puede ser motivo de inconstitucionalidad; agregan que el citado numeral regula la calidad de un partido para aprobar candidaturas comunes y ello está establecido en cada estatuto; empero, si éste no contempla un órgano que tenga la facultad de aprobarlas, por analogía, lo puede hacer el que tenga la atribución para aprobar coaliciones, añaden que la postulación de candidatos comunes no genera la posibilidad de que los partidos que los consientan inscriban listas comunes de plurinominales; aunado a que la regla obliga a los partidos que postulen ese tipo de candidatos a inscribir sus propias listas por el principio de representación proporcional.
Mencionan que el precepto impugnado es constitucional, dado que la candidatura común es una alternativa de la segunda y dota al sistema de partidos con opciones para la conformación de las formas asociativas para la postulación de candidatos.
2. Por otra parte, indican que es infundado el concepto de invalidez respecto del artículo 62, primer párrafo, del decreto combatido, ya que la regla que establece la posibilidad de que el convenio mediante el cual se constituya una coalición se presenta hasta la fecha que inicia el periodo de precampaña de la elección de que se trata es constitucional, porque en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, en el inciso f) del numeral 2, establece que el sistema de participación de los partidos políticos a través de las coaliciones se podrá solicitar hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas.
Refieren que con fundamento en el artículo segundo transitorio mencionado, el legislador ordinario debe emitir una legislación general que prevea la participación de los partidos políticos a través de las coaliciones, lo que podrá hacer hasta la fecha en que inicia la etapa de precampañas; por lo que si en la legislación poblana se adoptó esa regla, está apegada a la Carta Magna.
3. Señalan que se deben desestimar los conceptos de invalidez respecto del artículo 200 Bis, apartado B, fracción II, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, porque la regla sobre la duración del periodo de precampaña es constitucional, ya que el plazo está dentro de los mínimos y máximos establecidos en el artículo 116 de la Carta Magna, que dispone que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; agregan que si el plazo de diez días, no dura más de las dos terceras partes previstas para las campañas, sino que es inferior al máximo permitido, es indudable que es constitucional, ya que si el precepto impugnado prevé plazos cortos, ello obedece a la reducción de costos, lo que no vulnera derechos político-electorales; aunado a que el periodo de precampañas está previsto en el artículo 4o., fracción I, inciso c), de la Constitución Local aludida, plazo que, al no haber sido impugnado, está consentido.
Asimismo, mencionan que, contrariamente a lo que se indica en los conceptos de invalidez, no existe incompatibilidad entre las reglas contenidas en las fracciones II y VI del apartado B del artículo 200 Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, porque una se refiere a la duración de las campañas y la otra al retiro de propaganda.
4. Que el artículo 201 Bis, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, no transgrede los numerales 115, fracción I, segundo párrafo y 116, fracción II, segundo párrafo, de la Carta Magna; máxime que este Alto Tribunal, al resolver acciones de inconstitucionalidad respecto de legislaciones análogas: artículo 298 de la Ley Electoral Michoacana y legislación de Nuevo León (acción de inconstitucionalidad 38/2014), las declaró constitucionales, criterio que debe prevalecer en el caso, independientemente de las confusiones aducidas respecto a los requisitos de elegibilidad para gobernador del Estado, ya que ello está comprendido en la libertad de configuración.
5. Refiere que los artículos 201 Ter, base C, fracción II y 201 Quáter del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, son constitucionales y, para apoyar dicha aseveración, se debe de tomar en cuenta lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 40/2014 y 42/2014 (respecto a la validez de la exigencia de comparecencia de las personas que apoyen las candidaturas independientes ante ciertas autoridades electorales, incluso, exhibiendo las credenciales, fijación del plazo para la obtención de las manifestaciones de apoyo y exigencia de un porcentaje determinado).
Indican que también se debe tomar en cuenta lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 (legislación del Estado de Tamaulipas), en la que se estableció que para el registro de una candidatura independiente se requiere de la comparecencia del tres por ciento del padrón de los electores ante la autoridad electoral, con la credencial para votar, lo que está justificado constitucionalmente; máxime que las Legislaturas de los Estados cuentan con libertad de configuración y conservan autonomía para establecer los límites y exigencias para la elaboración de contenidos normativos.
6. Mencionan que los artículos 201 Ter, base C, fracción II y 201 Quáter del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla no infringen el principio de legalidad, porque los requisitos de fundamentación y motivación de esos preceptos se cumplieron, ya que el Congreso del Estado está facultado para expedir el ordenamiento reclamado y actuó dentro de las atribuciones previstas en la Constitución Local, aunado a que el ordenamiento cuestionado se refiere a candidaturas independientes que deben ser reguladas.
