ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. EL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ES CONSTITUCIONAL. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN XLV, DEL CÓDIGO NÚMERO 568 ELECTORAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE AQUELLA LOCALIDAD EL 1o. DE AGOSTO DE 2012, AL ESTABLECER QUE EL CONSEJO GENERAL PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos) MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 259, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL, AMBOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE PREVÉN COMO LÍMITE A LA SOBRERREPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL UN PORCENTAJE DE 16%, SON CONSTITUCIONALES. OBSERVADORES ELECTORALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN III, INCISO C), DEL CÓDIGO NÚMERO 568 ELECTORAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE AQUELLA LOCALIDAD EL 1o. DE AGOSTO DE 2012, QUE PREVÉ QUE AQUÉLLOS DEBEN ABSTENERSE DE EXTERNAR CUALQUIER EXPRESIÓN DE OFENSA, DIFAMACIÓN O CALUMNIA EN CONTRA DE LAS INSTITUCIONES, AUTORIDADES ELECTORALES, PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIÓN O CANDIDATOS, AL NO HABER OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra) PROPAGANDA DE ATAQUE. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE LA PROHÍBE, NO ES INCONSTITUCIONAL. VOTO ALTERNATIVO EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, AL PREVER ESTE MÉTODO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2012 Y SUS ACUMULADAS 42/2012, 43/2012 Y 45/2012. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL TRABAJO. 31 DE OCTUBRE DE 2012. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de octubre de dos mil doce, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos: de la Revolución Democrática (41/2012 y 45/2012), Movimiento Ciudadano (42/2012) y del Trabajo (43/2012), respectivamente, en contra de diversas normas generales de la Constitución Política del Estado de Veracruz y del Código Electoral de dicha entidad federativa.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver presentación de los escritos, autoridades y normas impugnadas
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes, en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:
I. Partido de la Revolución Democrática (acción 41/2012). Violación a los artículos 41, 54, fracción V, 116, fracciones II y IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal.
Límite a la sobrerrepresentación. La determinación del límite a la sobrerrepresentación del partido mayoritario en la integración total del Congreso del Estado de Veracruz de dieciséis puntos porcentuales sobrepasa el parámetro que al efecto prevé la Constitución Federal en el artículo 54, fracción V. Este porcentaje es elevado y contrario a toda razón de proporcionalidad que, por mandato constitucional, debe imperar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en la integración del Congreso del Estado.
Existen diferentes hipótesis por medio de las cuales se puede dar una sobrerrepresentación en el Congreso Local, la Norma del Estado dispone que los partidos políticos y/o coaliciones, en una elección participen con el registro de treinta fórmulas de candidatos de mayoría relativa, en los distritos respectivos y a su vez tendrán la posibilidad de participar en la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, siempre y cuando no exceda de un porcentaje de dieciséis puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, cuando la Constitución Federal establece una base del ocho por ciento para la distribución de candidatos postulados por el principio de representación proporcional, de ahí lo desproporcional y lleva a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados en el Estado.
En el supuesto de que existan coaliciones totales o parciales en el Estado, inicialmente los participantes en dichas coaliciones aportan votos a favor del partido mayoritario, y en los lugares en los cuales existen coaliciones parciales, también obtienen espacios de representación proporcional, ya sea para el mismo partido u otro, por lo que el partido que ya obtuvo espacios por el principio de mayoría relativa, además, tendrá espacios por representación proporcional, lo que llevaría a lograr a un partido la sobrerrepresentación en el Congreso Local, vulnerando el principio de equidad en el reparto de curules en el Estado.
El artículo 21 de la Constitución Local impugnado, es contrario a la Constitución Federal, porque afecta los principios de objetividad y legalidad dispuestos en el artículo 116, fracción IV, inciso b). Es por ello que esa Suprema Corte debe requerir al Congreso Estatal a que se pronuncie en relación con lo ordenado por la Constitución Federal.
También se infringe el artículo 133 de la Constitución Federal, porque el autor de la Constitución Federal es distinto y está por encima de la voluntad particular de los órganos que surgen por mandato del Poder Constituyente, por ello, ese Máximo Tribunal debe declarar la invalidez del artículo 21 de la Constitución Local por resultar contrario a lo señalado por la Constitución Federal.
Hoy, como en mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos noventa, en Veracruz, el Partido Revolucionario Institucional, sin ofrecer ninguna razón más que procurar consolidarse una vez más como el partido dominante en la entidad, ha impulsado una reforma constitucional y legal que le permite materialmente secuestrar el Congreso del Estado borrando o disminuyendo a su mínima expresión la participación de los partidos políticos de oposición, pues de prevalecer el estado de cosas que plantean los artículos 21 de la Constitución Local y 259 del Código Electoral, dicho partido junto con sus aliados (Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza) podrán reformar la Constitución de la entidad, sin necesidad de consultar a la representación política de su oposición, tal como ocurrió en el caso de las reformas impugnadas.
En esta reforma no existe ningún argumento que justifique la incorporación de un límite máximo de sobrerrepresentación de dieciséis puntos porcentuales, únicamente se cita, por analogía, el caso del Estado de Quintana Roo, que a decir de los autores de la reforma controvertida, la Suprema Corte calificó de constitucional; sin embargo, esta determinación del Máximo Tribunal no significa que sea aplicable, por analogía, al caso de Veracruz, ya que en aquel precedente la Corte analizó el diseño del sistema electoral del Estado de Quintana Roo, siendo que la declaración de invalidez y la jurisprudencia que derivó de ese asunto, únicamente pueden producir efectos jurídicos dentro del sistema en el cual fueron emitidos y/o calificados. Así entonces, este caso no es aplicable, por analogía, al caso de Veracruz, dado que la Legislatura del Estado de Quintana Roo se integra por veinticinco diputados, de los cuales quince son electos por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos electorales uninominales y diez son electos por el principio de representación proporcional; mientras que el Congreso del Estado de Veracruz está integrado por cincuenta diputados, de los cuales treinta se eligen por el principio de mayoría relativa y veinte por representación proporcional.
Además, el sistema electoral de Quintana Roo es flexible; mientras que el de Veracruz es rígido. La Constitución de Quintana Roo es omisa en establecer las bases para la elección de diputados por el principio de representación proporcional y delega el diseño al legislador ordinario; mientras que en el caso de Veracruz la propia Constitución establece las bases a las que debe sujetarse la elección y asignación de diputados por el principio de representación proporcional. En Quintana Roo, los partidos que hayan obtenido el dos por ciento de la votación total emitida tienen derecho a que se les asigne una diputación (reminiscencia de la figura de diputados de partido) y después de la asignación del primer elemento se procede conforme al sistema de cociente natural y resto mayor; en el caso de Veracruz no existe la figura de "diputados de partido". Por tanto, es evidente que entre el sistema electoral para la elección de diputados a la Legislatura del Estado de Quintana Roo y el sistema vigente en el Estado de Veracruz, existen diferencias sustanciales que hacen imposible la aplicación, por analogía, del criterio que sustentó la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2003. Cita en apoyo a su argumentación, a contrario sensu, la tesis de rubro: "ANALOGÍA, APLICACIÓN POR, DE TESIS DEL TRIBUNAL PLENO."
El límite de sobrerrepresentación de dieciséis por ciento, previsto en los artículos 21 de la Constitución Local y 259 del Código Electoral estatal, resulta contrario a los principios de certeza y equidad que deben observarse en materia electoral, pues se favorece injustificadamente al partido mayoritario y se le permite una sobrerrepresentación tal que inclusive anula la participación o reduce a su mínima expresión a los partidos políticos de oposición, pues en virtud de este límite, un partido político que en la contienda electoral obtenga, por ejemplo, el treinta y cinco por ciento de los votos en la elección de diputados, materialmente podrá contar con el cincuenta y uno por ciento (35 + 16) de los diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz. ¿Qué razón de proporcionalidad existe en ello?