7. Que el artículo 202, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es válido, porque no transgrede normatividad federal alguna, puesto que la reelección se incorporó para el beneficio de los ciudadanos con la continuidad de las gestiones de gobierno; aunado a que, en el caso de que un diputado por el principio de mayoría relativa decidiera reelegirse para ocupar el cargo, debiera ser por el distrito en el que ha estado desarrollándose, para así continuar sus trabajos.
8. Argumentan que el artículo transitorio décimo primero del decreto de reforma del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, no viola la autonomía del Instituto Electoral del referido Estado, al proveer sobre la duración del encargo del secretario ejecutivo, ya que el legislador sólo está proveyendo respecto a un funcionario encargado de las labores administrativas, lo que no suprime la facultad del consejo general del referido instituto para elegir o remover a dicho servidor público.
9. Que los artículos 16, apartado C, segundo párrafo, 318, tercer párrafo, fracción VII y 31, incisos d), e) y h), del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, son válidos, porque con éstos se mejora el sistema de asignación por el principio de representación proporcional, se ajusta a la realidad política y democrática con una asignación incluyente, ya que el sistema anterior violaba los principios de pluralidad y proporcionalidad, al privarse a los partidos minoritarios del derecho que garantizara espacios de representación popular.
10. Indican que sólo se impugnó una parte de las normas que integran el sistema de representación proporcional, sin las que tal sistema podría funcionar; agregan que la configuración legislativa, respecto de ese sistema, es potestativa del Estado, por lo que el porcentaje establecido en los mencionados preceptos [16, apartado C, segundo párrafo, 318, tercer párrafo, fracción VII y 31, incisos d), e) y h), del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla] no es irracional, ni contraviene norma constitucional alguna, sino que concuerda con lo dispuesto en el numeral 54, fracción II, de la Carta Magna, así como con el ordinal 9, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.
11. Refieren que, contrariamente a lo señalado en los conceptos de invalidez, no existe ninguna confusión en los topes de representación con la fórmula de asignación, ya que el artículo 35, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la regula, al prever, entre otras cuestiones, que ningún partido político podrá contar con un número de diputados mayor a veintiséis por ambos principios; agregan que tampoco existe confusión respecto del tope de sobrerrepresentación, ya que los artículos 16, apartado C y 318 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla regulan la aplicación de los elementos de asignación cuando algún partido o coalición alcance veintiséis diputaciones; de ahí que no exista la confusión mencionada.
II. Demanda promovida por Movimiento Ciudadano
1. Indican que el decreto impugnado observa lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos aspectos aplicables en materia electoral del Estado de Puebla; agregan que, de suponer que los legisladores locales no pueden regular la materia electoral, de conformidad con las peculiaridades de su propio orden jurídico, implicaría negar el principio de reserva de ley contenida en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Carta Magna, ya que sería sujetarlos a las directrices establecidas por el Poder Revisor Permanente de la Constitución, lo que significaría el desconocimiento de la autonomía de las entidades federativas; añaden que ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo del Estado de Puebla desconocieron el citado principio, ni la facultad del legislador local para establecer reglas electorales; de ahí que las porciones normativas del código electoral poblano tomaron en consideración el equilibrio entre las reglas y principios constitucionales.
2. Refieren que el artículo 13, fracción I, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, no es inconstitucional, ya que con la emisión de éste, se actualizó la hipótesis de suspensión de derechos político-electorales del ciudadano, prevista en el numeral 38, fracción II, de la Carta Magna, que prevé esa figura por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal desde la fecha en que se dicte el auto de formal prisión; agregan que conforme al precepto citado en segundo término, basta que un ciudadano esté sujeto a un proceso criminal para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos, es decir, esa inhabilitación opera de pleno derecho, sin que sea necesaria una declaración judicial, como inexactamente lo indica el accionante.
Mencionan que basta demostrar la existencia de un auto de formal prisión y estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal para actualizar el supuesto de la norma; añaden que la adición, consistente en: "desde la fecha del auto de vinculación a proceso" no es contraria a la Constitución, ya que en modo alguno impide la aplicación de la hipótesis de suspensión a los derechos político-electorales, la cual procede por el solo hecho de estar sujeto a proceso penal por delito que merezca sanción corporal desde que se dicte auto de formal prisión.
3. Que contrariamente a lo indicado por el accionante, el artículo 13, fracción IV, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es constitucional, ya que actualiza la hipótesis de suspensión de derechos político-electorales del ciudadano, tutelada por el numeral 38, fracción V, de la Carta Magna, el cual establece las causas de suspensión de los derechos políticos y algunas de ellas se originan en el incumplimiento de los deberes esenciales del ciudadano descritos en el numeral 36 del propio Ordenamiento Supremo; otros, de una resolución definitiva, así como de una situación de hecho concreta.