En todo caso, el diseño del sistema electoral previsto en la Constitución Federal sí se puede aplicar de manera análoga al caso de Veracruz, pues resultan idénticos (proporcionalmente hablando) entre sí, ya que en el caso federal, la Cámara de Diputados se integra por trescientos diputados de mayoría relativa y doscientos de representación proporcional; mientras que en el caso de Veracruz se integra por treinta diputados de mayoría y veinte de representación proporcional.
II. Partidos Políticos Movimiento Ciudadano y del Trabajo (acciones 42/2012 y 43/2012). Estos partidos políticos señalaron, coincidentemente, violaciones a los artículos 9o., 35, fracciones II y III, y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, así como a los artículos 4, párrafo segundo y 15, fracciones I y II, de la Constitución Local, por las siguientes razones:
Límite a la sobrerrepresentación. La reforma a los artículos 21, 33, fracción XVIII, 56, fracción V y 67, fracción I, inciso c), párrafos segundo y tercero, de la Constitución Local, transgrede los artículos 54, fracción V y 122, párrafo sexto, punto C, base primera, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Federal, pues el espíritu de esta Norma Suprema en materia de sobrerrepresentación para los partidos políticos en la integración de sus diputaciones locales, es sobre el ocho por ciento de diputados por ambos principios, ya que no solamente transgrede esos artículos constitucionales, sino que se extralimitó al establecer dicha base al dieciséis por ciento, pese a la oposición que los partidos políticos minoritarios dejaron señalado en la sesión donde se aprobó por el "mayoriteo" del partido hegemónico, pues con ello dejó de observarse el principio de la representación proporcional.
Al colocar al dieciséis por ciento la sobrerrepresentación y no al ocho por ciento que establece la Constitución Federal, en sus artículos 54, fracción V y 122, párrafo sexto, punto C, base primera, fracción III, segundo párrafo, generan efectos perniciosos para el principio de la representación proporcional, la democracia y la sociedad, ocasionando un grave retroceso en la democracia representativa que debe existir en todo Congreso Estatal.
Esto se corrobora con la reforma que en noviembre del año pasado el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó para modificar el artículo 122, apartado C, fracción III, de la Constitución Federal, por la que propone suprimir la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y establece un límite de ocho por ciento a la sobrerrepresentación de algún grupo parlamentario.
El hecho de que la iniciativa se haya aprobado por "mayoriteo" de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, incumpliendo lo establecido por el artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, invalida la norma impugnada, porque viola la propia reglamentación que rige la vida de los veracruzanos y, en consecuencia, a las Constituciones Políticas del Estado y de la República.
El decreto impugnado transgrede la propia iniciativa presentada por el gobernador del Estado, ya que en su exposición de motivos señaló: "... someter a la consideración de esta Soberanía una propuesta de reforma al artículo 21 de modo que siga básicamente el esquema de la Constitución Federal para la integración de la Cámara de Diputados"; sin embargo, en ninguna parte del decreto se puede apreciar que la reforma al artículo 21 impugnado haya sido con el propósito de seguir el esquema de la Constitución Federal, sino por el contrario transgrede su espíritu reformador.
III. Partido de la Revolución Democrática (acción 45/2012). En diversa demanda de acción de inconstitucionalidad acumulada a la 41/2012, promovida por el mismo partido político nacional de la Revolución Democrática, se impugnaron diversos artículos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, formulándose, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
A) Opción para que el servidor público electo popularmente elija si quiere desempeñar dicho cargo o retomar el que desempeñaba antes de su separación para la contienda. El artículo 9 del Código Electoral de la entidad viola los artículos 14, 16 y 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Federal, porque la separación del cargo, empleo o comisión para contender en un puesto de elección popular debe ser de forma definitiva, es decir, se debe estimar que el vínculo entre el candidato y el cargo del que se debe separar, debe desaparecer decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad que desempeñaba, por lo que no debe existir la posibilidad de permitir a quien se separó de su cargo para contender a un puesto de elección popular y no fue electo, regresar al puesto que ocupaba, dado que la limitación establecida por el Constituyente pretende que los funcionarios públicos ahí señalados o quienes ocuparon tales cargos, no puedan tener influencia preponderante en la decisión de su candidatura ni en la voluntad de los votantes del distrito electoral de las entidades donde ejerzan sus funciones.
El artículo 41 de la Constitución Federal señala que los Congresos Estatales deberán ajustarse a las disposiciones constitucionales federales, y es el caso que el artículo 9 impugnado desatiende la prohibición dispuesta en el artículo 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Federal.
Las propuestas planteadas en el artículo 9 impugnado son contrarias a la Constitución Federal, porque lo dispuesto en el citado artículo afecta los principios de certeza, objetividad y legalidad establecidos por el artículo 116, fracción IV, inciso b), constitucional. De igual forma se infringe el artículo 133 constitucional, porque el autor de la Constitución está por encima de la voluntad popular de los órganos constituidos, sin que puedan alterar en forma alguna la ley que los creó y los dotó de competencias.
B) Método de voto alternativo o preferencial en la elección de consejeros electorales. El artículo 114 del Código Electoral para el Estado de Veracruz vulnera lo dispuesto por los artículos 1o., 14, 16, 41, fracción V, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal. El procedimiento alternativo señalado en el artículo 114 impugnado es ilegal, falto de certeza y de profesionalismo, porque el Congreso del Estado pretende rebasar las facultades del Poder Constituyente al no definir legalmente la integración del máximo órgano electoral del Estado, pues pretende buscar una alternativa de elección que esté sujeta a intereses y contentillos partidistas, más que a intereses profesionales y certeros. Pretender destrabar legalmente un conflicto en la designación transgrede la ley, al desconocer las reglas otorgadas y reconocidas por el Máximo Órgano Reformador Federal.(1) El artículo impugnado vulnera los artículos 41, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal, porque se pretende desconocer las reglas previamente señaladas por el Poder Constituyente Federal.
C) Prohibición a los observadores electorales de externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, coalición o candidatos. El artículo 6 del Código Electoral de la entidad es contrario al primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Federal, porque introduce una serie de prohibiciones a las actividades que pueden realizar los observadores electorales. La libertad de expresión tiene límites muy amplios y éstos no pueden ser acotados por una ley estatal. El artículo impugnado les prohíbe emitir juicios sobre "instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, coalición o candidatos", siendo que ninguna de dichas hipótesis (ofensa, difamación o calumnia) se aplican a las excepciones señaladas en el artículo 6o. de la Constitución Federal, pues éste es claro al señalar que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o se perturbe el orden público.
El artículo 6 impugnado también viola el artículo 7o. de la Constitución Federal, porque se impone previa censura a los observadores electorales al impedirles que no puedan expresar libremente su opinión acerca de partidos, candidatos o instituciones electorales. El hecho de coartar esa libertad impide que la sociedad cuente con observadores electorales que sean activos, participativos y críticos, por estar supeditada dicha libertad al cumplimiento de una norma secundaria que deviene inconstitucional, ya que prohíbe la libre expresión de las ideas y pensamientos de los mencionados ciudadanos que solamente intentan colaborar con la democracia de su Estado participando como observadores electorales. No se pretende que los observadores electorales tengan privilegios o prebendas debido a su condición, solamente se defiende su libertad de expresión, por lo cual se solicita la declaración de invalidez del inciso c) de la fracción III del artículo 6 del Código Electoral.
El artículo 6 impugnado va en contra del artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Federal y de diversas disposiciones internacionales como: a) el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;(2) b) el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;(3) c) el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;(4) d) los principios 1, 2 y 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,(5) que constituye un texto fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
D) Prohibición a los ciudadanos que forman parte de un partido político de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros partidos y sus candidatos. El artículo 81, fracción V, del Código Electoral de la entidad vulnera el primer párrafo del artículo 6o., así como el artículo 7o. constitucionales, ya que violenta los derechos fundamentales de los veracruzanos, porque:
• Se restringe la libertad de expresión de los ciudadanos que forman parte de un partido político, ya que las palabras "difamación", "diatriba" y "calumnia" no se encuentran en la Constitución Federal.