Argumentan que, particularmente, el artículo 38, fracción V, de la Carta Magna establece la suspensión de derechos políticos cuando el sujeto esté prófugo de la justicia e introduce un concepto normativo consistente en que se haya librado una orden de aprehensión en contra del ciudadano y que éste se encuentre prófugo de la justicia; añaden que una de las causas que suspenden el procedimiento penal es que el sujeto esté sustraído a la acción de la justicia, tal y como lo establece el artículo 468, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales; proceso que se reanudará una vez que se capture al prófugo (numeral 470 del cuerpo legal en cita), de lo que se infiere que la intención del Constituyente es que los sujetos en contra de los que se ha librado orden de aprehensión y estén prófugos, deben estar suspendidos en sus derechos políticos.
Lo anterior implica que con la inclusión de los supuestos de suspensión, el legislador no pretendió disminuir injustificadamente el ejercicio de los derechos políticos, sino que siguió una orientación con el propósito de armonizar dos valores fundamentales: el ejercicio de los derechos políticos y la preservación del orden jurídico; ello obedece a que es inaceptable que la persona que evade la acción de la justicia goce de los derechos políticos otorgados por la Carta Magna, ya que no sería factible estimar que el que se sustrae a la acción de la justicia esté protegido con los principios inherentes al enjuiciamiento penal, puesto que el solo hecho de evadirse a la sujeción del proceso penal rompe la aplicación de esos principios protectores.
Señalan que los supuestos de suspensión evidencian que los derechos políticos no son absolutos e ilimitados, sino que deben tener límites; agregan que la necesidad de esa figura se justifica al establecerse para preservar el orden jurídico, es decir, se orienta en beneficio del interés de la colectividad que presupone la necesidad de que se hagan efectivos los mecanismos para desterrar los ilícitos que perjudican el orden social; añaden que dicha suspensión es proporcional, porque refleja la postura del Constituyente, al establecer los casos excepcionales en la aplicación de los derechos políticos, la que no resulta inadecuada, al provenir de un examen funcional de sus consecuencias, consistente en que la persona contra quien se libra una orden de aprehensión y esté prófuga no tiene la condición material ni jurídica para ejercer los referidos derechos.
Apuntan que no se infringe el principio de presunción de inocencia o discriminación, ya que el mandato constitucional está dirigido a establecer la hipótesis de suspensión de derechos tratándose de la condición de prófugo de la justicia; de ahí que tal figura no reprime al sujeto activo en su libertad personal, ni constituye una medida restrictiva de libertad temporal; agregan que los elementos contenidos en la hipótesis de suspensión, prevista en la fracción V del artículo 38 de la Carta Magna exige la demostración de una circunstancia particular en el sujeto, consistente en que esté prófugo, lo que hace patente la imposibilidad material de que todo ciudadano en esa situación asuma el derecho a ejercer su voto, puesto que para hacerlo debe estar en el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
4. Que el artículo 16, inciso A, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla no es inconstitucional, ya que subsana una incongruencia contenida en el numeral modificado, el cual, disminuía la participación de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, para otorgárselos a los candidatos por el principio de mayoría relativa, por el solo hecho de ocupar el segundo lugar de la votación en el distrito electoral correspondiente.
Indican que el numeral impugnado está vinculado con los diversos artículos 318, 320 y 321, que también fueron reformados, del código electoral en cita, de los que se advierte que el Congreso Local asimiló los elementos del numeral 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo dispuesto en el precepto 9 de la Ley General de Partidos Políticos, al estar obligado a hacerlo; por lo que reconoció el mínimo porcentual ahí previsto y no el que en su libertad de configuración legislativa debió estimar razonable.
Razonan que no existe norma constitucional, ni ordinaria, que ordene al Congreso de la Unión para que mediante la expedición de una ley general que regule procedimientos electorales establezca que el rango mínimo para que toda fuerza política pueda tener acceso a la Legislatura de un Estado sea del tres por ciento y que dicho porcentaje sea reconocido para las diputaciones locales, dado que la integración de éstas es atribución de esas Legislaturas y el ejercicio de la facultad sólo puede ser cumplido en los términos que señalen sus leyes.
Señalan que la norma impugnada no vulnera los principios de pluralidad y proporcionalidad, al no privar a los partidos de un derecho que garantice que las mayorías y minorías se vean reflejadas en la integración de los espacios de representación popular, sino que está apegada a lo establecido en el artículo 116, base III, párrafo 3, de la Carta Fundamental; agregan que, atendiendo a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas, 26/2011 y su acumulada, 41/2012 y sus acumuladas, así como en la 50/2012, los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal son aplicables únicamente al ámbito Federal, ya que se refieren a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en tanto que el numeral 116, que rige para e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26263-3871ff4b/i-coaliciones-incompetencia-de-los-congresos-locales-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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