• Se impone previa censura a dichos ciudadanos, porque se les impide que por tener esa calidad puedan expresar libremente su opinión acerca de partidos, candidatos o instituciones electorales. Cita en apoyo a sus argumentaciones, las tesis de rubros: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU ESPECIAL POSICIÓN FRENTE A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO."; "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA."; y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN."
• Añade que diversas disposiciones internacionales -las cuales fueron sintetizadas en el anterior concepto de invalidez- demuestran la inconstitucionalidad del artículo impugnado.
E) Facultad del consejo general para celebrar convenios con el Registro Federal de Electores para la organización del proceso electoral en la entidad. Se impugna el artículo 119, fracción XLV, del Código Electoral de la entidad, pues los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal señalan la facultad que tiene el Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones en las entidades federativas que así lo soliciten, por lo que resulta extraño que el legislador veracruzano, pasando por alto la Norma Suprema, decida intentar desaparecer dicha atribución cambiando dos palabras a la fracción XLV del artículo 119 -del anterior Código Electoral-, porque contenía, entre sus atribuciones, la de firmar convenios con el Instituto Federal Electoral, mientras que el código aquí impugnado prevé ahora firmar convenios con el "Registro Federal de Electores", siendo que éste es solamente una parte integrante de aquel Instituto Federal Electoral, y tiene sus atribuciones claramente especificadas y, entre ellas, no se encuentra la de organizar elecciones locales en los Estados.
Si bien es cierto que para el proceso electoral 2012-2013 próximo a iniciarse, ya es imposible que el Instituto Federal Electoral realice las elecciones en el Estado, la porción normativa del artículo impugnado debe ser expulsada del Código Electoral de la entidad y, por tanto, quede vigente el código anterior al impugnado.
5. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son: 1o., 14, 16, 35, fracciones I y II, 36, fracciones II y III, 39, 40, 41, fracciones I y III, apartado A y V, 54, fracción V, 55, fracción V, párrafo tercero, 116, fracciones II, IV, inciso b) y V, 122, sexto párrafo, punto C, base primera, fracción III, y 133.
6. Admisiones y trámite. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 41/2012, promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con la certificación que se acompañó, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
7. Por diversos proveídos del veintitrés de agosto siguiente, ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano bajo el número 42/2012, y por integrantes de la Comisión Coordinadora Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo con el número 43/2012; asimismo, por acuerdo de treinta y uno de agosto siguiente, la presentada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a la que le correspondió el número 45/2012, y dada la conexidad de éstas con la diversa acción 41/2012, ordenó acumularlas y turnar los expedientes al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
8. Por acuerdos de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil doce, el Ministro instructor admitió las demandas de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la procuradora general de la República sus opiniones.
9. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad:
A) En cuanto al concepto de invalidez relativo al tema de límite a la sobrerrepresentación, ambos poderes señalaron, coincidentemente, en síntesis, lo siguiente:
La Constitución Federal en su artículo 116 establece cuestiones mínimas que las Constituciones Locales deberán plasmar en sus textos, por lo que fuera de los límites señalados y atentos a los principios de libertad y soberanía en lo concerniente al régimen interior de las entidades federativas consagrado por el artículo 40 de la Constitución Federal, cada entidad federativa puede válida y constitucionalmente establecer los mecanismos y principios para la integración de sus poderes públicos, por lo que puede establecer las bases para la integración del Poder Legislativo correspondiente.
Ello es así, porque si el Constituyente Federal hubiera querido establecer algún mecanismo en particular para tal efecto, lo hubiera señalado expresamente; sin embargo, en ninguna parte de la Constitución Federal se hace referencia a algún imperativo para los órganos legislativos locales a efecto de reproducir el esquema federal. Así, la norma impugnada no es de contenido necesario ni prohibido, pues no está determinado en la Constitución la obligación de que los Congresos Locales consideren un determinado límite a la sobrerrepresentación.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número P./J. 77/2003, de rubro: "CONGRESOS LOCALES. SOBRERREPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADAS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", y en la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 15/2003, se pronunció sobre el tema.
La limitación a la llamada sobrerrepresentación no es un principio constitucional de aplicación general a todos los órganos legislativos. Esto es así, toda vez que el Senado de la República es un cuerpo representativo en el que se combinan el principio de mayoría con fórmulas de representación de minorías y el principio de representación proporcional, sin que se establezca ninguna limitante a la sobrerrepresentación a que tenga derecho un partido en razón de los votos alcanzados.
El Estado de Veracruz registra a lo largo del presente siglo una muy elevada competitividad electoral. En la elección presidencial del año dos mil los porcentajes de votación en el Estado fueron: PAN y coaligados treinta y nueve punto ochenta y ocho por ciento; PRI treinta y siete punto setenta y dos por ciento; y, PRD y coaligados dieciocho punto treinta y nueve por ciento. En la elección local de dos mil cuatro, el resultado de la elección legislativa en porcentaje de votos fue: PAN treinta y cuatro punto noventa y nueve por ciento; PRI treinta y siete punto treinta y siete por ciento; y, PRD veintitrés punto cincuenta y siete por ciento. Por otra parte, la distribución de curules de mayoría fue la siguiente: PAN catorce; PRI trece; y, PRD tres. Se produjo entonces la paradoja de que el partido que logró el mayor porcentaje de votos alcanzó menos triunfos mayoritarios en los distritos que su más cercano competidor, circunstancias que produjeron un intenso debate en el seno de los órganos jurisdiccionales sobre cuál habría de considerarse como partido mayoritario que fue objeto de cuatro distintas interpretaciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia. Esta definición fue una de las razones principales de la reforma cuya constitucionalidad hoy se impugna, la cual ahora proporciona absoluta certeza sobre la aplicación de las reglas para la distribución de curules en el Congreso del Estado.
En la elección presidencial de dos mil seis, los porcentajes de votación en el Estado fueron los siguientes: PRD treinta y cinco punto veintitrés por ciento; PAN treinta y cuatro punto veintiuno por ciento; y, PRI veinticuatro punto setenta y seis por ciento. La elección estatal intermedia de dos mil siete arrojó los siguientes porcentajes de votación: PRI y coaligados cuarenta y seis punto cero tres por ciento; PAN veintiocho punto treinta y seis por ciento; y, PRD diez punto sesenta y tres por ciento. En la elección federal de diputados de dos mil nueve, la distribución por porcentajes en el Estado fue: PRI cuarenta y cinco punto veinte por ciento; PAN treinta y tres punto ochenta y tres por ciento; y, PRD cinco punto treinta y seis por ciento. En la elección de gobernador de dos mil diez los porcentajes obtenidos por los partidos fueron: PRI y coaligados cuarenta y tres punto cincuenta y cuatro por ciento; PAN y coaligados cuarenta punto noventa y nueve por ciento; y, PRD y coaligados doce punto noventa por ciento.
En la elección presidencial de dos mil doce, prácticamente el porcentaje de votación en el Estado se dividió en tercios: PAN treinta y tres punto sesenta y tres por ciento; PRI y coaligados treinta y tres punto cincuenta y ocho por ciento; y, PRD y coaligados veintiocho punto noventa y cinco por ciento. En el mismo proceso electoral los porcentajes de votación para senadores en el Estado fueron los siguientes: PRI y coaligados treinta y seis punto cincuenta y ocho por ciento; PAN treinta y cinco punto cero tres por ciento; y, PRD veintitrés punto once por ciento.
Los números anteriores demuestran el altísimo nivel de competencia entre los partidos en Veracruz. Los tres con registro nacional de mayor presencia electoral han obtenido en algún momento la mayoría de los sufragios en el Estado. En consecuencia, no es válida la comparación con normas históricamente que se aplicaron en el ámbito nacional para crear a través de la representación proporcional una especie de nicho o de acción afirmativa para favorecer a partidos minoritarios frente a un partido hegemónico.
El sistema adoptado en Veracruz tiende a lograr un equilibrio en un medio político de extrema competitividad, se busca que cada partido tenga derecho a los lugares que la votación popular le otorga en el sistema proporcional con independencia de sus victorias mayoritarias
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24317-a341efed/acciones-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-limites-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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